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Boletín – 1ra Quincena de Abril

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A continuación, les presentamos el boletín con las principales novedades tributarias, laborales y financieras y contables. Haz click en el botón “ver” para leer más.

Seccion-Tributaria

NOVEDADES NORMATIVAS

En esta oportunidad, damos cuenta de las principales normas tributarias de interés general publicadas durante la primera quincena de abril de 2017.

1.- Presentación de Declaración Jurada Anual para perceptores de rentas de quinta categoría.

Mediante la Ley No. 30551 (07.04.2017) se ha dispuesto que los contribuyentes que perciban exclusivamente rentas de quinta categoría no se encuentran obligados a presentar declaración jurada anual del IR, a excepción de:

  1. Los contribuyentes que deduzcan los gastos pagados por concepto de arrendamiento, intereses de créditos hipotecarios, honorarios profesionales que califiquen como rentas de cuarta categoría, aportaciones al ESSALUD que se realicen por los trabajadores del hogar. Dichos gastos no podrán exceder de 3 UIT por cada ejercicio.
  2. Los contribuyentes que soliciten la devolución de las retenciones en exceso.

Vigencia:

La norma en comentario entra en vigencia el 8.04.2017.

 

2.- Designación y exclusión de Agentes de Retención del IGV.

A través de la Resolución de Superintendencia No. 095-2017/SUNAT (08.04.2017) se designan y excluyen Agentes de Retención del IGV. Ello, según anexo adjunto a la norma bajo comentario. La designación y exclusión se hará efectiva a partir del 1.06.2017.

Vigencia

La norma en comentario entra en vigencia el 1.06.2017.

 

3.- Normas para la solicitud de acogimiento al FRAES establecido por el Decreto Legislativo No. 1257.

Mediante la Resolución de Superintendencia No. 098-2017/SUNAT (14.04.2017) se aprueban las normas que regulan la forma y las condiciones para la presentación de la solicitud de acogimiento al FRAES, para su respectivo pago fraccionado o al contado y el procedimiento a seguir en cuanto a los fraccionamientos aprobados.

Vigencia

La norma en comentario se encuentra vigente desde el 17.04.2017, salvo excepciones.

 

4.- Facilidades excepcionales para los deudores tributarios de las zonas declaradas en estado de emergencia por los desastres naturales ocurridos desde enero de 2017.

Se ha publicado la Resolución de Superintendencia No. 100-2017/SUNAT (14.04.2017) que otorga facilidades excepcionales para el cumplimiento de las obligaciones tributarias ante la SUNAT. Asimismo, se regula un procedimiento especial para facilitar la presentación de la solicitud de libre disposición de los montos depositados en las cuentas del Banco de la Nación, debido al estado de emergencia por los desastres naturales declarados por los Decretos Supremos publicados desde el 1.01.2017 al 7.04.2017.

Vigencia:

La norma en comentario entra en vigencia el 15.04.2017.

 

CRITERIO OFICIAL DE LA SUNAT

1.- Acreditación de la “asignación escolar” otorgada a obreros en virtud de la celebración de convenios colectivos con la empresa constructora

Se le formulan a SUNAT las siguientes consultas:

  1. ¿La SUNAT puede exigir a las empresas de construcción la acreditación de los requisitos establecidos en los convenios colectivos para que los obreros perciban la asignación escolar, sin considerar el plazo u oportunidad establecido para su presentación en tales convenios?
  2. En caso que el derecho de los obreros a percibir la asignación escolar no sea acreditado con la documentación pertinente, ¿la SUNAT podrá establecer que dicha asignación tiene carácter remunerativo y por consiguiente afecta al aporte al ESSALUD?

SUNAT, en el INFORME No. 031-2017-SUNAT/5D0000, concluye como sigue:

  1. En el marco de un procedimiento de fiscalización, la SUNAT se encuentra facultada para exigir a las empresas constructoras que, dentro del plazo establecido por ley, acrediten con la documentación pertinente que los importes devengados a favor de sus trabajadores por concepto de asignación por escolaridad tienen tal naturaleza.

Si en el procedimiento de fiscalización, las empresas constructoras no acreditan que los importes devengados tienen la naturaleza de una asignación por escolaridad concluido el procedimiento de fiscalización, la SUNAT podrá emitir la resolución de determinación considerando dicho importe como parte de la base imponible del aporte al ESSALUD.

 

2.- Uso de comprobantes de pago en las empresas del sistema financiero, cooperativa de ahorro y crédito y cajas municipales.

Se le formulan a SUNAT las siguientes consultas:

  1. ¿Las empresas del sistema financiero y de seguros, y las cooperativas de ahorro y crédito no autorizadas a captar recursos del público, que se encuentran bajo el control de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, pueden emitir los documentos autorizados a que se refiere el inciso b) del numeral 6.1 del artículo 4° del Reglamento de Comprobantes de Pago por todo tipo de operación, inclusive por aquellas afectas al IGV pero que no correspondan a operaciones bancarias?
  1. En el caso de las cajas municipales de ahorro y crédito y las entidades financieras que no se encuentran obligadas a emitir comprobantes de pago electrónicos, ¿cómo podrán sustentar las personas naturales el gasto deducible (de sus rentas de cuarta y quinta categoría) por concepto de pago de intereses de créditos hipotecarios para primera vivienda, si no reciben un comprobante de pago electrónico sino un documento autorizado?

SUNAT, en el INFORME No. 027-2017-SUNAT/5D0000, concluye como sigue:

  1. En cuanto a las empresas del sistema financiero y de seguros, así como las cooperativas de ahorro y crédito no autorizadas a captar recursos del público, que se encuentran bajo el control de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, pueden emitir los documentos autorizados a que se refiere el inciso b) del numeral 6.1 del artículo 4° del RCP por todo tipo de operación de transferencia de bienes, entrega en uso o prestación de servicios, inclusive por aquellas afectas al IGV pero que no correspondan a operaciones bancarias.

Actualmente, los documentos autorizados emitidos por las cajas municipales de ahorro y crédito y las entidades financieras que no se encuentran obligadas a emitir comprobantes de pago electrónicos resultan válidos para que las personas naturales sustenten el gasto deducible (de sus rentas de cuarta y quinta categoría) por concepto de pago de intereses de créditos hipotecarios para primera vivienda, a que se refiere el artículo 46° de la LIR, toda vez que hasta la fecha aún no se ha emitido la resolución de superintendencia de la SUNAT que establezca los supuestos en los cuales los gastos podrán ser sustentados con comprobantes de pago que no sean emitidos electrónicamente.

JURISPRUDENCIA DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA DEL TRIBUNAL FISCAL

1.- ¿Puede modificarse la “opción” referida al destino del saldo a favor del IR (Compensación o Devolución) consignado en la Declaración Jurada Anual del IR mediante declaración rectificatoria?

El Tribunal Fiscal, en virtud de la RTF 02486-4-2017 (08.04.2017), ha sentado el siguiente precedente de observancia obligatoria

“Procede modificar mediante declaración jurada rectificatoria la opción referida al destino del saldo a favor del Impuesto a la Renta consignado en la declaración jurada anual. En tal sentido, si se eligió la opción de compensación contra los pagos a cuenta del referido impuesto, puede modificarse ésta para pedir la devolución del saldo no compensado. Asimismo, si se eligió la opción de devolución, puede modificarse ésta para que el saldo que no ha sido materia de devolución sea compensado contra los pagos a cuenta. Ello procederá en la medida que la declaración jurada rectificatoria surta efectos conforme con el artículo 88 del Código Tributario”

Se infiere del razonamiento del Tribunal Fiscal para sentar el precedente de observancia obligatoria lo siguiente:

  1. A través de una declaración jurada rectificatoria pueden modificarse cualquiera de los datos que la Administración Tributaria haya incluido en el formato de declaración siempre que la ley no disponga lo contrario.
  1. Ante la existencia de un pago en exceso o un pago indebido, existe la posibilidad de que dicho saldo sea en parte compensado y en parte devuelto, esto es, que las opciones no son excluyentes entre sí.
  1. La forma de aplicación (compensación) del saldo a favor del IR contra los pagos a cuenta si bien es cierto es una obligación (una vez elegida dicha opción y no la de devolución, claro está), no deja de ser menos cierto que ello no implica impedimento alguno para modificar dicha elección (opción) rectificándose la declaración jurada anual. No hay limitación para el contribuyente de variar la “opción” elegida en la declaración jurada anual a través de una declaración rectificatoria para pedir la devolución del saldo a favor que aún no haya sido compensado
  1. No fluye de la normativa del IR prohibición alguna al contribuyente que impida que el saldo a favor del IR sea en parte devuelto y en parte compensado.

Tampoco fluye prohibición para la presentación de declaración jurada rectificatoria con la finalidad de modificar la opción elegida en relación con el destino del saldo a favor consignado en la declaración jurada anual del IR (de devolución a compensación y viceversa)

  1. Considerando que el contribuyente puede efectuar la modificación de la opción elegida a través de la presentación de una declaración jurada rectificatoria debe precisarse que de surtir efecto dicha rectificatoria, el cambio de opción sólo afectará al saldo no devuelto o no compensado. Así, en el caso de haberse optado por la “devolución” (variándose a “compensación”) no será posible arrastrar un saldo que ya haya sido materia de devolución efectiva; mientras que, en el caso de haberse optado por la “compensación” (variándose a “devolución”) deberá verificarse si se cuenta con algún monto cuya devolución sea posible tras la aplicación del saldo a favor efectuada hasta el pago a cuenta cuyo vencimiento opere antes de la presentación de la declaración jurada rectificatoria.

Nota: El Tribunal cita, a lo largo del fallo, interesante jurisprudencia, a la que recurre a los fines de sentar el criterio vinculante.

 

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL

1.- Notas de Crédito anotadas en el Registro de Compras en meses posteriores a su recepción, ¿cabe efectuar el ajuste al crédito fiscal (disminución) en el mes posterior en el que se anota la Nota de Crédito?

SUNAT, al fiscalizar a una empresa, repara el crédito fiscal por los meses de enero a diciembre de 2003. Ello, en razón a que el citado crédito fiscal debió ser menor al ejercido por la empresa fiscalizada, toda vez, que ésta difirió el “ajuste” al crédito fiscal (disminución) a un mes posterior al que fue recibida la Nota de Crédito emitida por su proveedor.

El Tribunal Fiscal, en la RTF No. 03508-3-2016 falla en contra de la empresa bajo el siguiente razonamiento:

– Los ajustes al crédito fiscal se efectuarán en el mes en que se produzcan las rectificaciones, devoluciones o anulaciones de las operaciones originales.

– La normativa del IGV establece el mecanismo para realizar el ajuste al crédito fiscal en aquellos casos en que existan descuentos que el sujeto (comprador) hubiera obtenido con posterioridad a la emisión del comprobante de pago, encontrándose respaldado el citado “ajuste” mediante la Nota de Crédito emitida por el vendedor. Ello, con la finalidad que el contribuyente (vendedor) no efectúe un pago mayor al que corresponde, así como que el adquirente tampoco utilice un crédito fiscal mayor al que resulte de dicha operación.

– Del caso en controversia se advierte que, la empresa fiscalizada anotó (en el Registro de Compras) las Notas de Crédito emitidas por diversos proveedores en meses posteriores a la fecha de su recepción siendo que dicho proceder no resulta arreglado a ley, toda vez que correspondía que los “ajustes” se realizarán en el mes y año en que, en rigor, se efectuó el ajuste de la operación y no en la fecha en que las Notas de Crédito fueron “anotadas” (anotación en fecha posterior a su recepción). Así, el Tribunal Fiscal confirma el reparo al crédito fiscal.

 

SECCIÓN LABORAL

1.- Aprobación del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral

Mediante Decreto Supremo No. 004-2017-TR (31.03.2017) se aprobó el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral.

Conforme a la Ley No. 29981 – Ley que crea la Sunafil, el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica y constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento mediante la interposición del recurso de revisión.

A continuación se presenta un resumen de los aspectos más relevantes del reglamento:

  • Competencias del Tribunal:

1) Resolver en última instancia administrativa los procedimientos sometidos a su conocimiento mediante el recurso de revisión, 2) expedir resoluciones que constituyan precedentes de observancia obligatoria, 3) adoptar acuerdos plenarios, d) resolver quejas por denegatoria del recurso de revisión y 4) otras que determinen las leyes o normas reglamentarias.

  • Ubicación, número de salas y conformación:

El Tribunal se ubica en Lima, cuenta con tres salas conformadas por tres vocales designados por un periodo de tres años renovable por un año adicional.
El reglamento establece, además, el proceso de selección de los vocales, los requisitos e impedimentos para ser vocal; así como, las causales de vacancia.

  • Recurso de revisión:

Se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, las cuales sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo.

Tiene por finalidad la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del sistema.

Se sustenta en la inaplicación así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal.

  • Funcionamiento del Tribunal:

El reglamento precisa que en tanto se implemente la Oficina de Trámite Administrativo del Tribunal, la SUNAFIL deberá adoptar las medidas correspondientes para garantizar el adecuado funcionamiento del Tribunal.

PROYECTO DE LEY

1.- Proyecto de Ley No. 1104/2016: Ley que promueve la Contratación Formal de los Jóvenes

El Poder Ejecutivo envió al Congreso de la República el Proyecto de Ley “Ley que promueve la contratación formal de los jóvenes” el cual tiene como objeto fomentar la inserción de jóvenes en el mercado laboral formal mediante el otorgamiento de créditos a favor del empleador respecto de las aportaciones al Seguro Social de Salud (EsSalud).

El ámbito de aplicación es para jóvenes de entre 18 y 29 años que cumplan con alguna de las siguientes condiciones:

  1. Se incorporen por primera vez al mercado laboral formal.
  2. Se encuentren en situación de desempleo por más de seis meses consecutivos.
  3. Se encuentren en situación de informalidad laboral.

Los empleadores que contraten formalmente jóvenes que cumplan las condiciones señaladas tendrán un crédito del 100% respecto de las aportaciones regulares a EsSalud correspondiente a dichos trabajadores.

Dicho beneficio aplica por un máximo de 3 años para cada trabajador contratado bajo los alcances de la norma.

En una de las cláusulas del referido Proyecto se indica que en ningún caso el crédito se utiliza respecto de trabajadores que se contraten para reemplazar personal contratado con anterioridad.

En la exposición de motivos del proyecto, se señala que el beneficio podrá ser aplicado a los jóvenes peruanos ante la problemática que refleja la realidad laboral del país, por lo cual no habría justificación para extender este beneficio a jóvenes extranjeros.

JURISPRUDENCIA

1.- Trabajadoras percibirán subsidio por maternidad, incluso si laboran durante descanso.

La Corte Suprema ha establecido que una trabajadora puede ser beneficiaria del subsidio por maternidad incluso si durante el periodo subsidiado realiza labores remuneradas; a pesar de que, el Reglamento de la Ley de Modernización en Seguridad Social prohíba dicha conducta.

Para que una trabajadora pueda percibir el subsidio por maternidad, no se le puede exigir como requisito que durante el periodo pre y posnatal no haya realizado labores remuneradas. Esto es así, porque la Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, Ley No. 28791, no contempla un requisito como este.

Este criterio ha sido fijado por la Corte Suprema en la Casación No. 6031-2015-Del Santa, publicada en la separata de Casaciones del 31.03.2017 en el diario oficial El Peruano.

El caso en mención se refiere a una trabajadora que interpuso demanda contra el EsSalud, solicitando la nulidad de diversas resoluciones emitidas por ésta, a través de las cuales se le negó el pedido del pago directo de prestaciones económicas por maternidad (segunda armada). En consecuencia, solicitó se ordene a la demandada pagar el subsidio por maternidad posnatal por cumplir con los requisitos para su percepción.

En primera y segunda instancia se declaró fundada la demanda. Sin embargo, al no estar conforme con dicha decisión, EsSalud interpuso recurso de casación por infracción normativa al artículo 12º de la Ley de Modernización en Seguridad Social, Ley No. 26790.

Sobre el particular, la Corte Suprema determinó que la controversia giraba en torno a determinar si para aplicar el subsidio por maternidad es necesario que la trabajadora no realice labores remuneradas.

Al respecto, antes de resolver el caso, la Corte Suprema advirtió que el inciso b.2) del citado artículo 12° de la Ley No. 26790 ha sufrido diversas modificaciones desde su emisión, modificaciones que en su mayoría establecían como condición para la percepción del subsidio por maternidad el no realizar trabajo remunerado durante los periodos anteriores y posteriores al parto.

No obstante, a través de la Ley No. 28791 se efectuó una última modificación al inciso b.2) del referido artículo, la misma que no contempla la condición de que durante el periodo de maternidad no debía realizarse trabajo remunerado, limitándose solo a disponer que: “La determinación del subsidio por maternidad se establece de acuerdo al promedio diario de las remuneraciones de los 12 últimos meses. Si el total de los meses de afiliación es menor a 12, el promedio se determinará en función a los que tenga el afiliado”.

En ese sentido, la Corte determinó que si bien el artículo 19º del Reglamento de la Ley No. 26790 sí establece como condición para la percepción del subsidio por maternidad el no realizar trabajo remunerado, se debe tener en cuenta que la ley no lo contempla, razón por la cual, en virtud del criterio de jerarquía normativa, se debe preferir la ley sobre el reglamento.

En consecuencia, la Suprema concluyó que no puede ser amparada la infracción normativa denunciada, toda vez, que la Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, norma de mayor jerarquía, no contempla en modo alguno la condición de realizar trabajo remunerado para percibir el subsidio por maternidad. Por dichas consideraciones, declaró infundado el recurso de casación interpuesto por la entidad demandada.

2.- Principio de Inmediatez: Duración del Procedimiento Investigatorio – Supuesto de no afectación del Principio de Inmediatez.

La Corte Suprema mediante Casación No. 1510-2015-Tacna, publicada con fecha 31.03.2017 se refirió si el empleador establece un procedimiento de despido (procedimiento investigatorio) acorde con su estructura organizacional ¿la afectación del principio de inmediatez dependerá del tiempo que dura el procedimiento?, ¿qué aspectos deben considerarse?

El fallo señaló que a los efectos de determinar el cumplimiento o no del principio de inmediatez en el curso del procedimiento investigatorio hasta el despido, debe apreciarse tanto la complejidad de los hechos que son materia de investigación como los actos que articulan el procedimiento de despido, los que dependen en gran medida de cómo se organiza la empresa en su interior.

En el caso, el trabajador había sido despedido después de 7 meses de cometida la falta grave imputada. La Corte determinó que no se había afectado el principio de inmediatez; pues, durante ese periodo se habían llevado a cabo actos que impulsaron el procedimiento investigatorio establecido por el empleador (las áreas encargadas de realizar el procedimiento emitieron informes, comunicaciones y memorándums).

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