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Boletín – 1ra Quincena de Julio

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A continuación, les presentamos el boletín con las principales novedades tributarias, laborales y financieras y contables. Haz click en el botón “ver” para leer más.


Seccion-Tributaria

NOVEDADES NORMATIVAS

En esta oportunidad damos cuenta de las principales normas tributarias de interés general publicadas desde el 01 hasta el 12 de julio de 2016.

1.- Extinción de Multas, en el ámbito aduanero, impuestas por SUNAT a Transportistas que realizan el servicio de transporte internacional de mercancías

Mediante Ley N° 30486 (09.07.2016) se ha dispuesto lo siguiente:

-La eliminación o extinción de las sanciones impuestas a los transportistas que prestan el servicio de transporte terrestre de carga internacional, sean peruanos o extranjeros, por la comisión de la infracción tipificada en el numeral 3 del inciso d) del artículo 192 del Decreto Legislativo 1053, Ley General de Aduanas, referida a la no presentación o transmisión de la información contenida en la Nota de Tarja. Se incluyen también las sanciones que se encuentren en cobranza coactiva, las que se encuentren impugnadas dentro de un procedimiento administrativo o proceso contencioso administrativo, así como las que se encuentren pendientes de notificación

La conclusión definitiva de los procedimientos administrativos sancionadores iniciados a los transportistas terrestres de carga internacional, sean peruanos o extranjeros, por la comisión de la infracción tipificada en el numeral 3 del inciso d) del artículo 192 del Decreto Legislativo 1053, Ley General de Aduanas, referida a la no presentación o transmisión de la información contenida en la Nota de Tarja.

Vigencia

La norma en comentario entra en vigor el 10.07.2016

2.- Aprobación de relación de medicamentos e insumos para el tratamiento de enfermedades oncológicas, así como para el tratamiento de VIH/SIDA, inafectos al IGV y Derechos Arancelarios

En virtud de los Anexos 1 y 2 de Decreto Supremo 023-2016-SA (09.07.2016) se aprueba la relación de medicamentos e insumos para el tratamiento de enfermedades oncológicas, así como para el tratamiento de VIH/SIDA, inafectos al IGV y derechos arancelarios.

Vigencia

La norma en comentario entra en vigor el 10.07.2016.

OPINIÓN DE LA SUNAT

I.- Gastos preoperativos incurridos por empresa dedicada a la contratación y ejecución de obras de construcción civil

Se planteó a SUNAT, en el marco de lo dispuesto por el inciso g) del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta (LIR), referente a gastos preoperativos, las siguientes interrogantes:

¿Los gastos en lo que se incurre para la elaboración de “propuestas” para presentarse a un concurso de licitación pública de una obra constituyen gastos preoperativos?

En relación con el método del diferimiento de gastos e ingresos previsto en el derogado inciso c) del artículo 63 de la LIR, tratándose de obras que se hayan terminado en plazo mayor de 3 años, para fines del IR ¿los gastos preoperativos debían diferirse hasta el ejercicio en que se termine la obra o hasta el tercer año de su ejecución? (Nota: El inciso c) del artículo 63 de la LIR fue derogado por la Única Disposición Complementaria Derogatoria del D. Leg 1112 (pub.29.06.2012 y vigente a partir del 01.01.2013). Sin perjuicio de ello, la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria del D. Leg 1112 señala que las empresas de construcción o similares que hubieren adoptado el método establecido en el inciso c) del artículo 63 de la LIR hasta antes de su derogatoria, seguirán aplicando la regulación establecida en dicho inciso respecto de las rentas derivadas de la ejecución de los contratos de obras iniciadas con anterioridad al 01.01.2013, hasta la culminación total de las mismas)

De la lectura del INFORME N° 079-2016-SUNAT/5D0000, SUNAT analiza y concluye como sigue:

1.- No habiendo definición en la LIR del término “gasto preoperativo” conviene recurrir a la doctrina y normas contables. Así, tanto de la doctrina como de la lectura del párrafo 69 de la NIC 38 Activos IntangiblesSUNAT esboza la siguiente definición de “gasto preoperativo”: son aquellos gastos de establecimiento, de puesta en marcha de operaciones, de inicio de actividades o los desembolsos necesarios para abrir una nueva instalación o para comenzar una nueva operación o el lanzamiento de nuevos productos o procesos

2.- Teniendo en cuenta que los gastos por elaboración de propuestas para un concurso de licitación pública constituyen un desembolso previo al otorgamiento de la buena pro, resultando necesario para obtenerla, aquellos calificarán como gastos preoperativos por encontrarse relacionados con un nuevo proyecto u operación que realiza una empresa

3.- Si se hubiese optado deducir los gastos preoperativos en un solo ejercicio y se haya acogido al método a que se refería el inciso c) del artículo 63 de la LIR, se debía diferir la totalidad de tales gastos hasta el tercer año en que la utilidad recién sería determinada, conforme a la liquidación del avance de obra efectuada durante el trienio transcurrido.

Por el contrario, de haberse adoptado por la amortización de tales gastos, debían diferirse estos en la proporción correspondiente a dicho trienio; y el saldo, imputarse en la proporción correspondiente a los ejercicios siguientes, en que la utilidad debía determinarse utilizando los métodos a que se refieren los incisos a) y b) del artículo 63 de la LIR

 

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL

I.- Venta e instalación de Ascensor ¿toda la operación sujeta a Detracción?

La SUNAT lleva a cabo una fiscalización parcial del IGV. Los elementos (aspectos) a fiscalizar fueron tanto el débito fiscal como el crédito fiscal correspondiente a los períodos setiembre a diciembre 2012.

El auditor fiscal, en los requerimientos, dejó sentado que, la empresa fiscalizada no efectuó la detracción respecto de las facturas emitidas por concepto de “suministro e instalación de 1 ascensor marca Otis modelo GEN2” por lo que procedió a reparar el crédito fiscal. A juicio del auditor fiscal la operación se encontraba sujeta al SPOT de conformidad con lo dispuesto por el numeral 9 del Anexo 03 de la Resolución de Superintendencia 183-2004/SUNAT (contratos de construcción) apoyándose además en que acorde con la Revisión 4 de la CIIU el INEI ha opinado que “la reparación, mantenimiento e instalación de ascensores”, se encuentra clasificado en la clase 4329 “Otras instalaciones para obras de construcción”. Sustentado en ello, se emitieron las respectivas Resoluciones de Determinación así como de Multa.

Sin perjuicio de lo anterior, en la etapa de reclamación, la División de reclamos de SUNAT, al momento de resolver (y emitir la respectiva Resolución de Intendencia) efectuó un análisis de la naturaleza de la operación verificando las prestaciones pactadas según “contrato de fabricación e instalación del equipo”, celebrado entre el proveedor y la empresa fiscalizada, llegando a la conclusión que la labor del proveedor consistió en la “instalación del bien que suministraba” y que por ende dicha actividad se encontraba comprendida en la clase 4329 de la División 43 (actividades especializadas de construcción) – Sección F (Construcción) de la Revisión 4 de la CIIU, por consiguiente el producto final de la operación lo representa la instalación, el que incluye la fabricación y entrega de materiales, constituyendo una sola operación como “instalación de ascensores”.

El Tribunal Fiscal, en virtud a la RTF 00319-4-2015, resolvió señalando que, si bien es cierto SUNAT convalidó las Resoluciones de Determinación al señalar los motivos determinantes del reparo, conforme a lo estipulado en el artículo 109 del Código Tributario, no deja de ser menos cierto que “ello ha significado privar a la empresa fiscalizada de una instancia en el procedimiento contencioso tributario”por lo que corresponderá dar trámite de reclamación a la apelación presentada teniendo SUNAT la obligación de emitir nuevo pronunciamiento.

 

JURISPRUDENCIA DEL PODER JUDICIAL

I.- ¿Los gastos por “asesoría”, “defensa legal”, “servicio de imagen y publicidad” asumidos por el Banco de Crédito del Perú (BCP) a favor de su máximo funcionario (Dionisio Romero Seminario) constituyen gastos deducibles del IR para el citado Banco?

A Dionisio Romero Seminario (DRS) se le siguió un proceso penal por la supuesta comisión de delito de tráfico de influencias. Ello, por cuanto DRS llevó a cabo una “gestión” ante Vladimiro Montesinos Torres (por aquel entonces Jefe del Servicio de Inteligencia Nacional) con la finalidad de que los profesionales propuestos por DRS como “administradores judiciales” del Grupo Hayduk (grupo empresarial dedicado principalmente a la actividad pesquera, deudor del BCP, e inmerso en un proceso concursal) sean tales. Dicha “gestión”, a decir del BCP, beneficiaria al Banco puesto que así el Grupo Hayduk podría desarrollar sus actividades comerciales generando recursos económicos que a la postre conllevarían al pago de sus obligaciones con el BCP (uno de sus principales acreedores)

El BCP consideró como gastos deducibles del IR aquellos referidos a la “asesoría y defensa legal de DRS”, así como también aquellos otros destinados a la “recuperación de su imagen pública y reputación”, habiendo actuado en representación del BCP y en su condición de Presidente del Directorio.

La Corte Suprema, en la Sentencia de Casación 9209-2013 Lima (pub.30.06.2016)

resolvió que, independientemente de la actuación de DRS, sea a título personal o en su calidad de Presidente del Directorio del BCP, los gastos por concepto de asesoría, defensa legal, servicio de imagen y publicidad, derivan de un proceso penal cuyo motivo no fue otro que el haber acudido ante el Jefe del SIN para solicitar nombramiento de administradores en un proceso judicial en que el que el citado Jefe del SIN no tenía ni competencia ni facultad alguna, por lo que no se advierte la relación de causalidad necesaria (principio de causalidad) que debe existir entre el gasto realizado y su utilidad directa para mantener o producir la fuente generadora de renta. Por otro lado, el gasto de los negocios conllevaría a que se apruebe las ventajas de la “gestión”, toda vez que la conducta descrita no era idónea para tal propósito,

Agrega la Corte que, es a todas luces evidente que los gastos en los que incurrió en la defensa legal de DRS no pueden ser deducidos porque no tienen un correlato con la realidad para comprender de qué manera directa podría haber servido para la generación de rentas gravadas con el IR; por consiguiente, no se cumple con lo estipulado en el artículo 37 de la LIR.

Finaliza la Corte reafirmando que, en los gastos incurridos en la defensa legal y otros conceptos, para la defensa del Sr Dionisio Romero Seminario, por la denuncia penal por tráfico de influencias, asumidos y deducidos por el BCP, no se ha acreditado la relación de causalidad requerida para fines tributarios.

 

SECCION LABORAL

1.- LEY QUE INCORPORA A LOS SERENOS EN EL SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO

Mediante Ley N° 30485, publicada el 07 de julio de 2016 se dispuso la cobertura adicional del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo para los afiliados regulares y potestativos del régimen contributivo del Seguro Social de Salud que desarrollen actividades para el mantenimiento del orden público y de seguridad – serenazgo. Asimismo, dispone que mediante decreto supremo se modifique el Anexo 5 del Reglamento de la Ley N° 26790, aprobado por Decreto Supremo N° 009-97-SA, a efectos de incluir todas las actividades de riesgos.

2.- SBS APRUEBA PROCEDIMIENTO OPERATIVO PARA DISPONER HASTA EL 25% DEL FONDO DE PENSIONES DE LOS AFILIADOS AL SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES DESTINADO A LA COMPRA DE PRIMER INMUEBLE O PARA AMORTIZAR A CUENTA DE DEUDA HIPOTECARIA

Mediante Resolución SBS N° 3663-2016, publicado el 02 de julio de 2016, la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) aprobó el “Procedimiento Operativo para disponer de hasta el 25% de Fondo de Pensiones de los afiliados del Sistema Privado de Pensiones destinado a la compra de un primer inmueble”, el mismo que fuera establecido mediante Ley 30478.

El Reglamento Operativo establece los siguientes requisitos para disponer hasta el 25% de su fondo de AFP:

  1. No ser ni haber sido propietario de un inmueble adquirido a título personal.
  1. No ser ni haber sido propietario de un inmueble bajo un régimen de sociedades de gananciales.
  1. No ser ni haber sido copropietario, en 50 % o una proporción mayor, de un inmueble inscrito o inscribible en el Registro de Predios de la Sunarp.
  1. No ser titular, de modo individual o bajo un régimen de sociedad de gananciales, de un crédito hipotecario o tener la condición de codeudor sobre la base del 50 %.
  1. No encontrarse inscrito en el registro de afiliados que usaron el 25 % de sus fondos.

Asimismo, el reglamento indica que los afiliados que deseen utilizar sus fondos para amortizar un crédito hipotecario deberán cumplir con lo siguiente:

  1. No ser ni haber sido propietario de un inmueble adquirido a título personal.
  1. No ser ni haber sido propietario de un inmueble bajo un régimen de sociedad de gananciales.
  1. No ser ni haber sido copropietario, en 50 % o una proporción mayor, de un inmueble inscrito o inscribible en el Registro de Predios de la Sunarp.
  1. No ser ni haber sido titular, de modo individual o bajo un régimen de sociedad de gananciales, de un crédito hipotecario o tener la condición de codeudor sobre la base del 50 %, salvo que se trate de otro crédito hipotecario para el mismo inmueble.
  1. No encontrarse inscrito en el registro de afiliados que usaron el 25 % de sus fondos, salvo que se haya hecho uso del beneficio de disposición para un primer inmueble de manera parcial.

Dicho dispositivo a la vez establece la documentación a presentar, el procedimiento y los plazos correspondientes.

 

CRITERIOS JURISPRUDENCIALES

I.- CORTE SUPREMA ESTABLECE QUE PUEDE DEMANDARSE INDEMNIZACIÓN POR DAÑO MORAL GENERADO POR DESPIDO ARBITRARIO

Mediante sentencia casatoria N° 699-2015-Lima, emitida por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia, publicada el 30 de junio de 2016, se ha sentado el criterio por el cual el despido arbitario genera daño moral indemnizable. Entendiendo como tal el dolor, angustia, aflicción física o espiritual que sufre la victima del evento dañoso), al considerar que “(…) el hecho mismo de ser despedido sin causa justa produce sufrimiento en el demandante, quien puede ver un posible deterioro de su imagen ante familiares, amigos y la sociedad en general; (…)”.

A criterio de dicho colegiado Supremo, el haberse puesto fin a la relación laboral de un trabajador sin que medie causa justa de despido conforme a ley, renuncia o acuerdo consensual entre las partes, significa que el empleador no respetó el contrato de trabajo. Situación que implica haber incurrido en la inejecución de la obligación contractual, acto que constituye una conducta antijurídica y causa adecuada de daño injusto e indemnizable, precisando que la indemnización por daño moral corresponde fijarse prudencialmente.

El referido colegiado, entonces, considera que la indemnización por despido arbitrario no constituye suficiente reparación para el trabajador afectado. No obstante, advierte que si el trabajador opta por la indemnización por despido arbitrario no le corresponde ser indemnizado por lucro cesante o daño emergente, pues esto supondría un enriquecimiento o pago indebido.

A juicio de la sala, el lucro cesante comprende los ingresos que se dejen de percibir con ocasión del despido, mientras que el daño emergente consiste en la pérdida real y efectiva derivada del despido.

ABANDONO DE TRABAJO COMO CAUSA JUSTA DE DESPIDO DEBE SER SUFICIENTEMENTE ACREDITADO.

Mediante sentencia casatoria N° 1603-2015-Junín, emitida por la Segunda Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia, publicada el 30 de mayo de 2016, se estableció que la extinción del vínculo laboral que se sencuentre fundada en la falta grave por abandono de trabajo, prevista en el literal h) del artículo 25º del T.U.O. de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, D. Leg. 728, aprobado por D.S. Nº 003-97-TR, debe ser debidamente acreditado con documentos idóneos que demuestren en forma indubitable el referido abandono.

Ahora bien, el referido colegiado Supremo, refirió además que no basta con la existencia de una causa justa, pues el empleador debe cumplir con el procedimiento de despido, formulando primero por escrito la imputación de la falta (documento conocido como carta de pre aviso) y otorgándole un plazo no menor de seis días naturales para que el trabajador pueda defenderse y plantear sus descargos. Culminado este procedimiento, el empleador está habilitado para despedir al trabajador lo cual debe ser comunicado debidamente.

II.- LESIÓN PRODUCIDA POR ASALTO DURANTE HORARIO HABITUAL DE TRABAJO SE CONSIDERA ACCIDENTE DE TRABAJO

Mediante sentencia casatoria N° 12060-2015-La Libertad, emitida por la Segunda Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia, publicada el 30 de junio de 2016 se estableció el criterio por el cual la lesión que el trabajador sufra como consecuencia de un asalto durante el horario habitual de laborales se considera accidente de trabajo.

A criterio de dicho colegiado Supremo, la causa en el accidente de trabajo comprende todas las circunstancias o eventos que en el cumplimiento o desarrollo de la actividad laboral generan el acaecimiento del siniestro.Considera que el elemento integrante del accidente laboral está constituido por el suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, el que no se debe circunscribir exclusivamente a la actividad o tarea laboral desplegada por la persona.

Vale decir, su alcance no solo debe referirse a la actitud misma de realizar la labor prometida, sino también a todos los comportamientos inherentes al cumplimiento de la obligación laboral por parte del trabajador, sin los cuales esta no podría llevarse a cabo; así también a actividades de capacitación o de otra índole impuestas en ejercicio de la potestad subordinante.

En el caso materia de la citada casación, un trabajador que prestaba servicios como repartidor de bebidas transportaba los productos de su empleador cuando sufrió un asalto a mano armada y recibió un impacto de bala en la pierna derecha, lo cual le ocasionó incapacidad permanente. La máxima instancia judicial del país determinó que este hecho constituía un accidente de trabajo.

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