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Boletín – 2da Quincena de Abril

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A continuación, les presentamos el boletín con las principales novedades tributarias, laborales y financieras y contables. Haz click en el botón “ver” para leer más.


Seccion-Tributaria

 

NOVEDADES NORMATIVAS

En esta oportunidad damos cuenta de las principales normas tributarias de interés general y una de interés contable publicadas desde el 01 hasta el 15 de abril de 2016En esta oportunidad damos cuenta de las principales normas tributarias de interés general publicadas desde el 16 hasta el 29 de abril de 2016.

1.- Modifican Reglamento de la “Factura Negociable”

Mediante Decreto Supremo N° 100-2016-EF (24.04.2016) se modifica el Reglamento de la Ley 29623, Ley que promueve el financiamiento a través de la factura comercial.

Destacamos a continuación las modificaciones más relevantes de la norma en comentario:

 

Definición de “entrega de la factura negociable”

Se establece el alcance y el significado del término “Entrega de la Factura Negociable” bajo el siguiente tenor:

“Para el caso de la Factura Negociable originada en un comprobante de pago impreso y/o importado, es la presentación por el Proveedor al Adquirente para que éste deje constancia de la fecha de dicha presentación en el mismo momento que se entrega la factura comercial o recibo por honorarios del cual deriva la Factura Negociable como tercera copia”.

Plazo de comunicación de la anotación en cuenta, ante una ICLV, de la factura negociable

Modifica el plazo en el cual el Proveedor o el Legítimo Tenedor – que opte por transformar la Factura Negociable que se origine en un comprobante de pago impreso y/o importado a un valor representado mediante anotación en cuenta -, debe comunicar al Adquirente, el registro de dicho título ante una Institución de Compensación y Liquidación de Valores (ICLV). Dicha comunicación debe efectuarse dentro de los 3 días hábiles de ocurrido dicho registro.

Plazo de comunicación sobre registro de factura negociable ante ICLV y comunicación mediante medios electrónicos

Modifica el plazo en el cual el Proveedor o tercero debidamente autorizado por éste, debe comunicar al Adquirente, el registro de la Factura Negociable que se origina en un comprobante de pago electrónico ante una ICLV. Dicha comunicación debe efectuarse dentro de los 3 días hábiles de ocurrido dicho registro.

Precisa que tal comunicación debe ser registrada por el Proveedor o por el tercero autorizado ante la ICLV en la misma fecha en la que la mencionada comunicación se efectúa.

Señala que, si al momento de efectuado el registro de la Factura Negociable ante la ICLV el Adquirente ya se encontrara registrado en el sistema, la comunicación al Adquirente deberá efectuarse mediante medios electrónicos en la misma fecha en la que ocurrió el registro de la Factura Negociable ante la ICLV.

Incorpora como obligación del Adquirente – a requerimiento de la ICLV – de comunicar una dirección de correo electrónico e información de contacto que permita efectuar las comunicaciones por medios electrónicos en el plazo de 2 días hábiles de recibido el requerimiento.

Plazo para efectuar protesto de facturas negociables y mérito ejecutivo de las facturas negociables mediante anotación en cuenta

Modifica el plazo en el cual se debe realizar el protesto en el caso de las facturas negociables que no contengan fechas de vencimiento y resulte de aplicación el plazo de vencimiento establecido en el inciso d) del artículo 3º de la Ley N° 29623 (30 días calendarios siguientes a la fecha de su emisión). El nuevo plazo es de hasta 15 días posteriores a dicho vencimiento.

Señala que, para el caso de la Factura Negociable representada mediante anotación en cuenta, la constancia de inscripción y titularidad emitida por la ICLV (en la que la Factura Negociable se encuentra registrada a solicitud de la persona que aparece como titular de la misma en el Registro Contable de la referida ICLV), tendrá mérito ejecutivo – sin requerir protesto o formalidad sustitutoria alguna-, y los mismos efectos que un título valor protestado para todos los propósitos.

Establece diversas disposiciones relacionadas con la solicitud por parte del Legítimo Tenedor de la Factura Negociable, de la emisión de la constancia de inscripción y titularidad por incumplimiento en el pago de la misma siempre que ésta no haya sido pagada por el Adquiriente en la fecha de vencimiento correspondiente.

Obligación de comunicación de la ICLV a las entidades que administren el registro de protestos y moras

Dispone que la obligación de la ICLV de comunicar por medios electrónicos y otros medios idóneos, a las entidades que administren el Registro de Protestos y Moras, la relación de las constancias de inscripción y titularidad emitidas durante el mes calendario inmediato anterior, a más tardar dentro de los 5 primeros días calendario del mes siguiente.

La ICLV y las respectivas Cámaras de Comercio pueden establecer sistemas de comunicación por periodos inferiores al mensual.

Presunción de conformidad del adquirente

El Adquirente se encuentra obligado a dejar constancia de la entrega de la Factura Negociable en el propio documento y en la misma oportunidad en la que ésta le es presentada por el Proveedor.

El Adquirente deberá indicar la información de su personal de contacto autorizado y una dirección de correo electrónico oficial o similar a la que el Proveedor o Legítimo Tenedor, según corresponda, o un tercero debidamente autorizado por ellos, debe dirigirle las comunicaciones respecto a la transferencia por endoso o transferencia contable de la Factura Negociable.

A partir del registro del Adquirente en el sistema de la ICLV, la ICLV efectuará toda comunicación al Adquirente a través de medios electrónicos.

Para que el Adquirente manifieste su conformidad o disconformidad debe dirigir una comunicación al Proveedor, al Legítimo Tenedor o a la ICLV, según corresponda en relación a la información puesta a disposición por la ICLV.

En el caso de la Factura Negociable que se origine en un comprobante de pago electrónico, para que el Adquirente manifieste su conformidad o disconformidad, la ICLV pondrá a su disposición la información de la Factura Negociable el día del registro de dicha factura, utilizando para ello los medios electrónicos que disponga la ICLV.

Plazo para comunicación de transferencia de factura negociable mediante endoso o transferencia contable

Establece un plazo de 3 días hábiles para que el Proveedor o el Legítimo Tenedor comunique al Adquirente la transferencia de la Factura Negociable efectuada mediante endoso o transferencia contable. A tal efecto, el Adquirente debe proporcionar la información del personal de contacto autorizado y un correo electrónico oficial o similar, a través del cual, recibirá dichas comunicaciones.

Indica que, para el caso de Facturas Negociables anotadas en cuenta, la transferencia contable deberá ser comunicada al Adquirente por la ICLV, a través de los medios electrónicos establecidos en su reglamento interno.

En el supuesto en el cual el Proveedor reciba del Adquirente el pago de todo o parte del monto neto pendiente de pago de una Factura Negociable que haya sido transferida a favor de un tercero, el mismo está obligado a entregar de inmediato e íntegramente el monto referido al Legítimo Tenedor, de lo contrario incurrirá en las responsabilidades civiles y penales que correspondan.

En caso que la comunicación de la transferencia de la Factura Negociable haya sido remitida oportunamente al Adquirente, los gastos de entrega o transferencia al Legítimo Tenedor del monto, son asumidos por el Adquirente y deben ser pagados al Proveedor dentro del día hábil siguiente de que este se lo requiera, sustentando la cuantía y monto de dichos gastos.

Otras modalidades de financiamiento

Establece que, las empresas del sistema financiero, las empresas de factoring comprendidas o no comprendidas en el ámbito de aplicación de la Ley N° 26702, los fondos o patrimonios fideicometidos o titulizados dedicados a realizar operaciones de financiamientos con facturas, están facultados a mantener la custodia temporal de Facturas Negociables en el marco de las modalidades de financiamiento que realicen.

Esta disposición no habilita a los Adquirentes a retener Facturas Negociables salvo que sean facultados para ello por alguna de las empresas como consecuencia de la existencia de acuerdos entre ellas y el Proveedor para llevar a cabo dichas operaciones de financiamiento y siempre que el Proveedor decida voluntariamente someter la Factura Negociable a dichas operaciones.

En caso la referida operación de financiamiento no se lleve a cabo y el Proveedor haya entregado la Factura Negociable a la empresa del Sistema Financiero, a la empresa de factoring comprendida o no comprendida en el ámbito de aplicación de la Ley N° 26702, al fondo o patrimonio fideicometido o titulizado, o al Adquirente, el Proveedor está facultado para requerir a las mencionadas empresas la devolución inmediata de la Factura Negociable. Se indica que en este supuesto, la no devolución de la Factura Negociable al Proveedor dentro del día hábil siguiente de que este haya efectuado el requerimiento, es considerada una retención indebida

Vigencia

La norma bajo comentario entra en vigor el 25.04.2016

 

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL

I.- ¿La notificación de una Resolución de Determinación en virtud de la cual SUNAT atribuye responsabilidad solidaria tributaria al Gerente General de una SAC debe ser consecuencia de una fiscalización previa a la empresa?

SUNAT notificó al gerente general de una empresa la Resolución de Determinación N° 023-004-0000162 mediante la cual le atribuyó responsabilidad solidaria tributaria por las deudas contenidas en una Orden de Pago (por el período tributario 02-2011), tres (3) Resoluciones de Intendencia emitidas por la pérdida de fraccionamientos tributarios y una Resolución de Multa (por la infracción consistente en “No presentar declaración determinativa dentro del plazo establecido”, tipificada en el artículo 176, 1, del Código Tributario). Todos los actos administrativos antes citados fueron notificados, con anticipación, a la empresa. El gerente general (para el caso, el recurrente), interpuso la respectiva reclamación, ante SUNAT, y luego la apelación ante el Tribunal Fiscal

SUNAT sustentó la atribución de responsabilidad solidaria en lo dispuesto por el artículo 16, 2, 3er párrafo, del Código Tributario, esto es, por habérsele asignado la condición de “No Habido” a la empresa en la cual el recurrente desempeñaba el cargo de gerente general. La empresa mantuvo dicha condición (de No Habido) desde el 02.05.2011 al 14.07.2011.

El recurrente (gerente general) argumentó quela Resolución de Determinación N° 023-004-0000162, mediante la cual se le atribuyó responsabilidad solidaria tributaria, adolecía de nulidad puesto que no fue emitida como consecuencia de un procedimiento de fiscalización seguido con antelación a la empresa.

El Tribunal Fiscal, mediante la RTF 01618-8-2015, falló en contra de la nulidad invocada por el gerente general bajo los siguientes argumentos:

-No es requisito exigido por la legislación que la Resolución de Determinación que atribuye responsabilidad solidaria tributaria sea producto de un procedimiento de fiscalización.

-De conformidad con el artículo 20-A del Código Tributario se tiene que, para que surta efectos la responsabilidad solidaria, la Administración Tributaria debe notificar al responsable la Resolución de Determinación de atribución de responsabilidad señalando: i) la causal de atribución de responsabilidad solidaria y, ii) el monto de la deuda objeto de responsabilidad.

-Lo anterior resulta congruente con el hecho que la responsabilidad solidaria se atribuye cuando se verifican las causales establecidas legalmente para ello.

-En consecuencia, no resulta atendible la nulidad de la Resolución de Determinación -que atribuye responsabilidad solidaria tributaria- alegada por el recurrente (gerente general)

 

JURISPRUDENCIA DEL PODER JUDICIAL

I.- ¿La “variación” del volumen de combustible constituye una merma?

En virtud de la Sentencia de Casación 632-2015 LIMA (pub. 30.03.2016, pág. 75608) la Corte Suprema de Justicia se pronuncia en torno a la interrogante formulada en el epígrafe.

Así, fluye de la lectura de la sentencia que, los combustibles tienden a expandirse o contraer su volumen como es el caso de los hidrocarburos que, al igual que todos los líquidos, varían su volumen con el incremento o decremento de la temperatura u otro factor que incida en su naturaleza por lo que no cabe afirmar que dichas variaciones correspondan a pérdidas cuantitativas, por cuanto existe la posibilidad de que dichos volúmenes varíen nuevamente, incrementándose o disminuyéndose. La Corte arriba a la conclusión que, las diferencias en el volumen de combustible no corresponden a mermas, toda vez que son variaciones temporales y no de desaparición del bien.

La sentencia expedida por la Corte comparte así el criterio del Tribunal Fiscal.

II.- ¿Las donaciones a favor de comunidades nativas y campesinas resultan deducibles para fines del Impuesto a la Renta?

La empresa Pluspetrol Perú Corporation SA había realizado donaciones y brindado servicios a título gratuito a favor de los pobladores de las comunidades nativas y campesinas cercanas a los centros de operación de la referida empresa durante el ejercicio 2003.

La SUNAT había considerado que los actos y servicios aludidos a favor de las comunidades nativas y campesinas constituían una “liberalidad” y por ende no resultaban deducibles del Impuesto a la Renta. Es por ello que, ante el resultado adverso sufrido en el procedimiento contencioso tributario (etapa administrativa tributaria) interpuso Demanda Contencioso Administrativa ante el Poder Judicial. En las 2 instancias judiciales, las sentencias fueron desfavorables a SUNAT

La Sentencia de Casación 133-2015 LIMA (pub. 30.03.2016, pág. 75490) expedida por la Corte Suprema de Justicia. Resuelve la controversia originada por la RTF N° 16591-3-2010. De su lectura se desprende que, desde hace muchos años las comunidades campesinas y nativas llevaron a cabo una serie de acciones tendientes a obstaculizar e impedir el desarrollo de actividades extractivas como la minería o los hidrocarburos y que por tal razón se justificaba que las empresas dedicadas a dichas actividades hayan procedido con la entrega de bienes o contratación de servicios con los miembros de las citadas comunidades con la finalidad de establecer relaciones pacíficas de convivencia.

De manera que, los gastos realizados en beneficio de los integrantes de las comunidades cercanas a los lugares de operaciones de la empresa Pluspetrol Perú Corporation SA resultaban necesarios para mantener la fuente productora, pues de lo contrario se interrumpirían las actividades extractivas; ello evidencia el cumplimiento del principio de causalidad de los gastos incurridos por la empresa.

 

OPINIÓN DE LA SUNAT

I.- Para efectos del cálculo de la multa por la comisión de la infracción tributaria tipificada en el artículo 178, 1, del Código Tributario que impondría SUNAT como consecuencia de una fiscalización ¿deben considerarse las declaraciones rectificatorias que haya presentado el deudor tributario con posterioridad a la presentación de la declaración original, pero con anticipación al inicio del procedimiento de fiscalización?

Se desprende de la consulta formulada en el epígrafe la siguiente secuencia:

El deudor tributario presenta la declaración jurada original y luego presenta una o varias declaraciones rectificatorias, las cuales surtieron efectos; posteriormente, SUNAT, luego de un procedimiento de fiscalización, confirma la comisión de la infracción tributaria (artículo 178, 1, del Código Tributario), es aquí donde surge la interrogante si para fines del cálculo de la multa se deben considerar las declaraciones rectificatorias antes referidas

La SUNAT, en el INFORME N° 037-2016-SUNAT/5D0000, ha razonado y concluido lo siguiente:

-En general, la infracción tributaria tipificada en el en el artículo 178, 1, del Código Tributario se configura cuando el deudor tributario presenta su declaración original determinando incorrectamente su obligación tributaria, y/o consignando aumentos indebidos de saldos, créditos o pérdidas tributarias, independientemente que dicha declaración haya sido modificada mediante la presentación de una o varias declaraciones rectificatorias.

-Para efectos del cálculo de la multa, sólo debe considerarse la diferencia entre lo determinado por SUNAT (como producto de la fiscalización) y lo consignado por el deudor tributario en su declaración original, sin considerar tales declaraciones rectificatorias. Este criterio se ha asumido, en un supuesto similar, en el INFORME 0180-2015-SUNAT/5D0000

 

SECCION LABORAL

I.- ENTRA EN VIGENCIA LICENCIA POR MATERNIDAD POR 98 DÍAS

Mediante D.S. Nº 002-2016-TR , publicado el 09 de marzo de 2016, se ha dispuesto adecuar las normas reglamentarias que regulan el descanso por maternidad y el pago del subsidio por maternidad a las disposiciones de la Ley 30367, Ley que protege a la madre trabajadora del despido arbitrario y prolonga su período de descanso.

En ese sentido, se ha modificado el Reglamento de la Ley 26644, Ley que precisa el goce del derecho al descanso pre y post natal de la trabajadora gestante, aprobado por D. S Nº 005-2011-TR y el Reglamento de la Ley 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, aprobado por D.S. Nº 009-97-SA.

En sínteses, a partir del día siguiente de la publicación del D.S. Nº 002-2016-TR entra en vigencia el nuevo período del descanso pre y post natal, extendiéndose de 90 a 98 días.

PROYECTO DE LEY

I.- OPCIÓN DE LOS TRABAJADORES DE AFILIARSE A UNA ORGANIZACIÓN SINDICAL DE MANERA DIRECTA

En el portal web del Congreso de la República se ha publicado el Proyecto de Ley Nº 5114/2015-2, que busca modificar el art. 5 del TUO de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo.

El proyecto establece que los trabajadores podrán afiliarse directamente a la Federación de rama de actividad a la que pertenecen o, de no existir ésta, a la Confederación Sindical de su opción.

Según el proyecto, con esta propuesta se busca promover la sindicación directa de los trabajadores; es decir, el derecho de afiliación a un sindicato ya no se limitaría a nivel de empresa (norma vigente), sino de las organizaciones sindicales que los trabajadores estimen convenientes, lo cual es conforme con el Convenio Nº 87 de la OIT.

Cabe mencionar que el texto vigente del art. 5 citado establece que los sindicatos pueden ser: i) de empresa, ii) de actividad, iii) de gremio o iv) de oficio.

JURISPRUDENCIA

I.- DESPIDO: CASO EN QUE LAS FALTAS GRAVES IMPUTADAS AL TRABAJADOR NO SE ACREDITARON

De la Sentencia Casatoria, Cas. 7145-2014-Arequipa, publicada el 01 de febrero del 2016,se desprende que el trabajador alegó que había sido objeto de un despido fraudulento, por lo que solicitó la reposición de su puesto de trabajo, en el cargo de profesor. El empleador (entidad educativa) señaló que el trabajador había incurrido en faltas graves previstas en el art. 25, incs. a) (quebrantamiento de la buena fe laboral) y f) (actos de violencia, injuria, indiciplina) de la LPLC, toda vez que:

– La carta presentada como descargo de la carta de pre-aviso era falsificada y adulterada, puesto que había utilizado a terceras personas (padres de familia del colegio) para fabricar una prueba ilícita. En ese sentido, consideró que había cometido delito contra la fe pública (Código Penal, art. 427).

– Había creado un ambiente de inseguridad en el colegio (centro de trabajo), pues había comentado a sus alumnos y padres de familia que iba a ser despedido.

– Había cometido actos de indisciplina que afectaban la imagen del colegio, tales como por ejemplo, desplazarse descalzo por las instalaciones.

– Existían informes y quejas de sus compañeros que señalaban que se negaba a cumplir con sus obligaciones, lo que generaba un clima negativo para el desarrollo de las actividades educativas.

La Corte Suprema declaró fundado el recurso presentado por el trabajador, toda vez que no existían pruebas de las faltas imputadas. Se fundamentó en las razones siguientes:

– El empleador no había sustentado objetivamente que la carta de descargo había sido falsificada o adulterada.

– Se había incurrido en generalidades e imprecisiones respecto de las faltas imputadas de los compañeros de trabajo. Ello en razón de que no se había detallado el tipo de informe presentado en contra del trabajador ni las personas que lo suscribieron.

Asimismo en la carta de pre-aviso no se habían adjuntado los informes y quejas supuestamente presentados en contra del trabajador.

– Con relación a que el trabajador se desplazaba descalzo por las instalaciones, se constató que en las cartas de pre-aviso y de despido no se había adjuntado ninguna prueba que acreditara lo dicho

Si bien durante el proceso judicial el empleador presentó un video, dicha prueba no podía ser valorada, puesto que i) recortaba el derecho de defensa del trabajador y ii) las imágenes del video sólo mostraban a aquél caminando descalzo en un jardín sin advertirse la presencia de terceras personas (padres de familia), lo cual no constituía un comportamiento que afectaba la imagen de la institución.

II.- CONDICIONES PARA APLICACIÓN DEL IUS VARIANDI

De acuerdo con la Res. 174-2015-SUNAFIL/IL con fecha 25 de mayo del 2014:

– El empleador para ejercer el ius variandi o facultad directriz no requiere correr traslado previo al trabajador, ni otorgarle la oportunidad de formular descargo respecto del ejercicio de dicha facultad.

  • El art. 9 de la LPCL establece como límite la razonabilidad de la medida y las necesidades del centro de trabajo. En ese sentido, en el marco de una fiscalización laboral, los inspectores deben limitarse a analizar si la aplicación delius variandifue razonable o no. Es decir, no deben establecer límites o requisitos respecto de la aplicación de esa facultad.

En el caso la SUNAFIL concluyó que no se había podido determinar la razonabilidad de la medida adoptada por el empleador, consistente en el cambio del puesto de trabajo del trabajador por su falta de diligencia. Se sustentó en que la resolución apelada no había realizado un análisis comparativo de los puestos desempeñados por el trabajador, antes y después del cambio, ni determinado la necesidad del centro de trabajo de aplicar la medida.

III.- BONOS DE PRODUCCIÓN OTORGADOS DE MANERA REGULAR AL TRABAJADOR

Según la Res. 370-2015-SUNAFIL/IL de fecha 08 de setiembre del 2015:

– Si el empleador otorga a los trabajadores bonificaciones en función al cumplimiento de metas o resultados, dichas bonificaciones tendrán carácter remunerativo si cumplen el requisito de regularidad establecido en el art. 16 de la LCTS, según el cual “tratándose de remuneraciones complementarias, de naturaleza variable o imprecisa, se considera cumplido el requisito de regularidad si el trabajador las ha percibido cuando menos tres meses en cada periodo de seis”.

– La omisión del pago de dichos montos no solo acarrea la falta de pago íntegro de la remuneración, sino, además, el cálculo indebido de la remuneración computable para efectos de los beneficios sociales (CTS, vacaciones, gratificaciones).

La SUNAFIL señaló que el pago efectuado a un grupo de trabajadores bajo la denominación de “bono de producción” tenía carácter remunerativo, toda vez que su otorgamiento no se debió a indicadores de producción, sino a una decisión unilateral del empleador. Además, precisó que dicho pago había cumplido con el requisito de regularidad establecido en el art. 16 de la LCTS para efectos del cálculo de la CTS, en tanto había sido otorgado por un periodo mayor a tres meses.

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