Mediante Decreto Supremo No. 025-2022-PCM, publicado el 18 de marzo de 2022, se dispone la prórroga del Estado de Emergencia declarado en Lima Metropolitana y en la Provincia Constitucional del Callao, por un plazo de 45 días calendario, con el fin de reducir las acciones delictivas que se vienen suscitando por delincuentes comunes y bandas criminales.

Durante el Estado de Emergencia, quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito en el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales. Asimismo, la intervención se hace por parte de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas.

Vigencia: 20 de marzo de 2022.

El 19 de marzo de 2022, el Diario Oficial El Peruano, publicó tres Decretos Legislativos que trajeron consigo importantes modificaciones en materia tributaria. En ese sentido, detallaremos los principales cambios realizados:

Decreto Legislativo 1532

Entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2023, y tiene como objeto regular el procedimiento de atribución de la condición de sujeto sin capacidad operativa (SSCO), el cual figura como emisor de los comprobantes de pago o documentos complementarios, sin tener recursos idóneos para realizar dichas operaciones.

La SUNAT inicia el procedimiento de atribución de la condición de SSCO cuando detecta que un determinado sujeto presenta las siguientes situaciones:

1. No cuenta con infraestructura o bienes
2. No tiene activos
3. No cuenta con personal
4. O cualquier otra situación objetiva que evidencie que el sujeto no cuenta con recursos económicos, financieros, materiales, humanos y/o otros, o que no resulten idóneos para realizar las operaciones por las que se emiten comprobantes de pago o documentos complementarios.

Dicho procedimiento de atribución de la condición deberá cumplir los siguientes plazos:

• 30 días hábiles, para presentar pruebas que desvirtúen las situaciones comunicadas por SUNAT.
• Prórroga por 5 días hábiles adicionales, siempre y cuando el sujeto presente dicha solicitud 3 días hábiles antes del vencimiento del plazo anterior.
• 30 días hábiles contados desde el vencimiento, para que se notifique si se ha desvirtuado o no la situación comunicada por la SUNAT.

Al respecto, la SUNAT tiene la obligación de publicar el último día calendario del mes, la relación de SSCO; la cual producirá los siguientes efectos:

1. La baja de las series de los comprobantes de pago y documentos complementarios físicos.
2. Solo podrá emitir boletas de venta y notas de débito y crédito vinculadas a aquellas, hasta que venza el plazo mencionado.
3. Las operaciones realizadas no permiten ejercer el derecho al crédito fiscal o cualquier otro derecho o beneficio derivado del IGV y/o sustentar costo o gasto para efectos del IR.
4. Otros que se establezcan de acuerdo con ley.

En caso no se cumpla con la fecha indicada, la publicación deberá ser efectuada el último día calendario del mes siguiente, a través de la página web de la SUNAT o en el Diario Oficial El Peruano.

Decreto Legislativo 1533

A través de este dispositivo legal se ha modificado el Código Tributario y otras normas relacionadas a las devoluciones que realiza la SUNAT. De este modo, a partir del 20 de marzo de 2022 (fecha de entrada en vigor), se modificará el artículo 39 del Código Tributario con la finalidad que las devoluciones se efectúen mediante abono en cuenta corriente o de ahorros, abierta en moneda nacional, y cuyo titular sea exclusivamente el sujeto a quien corresponde realizar la devolución.

Para dicho efecto:

1. El sujeto que solicita la devolución debe comunicar a la SUNAT el Código de Cuenta Interbancario, que corresponda a una cuenta corriente o de ahorros.
2. En el caso de la devolución a solicitud de parte, si no se cumple con efectuar el CCI, o de ser el caso, se vence el plazo de comunicación, no se permitirá dicha presentación, o de lo contrario se considerará como no presentada.
3. En el caso de devolución de oficio a personas naturales que cuenten con DNI y no hayan informado su CCI, se puede proceder con la apertura de la cuenta DNI para realizar el abono correspondiente.

Por otro lado, se anuncia la publicación de un Decreto Supremo que considerará lo siguiente:

1. Disposiciones adicionales necesarias para efecto de la devolución mediante abono en cuenta.
2. Disponer la fecha para la verificación de cumplimiento de las características correspondientes al CCI
3. Los casos de excepción, en los que se permite que la devolución se efectúe a través de cheques no negociables, notas de crédito negociables, giros u órdenes de pago, así como las normas a las que se sujetan otros medios de devolución.
4. Otros medios de devolución, distintos a los antes mencionados.
5. La designación a otra entidad para que realice la validación correspondiente.

Decreto Legislativo 1535

A partir del 20 de marzo de 2022 entrará en vigor el presente decreto que regula la calificación de los sujetos que deben cumplir obligaciones administradas y/o recaudadas por la SUNAT, conforme a un perfil de cumplimiento, así como los efectos de dicha calificación.

El perfil de cumplimiento es la calificación asignada por la SUNAT; y, constituye un criterio que puede ser considerado para otorgar determinadas facilidades o establecer ciertas limitaciones, en la regulación de aspectos vinculados a obligaciones tributarias, aduaneras y a conceptos no tributarios administrados por la SUNAT. Se considerarán variables como: el nivel de cumplimiento, indicios de delito tributario, contar con resolución de sujeto sin capacidad operativa, haber sido notificado con infracciones tributarias, entre otros.

La asignación de dicho perfil surte efecto a partir del primer día calendario del mes siguiente a aquel en que se realiza el depósito, en el caso de la forma de notificación, o a partir del primer día calendario del mes siguiente que se realiza la publicación. Asimismo, este sigue vigente hasta que surta efecto la asignación de un nuevo perfil producto de la evaluación periódica que la SUNAT debe realizar.

Por otro lado, la devolución de impuestos a turistas se realizará respecto de las adquisiciones de bienes que se efectúen en los establecimientos calificados por la SUNAT, como aquellos que dan el derecho a la devolución del IGV, los cuales también deben haber sido calificados por la SUNAT con alguno de los dos niveles más altos de cumplimiento.

Asimismo, la norma detalla que podrán aplicarse las siguientes consecuencias a aquellos sujetos que posean el nivel de cumplimiento más bajo de aquellos establecidos por la normativa correspondiente:

• Sólo podrán cambiar de domicilio fiscal si se cuenta con la autorización previa de la SUNAT.
• La presentación de la declaración jurada sustitutoria o rectificatoria surtirá efectos en 90 días hábiles.
• La SUNAT podrá extender a 6 meses el plazo para resolver las solicitudes de devolución presentadas.
• Tendrán la obligación de utilizar medios de pago cuando realicen transacciones por montos equivalentes a USD 150 o S/ 600, esto es, el 30% del monto obligatorio.

Finalmente, se ha dispuesto derogar el Decreto Legislativo Nro. 912 que crea el Régimen de Buenos Contribuyentes.

Desde el 1 de octubre de 2022 entrará en vigor las nuevas disposiciones establecidas para el llevado Registro de Ventas e Ingresos en forma electrónica, así como también el módulo para el llevado del Registro de Compras. Las principales modificaciones realizadas, son las siguientes:

Por medio de la presente, se establece que los sujetos obligados a llevar el Registro de Ventas e Ingresos Electrónicos (RVIE) y Registro de Compras Electrónicas (RCE) serán:

• Desde octubre de 2022, todos los contribuyentes comprendidos en el anexo 7 de la Resolución de Superintendencia No. 112-2021/SUNAT.
• A partir de octubre a diciembre de 2022, los contribuyentes perceptores de rentas de tercera categoría que cuenten con usuario y clave SOL.
• Desde enero de 2023, todos los contribuyentes que al 31 de diciembre de 2022 no se encuentran comprendidos en los puntos antes mencionados.
• Por último, los contribuyentes que a partir del 1 de enero de 2023, se encuentren obligados a llevar el Registro de Ventas e Ingresos y el Registro de Compras, desde el primer día calendario del tercer mes siguiente a aquel que adquieran dicha obligación o desde el periodo en que adquieren la calidad de emisor electrónico, lo que ocurra primero.

Cuando nos referimos a la afiliación para el llevado del RVIE y del RCE a través del SIRE, los sujetos obligados deberán contar con código de usuario y clave SOL. Además, de considerar que dicha afiliación tiene carácter definitivo, por ende, no procede la desafiliación.

Asimismo, desde la vigencia de la presente resolución, el sujeto podrá acceder al módulo del RVIE y RCE, de las siguientes formas:

• SUNAT Operaciones en Línea
• Servicio Web API SUNAT
• Aplicativo Cliente SIRE

Vigencia: 1 de octubre de 2022.

A partir del 25 de marzo de 2022, entrará en vigor las disposiciones sobre los sujetos que deben presentar la Declaración del Beneficiario Final en los años 2022 o 2023. A través de la presente, se establece lo siguiente:

La declaración deberá contener la información del beneficiario final al último día calendario del periodo tributario; asimismo, los sujetos obligados serán los siguientes:

• Las personas jurídicas domiciliadas en el país, según lo establecido en el artículo 7 de la Ley del Impuesto a la Renta, en base al cálculo de sus ingresos netos:
  

  TRAMO	INGRESOS NETOS	PLAZO DE PRESENTACIÓN
  I	Más de 1000 UIT	Mayo de 2022
  II	Más de 500 UIT hasta 1000 UIT	Agosto de 2022
  III	Más de 300 UIT	Mayo de 2023

– Los entes jurídicos inscritos en el RUC hasta el 31 de diciembre de 2022, y que no se encuentren con baja de inscripción cuando les corresponda presentar la declaración.

Por otro lado, para calcular los ingresos netos, se debe tener en cuenta:

• Si la persona jurídica estaba comprendida en el régimen general del impuesto a la renta o en el régimen MYPE tributario, durante ejercicio gravable anterior al que corresponde presentar la declaración.
• Si en uno o más periodos del ejercicio gravable anterior, la persona jurídica hubiera estado acogida al Régimen Especial del Impuesto a la Renta, Régimen General del Impuesto a la Renta o Régimen MYPE tributario.

  A fin de establecer si la persona jurídica se encuentra comprendida en el tramo I o II, antes señalado, se deberá considerar la declaración jurada del IR correspondiente al ejercicio 2021 y las declaraciones mensuales de los periodos enero a diciembre de 2021, que se presentan hasta el 30 de abril de 2022, incluyendo las declaraciones rectificatorias que surtan efecto hasta dicha fecha. Asimismo, es importante tener en cuenta que la UIT aplicable será la correspondiente al año 2021.

• Por otro lado, tratándose del tramo III, debe considerarse la declaración jurada del IR correspondiente al ejercicio 2022 y las declaraciones mensuales de los periodos enero a diciembre de 2022 que se presenten hasta el 30 de abril de 2023, incluyendo las declaraciones rectificatorias que surtan efecto hasta dicha fecha. En este caso, la UIT correspondiente es la que entró en vigor en el año 2022.

A través de la Resolución de Superintendencia No. 00042-2022/SUNAT, publicado el 25 de marzo de 2022, se dispone aprobar el Documento de Organización y Funciones Provisional de la SUNAT.

En la presente, se incluirá la clasificación de Intendencias Regionales y Oficinas Zonales dependientes, la clasificación de Intendencias de Aduanas y unidades de organización dependientes, entre otros, según la dependencia jerárquica y la jurisdicción a nivel nacional. Asimismo, es importante tener en cuenta que, la publicación del anexo respectivo se realizará a través de la Plataforma Digital Única para Orientación al Ciudadano y en el Portal Institucional de la SUNAT.

Vigencia: 1 de mayo de 2022.

A partir del 1 de enero de 2023, entrará en vigor las modificaciones de la Ley del Impuesto a la Renta que se efectuaron en virtud del Decreto Legislativo No. 1537, referente a la flexibilización del plazo para la presentación de la comunicación de bienes exportados o importados, así como también la información que se debe registrar en dicha comunicación. De la misma manera, el Decreto Legislativo No. 1539, respecto a la incorporación de nuevos métodos para establecer el valor de mercado de los valores.

• En ese sentido, cuando nos referimos al plazo de presentación de comunicación, se establece lo siguiente:

  Con respecto a las operaciones de exportación o importación de bienes con cotización conocida en el mercado internacional, local o de destino, se determina que el contribuyente debe presentar una comunicación con carácter de declaración jurada hasta la fecha del inicio del embarque o desembarque. Asimismo, cuando nos referimos al caso de exportaciones, la comunicación podrá ser modificada hasta el tercer día hábil siguiente a la fecha del término del desembarque en el país de destino, o al término de embarque en el Perú, lo que suceda primero.

  Para poder realizar esta modificación, se requiere que la comunicación haya sido presentada con la información y documentación correspondiente, cumpliendo con el plazo establecido.

  Es importante tener en cuenta que el Reglamento se encargará de establecer que documentación puede recibir la modificación indicada previamente.

• Por otro lado, para considerar valor de mercado, en el caso de los valores se tendrá en cuenta el que resulte mayor entre el valor de transacción y el valor de cotización, solo si tales valores corresponden al mismo emisor.

  En caso no resulte aplicable el valor de cotización, se considerará valor de mercado a las acciones o participaciones representativas de capital, el que resulte mayor entre el valor de transacción y,

  1. El valor de mercado que obtenga de aplicar el método de flujo de caja descontado, el cual se aplica cuando se evidencie un horizonte previsible de flujos futuros. Este método no podrá ser aplicado si: a. el enajenante tiene una participación menor al 5% de acciones representativas del capital; o, b. los ingresos netos devengados en el ejercicio gravable anterior no superan los 1700 UIT.
  2. El valor de participación patrimonial, el cual se determina teniendo en cuenta:
     1. El valor del patrimonio de la persona jurídica se calcula sobre la base de su último balance auditado cerrado con anterioridad a la fecha de la enajenación de acciones.
     2. En caso no sea aplicable el punto anterior, se tiene que, para calcular el valor del patrimonio de la persona jurídica, el contribuyente elegirá efectuarlo sobre la base de uno de los siguientes métodos:
        • Último balance cerrado con anterioridad a la fecha de la enajenación de acciones representativas de capital, incrementado por la tasa activa de mercado promedio mensual en moneda nacional (TAMN).
        • El valor de tasación establecida dentro de los 6 meses anteriores a la fecha de enajenación de acciones representativas de capital.

El 26 de marzo de 2022 se publicó el Decreto Legislativo No. 1540, el cual dispone realizar modificaciones a la ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo y el Código Tributario con el fin de simplificar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes. Las principales modificaciones son las siguientes:

• Simplificar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes empleando el uso de herramientas tecnológicas.
• Obligación de llevar el registro de ventas e ingresos de forma electrónica mediante los sistemas establecidos por la Administración.
• Nuevo escenario para la emisión de órdenes de pago relacionados con pagos a cuenta de cuarta categoría. La Administración podrá emitir este tipo de valores basado los comprobantes de pago, las notas de débito y de crédito emitidos y de la información brindada por el deudor tributario, siempre que este haya informado la fecha de percepción del ingreso respectivo.
• Establecer y unificar los criterios para determinar la complejidad de los procedimientos contenciosos tributarios.
• Otorgar de forma preferencial mediante abono en cuenta, corriente o de ahorros, la devolución del Impuesto selectivo al Consumo para los transportistas que prestan el servicio de transporte terrestre, al que se refiere el Decreto de Urgencia No. 012-2019.

La presente norma entrará en vigor a partir del 27 de marzo de 2022, salvo lo relacionado con los registros de ventas e ingresos electrónicos (artículo 37° de la Ley del IGV) y las modificaciones relacionadas con la emisión de órdenes de pago que regirá a partir de 1 de julio del 2024.

A partir del 1 de enero de 2023 entrará en vigor el Decreto Legislativo No. 1541, el cual dispone realizar modificaciones a la Ley del Impuesto a la Renta con el fin de perfeccionar el tratamiento tributario aplicable a los contratos de asociación y participación. Las principales modificaciones son las siguientes:

• Se incluye dentro del concepto de enajenación a la “contribución de bienes en un contrato de asociación en participación”.
• Buscar el perfeccionamiento del tratamiento tributario aplicable a los contratos de asociación en participación, donde se establece que la participación del asociado será considerada como dividendo, con lo cual se acoge el criterio de observancia obligatoria desarrollado por el Tribunal Fiscal en la Resolución Nro. 02398-11-2021.
• A partir de ello, el gasto no será deducible para el asociante y éste tendría la obligación de retener el impuesto, en los casos en que corresponda.
• En tal sentido, los contratos de asociación en participación tienen el tratamiento que se indica a continuación:
  1. Las contribuciones del asociado se encuentran gravadas con el Impuesto a la Renta, de conformidad con las disposiciones que regulan el referido impuesto.
  2. La participación del asociado no constituye costo o gasto deducible para el asociante.
  3. La obligación de retener a que se refiere los artículos 73-A y 76 de la Ley también es aplicable a los asociantes, respecto de las utilidades que distribuyan a favor de los asociados cuando estos sean personas naturales, sucesiones indivisas o sociedades conyugales que optaron por tributar como tales, domiciliadas en el país, o personas no domiciliadas en el país, respectivamente. La obligación de retener nace cuando los dividendos y otras formas de distribución de utilidades se pongan a disposición en efectivo o en especie.
  4. El asociante debe registrar en subcuentas especiales las operaciones del negocio objeto del contrato de asociación en participación.
  5. Las demás disposiciones de la presente Ley y su reglamento se aplican en tanto no se opongan a lo establecido en los incisos precedentes.

Por medio de la Resolución de Superintendencia No. 000047-2022/SUNAT, publicada el 26 de marzo de 2022, se establece la forma, plazo y condiciones en que se debe poner a disposición de la SUNAT la base de datos a que se refiere el numeral 5.8 del artículo 5 del Reglamento del Decreto de Urgencia No. 012-2019.

A partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente resolución, el MTC pone a disposición de la SUNAT la base de datos, a través del aplicativo del MTC. Asimismo, el MTC deberá mantener actualizada la información contenida en la base de datos y permite que la SUNAT pueda acceder a ella en línea y en forma permanente.

Vigencia: 29 de marzo de 2022.

A partir del 1 de abril de 2022 entrará en vigor el Decreto Supremo No. 030-2022, el cual dispone prorrogan el estado de emergencia nacional con el fin de proteger los derechos fundamentales a la vida y a la salud de los(as) peruanos(as), frente al COVID19. Las principales disposiciones son las siguientes:

• Por el plazo de 30 días calendarios, se prorrogará el Estado de Emergencia Nacional.
• Durante el periodo de Estado de Emergencia, se suspenden algunos derechos Constitucionales, entre ellos tenemos los relacionados a la libertad, la seguridad personal, la inviolabilidad del domicilio, la libertad de reunión y la libertad de tránsito en el territorio.
• Para circular por las vías de uso público y en los lugares cerrados, es obligatorio el uso de una mascarilla KN95 o en su defecto una mascarilla quirúrgica de tres pliegues y encima otra mascarilla comunitaria (tela).
• Las personas que hayan sido sancionadas con multa por el incumplimiento a las disposiciones sanitarias, al estado de emergencia, y no las hayan pagado estarán impedidas de realizar cualquier trámite ante alguna entidad del estado.
• Con relación al trabajo presencial, los trabajadores deberán contar con las tres dosis de vacunación a partir del 1 de abril del presente, y en caso no las tuvieran, existen las siguientes opciones:
  1. Trabajo remoto.
  2. Licencia sin goce (sin acuerdo).
  3. Licencia con goce recuperable (requiere acuerdo.)

Vigencia: 1 de abril de 2022.

El Tribunal Fiscal a través de su Resolución de Observancia Obligatoria N° 01705-4-2022 establece el siguiente criterio:

“El cómputo del término prescriptorio respecto de los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta de tercera categoría se inicia el 1 de enero del año siguiente a la fecha en que son exigibles, conforme con el numeral 2 del artículo 44 del Código Tributario”

Al respecto, la recurrente presentó las declaraciones juradas de los pagos a cuenta del IR de enero a noviembre de 2013 oportunamente, por lo que el plazo prescriptorio de la acción de la Administración para determinar tales obligaciones tributarias, es de 4 años, en cada caso. Por su parte, la Administración denegó la solicitud indicando que según el numeral 1 del artículo 44 del Código Tributario, el cómputo de los plazos prescriptorios (4 años) de la acción para determinar los pagos a cuenta del IR se inició el 1 de enero de 2015.

En ese sentido, el Tribunal Fiscal ha identificado que el criterio es recurrente, por lo que debe ser establecido como criterio de carácter vinculante, siguiendo el procedimiento del Acuerdo de Reunión de Sala Plena No. 2022-01 de fecha 22 de febrero de 2022; concluyendo que, en el presente caso, el cómputo de los plazos de prescripción se inició el 1 de enero de 2014, de conformidad con el numeral 2 del artículo 44 del Código Tributario; y culminaría, de no existir causales de interrupción y/o suspensión, el primer día hábil de 2018, careciendo de sustento lo alegado por la Administración.

El Tribunal Fiscal a través de la Resolución No. 6372-5-2019, ha señalado lo siguiente:

La SUNAT, durante la etapa de reclamación cambio su fundamento, la cual, le habría servido en un primer momento como sustento, para declarar improcedente la solicitud de devolución del saldo a favor del impuesto a la renta, regularización rentas de trabajo correspondiente al ejercicio 2017 presentado por el recurrente.

Al respecto, el recurrente presentó a través del Formulario 1649, la solicitud de devolución del saldo a favor del IR-Persona Natural- Rentas del Trabajo del ejercicio 2017. Por otro lado, la SUNAT, denegó la solicitud indicando que en su sistema informático figuraba que el crédito hipotecario no había sido identificado por los bancos como primera venta.

En ese sentido, no se ajusta al procedimiento legal establecido, el hecho que la Administración haya modificado el fundamento que sirvió para declarar la improcedencia de la solicitud, por lo que corresponde declarar la nulidad de la apelada en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 109 del Código Tributario.

El Tribunal Fiscal, a través de la Resolución No. 8512-3-2019 señala lo siguiente respecto a la moneda aplicable para la presentación de Estados Financieros:

• El artículo 87 del Código Tributario indica que, los contribuyentes domiciliados se encuentran obligados a llevar sus libros y registros en castellano y expresados en moneda nacional, salvo supuesto de excepción.
• Por otro lado, el artículo 223 de la Ley General de Sociedades, indica que los estados financieros deberán ser presentados respetando los principios de contabilidad aceptados en el país.

  Por lo que, al analizar la NIC 21, entendemos que se permite que los estados financieros se presenten en una moneda que no corresponda a la moneda funcional, por lo que en el caso de las empresas domiciliadas en el Perú sujetas al Código Tributario, deberán llevar sus libros y registros en moneda nacional, y por ende, sus estados financieros en dicha moneda.

• Para finalizar, se concluye que la NIC 21 precisa que en aquellas jurisdicciones en las que se obligue a llevar los libros y presentar los estados financieros en moneda local, las empresas deben omitir el empleo de la moneda funcional, porque la contabilidad es única y corresponde a la moneda de curso legal del país.

En ese sentido, el Tribunal Fiscal confirmó la resolución de intendencia, toda vez que se ha señalado que de acuerdo con el artículo 223 de la LGS y la NIC 21, el contribuyente se encontraba obligada a llevar los libros y presentar los estados financieros en la moneda local y porque la circunstancia de llevar una moneda funcional no tiene incidencia en los libros y registros vinculados con asuntos tributarios.

A través de la Resolución No. 04968-1-2020, el Tribunal Fiscal, se pronuncia sobre la controversia si los acuerdos societarios adoptados y ejecutados por la recurrente y sus accionistas son considerados como actos de simulación.

En el presente caso, el contribuyente y sus socios llevarán a cabo tres acuerdos societarios en la misma fecha:

• Aumento de capital
• Capitalización de la prima
• Reducción del capital

Al respecto, la Administración califica como operaciones simuladas al carecer de sustento económico, así como también señala que la recurrente mantuvo el mismo importe en su capital social. En ese sentido, el Tribunal Fiscal confirmó la Resolución basándose en los siguientes argumentos:

• A pesar de la solicitud por parte de la Administración, la recurrente no sustenta fehacientemente el incremento de capital, ni las reducciones tributarias.
• Asimismo, referente a la simulación, el Tribunal Supremo Español en la sentencia de TS, sala 3, menciona que: La simulación supone la creación de la una realidad jurídica aparente (simulada) que oculta una realidad jurídica distinta (subyacente) o que oculta la inexistencia del acto o negocio jurídico. La simulación conlleva la ocultación de la realidad, un engaño que por su propia naturaleza ha de ser intencionado, (…), cuando se ha realizado con la finalidad de evitar o disminuir el pago del impuesto.
• En ese sentido, se concluye que, la realidad jurídica aparente (simulada) es un aumento y reducción de capital social tratada tributariamente como una distribución de dividendos, mientras que la realidad jurídica subyacente es una transferencia de acciones emitidas por una persona jurídica domiciliadas en el país por parte de sujetos no domiciliados, que debe ser tratada tributariamente como tal.
• En el presente caso, las operaciones societarias de aporte de capital, y su reducción, para efecto tributarios constituye una transferencia de acciones en la que la recurrente participo como intermediario.

En el presente caso, la recurrente indica que las remuneraciones pagadas a sus directores no son un gasto ajeno al negocio o gastos de cargo de los accionistas o sus familiares. Al respecto, la Administración en base al inciso m) del artículo 37 de la LIR, menciona que las dietas de directores que exceden el límite de 6% de la utilidad son gastos cuya deducción está prohibida por ley, los cuales constituyen disposición de renta no susceptible de posterior control tributario por cumplir con la condición de haber beneficiado a los accionistas de manera directa e indirecta.

Asimismo, sostiene que, al constituirse una disposición indirecta de renta no susceptible de posterior control tributario, tales desembolsos se encuentran afectos a la Tasa Adicional del 4,1%, amparándose en el inciso g) del artículo 24-A de la Ley del Impuesto a la Renta.

En ese contexto, el Tribunal Fiscal mediante la Resolución No. 05110-3-2020 revocó la Resolución de Intendencia apelada y dejó sin efecto la Resolución de Multa, en base a los siguientes argumentos:

• Es importante tener en cuenta que, el reconocimiento del reparo por exceso de remuneraciones de directores, mediante la presentación de una declaración jurada no autoriza a la aplicación de la Tasa Adicional del Impuesto a la Renta, debido a que la referida adición puede ser materia de posterior control tributario, conforme con el artículo 61 del Código Tributario, y lo señalado en las Resoluciones No. 13887-4-2014 y 01215-9-2014, es por ello que queda excluido del supuesto de hecho del artículo 24-A de la Ley del Impuesto a la Renta.

  En tal sentido, la aplicación de la Tasa Adicional del IR en el presente caso no se encuentra conforme a ley.

• En ese sentido, el exceso de dietas de directorio pagados a accionistas y familiares vinculados, califican como disposición de rentas no susceptibles de posterior control tributario, ya que se encuentra prohibida por ley. Asimismo, son susceptibles de beneficiar de manera indirecta a dichos accionistas y familiares, cabe señalar que, conforme al criterio jurisprudencial antes mencionado, la referida tasa adicional solo es aplicable respecto de aquellos desembolsos cuyo destino no puede ser acreditado fehacientemente, lo que no sucede en el presente caso.

Mediante el Proyecto de Ley No. 1513/2021-CR presentado el 23 de marzo de 2022, se propone autorizar a las entidades del sistema financiero, la apertura de cuentas de ahorros previsionales intangibles e inembargables, asimismo, el traslado del saldo a favor total acumulado y la rentabilidad generada, administrados por las AFP.

La presente tiene como fin establecer el marco legal para la apertura de cuentas de ahorros previsionales en entidades del sistema financiero a solicitud expresa y voluntaria de los afiliados activos y pasivos del Sistema Privado de Pensiones.

A través de la Resolución Ministerial No. 0086-2022-MIDAGRI, publicado el 12 de marzo de 2022, dispone aprobar el Reglamento de Uso de la marca de certificación ‘’Agricultura Familiar del Perú’’.

En la presente se establece que, la Dirección General de Asociatividad, Servicios Financieros y Seguros, será el órgano competente que tendrá la facultad de expedir el certificado, así como de suspender y cancelar la licencia de uso. Asimismo, deberá establecer los lineamientos necesarios para viabilizar la aplicación del Reglamento.

Vigencia: 22 de marzo de 2022.

A través de la Resolución de Superintendencia Nº 154-2022-SUNAFIL, publicada el 16 de marzo del 2022, se designa a la señora Flor Marina Cruz Rodríguez, a ocupar el puesto de Intendente Regional de la Intendencia de Lima Metropolitana de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral.

Vigencia: 17 de marzo de 2022.

Mediante Resolución Ministerial No. 062-2022-TR, publicado el 18 de marzo de 2022, dispone la incorporación del literal h), al numeral 3.1 del artículo 3 de la Resolución Ministerial No. 275-2021-TR, donde se delegan las facultades y atribuciones en diversos funcionarios del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, para el Ejercicio Fiscal 2022, quedando de la siguiente manera:

‘’h) Aprobar las modificaciones al Cuadro Multianual de Necesidades (CMN) con la finalidad de realizar la inclusión y/o exclusión de necesidades de las áreas usuarias, en el marco de la Directiva No. 0005-2021-EF/54.01, ‘’Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras’’, aprobada por Resolución Directoral No. 014-2021-EF/54.01.’’

Vigencia: 19 de marzo de 2022.

A través del Decreto Legislativo No. 1531, publicado el 19 de marzo de 2022, con el fin de fomentar una mayor competencia en la prestación del servicio de transporte y custodia de dinero y valores, fortalecer la solvencia y estabilidad del sistema financiero, la optimización de procesos en dichas entidades, entre otras.

Asimismo, establece que las empresas pueden realizar de manera digital todas las operaciones para las que se encuentran autorizadas.

Vigencia: 20 de marzo de 2022.

Por medio de la Resolución de Superintendencia No. 000039-2022/SUNAT, publicado el 19 de marzo de 2022, se dispone la modificación a la declaración y pago de aportes a la ONP como consecuencia de nulidades de afiliación al Sistema Privado de Pensiones.

En el presente se establece que, el formulario virtual No. 0605 se presenta a traves de SUNAT virtual, para lo cual AFP debe ingresar al servicio ‘’Mis declaraciones y pagos’’, ubicar el formulario antes mencionado, e indicar el periodo tributario correspondiente. Al llegar al pago del importe determinado, se puede dar:

1. Mediante débito en cuenta
2. Mediante tarjeta de crédito o débito
3. Se puede cancelar el importe en los bancos habilitados utilizando el número de pago SUNAT
4. Después de presentar la declaración, se puede realizar el pago a través del Sistema de Pago Fácil

Vigencia: 20 de marzo de 2022.

A través del Decreto Supremo No. 003-2022-MIDAGRI, publicado el 19 de marzo de 2022, dispone declarar en emergencia el sector agrario y de riego a nivel nacional, por un plazo de 120 días calendario, debido a los efectos generados por la COVID-19, el incremento de los precios de insumos agrarios a nivel internacional y agravado por los conflictos internacionales que impactan negativamente en el agro peruano, en la economía nacional y la seguridad alimentaria.

Asimismo, por medio del presente se establece que el Plan de Emergencia Agrario, será aprobado en un plazo de 10 días hábiles contados del 20 de marzo de 2022.

Vigencia: 20 de marzo de 2022.

A través de la Ley No. 31435, publicado el 22 de marzo de 2022, dispone la modificación del Código de Protección y Defensa del Consumidor, reduciendo el plazo de atención de reclamos de los consumidores.

En el presente, se establece que los proveedores están obligados a atender los reclamos presentados por sus consumidores y dar respuesta a los mismos en un plazo no mayor de 15 días hábiles improrrogables.

Vigencia: 21 de mayo de 2022.

Mediante el Decreto Legislativo N° 1536, publicado el 24 de marzo de 2022, dispone regular la extinción de las sociedades por prolongada inactividad, y establece disposiciones adicionales relacionadas con la conservación de libros, registros y demás documentación de las sociedades.

En la presente, se establece que el responsable de la custodia de dicha documentación, por un plazo de 5 años contabilizados a partir del 1 de enero del año siguiente al que se inscribe la extinción.

Vigencia: 25 de marzo de 2022

A través de la Resolución No. 148-2022-SUNAFIL/TFL-Primera Sala de fecha 15 de febrero de 2022, se declaró fundado el recurso de revisión interpuesto por CORPORACIÓN HERCULES SEGURIDAD S.R.L.

Al respecto, la SUNAFIL a través de sus actuaciones inspectivas sancionó a la empresa con una infracción muy grave a las relaciones laborales, por no contar con un registro de control de asistencia del periodo 01.12.2016 al 30.12.2019, tipificada en el numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT. Ante ello, la impugnante interpuso Recurso de Revisión, el cual posteriormente fue resuelto por el Tribunal de Fiscalización Laboral en base a los siguientes argumentos:

• La finalidad del Registro de Control de Asistencia es tener un control permanente de las horas laboradas por los trabajadores que se consignarán de manera personal. Además, sirve para llevar la contabilidad de las labores en horas extras a la jornada de trabajo, las cuales deben ser remuneradas por los empleadores conforme a ley.
• En el presente caso, la impugnante señala que no se encontraba en la obligación de llevar registro de control de asistencia respecto del trabajador, debido a que se desempeña en el cargo de vigilante, no encontrándose sometido a supervisión inmediata.
• Sobre el particular, el Convenio N° 30 de la OIT ha previsto que los reglamentos de la autoridad pública pueden determinar cómo excepciones a la jornada laboral máxima “ciertas clases de personas cuyo trabajo sea intermitente, a causa de la naturaleza del mismo, como, por ejemplo, los conserjes y las personas empleadas en trabajos de vigilancia y conservación de locales y depósitos”Así mismo, el Decreto Legislativo N° 854, Ley de jornada de trabajo, horario y trabajo en sobretiempo, señala expresamente como no comprendidos en la jornada máxima de trabajo a quienes “prestan servicios intermitentes de espera, vigilancia o custodia”, debiéndose entender como trabajo intermitente, aquél en el cual regularmente el servicio efectivo se presta de manera alternada con lapsos de inactividad.
• En ese sentido, si los servicios intermitentes son brindados durante el día, no existe obligación de llevar el control de asistencia, ya que no están sujetos a la jornada máxima. En conclusión, sólo resultará válido la aplicación de la jornada máxima de trabajo, y por ende su control bajo el registro de asistencia, ante la presencia del desarrollo permanente y continuo del servicio de vigilancia.

En atención al abandono de trabajo como causal de despido, la Casación No. 4993-2016 Del Santa, ha señalado lo siguiente:

“El inciso h del artículo 25 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo No. 728, menciona que: ‘’Son faltas graves, el abandono de trabajo por más de 3 días consecutivos, las ausencias injustificadas por más de 5 días en un periodo de 30 días calendario, (…), lo que denota que el trabajador tiene una conducta tendiente a incumplir el contrato de trabajo por sí mismo’’.

Al respecto, la Sala Suprema declaró infundado el recurso de casación, teniendo en cuenta lo siguiente:

• Se menciona que el despido debe estar fundado en una causa justa, por lo que se limita el poder que tiene el empleador, dentro del elemento de la subordinación; en ese sentido, la causa justa se determina en dos ámbitos: a. relacionadas con la capacidad del trabajador; y, b. relacionadas con la conducta del trabajador (aquí encontramos la comisión de falta grave).
• Asimismo, a través del artículo 37 del Decreto Supremo No. 001-96-TR, se entiende que la ausencia de trabajo adquiere relevancia tipificándose como falta grave, únicamente cuando es injustificada.
• Cabe recordar que, para el despido por falta grave se requiere que el empleador cumpla con el procedimiento correspondiente, el cual se divide:
  1. Remitir carta de preaviso de despido;
  2. El empleador puede exonerar al trabajador de su obligación de asistir al centro de trabajo, siempre que no perjudique su derecho de defensa; y
  3. Comunicación por escrito al trabajador del despido.

En ese sentido, se acredita que la demandada cumple con el procedimiento de despido, por lo que corresponde determinar que no se trata de un despido fraudulento, debido a que los hechos no son inexistentes.

El Proyecto de Ley No. 1462/2021-CR presentado el 11 de marzo de 2022, propone la modificación del Decreto Legislativo 688, Ley de Consolidación de Beneficios Sociales, con la finalidad de precisar a los beneficiarios del trabajador con vínculo de parentesco por consanguinidad.

En ese sentido, proponen la modificación del artículo 1 del Decreto Legislativo 688, cuyo texto será el siguiente:

‘’Artículo 1.- El trabajador tiene derecho a un seguro de vida a cargo de su empleador, a partir del inicio de la relación laboral.

El seguro de vida es de grupo o colectivo y se toma en beneficio del cónyuge o conviviente a que se refiere el artículo 326 del Código Civil y de los descendientes; solo a falta de éstos corresponde a los ascendientes, hermanos menores y mayores de edad.

El Proyecto de Ley No. 1486/2021-CR presentado el 16 de marzo de 2022, propone la habilitación de aportes de los peruanos residentes en el extranjero con fines previsionales y que amplía las inversiones de las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (AFP) en el exterior.

El presente proyecto tiene como fin que los peruanos residentes en el extranjero tengan la posibilidad de abrir una Cuenta Individualizada de Capitalización (CIC) en cualquiera de las AFP que operen en el país; así como también, poder continuar con los aportes a sus CIC ya existentes, desde el extranjero sin límite alguno.

El Proyecto de Ley No. 1503/2021-CR presentado el 21 de marzo de 2022, propone la creación de un programa de promoción laboral, así como también, determina la supervisión de la cuota de empleo para las personas con discapacidad; ello con el objetivo de garantizar el acceso a las personas con discapacidad a la totalidad de los derechos y beneficios que les corresponden.

El Proyecto de Ley No. 1522/2021-CR presentado el 25 de marzo de 2022, propone la derogación del Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley No. 29245 y del Decreto Legislativo No. 1038, que regulan los servicios de tercerización.