Contacto: (51 1) 442-0372 / 442-0377, info@quantumconsultores.com
  

Boletín – 2da Quincena de Julio

Posted by Admin in Boletín | 0 comments

A continuación, les presentamos el boletín con las principales novedades tributarias, laborales y financieras y contables. Haz click en el botón “ver” para leer más.

Seccion-Tributaria

NOVEDADES NORMATIVAS

En esta oportunidad damos cuenta de las principales normas tributarias de interés general publicadas a finales de junio de 2017.

1.- Reglamento de la Ley de Mecenazgo Deportivo

Mediante Decreto Supremo No. 217-2017-EF (24.07.2017) se han aprobado las normas reglamentarias para la aplicación de la Ley No. 30479 (29.06.2016), Ley del Mecenazgo Deportivo, regulándose los aspectos siguientes: i) la relación de los beneficiarios deportivos, ii) las actividades deportivas a financiar y el procedimiento para su aprobación, iii) las obligaciones de los beneficiarios deportivos, iv) el valor de los bienes y servicios a ser donados o aportados y los aspectos que se detallan a continuación:

-Deducción de las donaciones o aportes: El gasto de las donaciones o aportes se deducirá de la renta bruta de tercera categoría o de la renta neta del trabajo.

-Límite de la deducción: El mecenas o patrocinador deportivo pueden efectuar la deducción como gasto de las donaciones o aportes hasta el 10% de la renta neta de tercera categoría y hasta 10% de la renta neta de trabajo y renta de fuente extranjera.

Para calcular ese límite, la renta neta de tercera categoría incluye los gastos por donaciones y aportes efectuados por el mecenas o patrocinador deportivo en virtud de la Ley 30479.

-Deducción de la parte del gasto que excede el límite del 10% de la renta neta de tercera categoría o de trabajo: La parte del gasto que exceda del límite del 10% podrá ser deducido al amparo del primer párrafo del artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta (LIR) (gastos en general), inciso x) del artículo 37° (gastos por donaciones) o del inciso b) del artículo 49° de la LIR (gastos por donaciones a ser deducidos de la renta neta del trabajo), de corresponder.

Otras consideraciones que deben tener en cuenta los mecenas y patrocinadores deportivos: Dichos sujetos deben considerar lo siguiente:

-Aprobación de actividades: Para efectuar la deducción del gasto, las donaciones o aportes deben estar destinados a financiar actividades previamente aprobadas por el IPD.

-Utilización de medios de pago: Las donaciones o aportes deben efectuarse utilizando los medios de pago aprobados por la Ley del ITF.

-Acreditación de la donación o aporte: La realización de la donación o aporte se acredita mediante una declaración jurada emitida por los beneficiarios deportivos (si se trata de donaciones a deportistas y entrenadores con registro vigente en el FENADE o atletas de olimpiadas especiales o deportistas con discapacidad inscritos en el registro a cargo del CONADIS) o mediante el “Comprobante de recepción de donaciones y aportes” (tratándose de donaciones o aportes a favor de las personas jurídicas de derecho privado calificada por la SUNAT como entidad perceptora de donaciones).

En tanto SUNAT no establezca la forma y oportunidad en que se emita el “Comprobante de recepción de donaciones y aportes”, los beneficiarios deportivos deben extender y entregar un comprobante en el que se consigne: i) los datos de identificación del mecenas o patrocinador deportivo y ii) los datos que permitan identificar el bien donado o aportado, su valor, estado de conservación, fecha de vencimiento que figure en el roturado inscrito o adherido del envase o empaque de los productos perecibles, de ser el caso, así como la fecha de la donación o aporte; si se trata de servicios, se debe consignar la descripción y valor de éstos.

-Oportunidad de la deducción: Puede efectuarse la deducción cuando se produzca cualquiera de los siguientes hechos: i) si se trata de dinero, cuando se entregue el monto al beneficiario, ii) si se trata de bienes inmuebles, cuando la donación o aporte conste en la escritura pública respectiva, iii) si se trata de bienes muebles registrables, cuando la donación o aporte conste en un documento de fecha cierta en el que se identifique el bien donado, su valor y el de las cargas, iv) si son títulos valores, cuando éstos sean cobrados, v) tratándose de otros bienes muebles, cuando la donación o aporte conste en un documento de fecha cierta en el que se especifiquen sus características, valor y estado de conservación y vi) tratándose de servicios, cuando el servicio se prestó y el valor de este conste en el comprobante de pago emitido por el prestador de aquel y en la declaración jurada o “Comprobante de recepción de donaciones y aportes”.

-Declaración a la SUNAT: Los mecenas y patrocinadores deportivos deben declarar las donaciones o aportes que efectúen en la forma y plazos que establezca la SUNAT.

-Donaciones o aportes efectuados por sociedades, entidades y contratos de colaboración empresarial (último párrafo del artículo 14° de la LIR): La donación o aporte se considera efectuado por las personas naturales o jurídicas que las integran o que sean parte contratante, en proporción a su participación.

Vigencia

La norma en comentario entra en vigor el 25.07.2017.

2.- Designación de Agentes de Retención del IGV

Mediante Resolución de Superintendencia No. 182-2017/SUNAT (24.07.2017) se han designado 14 contribuyentes como Agentes de Retención del IGV, los cuales operarán a partir del 01.08.2017.

Vigencia

La norma en comentario entra en vigor el 01.08.2017.

 

CRITERIO OFICIAL DE LA SUNAT

1.- Casas de Cambio: ¿cuál es el tratamiento tributario de éstas?

En relación a las Casas de Cambio que se dedican a la compra y venta de moneda extranjera, se le formularon a SUNAT las siguientes interrogantes:

  1. ¿Las operaciones de compra y venta de moneda extranjera se encuentran gravadas con IGV?
  1. ¿Están obligadas a emitir comprobante de pago? De ser afirmativa la respuesta, ¿qué importe se consignaría en el citado comprobante de pago?
  1. Los ingresos generados por la compra y venta de moneda extranjera, ¿se encuentran gravados con el impuesto a la renta?
  2. ¿Pueden acogerse a cualquier régimen tributario existente?

En virtud al INFORME 057-2017-SUNAT/5D0000, SUNAT concluyó como sigue:

  1. Respecto a la primera consulta, las operaciones de compra y venta de moneda extranjera (al igual que la moneda nacional) no se encuentran gravadas con IGV.  
  1. Respecto a la segunda consulta, se encuentran obligadas a emitir factura, boleta de venta o ticket, según corresponda. Deberán consignar en el comprobante de pago respectivo, como “importe total”, el monto por el que se efectúa la compra y venta.
  1. Respecto a la tercera consulta, los ingresos generados por la compra y venta de moneda extranjera se encuentran gravados con el impuesto a la renta.
  1. Respecto a la cuarta consulta, las Casas de Cambio pueden acogerse a cualquiera de los 4 regímenes tributarios existentes, según corresponda, no existiendo impedimento alguno por el solo hecho de la actividad comercial a la que se dedican (compra y venta de moneda extranjera).

Así, pueden acogerse al Nuevo RUS (en la medida que la Casa de Cambio no sea persona jurídica, en otras palabras, podrá acogerse al Nuevo RUS en tanto califique como “persona natural con negocio”); al RER; al Régimen General; al Régimen MYPE Tributario. Para tal efecto, habrán de cumplir con los requisitos que imponga cada régimen para su acogimiento.

2.- Persona natural que genera rentas de cuarta categoría y que como contraprestación percibirá “cesiones de crédito”. Consultas diversas.

Se plantea a SUNAT el supuesto de una persona natural que presta servicios que califican como rentas de 4ta categoría conviniéndose que como contraprestación de dichos servicios recibirá sucesivas “cesiones de créditos”; siendo que, con anticipación a la totalidad de dichas cesiones de créditos, la citada persona natural fallece, surgiendo así la denominada sucesión indivisa. Así, se le formulan a SUNAT las siguientes consultas:

  1. ¿La contraprestación constituirá un “pago en especie” para efectos del IR?
  1. De ser así, ¿existirá imposibilidad de practicar retenciones por parte del agente de retención?
  1. Al fallecimiento de la persona natural surge la “sucesión indivisa”, ¿la contraprestación que ésta reciba tiene la naturaleza de ingreso gravado con el IR?
  1. De ser así, ¿a qué categoría de renta correspondería el citado ingreso?
  1. ¿Corresponderá que la “sucesión indivisa” efectúe pagos a cuenta del IR por tales ingresos?
  1. ¿La “sucesión indivisa” puede aplicar las deducciones previstas para determinar el IR por rentas de cuarta categoría?
  1. ¿Qué documento debe emitir la “sucesión indivisa” por la contraprestación recibida?

SUNAT, según INFORME 064-2017-SUNAT/5D0000, concluye como sigue:

  1. Respecto de la primera consulta, la contraprestación calificará como pago en especie.
  1. Respecto de la segunda consulta, existirá imposibilidad de practicar retenciones por parte del agente retenedor. Sin perjuicio de ello, la persona o entidad que efectuó el “pago en especie” deberá informar a SUNAT, dentro de los 12 días hábiles de producido dicho pago, el nombre, domicilio del beneficiario, el importe abonado y el concepto del pago.
  1. Respecto de la tercera consulta, los ingresos que implican dicho pago en especie a favor de la sucesión indivisa se encuentran gravados con el IR.
  1. Respecto de la cuarta consulta, los ingresos califican como rentas de la cuarta categoría.
  1. Respecto de la quinta consulta, la sucesión indivisa se encuentra obligada a realizar pagos a cuenta mensuales del IR por rentas de cuarta categoría, respecto de los pagos en especie que reciba, salvo que las retenciones que le hayan efectuado y que haya aplicado a tales pagos a cuenta del IR cubran la totalidad de éstos o cuente con la Constancia de Autorización de su suspensión.

Respecto de la sexta consulta, la “sucesión indivisa” puede aplicar las deducciones previstas en los artículos 45°, 46°, 49° de la LIR para determinar el IR por rentas de cuarta categoría a su cargo, de corresponder.

3.- Promotores de cementerios y pago efectuado por usuarios por concepto de “Fondo de Mantenimiento y Conservación (FMC)”, ¿están obligados los promotores a emitir comprobante de pago por la recepción de dinero para dicho FMC?

El artículo 36° del Reglamento de la Ley de Cementerios y Servicios Funerarios estipula que los promotores son los encargados de mantener y conservar los cementerios. Agrega la norma que, los promotores están obligados a abrir una cuenta bancaria la cual está integrada por los depósitos de los usuarios siendo que los intereses que éstos generen estarán destinados al mantenimiento y conservación de los cementerios.

La SUNAT, en el INFORME 066-2017-SUNAT/5D0000 concluye como sigue:

Los promotores de los cementerios no se encuentran obligados a emitir comprobantes de pago por los depósitos que reciban de los usuarios por concepto del Fondo de Mantenimiento y Conservación a que se refiere el artículo 36° del Reglamento de la Ley de Cementerios y Servicios Funerarios.

4.- Régimen temporal y sustitutorio del impuesto a la renta para la declaración, repatriación e inversión de rentas no declaradas

  1. Tratándose de renta no declarada que constituya ganancia de capital, el Reglamento del Decreto Legislativo No. 1264 permite la deducción del costo computable; no obstante, si el referido costo corresponde a un ejercicio prescrito, ¿la SUNAT (durante el período de verificación) podrá solicitar documentos y/o comprobantes de pago que lo acrediten?
  2. En virtud de lo dispuesto en el inciso d) del párrafo 8.2 del artículo 8° del Decreto Legislativo No. 1264, ¿el pago parcial o to tal de un crédito hipotecario constituye una inversión en inmuebles?
  3. Para efecto de determinar la base imponible del impuesto vinculado al Régimen, ¿corresponde que a los ingresos netos percibidos al 31.12.2015, se le deduzcan las pérdidas acumuladas a dicha fecha?
  1. ¿Los gastos incurridos para la generación de las rentas no declaradas son aceptados para determinar la base imponible del impuesto que sustituye al impuesto a la renta con el acogimiento al Régimen?

SUNAT, según INFORME N.° 079-2017-SUNAT/5D0000, concluye como sigue:

  1. Tratándose de renta no declarada que constituya ganancia de capital, a fin de sustentar el costo computable de los bienes y/o derechos, que representan dicha renta, consignados en la declaración jurada de acogimiento, la SUNAT, durante el plazo de un año contado desde el 1.1.2018, puede solicitar los documentos y/o comprobantes de pago que acrediten tal costo, aun cuando estos correspondan a períodos prescritos, toda vez que ello tiene incidencia en la determinación del impuesto que sustituye al impuesto a la renta con el acogimiento al Régimen.
  1. Para efecto de lo dispuesto en el inciso d) del párrafo 8.2 del artículo 8 del Decreto Legislativo N.° 1264, el pago parcial o tot al de un crédito hipotecario no constituye una inversión en inmuebles.
  1. Para determinar la base imponible del impuesto que sustituye al impuesto a la renta no corresponde que a los ingresos netos percibidos al 31.12.2015 se le deduzcan las pérdidas acumuladas a dicha fecha.

Los gastos incurridos para la generación de las rentas no declaradas no son aceptados para determinar la base imponible del impuesto que sustituye al impuesto a la renta con el acogimiento al Régimen.

 

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL

1.- Los criterios establecidos en las Sentencias de Casación, que resuelven controversias tributarias, ¿son de obligatorio cumplimiento por el Tribunal Fiscal?

De conformidad con la RTF 07104-2-2016, los criterios establecidos en virtud de Sentencias de Casación que constituyan precedentes vinculantes resultan de estricto cumplimiento para los órganos jurisdiccionales que se pronuncien en los procesos contenciosos administrativos que tramiten y no para el caso de órganos administrativos (como es el caso del Tribunal Fiscal). Ello, de conformidad con lo estipulado en el artículo 37° de la Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo (Ley 27584).

2.- Las mejoras efectuadas por la arrendataria (persona jurídica) en el inmueble arrendado de propiedad de una persona natural (arrendador), ¿cuándo se reputan como renta (de primera categoría) del propietario (arrendador)?

De acuerdo a lo establecido en el inciso c) del artículo 23° de la LIR, constituye renta de primera categoría el valor de las mejoras introducidas en el bien por el arrendatario en tanto constituyan un beneficio para el propietario y en la parte que éste no se encuentre obligado a reembolsar.

Por su parte, el numeral 3 del inciso a) del artículo 13° del Reglamento de la LIR (RLIR), señala que las mejoras, aludidas en el párrafo anterior, se computarán como renta gravable del propietario en el ejercicio en el que se devuelva el bien y al valor determinado para el pago de tributos municipales o, a falta de éste, al valor de mercado a la fecha de devolución.

SUNAT, al fiscalizar al propietario (arrendador) consideró que la empresa que ocupaba el inmueble -de propiedad de la persona natural fiscalizada- en su calidad de arrendataria, al no contabilizar como activo las mejoras; así, como tampoco la depreciación de las mismas, habría devuelto el bien inmueble al finalizar el ejercicio (fiscalizado). Así, para SUNAT, la falta de contabilización del activo (mejora) así como su depreciación evidenciaban la devolución del inmueble, toda vez que ello (omisión de la contabilización) solo puede darse en el ejercicio en el que se produzca la devolución del bien.

El Tribunal Fiscal, mediante RTF 01182-3-2016resolvió a favor del contribuyente bajo el siguiente razonamiento:

Si bien conforme a lo dispuesto por el artículo inciso h) del artículo 22° del RLIR, la empresa debió activar y depreciar el valor de las mejoras introducidas en el inmueble objeto de arrendamiento, el incumplimiento de tal tratamiento contable (contabilizar la mejora como activo, así como su depreciación) no implica la devolución del bien inmueble al propietario a la finalización del ejercicio. Por consiguiente, procede levantar el reparo y dejar sin efecto la atribución de renta de primera categoría al propietario (contribuyente).

 

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL JUDICIAL

1.- ¿Qué debemos entender cuando se afirma que las infracciones tributarias se determinan en “forma objetiva”?

El artículo 165° del Código Tributario (CT) establece que: “La infracción será determinada en forma objetiva y sancionada administrativamente con penas pecuniarias (…)”.

La Corte Suprema en la Sentencia de Casación 13233-2014-LIMA (publicada el 31.03.2017) señala que tal tenor del artículo 165° del CT debe ser interpretado en forma coherente con las normas y principios convencionales y constitucionales, además con los principios y normas legales que regulan las sanciones administrativas tributarias, entre ellos, el principio de legalidad y reserva de ley, no correspondiendo a la autoridad administrativa definir o establecer los elementos del tipo infractor, esto es, aquel supuesto infractorio previsto por ley.

Lo anterior supone que, para el caso que nos ocupa, al pretender SUNAT imputar la comisión de una infracción tributaria, deberá tener el respectivo cuidado de tomar en consideración todos los “elementos” comprendidos en el tipo infractor fijado en la norma legal, siendo que dichos “elementos” pueden ser de orden objetivo como subjetivo, de ser el caso; de manera que, la intencionalidad (elemento subjetivo) debe ser evaluada cuando ésta integre la descripción de la conducta a ser sancionada, esto es, que se encuentre contemplada, expresamente, en la tipificación de la infracción tributaria. Actuar de esta manera diligente importa discurrir en dirección a lo que inspiran el principio de tipicidad, legalidad y responsabilidad en materia sancionadora en el marco de un Estado Constitucional de Derecho.

Nota: La sentencia materia de comentario se pronunció sobre el supuesto infractor contenido en el numeral 2 del artículo 178° del Código Tributario (artículo derogado el 06.02.2004), supuesto infractor que, con ciertas modificaciones, integra la actual infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 178° del Código Tributario, así como del propio artículo 165° del citado cuerpo legal.

SECCIÓN LEGAL LABORAL

1.- Jueves 27 de julio de 2017, día no laborable por Fiestas Patrias

A inicios de año, el Gobierno estableció qué días adicionales serían no laborales, con el objetivo de promover el turismo prioritariamente nacional. Así, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) dispuso como día no laborable para el sector público, el día 27 de julio de 2017, el cual será voluntario para el sector privado.

Las horas no laboradas el 27 de julio deberán ser compensadas tanto para el sector público como para el privado. En el caso del sector público, serán compensadas en la semana posterior al feriado largo o en otra oportunidad que establezca el titular de cada entidad pública. En el sector privado la compensación se realizará según el acuerdo al que llegue el empleador con el trabajador, aunque a falta de acuerdo “decidirá el empleador”.

También se dispone que algunas empresas públicas que brindan servicios “indispensables” para la sociedad, podrán disponer la asistencia de una parte de sus trabajadores.

 

JURISPRUDENCIA

1.- Trabajadores que realizan labores permanentes sí pueden ser contratados a plazo determinado

Mediante Sentencia del Tribunal Constitucional (STC) Expediente No. 06553-2013-PA/TC, el TC estableció que sí es posible contratar a un trabajador mediante un contrato a plazo determinado (servicio específico), incluso si desempeña las labores principales de la empresa. Esto es así cuando la contratación se deba a la necesidad del empleador de tener mayor personal para cumplir sus obligaciones derivadas de un servicio u obra específica.

Así, en dicha sentencia, el TC declaró infundada la demanda de amparo interpuesta por un extrabajador de Servicios Postales del Perú (Serpost), quien alegaba la desnaturalización de los contratos de trabajo sujetos a plazo y solicitaba ser repuesto en el cargo que ocupaba (mensajero) o en otro de igual nivel o categoría.

El empleador demandado alegó que el actor laboró bajo un contrato sujeto a plazo determinado y que la relación laboral concluyó por el vencimiento del plazo pactado por las partes. Explicó que la contratación modal se justificó en que obtuvo la buena pro de una licitación convocada por la Administración Tributaria para la contratación de servicios de mensajería.

Por último, el TC precisó que, aun cuando la normativa vigente no señala un plazo máximo para la suscripción de este tipo de contratos, ello no debe ser interpretado como una carta abierta para que se suscriba contratos temporales donde deberían existir contratos de plazo indeterminado.

2.- Trabajadores que rehúsen trabajar en feriados no pueden ser sancionados

Mediante sentencia emitida en el Expediente No. 04539-2012-PA/TC, el Tribunal Constitucional precisó que no es posible sancionar a los trabajadores que rehúsen trabajar en un día feriado no laborable ni amenazarlos con aplicarles suspensión sin goce de haber o el despido.

En el caso concreto el Sindicato de Trabajadores Tributarios y Aduaneros (STTA) de la SUNAT, postuló una acción de amparo en el que alegó que dicha entidad obliga a sus trabajadores en general a laborar en los días feriados no laborables, bajo amenaza de ser sancionados con suspensión sin goce de haber e, incluso, de despido. Esta amenaza se hizo efectiva contra doce trabajadores afiliados al referido sindicato, a quienes se les suspendió sin goce de haber por tres días calendario.

En primera instancia se declaró improcedente la demanda en forma liminar. En segunda instancia se confirmó dicha decisión; sin embargo, el Tribunal Constitucional precisó que la demanda sí era procedente porque la controversia se vinculaba con derechos fundamentales en el marco de las relaciones laborales. Atendiendo a los principios de celeridad y economía procesal, admitió a trámite la demanda directamente, ya que la parte demandada conocía de la existencia del proceso y se apersonó a este, por lo que su derecho de defensa estuvo garantizado.

Sobre el fondo del asunto, el Tribunal Constitucional precisó que el caso se centraba en determinar si es legítima la aplicación del artículo 8° del Decreto Supremo No. 012-92-TR por parte de la entidad demandada. Esta norma, que regula los descansos remunerados de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, dispone que “no se considera que se ha trabajado en feriado no laborable, cuando el turno de trabajo se inicie en día laborable y concluya en el feriado no laborable”.

Al respecto, precisó que si bien el empleador puede regular los turnos de trabajo, esta facultad debe ser ejercida respetando los derechos laborales. En este caso, encontró que la norma en cuestión habilita al empleador a exigir que el trabajador se someta a un horario de trabajo sin posibilidad de gozar la sobretasa señalada en el artículo 9° del Decreto Legislativo No. 713.

El TC estableció que el artículo 8° del Decreto Supremo No. 012-92-TR es incompatible con la Constitución, pues desconoce el carácter irrenunciable de los derechos laborales y la dignidad del trabajador. Por lo tanto, resulta irrazonable y, por lo tanto, inconstitucional, calificar de incumplimiento de obligaciones laborales y sancionar como falta laboral el ejercicio del derecho al descanso físico durante un día feriado no laborable, cuando este es puesto de manifiesto previamente ante el empleador. Por ello, el TC declaró inaplicable esta norma al caso concreto y, en consecuencia, nulas las sanciones impuestas a los trabajadores de la SUNAT.

Adicionalmente, el TC identificó que esta conducta lesiva por parte de la SUNAT ha ocurrido reiteradas veces y, por lo tanto, declaró esta situación como un estado de cosas inconstitucional. Para cortar esta situación, ordenó a dicha entidad lo siguiente: a) pagar la sobretasa debida a todos los trabajadores sindicalizados o no que laboraron los feriados nacionales no laborables; y, b) anular todas las sanciones basadas en la aplicación de la norma declarada inconstitucional, incluyendo su registro del legajo personal respectivo.

Finalmente, el TC anuló las sanciones a trabajadores que, mediante correos electrónicos, criticaron la decisión del empleador de establecer turnos para días feriados no laborables, explicando que ello vulneró el derecho a la libertad de expresión de los trabajadores.

3.- Condiciones que debe reunir los montos otorgados como actos de liberalidad por empleador para tener efectos compensatorios

Mediante Sentencia de Casación Laboral No. 15633-2015-Lima, se da cuenta de un caso en el cual se discute si una suma otorgada por el empleador al cese de un trabajador reúne las condiciones de un acto de liberalidad que genere efectos compensables. En el caso planteado, el empleador decidió desvincular unilateralmente a un trabajador, reconociendo la existencia de despido arbitrario y por tal motivo en la liquidación de beneficios sociales cumplió con reconocer la correspondiente indemnización por despido arbitrario, por la suma de S/ 164,280.00 (monto que no fue cuestionado por el trabajador), pero a la vez, el empleador reconoció y pagó la suma de S/ 140,811.43, en el marco de lo dispuesto por el artículo 57º del T.U.O. del Decreto Legislativo No. 659, aprobado por Decreto Supremo No. 001-97-TR.

Luego de producido el cese, el demandante planteó una demanda por indemnización vacacional, pretendiendo el pago de S/ 175,322.00. La empresa demandada al contestar la demanda, entre otras defensas, solicitó, en caso se estime la demanda, la compensación con la suma otorgada líneas arriba (S/ 140,811.43).

En primera instancia, se declaró fundada en parte la demanda y se estimó la compensación deducida por la empresa demandada. En suma instancia, la Sala revisora declaró fundada la demanda pero la revocó en el extremo del reconocimiento de la compensación, alegando que dicho monto se otorgó como incentivo para el despido, por tal, estaba condicionada.

La Corte Suprema asume competencia, en mérito al recurso de casación planteado por la empresa demandada, la misma que denunció la interpretación errónea del artículo 57º del T.U.O. del Decreto Legislativo No. 659 y al resolver el caso manifiestó que la norma citada se sustenta en que los actos de liberalidad otorgados por el empleador para que produzcan sus efectos compensatorios deben cumplir con las siguientes condiciones:

  1. Deben ser otorgados al cese del trabajador o momento posterior.
  2. Entrega de una suma de dinero al trabajador al momento del cese o con posterioridad a éste.
  3. La entrega debe ser a título de liberalidady en forma incondicionada.
  4. El importe económico debe constar en documento de fecha cierta.

Deja constancia la Corte Suprema que aun cuando la norma no ha establecido si la suma entregada pueda ser compensada con cualquier acreencia de naturaleza laboral o si sólo se compensa con la acreencia por compensación por tiempo de servicios, la uniforme jurisprudencia de la Corte Suprema ha establecido que la suma otorgada al amparo del artículo 57° del Decreto Supremo No. 001-97-TR, T.U.O. del Decreto Legislativo No. 650, modificado por el artículo 1° de la Ley No. 27326, constituye un acto de liberalidad y, por lo tanto, puede compensarse con cualquier acreencia de naturaleza laboral, ello en tanto, la finalidad de dicho concepto radica en permitir que el empleador pueda oponer aquellas sumas abonadas al trabajador bajo este concepto, cuando por mandato judicial se ordene el pago de otras cantidades al propio trabajador.

En el caso concreto, la Corte Suprema consideró que la Sala Superior había interpretado erróneamente la referida norma, toda vez que en la liquidación de benficios sociales ya se había considerado una indemnización por despido arbitrario y que el monto de S/ 140,811.43, otorgado en en el marco de lo dispuesto por el artículo 57º del T.U.O. del Decreto Legislativo 659, no estaba relacionado a incentivar la desvinculación del trabajador, sino que constituía un acto de liberalidad e incondicional, por tanto correspondía la compensación, declarando fundado el recurso de casación.

4.- La no suscripción del contrato de trabajo al inicio de relación laboral convierte al mismo en indeterminado

Mediante Sentencia de Casación Laboral 7647-2014-Tacna, la Corte Suprema precisó que la existencia de contrato escrito, es una formalidad solemne, es decir, es aquella que no se puede subsanar en los contratos modales a plazo fijo. En este caso, la demandante inicia la prestación de servicios sin suscribir contrato alguno, sino hasta después de dos meses, ello torna automáticamente a la relación laboral en una de tiempo indeterminado.

La empresa demandada en su recurso de casación, había alegado que las instancias previas no habían tomado en cuenta que la demandante ingresó a laborar desde el día 29 de marzo del 2011, y si bien es cierto el contrato fue celebrado con fecha 13 de junio de 2011, se ha cumplido con todas las formalidades requeridas para dicho efecto, esto es, consignar el periodo de vigencia del contrato, con lo que se habría subsanado la omisión de realizar el contrato a la fecha de ingreso. Por tanto, se había cumplido con los requisitos formales para su validez estipulados en el artículo 72º del Decreto Supremo No. 003-97-TR; máxime si, el plazo de duración de los mismos no excede de 5 años. En el mismo sentido, argumentó que la demandante tomó conocimiento de la presunta desnaturalización en el año 2011 y en el año 2012, y expresó su consentimiento con la suscripción de su contrato de trabajo y las diversas prórrogas al no accionar en su debida oportunidad.

Dichas denuncias fueron desestimadas, declarándose infundado el recurso de casación respectivo.

5.- Sindicato no cuenta con capacidad para renunciar a un derecho otorgado por ley al trabajador

Mediante Sentencia de Casación No. 19063-2016-Lima, publicada con fecha 30 de junio de 2017, se da cuenta de un caso en que el empleador de manera unilateral amplía la jornada de trabajo y posteriormente mediante un acta de transacción llega a un acuerdo con el sindicato de trabajadores sobre el pago de horas extras, desconociendo el derecho de los trabajadores a solicitar el reintegro de la remuneración por extensión de la jornada de trabajo.

En dicho fallo, la Corte Suprema señaló que la remuneración debe ser entendida como un derecho fundamental del trabajador, protegida por la Constitución y la Ley, a través del principio de irrenunciabilidad de derechos, lo cual implica una limitación a la autonomía privada frente a normas de orden público.

Precisó la Corte Suprema que el sindicato no cuenta con la capacidad para renunciar a un derecho otorgado por ley al trabajador, como es el referido al reintegro de remuneraciones por extensión de jornada. Dicho acuerdo contraviene el Principio de Irrenunciabilidad de Derechos.

6.- Actos de violencia de trabajador en huelgas puede sancionarse con despido

Mediante Sentencia de Casación Laboral No. 5333-2016-Loreto, la Corte Suprema, invocando el artículo 79º del T.U.O. de la Ley de Relaciones Colectivas, aprobado por Decreto Supremo No. 010-2003-TR, precisó que la huelga debe desarrollarse necesariamente en forma pacífica, sin recurrir a ningún tipo de violencia sobre personas y bienes.

Precisó la Corte Suprema que si bien el literal a) del artículo 29º del T.U.O. del Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, protege a los trabajadores para que no sean objeto de despido por su afiliación a un sindicato o por su participación en actividades sindicales, también es cierto que no ampara el ejercicio de la coacción sobre personas o la violencia sobre cosas, durante el ejercicio del derecho de huelga, que es una forma de actividad sindical, el cual se debe ejercer de una manera pacífica, respetando el derecho al trabajo de otros trabajadores, así como respetando la propiedad pública y privada. En consecuencia, no protege contra el despido a los trabajadores, incluidos dirigentes sindicales, que hayan hecho uso de la coacción o violencia contra personas o cosas.

7.- Requerir contenido de la historia clínica de trabajador constituye amenaza al derecho a la intimidad personal

Mediante Sentencia de fecha 3 de marzo de 2017, emitida por el Juzgado Mixto Permanente de La Esperanza de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, se da cuenta de un caso en el cual un empleador, con el fin de verificar la veracidad del descanso médico otorgado a una trabajadora, invocando el poder de dirección, control y sanción que ostenta, solicitó a ESSALUD que remita el contenido de la historia clínica de dicha trabajadora, ante lo cual ésta última interpuso una acción de amparo por inminente vulneración de su derecho constitucional a la intimidad.

El órgano jurisdiccional se pronunció precisando que en el poder de control y sanción que ostenta el empleador respecto al trabajador, faculta a aquel a controlar la ejecución de la prestación personal de servicios, pudiendo verificar alguna falta o incumplimiento de sus funciones (capacidad) en el marco de una investigación a nivel interno, procediendo luego a iniciar un proceso de sanción de ser necesario. Sin embargo, precisa que dicha potestad de control y sanción por parte del empleador como expresión de poder, debe ejercitarse en el marco del respeto de la dignidad y los derechos fundamentales del trabajador, entre los cuales se encuentra el de intimidad en relación con los datos sobre su salud.

Agrega el órgano jurisdiccional que en el supuesto fáctico que exista alguna duda por parte del empleador sobre la validez del certificado médico, presentado por su trabajadora para justificar inasistencia a sus labores, ello no implica que éste en el marco de la potestad de control y sanción pueda solicitar a la proveedora de salud que expidió dicho certificado médico, la información referida a los datos de salud que obran en la historia clínica de su trabajadora; ya que, ello implicaría una vulneración inminente al derecho a la intimidada personal, debido a que la historia clínica contiene datos de salud de la persona, que está referido a la esfera íntima de ella y por ende está proscrito que exista una invasión por parte de terceros (incluido el empleador), salvo las siguientes excepciones:

  1. Cuando hubiere consentimiento por escrito del paciente;
  2. Cuando sea requerida por autoridad judicial competente;
  3. Cuando fuere utilizada con fines académicos o investigación científica, siempre que la información obtenida de la historia clínica se consigne como anónima;
  4. Cuando fuere proporcionada a los familiares o allegados del paciente con el propósito de beneficiarlo, siempre que éste no lo prohíba expresamente;
  5. Cuando se trate de enfermedades y daños de declaración y notificación obligatorias, siempre que sea proporcionada a la autoridad de la salud;
  6. Cuando fuere proporcionada a la entidad aseguradora o administradora de financiamiento vinculada con la atención prestada al paciente siempre que fuere con fines de reembolso, pago de beneficios, fiscalización o auditoría; y,

Cuando fuere necesaria para mantener la continuidad de la atención médica al paciente.

Comments are closed.