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Boletín – 1ra Quincena de Noviembre

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A continuación, les presentamos el boletín con las principales novedades tributarias, laborales y financieras y contables. Haz click en el botón “ver” para leer más.


Seccion-Tributaria

NOVEDADES NORMATIVAS

En esta oportunidad damos cuenta de las principales normas tributarias de interés general publicadas durante la primera quincena de noviembre de 2016.

1.- INCORPORACIÓN DEL USO DEL DINERO ELECTRÓNICO AL SISTEMA “PAGO FÁCIL” PARA SUJETOS ACOGIDOS AL NUEVO RUS.

Mediante Resolución de Superintendencia No. 280-2016/SUNAT (29.10.2016) se ha dispuesto lo siguiente:

  • La posibilidad que los sujetos del Nuevo RUS puedan realizar la declaración y pago de sus cuotas mensuales empleando “dinero electrónico” siempre que cumplan, de manera copulativa, con los siguientes requisitos:
  1. La presentación se realice en el mes de vencimiento
  2. La declaración tenga importe a pagar
  • Los datos mínimos para efectuar la declaración –pago (RUC; período tributario; total de ingresos brutos del mes; categoría; importe a pagar) deben ser proporcionados empleando el teléfono móvil. Tanto los datos mínimos señalados así como el pago son recibidos utilizando el soporte informático del Sistema Pago Fácil. El declarante recibirá un mensaje de texto de confirmación enviado al teléfono móvil desde el cual realizó la declaración-pago. Puede consultar sus declaraciones y pagos a través de SUNAT Virtual.

Vigencia

La norma en comentario entra en vigor el 01.11.2016.

2.- NUEVO SISTEMA PARA EMBARGOS EN FORMA DE RETENCIÓN POR MEDIOS TELEMÁTICOS.

En virtud de la Resolución de Superintendencia No. 281-2016/SUNAT (29.10.2016) se ha aprobado el Nuevo Sistema para Embargos en forma de Retención por Medios Telemáticos cuyo objetivo es centralizar en un solo sistema los embargos en forma de retención cuando el Tercero Retenedor sea una Entidad del Estado, una empresa calificada como Gran Comprador, o que desempeñe el rol de adquirente en los sistemas de pago mediante tarjeta de crédito y/o débito o cualquier empresa pública o privada.

El Tercero Retenedor podrá consultar en su buzón electrónico de SUNAT Operaciones en Línea (SOL) los actos administrativos materia de notificación (notificaciones SOL) y comunicaciones de tipo informativo. Además, podrá realizar por dicho medio la comunicación del importe retenido o de la imposibilidad de retener, la entrega de los montos retenidos, en cumplimiento de un embargo en forma de retención ordenado por un ejecutor coactivo de la SUNAT dentro del procedimiento de cobranza coactiva.

La norma en comentario señala que la incorporación de los Terceros Retenedores al Nuevo Sistema para Embargos en forma de Retención por Medios Telemáticos se efectuará mediante Resolución de Superintendencia. En virtud del Anexo de la norma en comento se incorporan como Terceros Retenedores a: (i) San Fernando SA, (ii) Editora Perú SA y (iii) Procesos de Medios de Pago SA.

Vigencia

La norma en comentario entrará en vigor el 02.01.2017.

 

3.- ATENCIÓN A NIVEL NACIONAL DE TRÁMITES PRESENCIALES.

Mediante Resolución de Superintendencia No. 282-2016/SUNAT (30.10.2016) se ha dispuesto que los contribuyentes podrán acercarse a cualquier Centro de Servicios de Atención al Contribuyente a nivel nacional con la finalidad de:

  • Iniciar o realizar cualquier trámite relacionado al RUC
  • Iniciar o realizar cualquier trámite relacionado a los comprobantes de pago
  • Iniciar procedimientos contenciosos y no contenciosos,
  • Solicitar y obtener el reporte de valores emitidos pendientes de pago
  • Solicitar el reporte de declaraciones determinativas e informativas presentadas por medios telemáticos y electrónicos referidos a tributos internos.

Vigencia

Lo dispuesto precedentemente entrará en vigor el 31.10.2016.

4.- RÉGIMEN TRIBUTARIO DE LOS INSTITUTOS Y ESCUELAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Mediante Ley No. 30512 (02.11.2016) “Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de Docentes” se ha previsto un régimen tributario especial para los institutos (IES) y escuelas (EES) de educación superior. A continuación, recogemos aquí una interesante esquematización efectuada por la Editorial Economía y Finanzas a la cual nos adherimos:

  • Inafectaciones: Se prevé que los IES y EES están inafectos de todo tipo de impuesto (directo o indirecto) sobre sus bienes, servicios o actividades propias con finalidad educativa.
  • Esta inafectación no incluye a las personas naturales o jurídicas que, bajo cualquier condición, modalidad o grado, prestan servicios a los IES o EES privados. Tampoco incluye los ingresos generados por actividades ni los gastos no relacionados al quehacer educativo.
  • Aranceles de importación: Se prevé que podrá establecerse un régimen especial de afectación para determinados bienes.
  • Normativa por la que se rigen los IES y EES privados: Dichas entidades se rigen por las normas del régimen general del IR y demás que correspondan.
  • Distribución directa e indirecta de rentas: Si se verifica que una entidad sin fines de lucro incurre en distribución directa o indirecta de rentas, la SUNAT le dará de baja en el Registro de Entidades Exoneradas del IR, sin perjuicio de imponerle las sanciones correspondientes.
  • Reinversión de excedentes y utilidades: Depende de cada caso:
  1. IES y EES privados: La reinversión se aplica en infraestructura, equipamiento para fines educativos, investigación e innovación en ciencia y tecnología, capacitación y actualización de docentes, proyección social y apoyo al deporte de alta calificación y en la concesión de becas, conforme a la normativa aplicable
  1. IES y EES privados sin fines de lucro que generan excedentes: Tienen la obligación de reinvertirlos en la mejora de la calidad de la educación que brindan. La instancia especializada en licenciamiento del Ministerio de Educación será la encargada de verificar el cumplimiento de esta disposición.
  • IES privados que generan utilidades: Se sujetan al régimen del IR. En caso se reinviertan dichas utilidades en la mejora de la calidad de la educación, podrán acceder a un crédito tributario por reinversión equivalente hasta el 30% del monto reinvertido.
  • Programas de reinversión e informe anual de ejecución del programa: Los IES y EES privados pueden presentar un programa de reinversión ante el Ministerio de Educación y la SUNAT para su aprobación, previo al inicio de su ejecución, el cual no podrá exceder de cinco años.

El Ministerio de Educación es el encargado de supervisar los programas de reinversión. Los requisitos y las formalidades que deberán cumplir el programa de reinversión de excedentes y utilidades, y su ejecución, se sujeta a las normas establecidas por la SUNAT y a las normas y lineamientos que emita el Ministerio de Educación respecto al cumplimiento de la finalidad educativa de los programas de reinversión.

Los IES y EES privados, además, presentarán a las entidades antes señaladas un informe anual de ejecución del programa de reinversión aprobado, a fin de que éstas verifiquen el cumplimiento de lo previsto en la Ley comentada.

El Ministerio de Educación y la SUNAT sancionan, según su competencia, el incumplimiento de las disposiciones. La SUNAT puede sancionar con la suspensión o el retiro del régimen de reinversión de excedentes, según la gravedad de la falta, y el pago de multas que establezca, sin perjuicio del pago de las deudas tributarias generadas.

  • Inaplicación de lo dispuesto por el Decreto Legislativo No. 882 “Ley de Promoción de Inversión en la Educación”: Se deroga lo dispuesto en dicho decreto legislativo sobre el beneficio de reinversión, en lo que respecta a los institutos y escuelas de educación superior.

Vigencia

Lo dispuesto precedentemente entrará en vigor el 03.11.2016. Sin perjuicio de ello, antes de su aplicación, deberán dictarse las normas reglamentarias que, según lo previsto en la Ley, se darán por el Poder Ejecutivo en un plazo no mayor a 120 días hábiles.

 

5.- MEDIDAS DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Mediante Decreto Legislativo No. 1246 (10.11.2016) se han dictado diversas medidas destinadas a la simplificación de procedimientos administrativos tendientes a garantizar los intereses de los administrados.

Destacamos aquí las más relevantes vinculadas, de alguna manera, con la materia tributaria:

  • Interoperabilidad entre entidades de la Administración Pública: Las entidades, de manera gratuita, podrán interconectarse con otras a fin de, poner a disposición, permitir el acceso o suministrar la información respecto de los usuarios o administrados sobre lo siguiente: i) identificación y estado civil, ii) antecedentes penales, iii) antecedentes judiciales y policiales, iv) grados y títulos, v) vigencia de poderes y designación de representantes legales y vi) titularidad o dominio sobre bienes registrados.

La implementación de la interoperabilidad se dará dentro del plazo máximo de 60 días hábiles computados desde el 10-11-16. Durante ese plazo, a opción del administrado, la información o documentos exigidos (y que son materia de la interoperabilidad) podrán ser sustituidos por una declaración jurada.

  • Prohibición de la exigencia de información a usuarios y administrados: Las entidades de la Administración Pública estarán impedidas de solicitar a los administrados o usuarios información o documentación que puedan recabar mediante la interoperabilidad.
  • Nota: Lo anterior implica que, a guisa de ejemplo, para tramitar el RUC de determinada empresa ya no se exigirá la presentación de la vigencia de poder del representante legal, porque la misma puede ser solicitada a Registros Públicos por la SUNAT.
  • Prohibición de la exigencia de documentación: Las entidades ya no exigirán la presentación de los siguientes documentos, salvo que no cuenten con acceso a internet:

-Copia del DNI

-Copia de la ficha RUC o certificado de información registrada en SUNAT

-Constancias de habilitación profesional o similares expedidos por Colegios Profesionales, cuando dicha calidad pueda ser verificada a través del portal institucional

-Legalización notarial de firmas, salvo se exija por ley expresa

Tampoco se exigirá la copia de partida de nacimiento o bautizo cuando se presenta el DNI, copias de partida de nacimiento o certificado de defunción o de cualquier otro requisito que acredite o proporcione información que conste en registros de libre acceso a internet u otro medio de comunicación pública.

  • Vigencia del DNI: El vencimiento de la fecha de vigencia del DNI ya no será impedimento para la participación del ciudadano en actos civiles, comerciales, administrativos, notariales, registrales, judiciales, policiales y en general en todos aquellos en los que sea necesario ser presentado para acreditar su identidad.
  • Emisión gratuita de la primera copia certificada de denuncia policial: La primera copia certificada de una denuncia policial será gratuita y será emitida y entregada al denunciante de forma inmediata, dejándose constancia de su entrega.

Nota: Así, a guisa de ejemplo, ya no se tendrá que pagar por la primera copia certificada de la denuncia policial realizada por la pérdida de libros contables a fin de acreditar tal hecho a la Administración Tributaria. Dicha copia, además, debe ser entregada por la Policía de forma inmediata.

  • Inexigibilidad de declaraciones juradas en la transferencia de predios: Las declaraciones juradas relativas a la transferencia de dominio de predios (LTM, art. 14 inc. b) y de vehículos (Impuesto al Patrimonio Vehicular) se presentarán únicamente por el adquiriente bajo cualquier título. En virtud de ella, la municipalidad respectiva procederá al descargo automático del anterior propietario como titular del bien transferido.
  • Inexigibilidad del certificado de mudanza domiciliaria o constancias de naturaleza similar: No resultarán exigibles dichos documentos para el transporte de bienes en mudanza. Sólo será exigible al transportista una declaración jurada suscrita por el usuario del servicio que indique los puntos de partida y destino y la relación de bienes a trasladar.
  • Obtención del Certificado de discapacidad: Se ha modificado la Ley 29973 (Ley General de la Persona con Discapacidad), estableciéndose que:

-El certificado de discapacidad podrá ser otorgado por médicos certificadores de establecimientos de salud pública y privada.

-En caso la discapacidad sea evidente o congénita, el certificado deberá ser otorgado inmediatamente.

-El Ministerio de Salud, a través de su Brigadas Itinerantes Calificadores de Discapacidad, deberá atender las demandas de certificación de aquéllas personas con discapacidad que no puedan acudir a los establecimientos de salud.

Vigencia

La norma en comentario entra en vigencia el 11.11.2016.

6.- MODIFICAN ISC APLICABLE A LOS BIENES CONTENIDOS EN EL NUEVO APÉNDICE III DE LA LEY DEL IGV

Mediante Decreto Supremo No. 306-2016 (11.11.2016) se dispone modificar el ISC aplicable a los bienes contenidos en el Nuevo Apéndice III de la Ley del IGV e ISC de la siguiente manera:

contenido1

Vigencia

La norma en comentario entra en vigencia el 12.11.2016.

OPINIÓN DE LA SUNAT

I.- ¿Los gastos de venta y administrativos vinculados con la ejecución de uno de los proyectos cuya construcción aún no ha sido terminada (y por tanto, aún no se ha devengado ingresos gravados con el impuesto a la renta) califican como gastos preoperativos por expansión de actividades?

Ante la consulta planteada, SUNAT en el INFORME N° 173-2016-SUNAT/5D0000 señaló lo siguiente:

En relación con la aplicación del inciso g) del artículo 37° de la LIR, e inciso d) del artículo 21° del Reglamento de dicha ley, tratándose de una empresa inmobiliaria cuyo giro de negocio consiste en la venta al público de bienes inmuebles futuros y que tiene en cartera más de un proyecto:

  1. Los gastos de venta y administrativos vinculados con la ejecución de uno de los proyectos cuya construcción aún no ha sido terminada (y por tanto, aún no se ha devengado ingresos gravados con el impuesto a la renta) califican como gastos preoperativos por expansión de actividades.
  1. En general, a efectos de determinar la fecha en que se inició la explotación, deberá evaluarse cada caso concreto, atendiendo a la documentación o actos que en forma conjunta puedan demostrar cuándo se inició ella.
  1. En relación con operaciones realizadas entre partes no vinculadas de transferencia de acciones que cotizan en bolsa, efectuadas fuera de mecanismos centralizados de negociación, se consulta ¿cuál es el valor de venta que debió considerarse cuando se enajenaron tales acciones?

Ante la consulta planteada, SUNAT en el INFORME N° 169-2016-SUNAT/5D0000 señaló lo siguiente:

Conforme a la normativa vigente inmediatamente antes de la entrada en vigencia de la modificación de la LIR por el Decreto Legislativo N.° 1112, en la transferencia de acciones que cotizan en bolsa, efectuada fuera de mecanismos centralizados de negociación, realizada entre partes no vinculadas, para fines del impuesto a la renta:

  1. El valor de venta que debía considerarse es el valor promedio de apertura y cierre registrado en dicha bolsa o mecanismo centralizado de negociación.
  1. Si las partes pactaron como precio de venta de tales acciones un monto inferior o superior al valor de cotización bursátil, SUNAT debía ajustar dicho monto al valor de mercado a que alude el literal anterior.
  1. La diferencia entre el valor real pactado y el valor de mercado constituirá: (i) Renta gravada con el impuesto a la renta, en caso que aquel sea inferior al valor de mercado; no siendo, por tanto, deducible para el enajenante. (ii) Renta gravada con el impuesto a la renta, en caso dicha diferencia se encuentre dentro de alguno de los supuestos de renta gravada a que se refieren los artículos 1° a 3° de la LIR.
  1. Se consulta si, tratándose de inmuebles cuya enajenación no está sujeta al pago del impuesto a la renta por considerarse como casa habitación, debe presentarse al notario, también, la documentación que acredite la ocupación de dicho inmueble como casa habitación por parte del enajenante por un periodo no menor de dos años.

SUNAT en el INFORME N° 166-2016-SUNAT/5D0000 concluyó como sigue:

Tratándose de inmuebles cuya enajenación no está sujeta al pago del impuesto a la renta por considerarse como casa habitación, no debe presentarse al notario, la documentación que acredite la ocupación de dicho inmueble como casa habitación por parte del enajenante por un periodo no menor de dos años.

  1. Se consulta si existe la obligación de retener el impuesto a la renta por parte de las sociedades constituidas en el Perú que acuerden distribuir dividendos a favor de un banco depositario emisor de American Depositary Receipts (ADRs) o Global Depositary Receipts (GDRs), en caso el titular de estos certificados sea un Fondo de Pensiones constituido en el país.

SUNAT en el INFORME N° 165-2016-SUNAT/5D0000 concluyó como sigue:

Procede la retención del impuesto a la renta por parte de las sociedades constituidas en el Perú que acuerden distribuir dividendos a favor de un banco depositario emisor de ADRs o GDRs, aun cuando el titular de estos certificados sea un fondo de pensiones constituido en el país.

  1. En relación con la regla de ubicación física contenida en el inciso b) del artículo 9° de la Ley del Impuesto a la Renta, modificada por el Decreto Legislativo N.° 1120, prevista para determinar la generación de renta de fuente peruana por la enajenación de bienes muebles que generen ganancias de capital, se concluye lo siguiente:

SUNAT en el INFORME N° 165-2016-SUNAT/5D0000 señala como sigue:

  1. Para que la enajenación de tales bienes genere rentas de fuente peruana, tanto el acto en el que se establece la voluntad de enajenación (título), como el acto por el que se adquiere la propiedad como resultado de la ejecución de ese título (modo), deben haberse realizado cuando dichos bienes se hubieren encontrado ubicados físicamente en el país.
  1. Para que la enajenación de tales bienes que hayan ingresado al país bajo los regímenes aduaneros suspensivos de depósito aduanero, tránsito, así como admisión temporal para reexportación en el mismo estado, efectuada por entidades no domiciliadas, genere rentas de fuente peruana, tanto el título como el modo antes aludidos, deben haberse realizado cuando dichos bienes se hubieren encontrado ubicados físicamente en el territorio nacional.
  1. En el supuesto de bienes que han sido objeto, por una entidad domiciliada, del trámite aduanero de exportación definitiva, en el marco de una operación de comercio internacional para su consumo fuera del país, las entidades no domiciliadas que efectúan subsiguientes enajenaciones de tales bienes que califiquen para estas como bienes de capital, a favor de otras entidades no domiciliadas, cuando estos bienes han estado aún situados físicamente en el país, generarán rentas de fuente peruana solo en caso que tanto el título como el modo antes aludidos se hayan realizado cuando estos bienes se hubieren encontrado ubicados físicamente en el territorio nacional.
  1. ¿En qué momento recupera efectivamente la condición de domiciliado un sujeto peruano que habiendo perdido esta condición retorna al Perú?

Ante la consulta planteada, SUNAT en el INFORME N° 098-2016-SUNAT/5D0000 concluyó como sigue:

El sujeto peruano que hubiera perdido su condición de domiciliado la recuperará a su retorno, pero dicho cambio surtirá efecto en el ejercicio siguiente al de su llegada al Perú, salvo que su permanencia en el Perú sea menor a 184 días calendarios dentro de un lapso de 12 meses.

Nota: De la conclusión mencionada por SUNAT, proponemos los siguientes ejemplos:

Si un peruano retorna al Perú el 01.06.2015 y deja el país el 02.02.2016 (por motivo de negociación con una empresa extranjera, ausentándose 1 mes, esto es, tiene previsto retornar al Perú el 03.03.2016); al 01.01.2016 el sujeto peruano tiene la condición de domiciliado, toda vez que desde que retornó al Perú (01.06.2015) hasta que se ausentó de él transcurrieron más de 184 días calendarios de permanencia en el Perú en un lapso de 12 meses

– Si un peruano retorna al Perú el 01.10.2015 y se ausenta del país el 02.02.2016; al 01.01.2016 no cuenta con la condición de domiciliado, toda vez que no ha permanecido en el Perú más de 183 días calendarios dentro de un lapso de 12 meses.,

El artículo 4, a, 2, del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta regula el cómputo del plazo de “permanencia” y “ausencia” en el Perú.

JURISPRUDENCIA DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA DEL TRIBUNAL FISCAL

I.- ¿Es competente el Tribunal Fiscal para resolver procedimientos relacionados con el cobro de la Tarifa de Agua Subterránea efectuado por SEDAPAL, al amparo de la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo 1185?

El Decreto Legislativo 1185 (publicado el 16.08.2015 y vigente a partir del 17.08.2015) tiene por objeto establecer y regular el “Régimen Especial de Monitoreo y Gestión de Uso de Aguas Subterráneas” a cargo de las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPSS), como es el caso de SEDAPAL.

En virtud de la 2da Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo (D. Leg) 1185se ha previsto que hasta que la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) apruebe la “Tarifa de Monitoreo y Gestión de Uso de Agua Subterránea”, las personas comprendidas en el D. Leg 1185 continuarán efectuando el pago a SEDAPAL por concepto de “Tarifa de Agua Subterránea”, regulada esta última Tarifa por el Decreto Legislativo 148 (15.06.1981), derogado por el D. Leg 1185.

Es con la dación del D. Leg 1185 que se han suscitado distintas interpretaciones en torno a la competencia del Tribunal Fiscal para resolver los casos vinculados al cobro de la mencionada “Tarifa de Agua Subterránea”.

En razón a lo expuesto, el Tribunal Fiscal, en virtud de la RTF 03820-Q-2016 (08.11.2016) ha sentado el siguiente precedente de observancia obligatoria:

“El Tribunal Fiscal no es competente para resolver los procedimientos relacionados con el cobro que efectúa la Empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima SA – SEDAPAL SA., por la tarifa (de agua subterránea) que se devenga a partir de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo 1185”

 

II.- ¿Es competente el Tribunal Fiscal para resolver, en Queja, sobre la adopción de Medidas Cautelares Previas aun cuando su cuestionamiento esté referido a infracciones al procedimiento de fiscalización?

El Tribunal Fiscal, en virtud de la RTF 03876-Q-2016 (08.11.2016) ha sentado el siguiente precedente de observancia obligatoria:

“Corresponde que el Tribunal Fiscal se pronuncie sobre las quejas presentadas contra la adopción de medidas cautelares previas aun cuando su cuestionamiento este referido a infracciones al procedimiento de fiscalización o verificación, a fin de determinar si aquéllas deben ser mantenidas, levantadas o ajustadas, según corresponda, lo que implica la posibilidad de analizar las infracciones al procedimiento de fiscalización o verificación que se hubieren producido. Dicho análisis no se encuentra dentro de los alcances del Acuerdo de Sala Plena N° 2016-10 de 27 de mayo de 2016 dado que no existe otra vía distinta a la queja en la que puedan analizarse las infracciones que se hubieren producido al adoptarse dichas medidas.”

Se desprende del razonamiento del Tribunal Fiscal que, las Medidas Cautelares Previas se formalizan mediante resolución coactiva, acto administrativo que si bien es cierto despliega sus efectos jurídicos sobre los contribuyentes, no deja de ser menos cierto que no constituye en sí un acto impugnable (ni reclamable ni apelable). En tal virtud, al no existir una vía idónea para que los contribuyentes puedan cuestionar la adopción de dichas medidas cautelares previas, resulta procedente que éstos interpongan Queja ante el Tribunal Fiscal. Afirmar que no cabe el cuestionamiento de ellas mediante la Queja implicaría la vulneración del derecho de defensa del contribuyente puesto que no se ha previsto otra vía para tal efecto.

Nota: El Acuerdo de Sala Plena N° 2016-10 de 27 de mayo de 2016 motivó el criterio vinculante (precedente de observancia obligatorio) sentado por la RTF 01918-Q-2016 (16.06.2016) el cual estableció que:

“No procede que el Tribunal Fiscal se pronuncie, en la vía de la queja, sobre infracciones al procedimiento que se produzcan durante el procedimiento de fiscalización o de verificación, las que deberán ser alegadas en el procedimiento contencioso tributario

Corresponde inaplicar el artículo 11 del Reglamento del Procedimiento de Fiscalización de la SUNAT, aprobado por Decreto Supremo 085-2007-EF, por contravenir el inciso c) de la Norma IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo 133-2013-EF”

 

III.- ¿Procede la Queja cuando el Ejecutor Coactivo no se pronuncia sobre la oposición de la prescripción del cobro de la deuda tributaria invocada por el contribuyente ante el Ejecutor Coactivo?

El Tribunal Fiscal, en virtud de la RTF 03869-Q-2016 (08.11.2016) ha sentado el siguiente precedente de observancia obligatoria:

“Procede declarar fundada la queja y ordenar que se remita el expediente al Ejecutor Coactivo para que emita pronunciamiento sobre la prescripción de la acción de la Administración para determinar la obligación tributaria, así como sobre la acción para exigir su cobro y aplicar sanciones, si califica como solicitud no contenciosa o recurso de impugnación el escrito presentado ante éste con el fin de que se pronuncie sobre la prescripción cuando la deuda tributaria se encuentra en cobranza coactiva, siempre que el procedimiento iniciado como resultado de dicha calificación se encuentre en trámite.

Asimismo, procede disponer la suspensión temporal del procedimiento coactivo y ordenar al Ejecutor Coactivo que se abstenga de ejecutar las medidas cautelares que hubiere trabado o de trabar o ejecutar alguna otra, en tanto no emita pronunciamiento sobre la prescripción que le ha sido opuesta. En caso no pueda ordenarse al Ejecutor Coactivo que emita pronunciamiento sobre la prescripción, al haberse notificado la resolución emitida en el procedimiento iniciado como resultado de indebida calificación, procede disponer la suspensión temporal del procedimiento coactivo y ordenar al Ejecutor Coactivo que se abstenga de ejecutar las medidas cautelares que hubiere trabado o de trabar o ejecutar alguna otra, mientras no haya un pronunciamiento firme en el citado procedimiento”

Se desprende del razonamiento del Tribunal Fiscal que, si durante la cobranza coactiva el deudor tributario opone la prescripción, no resulta arreglado a derecho que el ejecutor coactivo otorgue a dicha oposición el trámite de solicitud no contenciosa o de recurso de reclamación, pues el contribuyente no tiene como propósito iniciar uno de esos procesos, sino más bien que el citado ejecutor coactivo analice si ha operado la prescripción y, de ser el caso, concluya con la cobranza coactiva

JURISPRUDENCIA DEL PODER JUDICIAL

I.- ¿Cómo debe aplicarse el Método de la Prorrata del Crédito Fiscal?

SUNAT es del criterio que, si en un determinado mes el contribuyente realiza operaciones gravadas y no gravadas con el IGV y no pueda discriminar el destino de sus adquisiciones para efectos de determinar el crédito fiscal respectivo, deberá aplicar el método de la prorrata del crédito fiscal (artículo, 6, 6.2, del Reglamento de la Ley del IGV) por dicho mes y también por los siguientes 11 meses (lo que supondría aplicar el citado método de la prorrata del crédito fiscal por un lapso de 12 meses –período (12 meses) al que se alude en el artículo 6, 6.2, del RLIGV) -independientemente que en los siguientes 11 meses el contribuyente realice, a guisa de ejemplo, sólo operaciones gravadas con el IGV).

La Corte Suprema, en la Sentencia en Casación 9309-2015 Lima (31.10.2016), no comparte el criterio de SUNAT. Así, en el caso en controversia, SUNAT pretendía aplicar el método de la prorrata sobre meses en los que el contribuyente había realizado operaciones gravadas, pues dichos meses se encontraban comprendidos dentro del lapso de 12 meses al que alude la norma reglamentaria del IGV.

Fluye del criterio jurisprudencial que, no corresponde aplicar el método de la prorrata para determinar el crédito fiscal por el lapso de 12 meses, puesto que, en primer término, el IGV se caracteriza por ser un impuesto de liquidación mensual; y, en segundo término, porque el método de la prorrata del crédito fiscal se aplica a sujetos que realizan conjuntamente operaciones gravadas y no gravadas con el IGV en un mes calendario y en tanto no pueda, el contribuyente, discriminar el destino de sus adquisiciones, y no cuando en dicho mes se llevan a cabo sólo operaciones gravadas con el IGV.

II.- ¿Los defectos en una factura (numeración del RUC) pueden motivar que SUNAT concluya que la operación no se llevó a cabo en la realidad?

SUNAT era del criterio que procedía el desconocimiento de la deducibilidad del gasto registrado por el contribuyente por cuanto la factura recibida por éste adolecía de un defecto. Ello, según SUNAT, en atención a lo dispuesto entre otros, en el artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta (LIR), debidamente concordado con el artículo 44, j, de la citada Ley y en armonía con lo estipulado en el artículo 8 del Reglamento de Comprobantes de Pago.

La Corte Suprema, en la Sentencia en Casación 9457-2015 Lima (31.10.2016), señala que, para que un gasto sea deducible para fines del Impuesto a la Renta debe cumplir con el principio de causalidad entendido éste como la relación existente entre un hecho (egreso, gasto o costo) y su efecto deseado (generación de rentas gravadas o el mantenimiento de la fuente). En ese sentido -añade la Corte- y conforme al principio de verdad material, cabe sostener que, aún cuando el comprobante de pago que sustenta la operación contenga defectos en la numeración del RUC, ello no puede ser obstáculo para concluir, a primera mano, que la operación no se realizó; es por ello que, a partir del estudio del expediente administrativo corresponderá verificar si la SUNAT requirió el sustento de la fehaciencia de las operaciones y si el contribuyente procedió a acreditarlas.

SECCION LABORAL

NOVEDADES NORMATIVAS

I.- SE ELIMINA OBLIGACIÓN DE REGISTRO DE CONTRATOS SUJETOS A MODALIDAD Y DE CONVENIOS DE MODALIDADES FORMATIVAS ANTE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE TRABAJO

Mediante Decreto Legislativo No. 1246, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” con fecha 10 de noviembre de 2016, se ha implementado medidas de simplificación administrativa anunciadas por el gobierno, que tienen como fin dotar al régimen jurídico que rige a la Administración Pública de disposiciones a favor del ciudadano en función a la simplificación, eficacia, eficiencia, celeridad y equidad en los procedimientos administrativos. En suma se trata de un grupo de medidas simplificadoras de procedimientos y trámites administrativos, de las cuales, en materia laboral destacan las siguientes:

  • Se elimina la obligación de registrar los contratos de trabajo sujeto a modalidad y sus respectivas renovaciones por ante la Autoridad Administrativa de Trabajo.
  • Se elimina la obligación de registrar los convenios sobre modalidades formativas ante la autoridad administrativa de trabajo, bastando solo declaración en la planilla electrónica correspondiente
  • Para la aprobación de los contratos laborales de extranjeros ya no se exigirá el título profesional o certificado de trabajo certificado por ante autoridad competente y la fotocopia del pasaje o billete de transporte del trabajador extranjero y su familia que garantice su retorno

La eliminación de estos trámites administrativos no solo reduce costos de contratación, sino que además simplifica el proceso de contratación.

Vigencia

La norma en comentario entra en vigor el 01.11.2016.

 

II.- MODIFICAN INFORMACIÓN QUE DEBERÁ INCLUIRSE EN LA PLANILLA ELECTRÓNICA

Mediante Resolución Ministerial No. 260-2016-TR publicado el 27 de octubre de 2016 en el Diario Oficial “El Peruano”, se modificó la Resolución Ministerial N° 121-2011-TR que aprueba la información de la Planilla Electrónica. Dispone que a partir del 1 de noviembre de 2016 se debe registrar en la Planilla Electrónica:

  • Si el empleador cuenta con Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo.

La situación especial del trabajador: de confianza, de dirección, TELETRABAJADOR o ninguna.

III.- POTENCIALES BENEFICIARIOS DE PENSIÓN EN EL SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES (SPP), AL FALLECIMIENTO DEL ASEGURADO NO TENDRÍAN DERECHO A LA COBERTURA A PRESTACIONES DE SALUD QUE BRINDA ESSALUD

Mediante Resolución SBS No. 5785-2016, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 7 de noviembre de 2016 se modificó el procedimiento operativo para el ejercicio de opciones del afiliado cuando accede a la jubilación por cumplimiento de la edad o accede al Régimen Especial de Jubilación Anticipada (REJA), aprobado mediante Res. SBS Nº 2370-2016.

En cuanto al solicitante de retiro de fondos destaca dos posibilidades:

Parcial: cuando la entrega o suma de las armadas entregadas corresponden a un porcentaje menor al 95.5% del saldo de su Cuneta Individual de Capitalización (CIC).

Total: Cuando la entrega o suma de las armadas entregadas corresponden al 95.5% del saldo del saldo de su CIC

El mismo tratamiento se extiende a aquellos nuevos fondos recaudados con posterioridad a su decisión de retiro

En el caso del solicitante de retiro total, la norma indica que éste no tendrá la condición de pensionista.

De igual modo, la norma establece que la AFP correspondientes deberá informar al afiliado sobe la atención y cobertura por las prestaciones de salud que brinda EsSALUD, respecto de aquellos que opten por solicitar a la AFP la entrega del 95.5% del saldo de su CIC, bajo el siguiente tenor:

Señor(a) afiliada(a): Tenga en consideración que, de conformidad con las disposiciones legales vigentes, en caso usted disponga el retiro del 95.5% del saldo de su CIC, sus potenciales beneficiarios de pensión –cónyuge o concubino, hijos menores de 18 años de edad, hijos mayores de 18 años inválidos o padres en condición de dependencia económica o en condición de invalidez- a su fallecimiento, NO tendrían derecho a la cobertura por las prestaciones de salud que brinda EsSalud”.

IV.- PRECISAN EFECTOS SOBRE ACUERDO ENTRE PERÚ Y LA UNIÓN EUROPEA SOBRE EXENCIÓN DE VISADOS

Con fecha 4 de noviembre de 2016 se publicó en el Diario Oficial “El Peruano” el “Acuerdo entre la República del Perú y la Unión Europea sobre exención de visados para estancias de corta duración”, el cual entró en vigencia el 1 de noviembre de 2016.

El acuerdo precisa que la exención del visado no es aplicable a las personas que viajen a los Estados partes para realizar una actividad remunerada como trabajadores por cuenta ajena.

V.- ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA DEL PERÚ Y LA UNIÓN EUROPEA SOBRE EXENCIÓN DE VISADOS PARA ESTANCIAS DE CORTA DURACIÓN

El mencionado Acuerdo ha sido suscrito el 14 de marzo de 2016, en la ciudad de Bruselas, Reino de Bélgica; y, ratificado por Decreto Supremo No. 022-2016-RE, del 24 de marzo de 2016 y señala lo siguiente:

  • El Acuerdo establece la exención de visados para los ciudadanos de la Unión Europa y para los ciudadanos de Perú que viajen al territorio de la otra parte contratante por un periodo máximo de 90 días cada 180 días.
  • Los ciudadanos de Perú titulares de un pasaporte válido que sea ordinario, diplomático, de servicio, oficial o especial, y expedido por Perú podrán entrar y permanecer sin visado en el territorio de los Estados miembros.
  • Los ciudadanos de Perú podrán permanecer en el territorio de los Estados miembros que apliquen íntegramente el acervo de Schengen un período máximo de 90 días cada 180 días.

Vigencia

La norma en comentario entra en vigor el 01.11.2016


CRITERIOS JURISPRUDENCIALES

I.- Contrato Laboral por necesidad de mercado se desnaturaliza si no se sustenta incremento coyuntural de la producción

Mediante Sentencia de Casación No. 9454-2014-ICA, la Corte Suprema estableció que se produce la desnaturalización del contrato por necesidad de mercado cuando no se no se sustenta el incremento de la producción coyuntural; así como la necesidad de que las variaciones de la demanda tengan carácter sustancial, lo que supone rechazar de su contenido cualquier fluctuación del mercado que no sea necesaria y significativa

Al respecto, la Corte Suprema siguiendo el pronunciamiento del Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente N° 00232-2010-PA/TC, a través de la cual respecto de la modalidad contractual de “necesidad de mercado” concluyó que el incremento debe ser coyuntural, es decir, extraordinario y, en segundo lugar, los incrementos de la actividad empresarial deben ser imprevisibles. Si los incrementos no son imprevisibles implica que son cíclicos o estacionales o que se repiten por temporadas. Por tanto, el contrato por necesidad de mercado debe especificar la causa objetiva que justifique la contratación temporal, en cuyo caso debe entenderse que no bastará citar la definición de esta figura, sino que habrá que insertar en el documento los hechos que motivan la variación de la demanda en el mercado y sus efectos concretos para la empresa contratante.

En el caso concreto. La Corte Suprema concluyó que la empresa demandada no sustentó la causa objetiva de contratación, ya que no es admisible que el incremento temporal e imprevisible se prolongue por cinco años, tal como sucedió en el presente caso, desde el dos de febrero de mil novecientos noventa y ocho al treinta y uno de diciembre de dos mil tres; lo que revela la ausencia de imprevisibilidad de la necesidad empresarial, la misma que pudo haber sido prevista, dada la naturaleza del servicio que presta la empresa demandada. Asimismo, agregó la Corte Suprema que en cada renovación del contrato se mencionó la siguiente justificación para la extensión del contrato modal “(…) se amplía la contratación del actor debido a que SENATI ha ampliado sus actividades en otras especialidades de carácter experimental”, lo que a tenor de la Corte Suprema no constituye en modo alguno una justificación razonable de un incremento temporal e imprevisible del ritmo normal de la actividad productiva, con exclusión de las variaciones de carácter cíclico o de temporada de la emplazada, razones suficientes para señalar que la demandada no cumplió con demostrar la causa objetiva que justifica la contratación a plazo fijo, concluyendo en la desnaturalización de del contrato de trabajo por necesidad de mercado y sus respectivas renovaciones.

 

II.- Tiempo utilizado para el cambio de ropa forma parte de la jornada de trabajo

Mediante Sentencia de Casación No. 9387-2014, la Corte Suprema estableció que el tiempo que el trabajador demora en cambiarse de ropa forma parte del horario de trabajo. En caso de que al trabajador se le obligue ingresar minutos previos al horario regular o quedarse tiempo después de su hora para dichos efectos contraviene lo dispuesto por la legislación laboral, pues nadie puede ser obligado a laborar horas extras.

Precisó la Corte Suprema que La jornada de trabajo se inicia cuando el trabajador ingresa a su centro laboral; por tal razón, el tiempo que el trabajador utiliza para cambiarse de ropa, cuando la labor lo exige, debe incluirse dentro de la jornada de trabajo, en razón a que el trabajador ya ingresó a su centro laboral para prestar sus servicios y está a disposición del empleador, no siendo justificable ni legal desconocer dicho lapso de la jornada ordinaria de trabajo.

El caso es el siguiente: Se trata de la demanda interpuesta por el sindicato de una empresa de cerámicos que solicita la nulidad de diversos artículos del reglamento interno de trabajo. Entre estos se encontraba el artículo 34, donde se establecía que: “En los horarios establecidos por la empresa no está incluido el tiempo que requiere el trabajador para cambiarse la ropa por el uniforme que le otorga la empresa, tanto para la hora de ingreso como para la salida, por tal motivo se entenderá que el trabajador debe desarrollar una labor efectiva desde la hora de ingreso hasta el término de la jornada. El tiempo utilizado para el cambio de ropa no es considerado como sobretiempo”.

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