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Boletín – 2da Quincena de Julio

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A continuación, les presentamos el boletín con las principales novedades tributarias, laborales y financieras y contables. Haz click en el botón “ver” para leer más.


Seccion-Tributaria

NOVEDADES NORMATIVAS

En esta oportunidad damos cuenta de las principales normas tributarias de interés general publicadas desde el 16 hasta el 25 de julio de 2016.

1.- Disposiciones para la presentación de la declaración informativa sobre Trust

Como es sabido el Perú se ha adherido al Foro Global sobre la Transferencia y el Intercambio de Información con Fines Fiscales, en virtud a ello se contrae el compromiso de alcanzar estándares internacionales para la transparencia e intercambio de información en materia tributaria con el objetivo de combatir la elusión y evasión fiscal a nivel internacional a través de la cooperación entre los Estados.

Ahora bien, dentro de dicha información que puede ser materia de intercambio o solicitud se encuentra aquella relacionada con trust constituidos conforme al derecho extranjero, pero cuyo trustee tenga la condición de domiciliado en Perú.

Es en virtud a lo anterior que mediante Resolución de Superintendencia N° 177-2016/SUNAT (24.07.2016) se ha considerado establecer la obligatoriedad de los trustee (sujetos domiciliados en el Perú) de presentar ante SUNAT una declaración informativa respecto del trust (constituido de acuerdo al derecho extranjero) que administra, informar de los constituyentes de dicho trust así como de sus beneficiarios. La norma en mención define, entre otros términos, al trust como al truste.

Vigencia

La norma en comentario entra en vigor el 25.07.2016 siendo de aplicación conforme con lo dispuesto en su Primera Disposición Complementaria Transitoria.

2.- Modifican Reglamento de la Ley del RUC

Mediante Resolución de Superintendencia N° 178-2016/SUNAT (24.07.2016) se modifica la Resolución de Superintendencia N° 210-2004/SUNAT, norma reglamentaria de la Ley del RUC, con la finalidad de proporcionar información ante el RUC de los socios e integrantes de las personas o entidades no domiciliadas en el Perú que tiene sucursales, establecimientos permanentes u oficinas de representación en el Perú.

Vigencia

La norma en comentario entra en vigor el 01.01.2017

 

OPINIÓN DE LA SUNAT

I.- Nota de Débito emitida en moneda extranjera ¿Para efectos de la detracción qué tipo de cambio se ha de emplear, el de la fecha de emisión de la Nota de Débito o el de la Factura?

Se le planteó a SUNAT el siguiente supuesto: Se trata de una operación de venta de concentrado de mineral gravada con el IGV y sujeta a Detracción (SPOT) por la cual se emitió la Factura (en la misma oportunidad se entrega el concentrado) en moneda extranjera y cuyo valor de venta fue posteriormente modificado a través de una Nota de Débito emitida en moneda extranjera.

Se consultó a SUNAT si para fines de realizar el depósito de la detracción ¿se debe emplear el tipo de cambio correspondiente a la fecha de emisión de la factura o la de la Nota de Débito?

SUNAT en el INFORME 118-2016-SUNAT/5D0000 concluyó como sigue:

En caso se emita una factura en moneda extranjera por una operación sujeta al SPOT y esta sea posteriormente modificada con una nota de débito emitida también en moneda extranjera, el tipo de cambio que se deberá utilizar para efectos de realizar el depósito correspondiente al SPOT será el promedio ponderado venta publicado por la SBS en la fecha de emisión de la citada factura

 

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL

I.- Contribución de Buses, a título de cesión en uso, en el marco de un Contrato de Asociación en Participación en el sector transporte urbano público de pasajeros ¿dicha contribución de buses se encuentra gravada con el IGV?

Nota: Comentamos la siguiente jurisprudencia no sin antes advertir que la legislación aplicable a la solución del caso en controversia es aquella que le resultó vigente a tal fin. Sin perjuicio de ello, el criterio vertido por el Tribunal Fiscal resulta atendible.

2 empresas, dedicadas al transporte público de pasajeros celebraron, en abril de 2003, un Contrato de Asociación en Participación (AEP). Así, la Asociante era titular de la concesión de ruta de transporte urbano mientras que la Asociada (empresa fiscalizada) contribuiría con 3 vehículos.

Del contrato de AEP se desprende lo siguiente:

-El objeto del contrato era la explotación comercial de la concesión de ruta de transporte urbano “Aguas Calientes – Ciudadela de Machu Picchu” (titular de la concesión de ruta era el Asociante)

-El asociado contribuirá con el uso de 3 vehículos, libres de carga y gravamen (con excepción de 1 de ellos que el asociado mantenía en leasing con el Banco Continental), así como de personal que los conduciría. A cambio, el asociado percibía una participación en el negocio.

-La Asociante asume los gastos de mantenimiento y funcionamiento de los vehículos tales como combustible y mantenimiento en sí

-La participación correspondiente al Asociado era el 95% de la utilidad antes de Impuesto a la Renta. La “utilidad” referida se obtenía de la siguiente fórmula: (Venta por boletos disminuido de los gastos/costos operativos) – (15% del total de gastos y costos de cargo de la Asociante por gestión y desarrollo de su empresa al explotar la concesión de la ruta)

La SUNAT, en aplicación de la Norma VIII del Título Preliminar del Código Tributario (actual Norma XVI del Título Preliminar del Código Tributario, párrafos 1ero y último), Norma que recoge el criterio de la “calificación económica de los hechos”, faculta a la SUNAT dejar de lado la formalidad jurídica del negocio o acto realizado por el contribuyente cuando éste sea incongruente con los negocios o actos económicos efectivamente llevados a cabo

En concordancia con lo señalado en el párrafo anterior, SUNAT desconoció la naturaleza jurídica del contrato de AEP celebrado por la Asociada y por ende consideró a la “contribución de la asociada” como una “cesión en uso de vehículos” y por ende, dicha cesión, gravada con el IGV. Los hechos sobre los que basó su argumento fueron los siguientes:

  1. La asociada realizó operaciones con proveedores respecto de gastos operativos de los vehículos que fueron reembolsados por el asociante, y que a su vez asumía desembolsos que contabilizaba como gasto/costo y crédito fiscal
  2. Los vehículos habían tan solo habían sido cedidos en uso. La propiedad recaía en el asociado por lo que no calificaba el contrato de AEP como tal
  • Otras empresas tenían vehículos operando en la misma ruta de concesión en virtud a contratos de cesión en uso, y no de AEP, celebrados con la Asociante

El Tribunal Fiscal, en virtud del criterio vertido en la RTF 10587-3-2015falló a favor de la asociada, y por ende consideró que sí se estaba ante un contrato de AEP, y por consiguiente inafecta del IGV la contribución de la asociada, en virtud de los siguientes argumentos:

-En cuanto a lo vertido por SUNAT en el acápite i), resultaba razonable que la asociada realizara ciertos gastos vinculados con los vehículos, tales como la compra de uniformes y cursos de educación vial para los choferes, tal como consta en el Manual Operativo anexo al contrato de AEP. Ello, no desnaturaliza el contrato de AEP al no apreciarse que la asociada llevara a cabo la gestión del negocio en lugar del asociante.

– En cuanto a lo vertido por SUNAT en el acápite ii), el hecho que la contribución de la asociada consistiera en la cesión en uso de los vehículos encuentra asidero legal en lo previsto por el artículo 443 de la Ley General de Sociedades

– En cuanto a lo vertido por SUNAT en el acápite iii), el contrato de AEP se ha celebrado en el marco de la libre contratación, por lo que lo sostenido por SUNAT carece de sustento

 

JURISPRUDENCIA DEL PODER JUDICIAL

I.- En el marco de una fiscalización tributaria en la cual SUNAT determine la obligación tributaria sobre base presunta ¿está obligada SUNAT a realizar el “cruce de información” con terceros o es tan solo una facultad del ente recaudador?

La empresa Inversiones Ninoska SAC fue objeto de fiscalización por parte de SUNAT. Luego del proceso contencioso tributario (reclamación ante SUNAT y apelación ante el Tribunal Fiscal) el caso se “judicializa” por iniciativa de SUNAT (al no estar conforme con lo resuelto por el Tribunal Fiscal el cual falló a favor del contribuyente), esto es, se ventila la controversia ante el Poder Judicial.

En las 2 primeras instancias judiciales los resultados fueron adversos para SUNAT. Al interponer SUNAT el respectivo recurso de casación, la Corte Suprema en la Sentencia de Casación 563-2015 LIMA (pub.30.06.2016) resuelve Improcedente el citado recurso, esto es, falla en contra de SUNAT.

De la lectura de la Sentencia de Casación fluye que, de determinarse la obligación tributaria sobre base presunta es obligación de la SUNAT realizar el respectivo “cruce de información” con terceros. Agrega la Corte que, la SUNAT debe actuar diligentemente en el ejercicio de su facultad fiscalizadora, aplicando los principios de “verdad material” e “impulso de oficio” conforme lo dicta la norma IX del Título Preliminar del Código Tributario debiendo procurarse una fiscalización tributaria eficiente, minuciosa, agotándose todos los medios y recursos posibles, y no solamente restringirse y limitarse al análisis de la obligatoriedad de la norma.

 

SECCION LABORAL

1.- REGLAMENTO DE LA LEY DE LIBERTAD RELIGIOSA: DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

El D.S. 006-2016-JUS, publicado el día 19 de julio del 2016, ha aprobado el Reglamento de la Ley de Libertad Religiosa, Ley Nº 29635.

En materia laboral se ha establecido lo siguiente:

– Garantizar el acceso al empleo sin condicionamientos de orden religioso.

– La obligación de los empleadores de garantizar la observancia de los días denominados “sagrados”, “de descanso” o “de guardar”, lo que implica que aquél deba ajustar la jornada laboral con la celebración de esos días, sin perjuicio del ejercicio de su poder de dirección.

2.- MODIFICAN REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE INSPECCIÓN DE TRABAJO: CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES NO INSCRITOS EN EL RETCC

Mediante D.S. 009-2016-TR, publicado el día 20 de julio del 2016 en el Diario Oficial El Peruano, se modificó el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo.

Se estableció que constituye falta grave en materia de relaciones laborales valerse de los servicios de trabajadores que realizan actividades de construcción civil que no estén inscritos en el Registro Nacional de Trabajadores de Construcción Civil- RETCC.

Cabe mencionar que si bien el D.S. 009-2016-TR establece que todos los trabajadores de la actividad de construcción civil deben inscribirse en el RETCC, esta infracción resulta aplicable sólo a aquéllos sujetos obligados a contratar trabajadores inscritos en dicho registro, estos son, las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que realizan obras de construcción civil cuyos costos individuales exceden las cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias, incluyendo las que participan en aquéllas como contratistas o subcontratistas.

 

JURISPRUDENCIA

I.- CORTE SUPREMA ESTABLECE CRITERIO PARA DETERMINAR LA BASE DE CÁLCULO DEL MONTO DE INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADO DE UN DESPIDO ARBITRARIO

Mediante Sentencia Casatoria Nº 16560-2014 PUNO, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 30 de junio de 2016, la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de la República sostuvo que la base de cálculo del monto indemnizatorio por los daños y perjuicios derivados de un despido arbitrario corresponde al valor de las últimas remuneraciones percibidas por el trabajador (antes de su despido arbitrario), multiplicado por los meses dejados de trabajar a causa de dicho despido, luego de verificado su reposición efectiva.

Como sustento de dicho criterio, el referido colegiado Supremo sostuvo expresamente que debe “tenerse en cuenta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos mediante Sentencia de fecha treinta y uno de enero de dos mil uno, en el caso de reposición de magistrados del Tribunal Constitucional Peruano, estableció que el Estado Peruano debía indemnizar a los magistrados repuestos en sus labores, tomado como uno de los criterios para el efectivo resarcimiento los salarios y prestaciones dejados de percibir, sin perjuicio de todos los daños que se acrediten debidamente y que tuvieran conexión con el hecho dañoso constituido por la ilegal declaración de excedencia”.

Considerando lo expuesto precedentemente, en dicho caso concreto, el Colegiado Supremo consideró como base de cálculo las últimas remuneraciones percibidas por el demandante antes de su despido, estableciendo el lucro cesante en función a los meses dejados de percibir la remuneración correspondiente hasta su reposición efectiva. Así, se precisó lo siguiente: “(…) apreciándose en fojas ciento cuarenta y ocho a fojas ciento sesenta y uno de autos las boletas de pago en las que se establece de modo preciso que las últimas remuneraciones percibidas por el demandante han ascendido a la suma de seis mil seiscientos noventa y ocho con 00/100 nuevos soles (S/. 6,698.00), corresponde efectuar el cálculo del concepto de lucro cesante sobre este monto por lo que por los (29) meses en que duró el cese del demandante se determina la suma de ciento noventa y cuatro mil doscientos cuarenta y dos con 00/100 nuevos soles (S/. 194,242.00)(…)”.

Lo contradictorio de esta sentencia casatoria es que para determinar el monto total de la indemnización por lucro cesante, expresamente refiere que no se considera: “(…) para estos efectos los beneficios sociales que se indican en la demanda al derivar los mismos de una prestación efectiva de labores”, lo que trasunta un verdadero contrasentido, toda vez que el lucro cesante implica lo que se deja de percibir a causa del hecho dañoso, esto es por la chance misma. Es lógico que de no haberse producido el hecho dañoso (despido arbitrario), el curso normal de la relación de trabajo hubiera implicado necesariamente el pago de los beneficios sociales, por lo que los mismos también deberían formar parte del monto indemnizatorio por lucro cesante. El criterio de excluir del monto indemnizatorio a los beneficios sociales, revela una motivación deficiente y contradictoria, en tanto que, si se tuviera que considerar para efectos del lucro cesante, la prestación efectiva de labores, entonces no tendría cabida que se considere las remuneraciones dejadas de percibir por motivo del despido arbitrario como base de cálculo de la indemnización, en tanto las mismas también implican que exista labor efectiva. Así entonces, estamos ante una exclusión sin sustento válido que seguramente merecerá alguna aclaración por parte de la Corte Suprema cuando tenga que pronunciarse sobre un caso análogo.

No obstante la contradicción advertida precedentemente, se hace necesario resaltar lo relevante de esta sentencia casatoria al establecer -como criterio- la base de cálculo del monto indemnizatorio por lucro cesante en los casos de despido arbitrario, en los términos expuestos líneas arriba.

II.- LA NECESIDAD DE QUE EL ABANDONO DE TRABAJO SEA ACREDITADO DE MANERA INDUBITABLE PARA EFECTOS DE SU CONFIGURACIÓN

Mediante Casación 1603-2015, Junín, publicada en el Diario Oficial El Peruano el día 20 de junio del 2016, se cuestionó si el acta de abandono de trabajo y la carta de preaviso son pruebas suficientes para acreditar el abandono de trabajo (LPCL, art. 25, inc.h).

Sucedió que un trabajador luego de ser despedido, solicitó el reconocimiento de la relación laboral y el pago de la indemnización por despido arbitrario más el pago y reintegro de beneficios sociales. En primera y segunda instancia se determinó la existencia de la relación laboral. Asimismo se concluyó que el trabajador había sido víctima de un despido arbitrio (el empleador no había cumplido con el procedimiento de despido previsto en la LPCL). El empleador alegó que la extinción del vínculo fue motivada por una falta grave del trabajador (abandono de trabajo).

La corte determinó que el acta de abandono de trabajo y la carta de preaviso no generan la convicción de que el demandante incurrió en la falta grave prevista en la LCPL, art, 25, inc.h). Dichas pruebas constituyen documentos unilaterales que requieren de otros medios probatorios para generar veracidad sobre los hechos constatados.

Cabe mencionar que respecto de la falta prevista en la LPCL, art.25, inc. h) la Corte precisó que la misma tiene una relación directa con el incumplimiento de las obligaciones dispuestas por el empleador, toda vez que el trabajador se encuentra obligado principalmente a prestar servicios. Agregó que para la extinción del vínculo por esta falta, corresponde aplicar el principio de razonabilidad y proporcionalidad, debiéndose tener en cuenta la reincidencia y la inasistencia del trabajador al centro de labores sin justificación alguna.

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