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Boletín – 1ra Quincena de Febrero

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A continuación, les presentamos el boletín con las principales novedades tributarias, laborales y financieras y contables. Haz click en el botón “ver” para leer más.

Seccion-Tributaria

NOVEDADES NORMATIVAS

En esta oportunidad damos cuenta de las principales normas tributarias de interés general publicadas durante la primera quincena de febrero de 2017.

1.- Guía de Remisión Electrónica

Mediante Resolución de Superintendencia No. 028-2017/SUNAT (03.02.2017) se ha dispuesto la designación, a partir del 01.03.2017, de Emisores del Sistema de Emisión Electrónica de la Guía de Remisión para Bienes Fiscalizados (sea la Guía de Remisión Remitente o Transportista).

Los emisores son aquellas personas jurídicas o naturales que se dedican a la comercialización o transporte de bienes fiscalizados (insumos y productos químicos) detallados en el Anexo 1 del Decreto Supremo 348-2015-EF con excepción del diésel y sus mezclas con biodiesel, gasolinas y gasoholes, hidrocarburo alifático liviano, hidrocarburo acíclico saturado, kerosene de aviación turno jet A1, kerosene de aviación turbo JP5, solvente N° 1, y solvente N° 3 (comercializados o transportados desde o en el departamento de Lima y el Callao).

Vigencia

La norma en comentario entra en vigor el 04.02.2017.

2.- Modifican Reglamento de Operaciones con Dinero Electrónico, el Reglamento de las Empresas Emisoras de Dinero Electrónico y el Manual de Contabilidad

Mediante Resolución de Superintendencia de Banca y Seguros No. 165-2017 (05.02.2017) se ha modificado el reglamento de operaciones con dinero electrónico, aprobado mediante resolución SBS No. 6283 2013, la cual sustituye e implementa en los extremos de gestión de riesgos de lavado de activos, denominación de persona, cuenta de dinero electrónico y sus alcances, las garantías, valor y fondo de los patrimonios.

Vigencia

La norma en comentario entra en vigor el 06.02.2017.

 

3.- Aprueban nueva versión de PDT Fondos y Fideicomisos

Mediante Resolución de Superintendencia N° 035-2017/SUNAT (12.02.2017) se ha aprobado la versión 1.4 del PDT “Fondos y Fideicomisos”, Formulario Virtual N° 618, el cual permitirá a las sociedades administradoras de fondos o titulizadoras así como al fiduciario bancario presentar la declaración aplicando la nueva alícuota del IR del 29,5%.

La nueva versión estará a disposición de los interesados a partir del 13.02.2017 en SUNAT Virtual y deberá ser utilizada a partir de esa fecha, independientemente del periodo al que corresponda la declaración, incluso si se trata de declaraciones rectificatorias.

Vigencia

La norma en comentario entra en vigor el 13.02.2017.

4.- Fraccionamiento o Aplazamiento en menor plazo de la deuda por IR Anual de tercera categoría (regularización del IR) a los contribuyente con ingresos anuales hasta 150 UIT

Mediante Resolución de Superintendencia N° 036-2017/SUNAT (12.02.2017) se modifica el Reglamento de Fraccionamiento y Aplazamiento aprobado por Resolución de Superintendencia N° 161-2015/SUNAT así como la Resolución de Superintendencia N° 190-2015/SUNAT que aprueba el “Refinanciamiento de saldo de deuda tributaria anteriormente acogida a fraccionamiento o aplazamiento”.

Así, se tiene que, en virtud de la norma en comento, los contribuyentes con ingresos anuales menores a las 150 UIT podrán acoger a fraccionamiento o aplazamiento la regularización del IR de tercera categoría, incluida la regularización que deben realizar los sujetos del Régimen MYPE Tributario:

  1. Inmediatamente después de la presentación de la declaración jurada anual de dicho impuesto (si la declaración se presenta dentro del plazo previsto en el cronograma de obligaciones mensuales, se ingresa al enlace habilitado por SUNAT y se sigue el procedimiento para la presentación de la solicitud del fraccionamiento o aplazamiento (Reglamento de Aplazamiento o Fraccionamiento, artículo 5), con excepción de la obtención del reporte de precalificación y la obtención de la deuda personalizada),
  2. A partir del sexto día hábil siguiente a la fecha de presentación de la declaración jurada anual del referido impuesto (cuando habiendo presentado la declaración dentro del plazo, no se ingresó al enlace habilitado por SUNAT o cuando el solicitante no presenta la declaración en el plazo establecido en el cronograma aprobado para tal efecto) o
  • A partir del primer día hábil del mes de mayo del ejercicio en que se produce su vencimiento (si a la fecha de presentación de la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento han transcurrido 5 días hábiles de la presentación de la declaración). En el caso de los numerales ii) y iii) se debe presentar además el reporte de precalificación y la deuda personalizada.

Con la referida modificación, los sujetos antes señalados podrán fraccionar el pago del IR de tercera categoría en el mismo momento de la presentación de su declaración y no tendrán que esperar hasta el 2 de mayo, como ocurría antes de la modificación.

La resolución comentada también ha modificado el monto del requisito de no contar con saldos en las cuentas del Banco de la Nación por operaciones sujetas al SPOT. Antes se preveía que no se debía contar con (ningún) saldo al día calendario anterior a la presentación de la solicitud. Con la modificación se prevé que no se deben contar con saldos mayores al 5% de la UIT al día hábil anterior a la presentación de la solicitud.

Vigencia

La norma en comentario entra en vigor el 13.02.2017.

5.- Modificaciones al Nuevo RUS

Mediante Resolución de Superintendencia N° 037-2017/SUNAT (12.02.2017) y a los fines que el sujeto del Nuevo RUS pueda efectuar un mejor control de la correcta determinación de la categoría a la que pertenece, en virtud de la norma en comentario, se ha establecido que también debe proporcionarse como dato mínimo para efectuar la declaración y pago la información relativa al total de adquisiciones mensuales.

De otro lado, se ha ampliado los canales para que los referidos sujetos presenten sus declaraciones sustitutorias y rectificatorias, incorporando a los cajeros corresponsales de las entidades bancarias como receptores de dichas declaraciones.

Vigencia

La norma mencionada entra en vigor el 13.02.2017.

 

CRITERIO OFICIAL DE LA SUNAT

1.- Si se retiene el IR a un sujeto no domiciliado y dicho importe retenido es pagado mediante Boleta de Pago-Formulario 1662 (Sistema Pago Fácil) ¿Se incurre en la infracción tributaria tipificada en el artículo 176, 1, del Código Tributario?

Nota: En el presente Informe se alude a otro signado con número 152-2016-SUNAT/5D0000 en virtud del cual se expone los alcances del segundo párrafo del artículo 76 de la LIR.

Se desprende del INFORME N° 001-2017-SUNAT/5D0000 lo siguiente:

Las personas que retengan el Impuesto a la Renta (por rentas de fuente peruana de tercera categoría) a un “sujeto no domiciliado” deben cumplir con determinar y pagar dicho impuesto empleando para tal efecto el PDT 617 “Otras Retenciones” dentro del plazo establecido para realizar los pagos a cuenta mensuales del IR.

La infracción tributaria tipificada en el artículo 176,1, del Código Tributario señala como sigue: “No presentar las declaraciones que contengan la determinación de la deuda tributaria dentro de los plazos establecidos”.

Si bien es posible realizar el pago de la retención en mención empleando la Boleta de Pago -Formulario1662, ello no libera a los agentes de retención de la presentación del PDT 617 “Otras Retenciones” por el período en el cual se efectuó la retención del IR al sujeto no domiciliado, cumpliendo de esta manera con su obligación formal.

Estando a lo anterior, SUNAT concluye que, el deudor tributario que utiliza los servicios de un sujeto no domiciliado que percibe rentas de fuente peruana de tercera categoría, retiene el IR y paga a SUNAT empleando Boleta de Pago -Formulario1662 y no presenta en esa misma oportunidad el PDT 617 “Otras Retenciones” por el período por el cual realizó la retención, comete la infracción tributaria tipificada en el artículo 176, 1, del Código Tributario, incluso si dicho PDT 617 “Otras Retenciones” es presentado en un momento posterior al de la retención y en el cual recién se produce el registro contable de las retribuciones por los servicios prestados por el sujeto no domiciliado.

 

2.- Se consulta si para efectos de la aplicación de la Resolución de Superintendencia No. 234-2005/SUNAT, se debe considerar a la cochinilla como producto primario derivado de la actividad agropecuaria, independientemente de que sea recolectada de tunales silvestres o cultivados por el hombre.

Se desprenden del INFORME No. 003-2017-SUNAT/5D0000 lo siguiente:

Para efectos de la aplicación de la Resolución de Superintendencia No. 234-2005/SUNAT, se debe considerar a la cochinilla como producto primario derivado de la actividad agropecuaria al ser esta recolectada actualmente solo de tunales cultivados por el hombre.

3.- En el marco del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias (SPOT), se formulan las siguientes consultas con relación al procedimiento de extorno de los importes ingresados como recaudación:

  1. ¿Respecto de qué causales de ingreso como recaudación corresponde requerir la subsanación a efectos de dar cumplimiento al requisito general previsto en el literal b) del punto 5.1.1 del numeral 5.1 del artículo 5° de la Resolución de Superintendencia N.° 375-2013/SUNAT?
  2. ¿A quién le correspondería realizar el trámite para solicitar el extorno y liberación de fondos del SPOT en el caso de un contrato de consorcio con contabilidad independiente cuya vigencia hubiera vencido?
  3. ¿La Resolución de Superintendencia N.° 375-2013/SUNAT resulta aplicable a toda causal de ingreso como recaudación acaecida antes de su entrada en vigencia o únicamente a las que se produzcan a partir de ese momento?

Del INFORME N° 184-2016-SUNAT/5D0000 se concluye como sigue:

  1. A efectos de dar cumplimiento al requisito general previsto en el literal b) del punto 5.1.1 del numeral 5.1 del artículo 5° de la Resolución de Superintendencia N.° 375-2013/SUNAT, corresponde requerir la subsanación de las causales de ingreso como recaudación comprendidas en los incisos a) y b) del numeral 9.3 del artículo 9° del TUO del Decreto Legislativo N.° 940, así como en el inciso d) de este, referidas a las infracciones tipificadas en el numeral 1 del artículo 175, el numeral 1 del artículo 177 respecto de no exhibir los libros y/o registros contables y el numeral 1 del artículo 178 del TUO del Código Tributario.
  2. Corresponderá a quienes hubieren sido participes del contrato de consorcio con contabilidad independiente cuya vigencia hubiere vencido, la presentación de la solicitud de extorno de los montos ingresados como recaudación así como de la de liberación de fondos.
  3. La Resolución de Superintendencia N.° 375-2013/SUNAT es aplicable a aquellas causales de ingreso como recaudación acontecidas a partir del 1.2.2014, así como a las producidas hasta antes de dicha fecha, siendo que en el caso de estas últimas, su aplicación se encuentra condicionada a que no se haya notificado la respectiva resolución de ingreso.

4.- La persona natural extranjera que haya residido en el Perú y el peruano que habiendo perdido su condición de domiciliado ha retornado al país, pero que no han permanecido en el territorio nacional más de 183 días en un período cualquiera de 12 meses, ¿pueden considerarse como sujetos domiciliados en el Perú por el solo hecho que, respecto de sus rentas de fuente peruana y extranjera, hayan presentado la declaración jurada anual de impuesto a la renta y hayan determinado dicho impuesto considerándose como domiciliados?; En el supuesto de que la respuesta anterior sea negativa, ¿podría el sujeto no domiciliado en el país solicitar la devolución del impuesto a la renta pagado por sus rentas de fuente extranjera?

Se desprende del INFORME N° 192-2016-SUNAT/5D0000 lo siguiente:  

Se concluye que si la persona natural extranjera que haya residido en el Perú y el peruano que habiendo perdido su condición de domiciliado y que ha retornado al país, no han permanecido en el territorio nacional más de 183 días en un período cualquiera de 12 meses, no pueden considerarse como sujetos domiciliados en el Perú, aun cuando respecto de sus rentas de fuente peruana y extranjera, hayan presentado la declaración jurada anual de impuesto a la renta y hayan determinado y pagado dicho impuesto considerándose como domiciliados.

Los referidos sujetos tienen derecho a solicitar la devolución de dichos pagos, que correspondan a períodos no prescritos.

5.- ¿Cuál es el tratamiento del crédito fiscal cuando el IGV generado por “utilización de servicios en el país” es objeto de fraccionamiento?

La interrogante planteada en el epígrafe motiva las siguientes:

  1. ¿El crédito fiscal se utilizará según se vayan pagando las cuotas o cuando se cumpla con el pago de la última cuota de fraccionamiento?
  2. ¿Desde qué momento se debe efectuar la anotación en el Registro de Compras del documento que sustente el crédito fiscal?
  • ¿Aun cuando se hayan pagado algunas cuotas en un período mayor a 12 meses se podrá utilizar el crédito fiscal por el total del IGV fraccionado?

De la lectura del INFORME N° 198-2016-SUNAT/5D0000 fluye lo siguiente:

-Cuando el IGV, surgido como consecuencia de la imposición por “utilización de servicios”, sea objeto de fraccionamiento particular, el crédito fiscal se podrá utilizar a partir del período en que sea íntegramente cancelado, vale decir, a partir de aquel período en el que se pague la última cuota.

-La anotación en el Registro de Compras del documento que acredita el pago del impuesto (pago que se entiende efectuado al abonarse la última cuota del fraccionamiento) deberá realizarse a partir del período en que dicho pago (del impuesto) se efectúa; sea en la hoja (del Registro de Compras) que corresponde al período en que se pagó la última cuota o en la que corresponda a los 12 meses siguientes.

-El contribuyente puede utilizar como crédito fiscal el total del IGV objeto de fraccionamiento, una vez cancelado éste (fraccionamiento). Ello no queda enervado por el hecho que algunas cuotas del fraccionamiento hubiesen sido pagas en un período mayor a 12 meses anteriores a aquel en el cual se hubiese cancelado la última cuota de fraccionamiento.

6.- Una persona jurídica domiciliada en Perú (a guisa de ejemplo, una SA) cuyo objeto social es la compra y venta de acciones de otras, pero que ha percibido intereses (ingresos) por los préstamos otorgados a algunas de las que es accionista ¿ya inició “operaciones productivas”, para fines del ITAN, por el mero hecho del otorgamiento de los préstamos?

Del INFORME N° 199-2016-SUNAT/5D0000 se concluye como sigue:

-En el caso de una persona jurídica domiciliada en Perú cuyo único objeto social es la compra y venta de acciones de otras personas jurídicas, y que no ha realizado la primera transferencia de tales acciones, pero que ya obtiene ingresos provenientes de préstamos esporádicos otorgados a las empresas de las que es accionista, esto último no supone que la empresa haya dado inicio a sus operaciones productivas para efectos del ITAN.


7.- En la etapa de apelación, para efectos de la renovación de la carta fianza presentada para la admisión de medios probatorios extemporáneos en la etapa de reclamación, corresponde que la deuda tributaria a que se refiere dicha carta fianza sea actualizada hasta por el período por el cual se realizaría su renovación

Del INFORME No. 203-2016-SUNAT/5D0000 se concluye como sigue:

– Se concluye que para efectos de la renovación, en la etapa de apelación, de la carta fianza presentada para la admisión de medios probatorios extemporáneos en la etapa de reclamación, corresponde que la deuda tributaria sea actualizada hasta por 12, 18 meses o 20 días hábiles, según corresponda, posteriores a la fecha de interposición de la apelación.

8.- De acuerdo con el Apéndice I de la Ley de IGV, la venta en el país de Camu Camu fresco está exonerada del IGV, y de ser así, en qué partida arancelaria de dicho apéndice se encuentra.

Del INFORME No. 204-2016-SUNAT/5D0000 se concluye como sigue:

– La venta en el país del Camu Camu como fruta fresca, clasificada en la subpartida nacional 0810.90.90.00 se encuentra exonerada del IGV.


JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL

1.- ¿Qué acción de defensa le asiste a una empresa cuando SUNAT “se excede” en las medidas de embargo?

La SUNAT trabó embargo a una empresa adoptando las siguientes modalidades:

-Embargo en forma de inscripción sobre inmueble de propiedad de la empresa

-Embargo en forma de retención a terceros

-Embargo en forma de retención bancaria

Los montos embargados fueron los siguiente: S/ 500,000; S/ 100,000; S/ 50,000; S/ 200,000; S/ 200,000. La suma total del embargo entonces ascendía a S/ 1´050, 000. La deuda tributaria materia de cobranza era de S/ 716, 355.

La empresa interpuso recurso de Queja ante el Tribunal Fiscal alegando “desproporcionalidad” por el excesivo monto materia de embargo en comparación con la deuda tributaria.

El Tribunal Fiscal, en la RTF 2381-Q-2016, falló a favor de la empresa declarando fundada la queja. El Colegiado razonó como sigue:

-De conformidad con lo establecido en la sentencia recaída en el Expediente 0005-2010-PA/TC, el monto total por el que se ha trabado el embargo no es proporcional a la deuda materia de cobranza, siendo pertinente indicar que SUNAT no ha precisado cuál sería la circunstancia que justificaría mantener tales medidas por un importe relativamente mayor al monto de la deuda.

JURISPRUDENCIA LABORAL

1.- Corte Suprema fija precedente de observancia obligatoria sobre indemnización de daños y perjuicio por accidente de trabajo

La Corte Suprema mediante Sentencia de Casación Laboral, publicada el 30 de enero de 2017 estableció precedente de obligatorio cumplimiento, estableciendo que cuando se produzca un accidente de trabajo y el trabajador pruebe el daño sufrido, dicho evento debe atribuirse al incumplimiento del empleador de su deber de prevención, lo cual genera la obligación del empleador de pagar una indemnización a la víctima o sus derechohabientes.

En el caso concreto, un trabajador demandó a una empresa de transportes solicitando que esta cumpla con pagarle la suma de un millón de soles por concepto de indemnización por daños y perjuicios. Alegó que mientras se encontraba conduciendo el ómnibus de propiedad de la empresa, sufrió un accidente de trabajo, lo cual le generó una incapacidad física permanente del miembro inferior izquierdo en un grado total del 68%.

En primera instancia se declaró infundada la demanda al considerar que está acreditado que el accidente de trabajo no fue causado por negligencia o incumplimiento de las obligaciones legales de la empresa demandada, sino por un tercero. No obstante, en segunda instancia se declaró fundada en parte la demanda tras considerar que el accidente se produjo en cumplimiento de sus labores como conductor del bus de la demandada y que la actividad es riesgosa, por lo que la responsabilidad por riesgo es asumida por el empleador.

La empresa de transportes demandada interpuso recurso de casación, denunciando la interpretación errónea del artículo 53 de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual dispone que “El incumplimiento del empleador del deber de prevención genera la obligación de pagar las indemnizaciones a las víctimas, o sus derechohabientes, de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales. En el caso en que producto de la vía inspectiva se haya comprobado fehacientemente el daño al trabajador, el Ministerio del Trabajo y Promoción de Empleo determina el pago de la indemnización respectiva”.

Al resolver la causa, la Corte Suprema señaló que había quedado acreditado que la demandada no niega la existencia de vínculo laboral con el accionante, tampoco los daños y perjuicios sufridos a consecuencia del accidente de trabajo ocasionado en circunstancias en que se encontraba conduciendo el vehículo de transportes interprovincial de su propiedad, y que, por el contrario, sus argumentos se centraron en cuestionar la naturaleza de la pretensión  demandada, señalando que se trata de una naturaleza extracontractual y no contractual.

Asimismo, respecto a la causal denunciada en el recurso de casación, la Corte Suporma precisó que la correcta interpretación del artículo 53º de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo es la siguiente: “Probada la existencia del daño sufrido por el trabajador, a consecuencia de un accidente de trabajo, debe atribuirse el mismo al incumplimiento por el empleador de su deber de prevención, hecho que genera la obligación patronal de pagar a la víctima o sus derechohabientes una indemnización que será fijada por el juez conforme al artículo 1332 del Código Civil, salvo que las partes hubieran aportado pruebas documentales o periciales sobre el valor del mismo”.

Por dichas consideraciones se declaró infundado el recurso de casación interpuesto por la demandada y se estableció que la referida interpretación constituye precedente vinculante de obligatorio cumplimiento por las instancias inferiores.

2.- Tribunal Constitucional establece que reposición no forma parte del contenido constitucional del Derecho al Trabajo

Mediante sentencia del Tribunal Constitucional (TC) recaída en el Expediente Nº 01647-2013-PA/TC, publicado en su página web el 30 de enero de 2017, se estableció que la reposición o readmisión en el empleo no forma parte del contenido constitucional protegido por el Derecho al Trabajo. Así, el TC concluyó expresamente que “(…) en ningún caso podrá utilizarse la vía del amparo para tutelar un inexistente derecho a la estabilidad en el trabajo o reposición laboral”.

Se trata del caso de un trabajador que interpuso una demanda de amparo contra su empleador, solicitando que se le reincorpore a su puesto de trabajo por vulneración del derecho a la estabilidad laboral y a la protección adecuada contra el despido arbitrario.

Al resolver el TC en última instancia afirmó que si bien es cierto que la Constitución establece que la ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario (art. 27), dicho artículo debe interpretarse conforme a lo dispuesto por los tratados internacionales ratificados por el Perú. De esto se desprende que la reposición es una opción que puede válidamente ser sustituida por el pago de una indemnización sin que ello implique desproteger al trabajador frente a un despido arbitrario.

En ese sentido, el Colegiado aseveró que existen dos tipos de protección: una, en sentido positivo, que implica permitir la realización de labores lícitas por parte de las personas; y, otra, en sentido negativo, que garantiza a las personas que no serán forzadas a realizar labores en contra de su voluntad, lo cual comprende la facultad de renunciar a su trabajo. Desde esa perspectiva, el derecho al trabajo está estrechamente ligado a las garantías jurídicas a la libre iniciativa privada y a la libre competencia, previstas, respectivamente, en los artículos 58 y 61 de la Constitución.

Bajo estos alcances, en la sentencia se afirmó que el derecho al trabajo se contrapone al régimen de reposición laboral, en el cual cada puesto es monopolio de quien lo ocupa, perjudicando a las empresas existentes, desincentivando la creación de empresas nuevas, fomentando el desempleo y reduciendo el tamaño de los mercados laborales. Por ende, al no formar parte la reposición laboral del contenido constitucionalmente protegido por el derecho al trabajo, el Tribunal Constitucional declaró improcedente la demanda de amparo en aplicación de la causal de improcedencia prevista en el inciso 1 del artículo 5 del Código Procesal Constitucional.

No obstante lo anterior, dos de los tres magistrados que firmaron la decisión se manifestaron en desacuerdo con esta afirmación, pues consideran que la reposición laboral sí pertenece al contenido del derecho fundamental del trabajo y que es, además, una medida adecuada para proteger a los trabajadores contra el despido arbitrario. Así, se mostraro de acuerdo con el fallo, pero no con el sustento de la sentencia.


3.- Plazo de prescripción se computa desde que el daño puede ser probado

Mediante Sentencia de Casación Laboral 16967-2015-Lima, publicado el 30 de enero de 2017, la Corte Suprema estableció que “El plazo prescriptorio que prevé el artículo 1993 del Código Civil, corre a partir del momento en que se puede ejercitar el derecho de acción, es decir, desde el momento en que el daño puede ser probado”. Esto es la Corte Suprema aclara y manifiesta que el cómputo del plazo prescriptorio no corre desde el momento en que se produce el daño, sino a partir de cuando puede ser probado.

Se de trata de un trabajador que laboró desde el año 1973 hasta el año 1994 para una empresa siderúrgica del Estado, habiéndose producido su desvinculación por cese colectivo, el mismo que fue declarado irregular mediante Resolución Suprema Nº 034-2004-TR, en el marco de la Ley 27803 (Ley que implementa las recomendaciones derivadas de las comisiones creadas por las Leyes Nº 27452 y Nº 27586, encargadas de revisar los ceses colectivos efectuados en las Empresas del Estado sujetas a Procesos de Promoción de la Inversión Privada y en las entidades del Sector Público y Gobiernos Locales).

La discusión jurídica en el caso concreto se centró en determinar si el plazo de prescripción debía empezar a computarse desde el año 1994 (año en que se produjo el cese irregular) o desde el año 2004 (año en que se declaró irregular dicho cese colectivo).

Al respecto la Corte Suprema estableció que el plazo de prescripción debía computarse desde el año 2004, oportunidad recién en que puede probarse la irregularidad del cese colectivo y por tanto el daño mismo.


4.- No configura despido nulo por causal de represalia si la queja o la demanda fue promovida por sindicato

El inciso c) del artículo 29º del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo Nº 003-97-TR regula la nulidad de despido por represalia, vale decir, establece que el despido será nulo si se produce como consecuencia de presentar queja administrativa o tramitar proceso judicial contra el empleador.

Ahora bien, mediante Sentencia de Casación Laboral 18121-2015-Lima de fecha 22 de agosto de 2016, la Corte Suprema estableció que la interpretación correcta del inciso c) del artículo 29º del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo Nº 003-97-TR, debe ser amplia, extendiéndose la protección del despido nulo a todo proceso administrativo o judicial que siga el trabajador contra su empleador, siempre y cuando tenga relación con sus derechos de carácter laboral; sin embargo, para calzar en el supuesto señalado es necesario que el trabajador despedido sea quien presente la queja o haya participado del proceso contra su empleador, ya que solo él puede ser objeto de actitud represiva. Así pues, Corte Suprema considera que el despido no tiene carácter represivo cuando la queja o demanda sea interpuesta por el sindicato al que pertenece el trabajador.


5.- El Tribunal Constitucional estableció que proceden descuentos en ejecución de sentencia

El máximo intérprete de la Constitución Peruana del Perú, estableció mediante sentencia No. 02183-2012-PA/TC que los empleadores podrán retener del monto ordenado a pagar judicialmente a favor del trabajador las sumas correspondientes a los descuentos legales por concepto del impuesto a la renta y aportaciones previsionales, no obstante no ser parte del mandato de la decisión en cuestión.

En ese sentido, el Tribunal ha especificado que el Impuesto a la Renta de quinta categoría, conforme al Decreto Legislativo No. 774, grava todo ingreso proveniente del trabajo personal en relación de dependencia, siendo obligación del empleador como agente de retención, deducir el tributo y depositarlo al fisco.

Por tanto, la retención de quinta categoría es de imperativo cumplimiento, la cual según el Tribunal Constitucional rechaza la vulneración de los derechos de cosa juzgada, toda vez que el empleador no se apropia de dichos aportes, sino que los deriva al Fisco y a entidades previsionales.

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