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Boletín – 2da Quincena de Abril

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A continuación, les presentamos el boletín con las principales novedades tributarias, laborales y financieras y contables. Haz click en el botón “ver” para leer más.

Seccion-Tributaria

NOVEDADES NORMATIVAS

En esta oportunidad damos cuenta de las principales normas tributarias de interés general publicadas durante la segunda quincena de abril de 2017.

1.- Reglamento del Decreto Legislativo No. 1332 el cual facilita la constitución de empresas a través de los Centros de Desarrollo Empresarial (CDE).

Como es de conocimiento, en virtud del Decreto Legislativo No. 1332 (06.01.2017) se establecieron disposiciones para facilitar la constitución de empresas a través de los CDE. Ahora bien, mediante Decreto Supremo No. 006-2017-PRODUCE (19.04.2017) se reglamenta el citado Decreto Legislativo No. 1332.

A continuación, exponemos los aspectos más saltantes de la norma bajo comentario:

Exoneración del pago de tasas registrales: Se prevé la exoneración desde el 20.04.2017 hasta por el plazo de 3 años del pago de tasas registrales para los actos de reserva de nombre y constitución de empresa, incluyendo la designación de los primeros administradores, cuyo capital social sea de hasta 1 UIT, siempre que sean tramitadas a través de los CDE.

Funciones del CDE para la constitución de empresas: El CDE tiene las siguientes funciones:

  1. Asesorar y brindar asistencia técnica en la constitución de empresas
  2. Atender de forma presencial a los ciudadanos con interés en la creación de una persona jurídica
  • Identificar a los intervinientes (socios o titular) mediante el sistema de identificación biométrica
  1. Obtener la grabación o filmación de los intervinientes en la generación del formato de estatuto de la constitución de empresa
  2. Usar la firma electrónica para los intervinientes en el formato de estatuto de la constitución
  3. Enviar al notario el formato de estatuto

Lo señalado en los puntos iv), v) y vi) no es aplicable si el notario tiene la condición de CDE.

Uso obligatorio de los formatos de estatuto: Los CDE tendrán unas plantillas que contienen formatos de estatuto. El uso de éstos es obligatorio por los CDE.

Interconexión con el RENIEC, SUNARP y SUNAT: Los sistemas de dichas entidades estarán interconectados con los CDE:

– El RENIEC proporcionará el nombre de los intervinientes al ingresar el número de DNI y el resultado de la validación biométrica.

– La SUNARP tramita la reserva de preferencia registral, así como el ingreso del parte notarial con firma digital de la constitución de empresa.

– La SUNAT otorga el número de RUC a la inscripción de la constitución de la empresa.

Escritura pública unilateral e inexigibilidad de la minuta: La escritura pública unilateral se extiende para la formalización de la constitución de la empresa tramitada por el CDE. A esos efectos, se consigna una firma digital del notario en el parte notarial a través del Sistema de Intermediación Digital- SID SUNARP que luego es enviado a Registros Públicos. Una vez recibido por los registros, se generará un cargo de recepción del parte notarial con firma digital.

La escritura pública unilateral no requiere exigir la presentación de la minuta.

Funcionamiento de los módulos CDE: El Ministerio de la Producción tiene el encargo de poner en funcionamiento el CDE PRODUCE que se interconectará al Sistema de Intermediación Digital-SID SUNARP en el plazo máximo de 60 días hábiles.

Instituciones públicas o privadas en coordinación con el Ministerio de la Producción: Las referidas entidades que mediante mecanismos de cooperación, convenios o alianzas estratégicas vienen brindando asesorías para la constitución de empresas, podrán acceder a los beneficios del dispositivo comentado, excepto los tributarios, bajo las condiciones que establece el Ministerio de la Producción.

Nombramiento y facultades del gerente general y administradores: Como se recordará, en virtud del Decreto Legislativo No. 1332 se modificó la Ley General de Sociedades, siendo que dicha modificación versó sobre el goce de facultades generales y especiales de representación procesal señaladas en el Código Procesal Civil.

Asimismo, precisó que por su solo nombramiento y salvo estipulación en contrario, el gerente general goza de todas las facultades de representación ante personas naturales o jurídicas privadas o públicas para el inicio y realización de todo procedimiento, gestión o trámite a que se refiere la Ley del Procedimiento Administrativo General. Igualmente, goza de facultades de disposición y gravamen respecto de los bienes y derechos de la sociedad y, en general, para realizar y suscribir todos los documentos públicos y/o privados requeridos para el cumplimiento del objeto de la sociedad.

Ahora bien, en virtud de la norma bajo comentario, se ha previsto que lo dispuesto por el Decreto Legislativo No. 1332 en relación al nombramiento y facultades del gerente o los administradores de la sociedad aplica a las modificaciones de estatuto o constituciones de empresa, adoptadas u otorgadas e inscritas durante la vigencia de dicho Decreto Legislativo.

Vigencia:

La norma bajo comentario entra en vigor el 20.04.2017.

 

CRITERIO OFICIAL DE LA SUNAT

1.- Comprobantes de pagos en relación al dinero que ingresa mediante la actividad de un portal web de apuestas en línea.

En el caso de una empresa que implementa un portal web a través del cual se pueden efectuar apuestas en línea, las que se realizan respecto de una diversidad de eventos organizados y ejecutados a nivel mundial, por terceros ajenos a la empresa, tales como: deportivos, torneos de juego en línea, etc, se señala que el dinero que se apuesta se deposita en la cuenta de la empresa y una vez que concluye el evento, respecto del cual se realiza la apuesta, se procede a premiar a los apostadores que acertaron, quedándose dicha empresa con el dinero apostado por quienes no acertaron.

Se le formulan a SUNAT las siguientes consultas:

  1. Con relación al dinero que se apuesta, ¿se debe emitir algún comprobante de pago?, de ser así, ¿debe emitirse el comprobante gravando la operación con el IGV?
  2. El dinero, por las apuestas, que ingresa a la cuenta de la empresa que implementó el portal, ¿se considera como ingreso para efectos del Impuesto a la Renta?

SUNAT, en el INFORME No. 002-2017-SUNAT/5D0000, concluye como sigue:

  1. La empresa que hubiere implementado el portal web de apuestas en línea, se encontrará obligada a emitir los documentos autorizados denominados billetes por las apuestas que se efectúen a través de dicho portal y se depositen en su cuenta, debiendo contener el número de RUC de dicha empresa y un número correlativo que los identifique, a efectos de calificar como comprobantes de pago.
  2. Los juegos de azar y apuestas no se encuentran gravados con el IGV.

No todo el dinero que ingresa en la cuenta de la referida empresa, por concepto de apuestas, constituye ingreso para efectos del impuesto a la renta, sino únicamente el importe que quede en la citada cuenta, luego de que se paguen los premios a los apostadores que acertaron, encontrándose este gravado con dicho impuesto.

2.- En el ingreso al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias (SPOT) se le formula a la SUNAT la siguiente consulta: ¿se encuentra sujeto al SPOT el servicio de corte, doblado, estribo y/o espiral que prestan los fabricantes de fierro de construcción al vender tal producto, considerando que dicho servicio sería accesorio a la obligación principal de venta del bien, para lo cual el fabricante diseña, produce y entrega el fierro de construcción cortado, doblado y/u otro, de acuerdo con las necesidades de la obra?

La SUNAT, en el INFORME No. 019-2017-SUNAT/5D0000, ha concluido lo siguiente:

– El servicio de preparación de barras de construcción, según los planos de la obra, que implica que el fierro haya sido cortado, doblado, cuente con el estribo y/o espiral requerido, listo para ser instalado, no se encuentra sujeto al SPOT.

3.- Con relación al Ley No. 30309, Ley que promueve la investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica (I+D+i).

Se le formulan a la SUNAT las siguientes consultas:

En el caso de que las empresas reciban el financiamiento parcial de los proyectos I+D+i por parte de entidades estatales o terceros, ¿dicho aporte parcial debe ser considerado como ingreso para efectos del impuesto a la renta? En el supuesto de que como parte del proyecto se realicen gastos y también se adquieran o construyan activos, ¿cuál sería el tratamiento tributario de dichos activos?, ¿cuál sería el tratamiento tributario de tales activos en el supuesto de que se adquieran o construyan con el financiamiento parcial de entidades estatales o terceros?

La SUNAT, en el INFORME No. 020-2017-SUNAT/5D0000, concluye como sigue:

  1. En el caso de que las empresas reciban financiamiento parcial en los proyectos I+D+i, por parte de entidades estatales o terceros, dicho aporte será considerado como ingreso afecto al impuesto a la renta (IR) para aquellas, siempre que se encuentre comprendido en alguno de los supuestos previstos en el artículo 1° de la Ley del Impuesto a la Renta (LIR), lo cual deberá determinarse en cada caso en concreto.
  2. Los activos que se adquieran o construyan como parte de proyectos de I+D+i, afectados directamente al desarrollo de tales proyectos, podrán ser depreciados o amortizados (según se trate de activos fijos o activos intangibles), correspondiéndoles la deducción adicional del 75% o 50% que otorga la Ley No. 30309 (según corresponda) en tanto el contribuyente cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 3° de dicha ley, no siendo deducibles los gastos que formen parte del valor de intangibles de duración ilimitada.

El tratamiento tributario a que se alude en el numeral precedente resulta de aplicación incluso en el supuesto de que las empresas reciban financiamiento parcial en los proyectos por parte de entidades estatales o terceros, y que dicho financiamiento se destine a la adquisición o construcción de activos afectados a tales actividades.

4.- En el caso de los contratos de concesión, suscritos al amparo del Texto Único Ordenado de las normas con rango de ley que regulan la entrega en concesión al sector privado de las obras públicas de infraestructura y de servicios públicos, aprobado mediante el Decreto Supremo No. 059-96-PCM, por el que el concesionario construye o mejora la infraestructura (servicios de construcción) utilizada para proporcionar un servicio público, manteniendo durante un periodo de tiempo determinado, y cuyas contraprestaciones se han especificado y determinado independientemente una de la otra.

Se formulan a la SUNAT las siguientes consultas:

Para el reconocimiento tributario de los ingresos provenientes de tales actividades, ¿el concesionario debe considerar el proyecto objeto de dicho contrato de manera integral o por cada tipo de servicio, de forma autónoma e independiente, según lo pactado en dicho contrato?

La SUNAT, en el INFORME No. 038-2017-SUNAT/5D0000, concluye como sigue:

Se concluye que en el supuesto de un contrato de concesión cofinanciado, suscrito al amparo de la Ley de Concesiones, por el que el concesionario, que tiene la construcción como actividad, presta servicios de construcción que involucran la ejecución de obras cuyos resultados correspondan a más de un ejercicio gravable y, además, presta servicios de operación del servicio público que utiliza la infraestructura por él construida durante un periodo de tiempo determinado, el reconocimiento tributario de los ingresos provenientes de tales actividades debe efectuarse en forma independiente una de la otra, considerando lo dispuesto en los artículos 57° y 63° de la Ley del Impuesto a la Renta, según sea el caso.

5.- Tratándose de empresas que aplican el “sistema de costo estándar” y el “método de valuación del costo promedio”, se consulta lo siguiente respecto del Registro de Inventario Permanente Valorizado (RIPV) llevado de manera electrónica mediante el Programa de Libros Electrónicos (PLE)

¿Se debe consignar en este, información de acuerdo a las normas contables o conforme a la normativa del impuesto a la renta? ¿Qué se entiende por costo unitario del bien ingresado, a que hace referencia el RIPV? Esto es, ¿debe coincidir con el costo real consignado en el comprobante de pago de adquisición o puede ser el determinado conforme al sistema de costo estándar? ¿El costo unitario del bien retirado así como del saldo final debe determinarse conforme al método adoptado antes señalado o puede considerarse el costo estándar?

Al respecto, la SUNAT, en el INFORME No. 039-2017-SUNAT/5D0000, concluye como sigue:

  1. Se deberá consignar la información conforme a la normativa del impuesto a la renta de acuerdo con la estructura establecida en la R.S. N.° 286- 2009/SUNAT.
  2. El costo unitario del bien ingresado es aquel que corresponde al costo de adquisición, así como los demás costos incurridos con motivo de su compra, tales como fletes, seguros, gastos de despacho, derechos aduaneros, entre otros, según el(los) comprobante(s) de pago respectivo(s); no correspondiendo utilizar el costo estándar como costo unitario del bien ingresado.

El costo unitario del bien retirado así como del saldo final es aquel que resulta de los cálculos o fórmula aritmética propios del método del promedio; por lo que no cabe utilizar el costo estándar como costo unitario del bien retirado o del saldo final.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL

1.- La inscripción en el Registro de Entidades Exoneradas del IR es declarativa y no constitutiva de derechos, ¿cómo se debe entender ello?

Una Asociación sin fines de lucro (ASFL) se constituyó el 11.01.2016, luego modificó su Estatuto, a los fines de cumplir a cabalidad con los requisitos para gozar de la exoneración del IR previstos en el literal b) artículo 19º de la LIR, el 18.12.2008. La ASFL, en aplicación de lo establecido en el artículo 8º del Reglamento de la LIR (RLIR), el cual señala que la inscripción en el citado Registro de Entidades Exoneradas del IR es declarativa y no constitutiva de derechos, pretendía que la exoneración procediera a partir del 11.01.2016; por lo que, consideró que los pagos a cuenta del IR que ella había realizado por los meses de junio de 2006 a marzo de 2008, así como, el IR Anual de 2006 devenían en indebidos.

SUNAT, al fiscalizar a la ASFL, consideró que ésta se encontraba exonerada a partir de la modificación de su Estatuto (18.12.2008); pues, fue recién en dicha oportunidad que cumplió con todos los requisitos previstos en el inciso b) del artículo 19° de la LIR para gozar de la exoneración.

El Tribunal Fiscal, mediante RTF No. 3703-4-2016, falló en contra de la ASFL, bajo el siguiente razonamiento:

-En virtud de la modificación del Estatuto, acontecida el 18.12.2008, resultó procedente la solicitud de inscripción en el Registro de Entidades Exoneradas del IR pues fue en dicha oportunidad que la ASFL cumplió con todos los requisitos para gozar de la exoneración del IR. (Nota: Cabe destacar que la solicitud fue presentada el 6.11.2009 siendo la tercera que realizaba la ASFL adjuntando, entre otros, testimonio de Escritura Pública de modificación de Estatuto de fecha 18.12.2008).

-Teniendo en cuenta lo anterior y como quiera que la obligación del IR nace al cierre del ejercicio (criterio vertido en la RTF No. 09175-6-2004) la ASFL se encontraba gravada con el IR desde junio de 2006 hasta diciembre de 2007 siendo que dichos pagos no devinieron en indebidos. Sin embargo, los pagos efectuados de enero a marzo de 2008 sí resultaron indebidos, toda vez que la ASFL se encontraba exonerada por todo el ejercicio 2008.

2.- ¿Los routers califican como equipos de procesamiento de datos y consecuentemente el porcentaje máximo de depreciación es del 25% o califican como aparatos de telecomunicaciones resultándole de aplicación otro porcentaje de depreciación menor al 25%?

La SUNAT, al fiscalizar a una empresa, observa (repara) el gasto por depreciación registrado por la empresa fiscalizada respecto de los routers. En efecto, la empresa fiscalizada había considerado a los routers como bienes del activo fijo sujetos a un porcentaje máximo de depreciación del orden del 25% anual, mientras que la SUNAT consideraba que le resultaba de aplicación un porcentaje menor; pues, catalogaba a dichos bienes como “aparatos de telecomunicaciones”.

 

El Tribunal Fiscal, mediante RTF No. 06169-1-2016, falló a favor de la empresa, bajo el siguiente razonamiento:

-Los bienes relacionados con equipos de cómputo, tales como, tarjetas de sonido, video, fax, módem, tarjetas de red, alimentador, banco de memoria, no funcionan independientemente, sino que forman parte de un conjunto o equipo de cómputo, careciendo aisladamente de utilidad.

-El router lleva a cabo actividades de procesamiento, toda vez que, toma decisiones con respecto a la mejor ruta para el envío de datos a través de una red interconectada y luego redirige los paquetes hacia el segmento y el puerto de salida adecuado, no siendo simplemente un aparato de telecomunicaciones, más aún si se tiene en cuenta, como lo ha manifestado el Tribunal Fiscal que los routers son parte integrante de un equipo de cómputo.

-Los routers observados por SUNAT califican como equipos de procesamiento de datos a los que corresponde la tasa de depreciación del 25%. En tal sentido, el reparo en este extremo no se encuentra arreglado a ley.

 

SECCIÓN LABORAL

1.- Incorporación de los Trabajadores de ESSALUD (CAS) al Régimen Laboral de la Actividad Privada.

Mediante Ley No. 30555, publicada el 26.04.2017 en el diario El Peruano, se ha dispuesto la incorporación al régimen laboral de la actividad privada (TUO del Decreto Legislativo 728) de los trabajadores de EsSalud contratados bajo el régimen CAS.

2.- Ministerio de Trabajo implementa Registro de Accidentes de Trabajo.

Conforme al Decreto Supremo No. 005-2017-TR publicado el 17.04.2017 en el diario El Peruano, se ha aprobado el Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-2021. Uno de los objetivos específicos de dicho plan es el desarrollo de un sistema único e integrado de registro y notificación de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades profesionales.

En dicha norma se señala que el Perú aún no cuenta con un registro unificado sobre la materia, dado que se registran estadísticas en distintas entidades, tales como el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Energía y Minas, EsSalud, entre otros, lo cual origina un alto sub registro de notificaciones de accidentes de trabajo.

El registro único de información sobre accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales tendrá por finalidad uniformizar los criterios y centralizar la información. Además, permitirá realizar el diagnóstico periódico de la seguridad y salud en el trabajo en el Perú, identificando los sectores más vulnerables para la implementación adecuada y eficiente de las acciones destinadas a eliminar los riesgos laborales.

De una forma inmediata, para el presente año, se contará con un mecanismo de reportes de accidentes de trabajo: mortal, no mortal, incidentes peligrosos y enfermedades profesionales, según la actividad realizada por el trabajador, edad, años de servicios y otros datos; los cuales se difundirán periódicamente.

Por otro lado, se propone que para el 2021 se deberá contar con un marco normativo armonizado, sistematizado y actualizado en materia de seguridad y salud en el trabajo. Para ello, se contará con normas que permitan regular aspectos como los servicios de seguridad y salud en el trabajo, los exámenes médicos ocupacionales, las enfermedades profesionales, el seguro complementario de trabajo de riesgo, el establecimiento de los valores límites máximos permisibles de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales o su correspondiente eliminación, de ser el caso.

 

JURISPRUDENCIA

1.- Pensión por Jubilación Anticipada: Procedencia de la extinción del vínculo laboral.

Mediante sentencia de Casación No. 2028-2015-Ica, de fecha 31.03.2017, se da cuenta de un trabajador que se acogió al sistema de jubilación anticipada al amparo de la Ley No. 27252, Ley que establece el derecho de jubilación anticipada para trabajadores afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) que realizan labores, que implican riesgo para la vida y la salud. El trabajador fue despedido y demandó el pago de la indemnización por despido arbitrario, pues consideró que la percepción de la pensión por jubilación adelantada no constituye causal de extinción del vínculo laboral. En primera y segunda instancia se declaró infundada la demanda. En su recurso de casación, el trabajador denunció, entre otros, la interpretación errónea del literal f) del artículo 16º de la Ley de Productividad y Competencia Laboral y la inaplicación de la Ley No. 27252 y su reglamento (aprobado por el Decreto Supremo No. 164-2001-EF).

La sentencia casatoria señaló que en tanto el trabajador tenía la calidad de jubilado, el empleador se encontraba habilitado legalmente para extinguir el vínculo laboral. En consecuencia, la instancia de mérito no ha incurrido en infracción normativa, por lo que la causal denunciada deviene en infundada.

En el caso si bien mediante un informe (solicitado por el trabajador) la SBS había señalado que no existía incompatibilidad entre percibir la remuneración y la pensión por jubilación anticipada, la propia SBS precisó que dicho informe debía ser considerado como una opinión, por cuanto no tenía la facultad de interpretar ni dejar sin efecto lo dispuesto en el literal f) artículo 16º, de la Ley de Productividad y Competencia Laboral (causal de extinción del vínculo laboral por jubilación).

2.- Accidente de trabajo: pensión de sobrevivencia por caso de trabajador que falleció por causas naturales durante la ejecución de sus labores.

Mediante sentencia de Casación No. 3591-2016-Del Santa, publicada con fecha 31.03.2017, da cuenta de un caso en donde los familiares de un ex trabajador demandaron el pago de la pensión de sobrevivencia. En primera instancia, la demanda fue declarada infundada. Posteriormente, las instancias de mérito señalaron que no procedía el pago de la pensión, toda vez, que el trabajador había fallecido por causas naturales (infarto agudo al miocardio) y no como consecuencia de un accidente de trabajo. En el recurso de casación, la parte demandante denunció la inaplicación del literal k) artículo 2º del Decreto Supremo No. 009-97-SA y el literal a) numeral 2.1 del artículo 2º del Decreto Supremo No. 003-98-SA.

Si bien la empresa de seguros (codemandada) rechazó la solicitud del pago de la pensión de sobrevivencia argumentando que la causa del fallecimiento del trabajador se debió a causas naturales (infarto agudo al miocardio) y no a un accidente de trabajo o enfermedad profesional, requisito previsto en el numeral 2.2.1 del artículo 2º del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, el Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo define que el accidente de trabajo es aquel que “se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, y aún fuera del lugar y horas de trabajo”.

En el caso, el empleador, conforme al Principio de Prevención (numeral I del Título Preliminar de la Ley No. 29783), tenía el deber de garantizar en el centro de trabajo, el establecimiento de los medios y condiciones que protegieran la vida, la salud y bienestar del trabajador, hecho que no ha sido demostrado por la empresa de seguros. Por este motivo, la empresa de seguros incurre en responsabilidad, debiendo asumir las implicancias económicas, legales y de cualquier otra índole generadas como consecuencia del accidente. Por las mencionadas razones, las causales invocadas devinieron en fundadas.

3.- La carga de la prueba en los accidentes trabajo.

Mediante sentencia de Casación No. 18190-2016-Lima, publicada con fecha 2.05.2017, se da cuenta de un caso en donde un ex trabajador, demanda a la Municipalidad Distrital de San Miguel por un accidente ocurrido en un vehículo automovilístico de la Municipalidad, exigiendo el reconocimiento del pago de los beneficios sociales, que comprende: gratificaciones, vacaciones y compensaciones por tiempo de servicios (CTS), asumiendo el vínculo laboral a plazo indeterminado.

Asimismo, el demandante pide el pago de una indemnización por daños y perjuicios ocasionados a causa del accidente, sustentando la culpa inexcusable del empleador al apoyar su rehabilitación.

En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia de Lima, ordenó el pago de beneficios sociales y otros, a favor del ex trabajador; sin embargo, en el extremo del pago por daños y prejuicios del accidente, la Corte concluyó que el empleador no debe de pagar dicha indemnización, toda vez, que no se demostró la negligencia en el accidente por parte de éste.

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