Primera quincena de julio 2024

NOVEDADES NORMATIVAS TRIBUTARIAS

1.- Aprueban otras disposiciones para la aplicación del Marco de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público en la preparación de la información financiera

Con fecha 28 de junio del 2024 se emitió la Resolución Directoral N° 009-2024-EF/51.01, mediante la cual se aprueban “Otras Disposiciones para la aplicación del marco de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP) en la preparación de la Información Financiera”, que como Anexo forma parte integrante de la Resolución.

De otro lado, se dispone la publicación de la Resolución Directoral y su Anexo en la sede digital del Ministerio de Economía y Finanzas (www.gob.pe/mef.

Comentarios de Luis Mendoza – Jefe del Área Legal:

Correspondía emitir disposiciones que permitan la aplicación del Marco NICSP para la preparación de la información financiera, teniendo en cuenta que dicho marco contiene principios de aplicación general que son fundamentales para llevar a cabo el proceso contable, sin constituir normas específicas para la realidad de cada país o entidad. Asimismo, estos principios brindan opciones de tratamiento contable siendo necesario que la Dirección General de Contabilidad Pública defina el que se aplica, de forma que contribuyan con la uniformidad de criterios para la preparación de las rendiciones de cuentas por parte de las entidades del Sector Público con fines de la elaboración de la Cuenta General de la República.

Vigencia: 29 de junio del 2024.

2.- Decreto de Urgencia que establece medidas excepcionales y temporales en materia económica y financiera para evitar que la contracción del crédito afecte la reactivación económica

Con fecha 29 de junio del 2024 se publicó el Decreto de Urgencia N° 012-2024, mediante el cual se pretende ampliar plazo de acogimiento de los créditos al Programa Impulso Empresarial MYPE (IMPULSO MYPERU) y otorgar facilidades de pago para los beneficiarios del Fondo de Apoyo Empresarial a las MIPYME del Sector Turismo (FAE-TURISMO); con la finalidad de promover el financiamiento empresarial y pago de obligaciones financieras y revertir los efectos de la contracción del crédito que afectan la reactivación económica.

Comentarios de Luis Mendoza – Jefe del Área Legal:

Resultaba necesario aprobar medidas urgentes en materia económica y financiera, que permitan continuar promoviendo el financiamiento de todas las empresas en el país, facilitando recursos financieros para sus actividades y puedan afrontar los efectos negativos de la disminución de otorgamiento de créditos a las empresas del país, evitando que la contracción del crédito, que es transversal a todos los sectores, afecte a la reactivación económica.

Vigencia: 30 de junio al 31 de diciembre del 2024.

3.- Modifican el ISC aplicable a los bienes del nuevo apéndice IV de la Ley del IGV e ISC

Con fecha 30 de junio del 2024 se publicó el Decreto Supremo N° 115-2024-EF, por el cual se modifica el ISC aplicable a las cervezas (identificadas con la partida arancelaria 2203.00.00.00), el cual será el siguiente: 0,047% UIT por litro. La regulación bajo comentario se encuentra contenido en el Literal B del Nuevo Apéndice IV de la Ley del IGV e ISC.

Comentarios de Luis Mendoza – Jefe del Área Legal:

Debe recordarse que el artículo 61° de la Ley del IGV e ISC establece que, por Decreto Supremo refrendado por el ministro de Economía y Finanzas, se podrán modificar las tasas y/o montos fijos, así como los bienes contenidos en los Apéndices III y/o IV.

En ese sentido, se ha considerado conveniente modificar el ISC aplicable a los bienes comprendidos en los Literales B del Nuevo Apéndice IV.

Vigencia: 30 de junio al 31 de diciembre del 2024.

4.- Se modifican las disposiciones reglamentarias de la Ley del RUC

Con fecha 30 de junio del 2024 se publicó la Resolución de Superintendencia N° 000130-2024/SUNAT, la cual establece que:

Antecedentes:

  • Mediante el Decreto Legislativo Nº 1524 se modificó, entre otros, el inciso d) del artículo 2 de la Ley del Registro Único de Contribuyentes (“RUC”), para establecer que deben inscribirse en dicho registro los sujetos que por el tipo, cantidad o valor de los bienes de su propiedad o por el tipo o valor de los servicios que consumen, la SUNAT considere necesaria su incorporación al registro.
  • El referido Decreto Legislativo también modificó el artículo 6° de la Ley del RUC, para señalar que la facultad de la SUNAT de regular mediante Resolución de Superintendencia las personas obligadas a inscribirse en el RUC y las exceptuadas de dicha obligación, incluye, entre otros, la de señalar los bienes o servicios que se consideran para efecto del citado inciso d) y, de ser el caso, su valor, la fecha en que se determina dicho valor y su forma de valorización, y/o la cantidad de bienes y la fecha en que esta se determina, que generan la obligación de inscribirse en el registro.
  • De otro lado, a través de la Resolución de Superintendencia Nº 210-2004/SUNAT se aprobaron las disposiciones reglamentarias de la Ley del RUC. En ese sentido, el 30 de junio del 2024 se publicó la Resolución de Superintendencia N° 000130-2024/SUNAT, con el fin de modificar la Resolución de Superintendencia Nº 210-2004/SUNAT, para incorporar nuevos supuestos que originan la inscripción en el RUC, en aplicación de lo dispuesto en el inciso d) del artículo 2° de la Ley del RUC, así como delimitar el alcance de la excepción a la obligación de inscribirse en el RUC que contempla el inciso b) del primer párrafo del artículo 3° de dicha resolución; a fin de mejorar el cumplimiento tributario y la lucha contra la evasión tributaria.

Principales disposiciones:

  • Artículo 2°, inciso d)

    Se encuentran obligados a inscribirse en el RUC los sujetos que realicen los procedimientos, actos u operaciones indicados en el Anexo Nº 6 y en el artículo 2°-C.

  • Artículo 2°-C

    Debe inscribirse en el RUC la persona natural domiciliada en el país que al 31 de diciembre de un año: (a) No se encuentre inscrita en el RUC; (b) No tenga la calidad de contribuyente y/o de responsable de tributos administrados y/o recaudados por la SUNAT, salvo que se encuentre comprendido en las excepciones del artículo 3°; y (c) Haya realizado durante ese año adquisiciones de bienes sujetas al régimen de percepciones del impuesto general a las ventas a que se refiere la Ley Nº 29173 que superen el límite de 10 UIT.

    Para efecto del límite señalado en el inciso c) del párrafo anterior, se consideran:

    1. Las adquisiciones de bienes respecto de las cuales se hayan emitido al 31 de diciembre de un año los comprobantes de percepción correspondientes.
    2. Los precios de venta de los bienes respecto de los cuales se determina el importe de la percepción conforme a la normativa de la materia. Para ello, se entiende por precio de venta a la suma que incluye el valor de venta y los tributos que graven la operación.

      Si los precios de venta se encuentran expresados en moneda extranjera, se debe realizar la conversión a moneda nacional utilizando el tipo de cambio promedio ponderado venta, publicado por la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, vigente a la fecha en que se haya efectuado la percepción conforme a la normativa de la materia. En los días en que no se publique el referido tipo de cambio, se utiliza el último publicado.

    3. Las notas de débito y notas de crédito emitidas al 31 de diciembre del ejercicio fiscal que hayan modificado los comprobantes de pago que acrediten las adquisiciones de bienes materia de percepción.

      La condición de domiciliado en el país es la que se tiene al 1 de enero del año siguiente a aquel que se utiliza para determinar si se configura el supuesto a que se refiere el presente artículo y se establece de acuerdo con lo previsto en la normativa que regula el Impuesto a la Renta.

  • Artículo 2-A

    Debe inscribirse en el RUC la persona natural o sucesión indivisa domiciliada en el país que al 31 de diciembre de un año: a) No se encuentre inscrita en el RUC; b) No tenga la calidad de contribuyente y/o de responsable de tributos administrados y/o recaudados por la SUNAT, salvo que se encuentre comprendido en las excepciones del artículo 3; y, c) Sea propietaria de 5 o más predios rústicos y/o urbanos ubicados en el país y/o en el extranjero, cuyo valor en conjunto sea mayor a 126 UIT.

    Para efecto del presente artículo:

    1. Se entiende por predios a los terrenos, incluyendo los terrenos ganados al mar, a los ríos y a otros espejos de agua, así como a las edificaciones e instalaciones fijas y permanentes que constituyan partes integrantes de dichos predios, que no pudieran ser separadas sin alterar, deteriorar o destruir la edificación.

      Se considera también como un único predio aquellos destinados exclusivamente a estacionamiento vehicular y/o a cuarto de depósito, siempre que el propietario sea, a su vez, propietario de un predio destinado a un fin distinto a los anteriores, y que junto con los destinados a estacionamiento vehicular y/o cuarto de depósito se encuentren ubicados en una misma edificación y estén comprendidos en el Régimen de Unidades Inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y de Propiedad Común regulado por el Título III de la Ley de Regularización de Edificaciones, del Procedimiento para la Declaratoria de Fábrica y del Régimen de Unidades Inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y de Propiedad Común.

    2. La condición de domiciliado en el país es la que se tiene al 1 de enero del año siguiente a aquel que se utiliza para determinar si se configura el supuesto a que se refiere el presente artículo y se establece de acuerdo con lo previsto en la normativa que regula el Impuesto a la Renta.
    3. Para la determinación del valor de los predios se debe considerar:
      1. Tratándose de los predios ubicados en el país, al de autoevalúo correspondiente al año que se utiliza para determinar si se configura el supuesto a que se refiere el presente artículo. Para este efecto, se entiende por auto avalúo a la base imponible sobre la cual se calcula el impuesto predial de conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley de Tributación Municipal, aun cuando el sujeto se encuentre exonerado o inafecto de dicho tributo, sin las deducciones a la base imponible previstas en los artículos 18 y 19 de la referida ley, ni ninguna otra que se establezca respecto del impuesto predial.
      2. Tratándose de los predios ubicados en el extranjero, al valor sobre el cual se calcula el impuesto que grave la propiedad del predio en el país donde el mismo se encuentre ubicado, correspondiente al año a que se refiere el acápite i., sin considerar ninguna deducción. De no existir dicho valor, se considera como tal el valor de adquisición del predio.

      Si el valor del predio está expresado en moneda extranjera, debe ser convertido a moneda nacional utilizando el tipo de cambio promedio ponderado compra, publicado por la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones vigente al 31 de diciembre del año a que se refiere el acápite i, o en su defecto, el último publicado.

      En caso la referida superintendencia no publique un tipo de cambio para dicha moneda extranjera esta debe convertirse a dólares de los Estados Unidos de América, y luego ser expresada en moneda nacional. Para la conversión de la moneda extranjera a dólares se utiliza el tipo de cambio compra del país donde se encuentre ubicado el predio, mientras que para la conversión de dólares a moneda nacional se debe utilizar el tipo de cambio promedio ponderado compra, publicado por la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones. Ambos tipos de cambio son los vigentes al 31 de diciembre del año al que alude el acápite i. o, en su defecto, el último publicado.

    4. El predio en copropiedad es computado por cada copropietario como un predio, en cuyo caso, el valor que debe considerar cada copropietario debe corresponder al porcentaje de su participación.

      A los predios que califiquen como bienes sociales a que se refiere el artículo 310 del Código Civil, se les da el tratamiento de la copropiedad.

  • Artículo 2-B

    Debe inscribirse en el RUC la persona natural o sucesión indivisa domiciliada en el país que al 31 de diciembre de un año: a) No se encuentre inscrita en el RUC; b) No tenga la calidad de contribuyente y/o de responsable de tributos administrados y/o recaudados por la SUNAT, salvo que se encuentre comprendido en las excepciones del artículo 3; y, c) Sea propietario de acciones o participaciones en sociedades constituidas en el país o en el extranjero cuyo valor en conjunto sea mayor a 100 UIT.

    Para efecto del presente artículo:

    1. Se entiende por:
      1. Sociedades constituidas en el país: a las personas jurídicas a que se refiere la Ley General de Sociedades, incluyendo aquellas sociedades que se constituyen en aplicación de lo dispuesto en una norma con rango de ley, así como las reguladas por el Decreto Legislativo Nº 1409, Decreto legislativo que promociona la formalización y dinamización de micro, pequeña y mediana empresa mediante el régimen societario alternativo denominado sociedad por acciones cerrada simplificada, que se encuentren inscritas en el Registro de Personas Jurídicas a cargo de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos.
      2. Sociedades constituidas en el extranjero: a aquellas personas jurídicas con fines de lucro que se constituyan de acuerdo con la normativa que resulte aplicable en el lugar en que se produce dicha constitución y cuyo capital se encuentre representado por acciones o participaciones, cualquiera sea la denominación que se les dé.
    2. La condición de domiciliado en el país es la que se tiene al 1 de enero del año siguiente a aquel que se utiliza para determinar si se configura el supuesto a que se refiere el presente artículo y se establece de acuerdo con lo previsto en la normativa que regula el impuesto a la renta.
    3. El valor de las acciones o participaciones se computa de acuerdo con lo siguiente:
      1. Tratándose de aquellas cotizadas en alguna bolsa o mecanismo centralizado de negociación, ubicados o no en el país, se considera el valor de cotización al cierre del 31 de diciembre del año que se utiliza para determinar si se configura el supuesto a que se refiere el presente artículo. En caso no exista valor de cotización en dicha fecha, se debe tomar el último valor de cotización con el que se cuenta.

        Si las acciones o participaciones se cotizan en más de una bolsa o mecanismo centralizado de negociación, se considera el mayor valor de cotización que resulte de lo señalado en el párrafo anterior.

      2. En el caso de aquellas no cotizadas en alguna bolsa o mecanismo centralizado de negociación se considera el valor de adquisición de la acción o participación o su valor nominal al 31 de diciembre del año a que se refiere el acápite anterior, el que resulte mayor.
      3. Si las cotizaciones, el valor de adquisición o el valor nominal a que se refieren los acápites previos están expresados en moneda extranjera, deben ser convertidos a moneda nacional utilizando el tipo de cambio promedio ponderado compra, publicado por la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones vigente al 31 de diciembre del año a que se refiere el acápite i., o en su defecto, el último publicado.

      En caso la referida superintendencia no publique un tipo de cambio para dicha moneda extranjera, esta debe convertirse a dólares de los Estados Unidos de América, y luego ser expresada en moneda nacional. Para la conversión de la moneda extranjera a dólares se utiliza el tipo de cambio compra del país donde se ubica la bolsa o mecanismo centralizado de donde se haya obtenido el valor de cotización o, de no existir cotización, del país donde se ha constituido la sociedad, mientras que para la conversión de dólares a moneda nacional se debe utilizar el tipo de cambio promedio ponderado compra, publicado por la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones. Ambos tipos de cambio son los vigentes al 31 de diciembre del año al que alude el acápite i. o, en su defecto, el último publicado.

    4. Cuando las acciones o participaciones tengan más de un propietario, cada uno de ellos debe considerar la parte proporcional del valor de la acción o participación que le corresponda.

      A las acciones o participaciones que califiquen como bienes sociales a que se refiere el artículo 310 del Código Civil, se les da el tratamiento de la copropiedad.

    5. Tratándose de acciones y/o participaciones que pertenecían a una persona natural fallecida y, por la cual, al 31 de diciembre del año que se utiliza para determinar si se configura el supuesto a que se refiere el presente artículo, existe una sucesión indivisa, el valor de dichas acciones y/o participaciones se considera como de la sucesión indivisa.
  • Artículo 3°-A
    No se aplica la excepción de inscribirse en el RUC, regulada en el inciso b) del primer párrafo del artículo 3 de la Resolución, cuando al 31 de diciembre del año a considerar la persona natural o sucesión indivisa, domiciliada en el país:

    1. Tiene un saldo por un importe mayor a trescientas (300) UIT en una cuenta abierta en las empresas del sistema financiero; o,
    2. Tiene más de una cuenta abierta en las empresas del sistema financiero y la suma de los saldos de estas da como resultado un importe superior a trescientas (300) UIT.

    Para efecto del presente artículo:

    1. Se entiende por:
      1. Año a considerar: al año que se toma en cuenta para determinar si se aplica o no la mencionada excepción en el año siguiente.
      2. Cuenta: a toda cuenta abierta en una empresa del sistema financiero y que comprende operaciones pasivas. No están comprendidas las cuentas de compensación por tiempo de servicios.
      3. Operaciones pasivas: a las operaciones de depósito, las cuales pueden ser de ahorros, cuenta corriente, a plazo fijo y similares que signifiquen permanencia de fondos del titular de la cuenta en la empresa del sistema financiero.
      4. Saldo: al importe positivo que figure en la cuenta al 31 de diciembre del año a considerar.
      5. Titular: A la persona natural identificada por la empresa del sistema financiero como titular de la cuenta. Tratándose de cuentas abiertas por dos o más personas naturales se considera como titulares a todas las que sean identificadas como tales por las empresas del sistema financiero.
    2. La condición de domiciliado en el país es la que se tiene al 1 de enero del año siguiente a aquel que se utiliza para determinar si se configura el supuesto a que se refiere el presente artículo y se establece de acuerdo con lo previsto en la normativa que regula el Impuesto a la Renta.
    3. En caso de que la cuenta tenga más de un titular, cada titular debe considerar como suyo el saldo total de dicha cuenta.
    4. Tratándose de una o más cuentas cuyo titular sea una persona natural fallecida y por la cual al 31 de diciembre del año a considerar existe una sucesión indivisa, los saldos de esta(s) se deben considerar como de la sucesión indivisa.
    5. Si la cuenta se encuentra expresada en moneda extranjera, se debe realizar la conversión a moneda nacional utilizando el tipo de cambio promedio ponderado compra publicado por la SBS vigente al 31 de diciembre del año a considerar o, en su defecto, el último publicado.
  • Segunda Disposición Complementaria Final
    SUNAT está facultada para inscribir de oficio en el RUC, según la Resolución, a los sujetos que debieron inscribirse, de conformidad con el numeral 1 del rubro “Actos realizados ante empresas del sistema financiero y de seguros (Ley Nº 26702)” del Anexo Nº 6 vigente antes de la modificación realizada por la presente Resolución, y no lo hicieron.

    Para el ejercicio de la facultad a que se refiere el párrafo anterior, solo se considera a quienes, a la fecha de entrada en vigencia de esta resolución, tengan créditos directos cuyo saldo de endeudamiento total en el Sistema Financiero sea mayor a 10 UIT. Para tal efecto, se considera la definición de crédito directo contenida en el Reglamento para la evaluación y clasificación del deudor y la exigencia de provisiones, aprobado por la Resolución SBS Nº 11356-2008 o norma que la sustituya, excluidos los créditos de consumo revolvente, de consumo no revolvente o hipotecarios para vivienda, a que se refiere dicho reglamento y como UIT la vigente en la fecha de entrada en vigencia de la presente resolución.

Comentarios de Luis Mendoza – Jefe del Área Legal:

La presente Resolución entró en vigor desde el 01 de julio del 2024.

Cabe señalar que la norma regula otras disposiciones vinculadas al plazo de inscripción en el RUC, la inscripción y baja de oficio. Asimismo, se destaca la obligación de inscribirse en el RUC hasta el 30 de setiembre de 2024, las personas naturales y sucesiones indivisas, según sea el caso, domiciliadas en el país que al 31 de julio de 2024 que: sean propietarias de 05 o más predios en el país y/o en el extranjero, cuyo valor conjunto supere 126 UIT; sean titulares de acciones y/o participaciones de sociedades cuyo valor supere 100 UIT; o hayan acumulado adquisiciones de bienes sujetos al régimen de percepciones del impuesto general a las ventas superiores a 10 UIT.

5.- Se prorroga la facultad discrecional de no sancionar infracciones vinculadas a la emisión de Guías de Remisión Electrónicas

Mediante la Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Tributos Internos Nº 000025 -2024-SUNAT/700000, debemos tener en cuenta lo siguiente:

Antecedentes:

  • Mediante la Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Tributos Internos Nº 000052-2022-SUNAT/700000, prorrogada por diversas Resoluciones de Superintendencia Nacional Adjunta de Tributos Internos N° 000017-2023-SUNAT/700000 y 000042-2023-SUNAT/700000, se reguló la facultad discrecional para no sancionar administrativamente las infracciones tipificadas en los numerales 5 y 9 del artículo 174° del Código Tributario, detectadas desde el 01 de enero hasta el 30 de junio de 2024, relacionadas con la emisión de la Guía de Remisión Electrónica, en los supuestos señalados en su Anexo I.
  • En ese sentido, con fecha 30 de junio del 2024 se publicó la Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Tributos Internos Nº 000025-2024-SUNAT/700000, mediante la cual se prorroga la dispuesto en la Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Tributos Internos Nº 000052-2022-SUNAT/700000, respecto de las infracciones a que se refiere dicha Resolución.

 Principal disposición:

Se prorroga lo dispuesto en la Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Tributos Internos N° 000052-2022-SUNAT/700000, la cual regula la facultad discrecional de no sancionar las infracciones tipificadas en los numerales 5 y 9 del artículo 174° del del Código Tributario relacionadas con la emisión de las Guías de Remisión Electrónicas, que sean detectadas hasta el 31 de diciembre de 2024, siempre que se cumplan con los criterios señalados:

Comentarios de Luis Mendoza – Jefe del Área Legal:

Conforme a lo señalado, la facultad discrecional por dichas infracciones se aplicará solamente si se cumplen con los supuestos específicos de subsanación. Es decir, la emisión de una Guía de Remisión en formato impreso o importado en vez de la Guía de Remisión Electrónica evitará la imposición de una multa por la comisión de las señaladas infracciones.

No obstante, la ocurrencia de otros supuestos sí generaría la aplicación de sanción. Por ejemplo, si el transportista emite una Guía de Remisión Electrónica, pero omite consignar algún requisito o lo detalla incorrectamente. Al respecto, cabe resaltar la Resolución del Tribunal Fiscal N° 3012-9-2023, en la cual se tipifica la infracción del numeral 9 del artículo 179°, conforme a lo siguiente:

“Que de la revisión de la Guía de Remisión Electrónica (…), emitida por la recurrente, se aprecia que consignó como motivo de traslado ‘venta sujeta a confirmación del comprador’, sin embargo, como destinatario figuran los datos de la misma recurrente, esto es, razón social y Registro Único de Contribuyente, lo cual no guarda coherencia, por lo que el motivo del traslado no es correcto; en ese sentido, tal documento no reúne los requisitos establecidos en el Reglamento de Comprobantes de Pago para ser considerado como guía de remisión remitente (…) lo que acredita la comisión de la infracción establecida por el numeral 9 del artículo 174 del Código Tributario (…)”.

Finalmente, debe recordarse que la discrecionalidad no se aplicará por las infracciones detalladas en otros numerales regulados en el artículo 179° del Código Tributario.

6.- Ley que establece un medio alternativo de garantías de cumplimiento en los procesos de contratación pública de las MYPE

Con fecha 02 de julio del 2024 se publicó la Ley N° 32077, mediante la cual se establecen medidas orientadas a promover la dinamización de las inversiones en apoyo de la micro y pequeña empresa (MYPE), estableciendo un medio alternativo para otorgar garantías en procesos de contratación en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento (SNA).

La presente Ley es aplicable a las MYPE en los procedimientos de selección que convoquen las entidades públicas en el marco de los regímenes de contratación comprendidos en el SNA.

Comentarios de Luis Mendoza – Jefe del Área Legal:

Mediante la presente Ley se autoriza a las entidades públicas para que, en los documentos de los procedimientos de selección que se convoquen bajo los regímenes de contratación del Sistema Nacional de Abastecimiento, establezcan que el postor adjudicatario calificado como MYPE (según la legislación vigente) tenga la facultad de optar por la retención del monto total de la garantía correspondiente como medio alternativo a la obligación de presentar las garantías de fiel cumplimiento y de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias. La retención se efectúa durante la ejecución total del contrato y se realiza, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelta al finalizar dicho contrato.

Dicha autorización se extiende a los procedimientos de selección iniciados previamente a la entrada en vigor de la presente norma, siempre que se cumpla con lo siguiente:

  1. Para aquellos que no cuenten con buena pro, la entidad puede otorgar esta facultad, comunicando su decisión en el acta de otorgamiento de la buena pro.
  2. Para aquellos que cuenten con buena pro y previo a su consentimiento, la entidad puede otorgar esta facultad, comunicando su decisión a los postores a través del correo electrónico proporcionado durante el procedimiento de selección, como máximo hasta el día siguiente del consentimiento de la buena pro.

Lo dispuesto es aplicable a los contratos de ejecución periódica de suministro de bienes, servicios, consultorías y de ejecución de obras, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

  1. El plazo de la prestación sea igual o mayor a sesenta días calendario; y,
  2. Se considere, según corresponda, al menos dos pagos a favor del contratista o dos valorizaciones periódicas en función del avance de la obra.

Vigencia: 03 de julio del 2024.

7.- No será necesario incluir el RUC en la publicidad

Con fecha 02 de julio del 2024 se publicó la Ley N° 32080, la cual menciona que:

Antecedentes:

  • Por medio del Decreto Legislativo N° 1524 se dispuso la obligación de consignar el número de RUC (acompañado del nombre, razón o denominación social del sujeto publicitado) en toda la documentación mediante la cual se oferten bienes y/o servicios, incluso cuando la oferta se realice utilizando plataformas digitales de comercio electrónico, redes sociales, páginas web, correos publicitarios, aplicaciones móviles, entre otros. El Decreto Legislativo entró en vigor desde el 01 de julio del 2023.
  • Posteriormente, con la Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Tributos Internos No. 000020-2023-SUNAT/700000, publicada el 28 de junio de 2023, se dispuso aplicar la facultad discrecional de no sancionar la infracción tipificada en el numeral 9 del artículo 173 del Código Tributario (no consignar el número de RUC en la documentación mediante la cual se oferte bienes y/o servicios conforme a lo que la normativa tributaria establezca), en la que incurran los contribuyentes hasta el 31 de diciembre de 2023.
  • Sin embargo, dicha facultad discrecional no fue prorrogada a fechas posteriores, por lo que podría resultar probable que se cometa la comisión de la infracción. Las sanciones implican una multa, la cual dependerá de la condición del contribuyente, pudiendo ser desde 15% de la UIT (para los contribuyentes acogidos al Régimen Especial), hasta 30% de la UIT (para los contribuyentes del Régimen General y MYPE Tributario).
  • Considerando lo expuesto, el 02 de julio del 2024 se publicó la Ley N° 32080, por el cual se elimina la obligación en referencia, entre otros aspectos adicionales.

Principales disposiciones:

  • Se modifica el segundo párrafo del artículo 3° de la Ley del RUC

    “El número de RUC también deberá ser comunicado a las Entidades de la Administración Pública, Empresas del Sistema Financiero, Notarios y demás sujetos comprendidos en el artículo 4°”.

    Con esta modificación, se aprecia que no será obligatorio consignar el RUC en toda la documentación mediante la cual se oferten bienes y/o servicios.

  • Se deroga el numeral 9 del artículo 173° del Código Tributario

    Se suprime la infracción por “no consignar el número de RUC en la documentación mediante la cual se oferte bienes y/o servicios conforme a lo que la normativa tributaria establezca”.

Comentarios de Luis Mendoza – Jefe del Área Legal:

Como se establece, con la modificación del artículo 3° de la Ley del RUC se suprime la obligación de consignar el RUC en toda la documentación mediante la cual se oferten bienes y/o servicios, incluidos aquellos casos en que la oferta se realice utilizando plataformas digitales de comercio electrónico, redes sociales, páginas web, correos publicitarios, aplicaciones móviles, entre otros.

Adicionalmente, se ha eliminado la infracción del artículo 173°, numeral 9, del Código Tributario, que imponía una multa a los contribuyentes que no incluían el RUC en su publicidad.

8.- Se modifica el Reglamento del Decreto Legislativo que impulsa el fortalecimiento de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y crea el Fondo Crecer

Con fecha 03 de julio del 2024 se publicó el Decreto Supremo N° 116-2024-EF, mediante el cual se modifican las siguientes disposiciones del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1399, Decreto Legislativo que impulsa el fortalecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa y crea el Fondo CRECER (aprobado mediante Decreto Supremo Nº 007-2019-EF): artículo 2; los numerales 11 y 14 del artículo 3; el artículo 7; el inciso 4 del numeral 8.1 del artículo 8; el numeral 1 del artículo 10; el artículo 14; los numerales 15.1 y 15.3 del artículo 15; el inciso 1 del numeral 18.1 del artículo 18; el numeral 23.1 del artículo 23; el numeral 26.1 del artículo 26; los numerales 28.1, 28.2, 28.3 y 28.4 del artículo 28; el artículo 46; el artículo 49; el inciso 1 del numeral 50.1 del artículo 50; y el segundo párrafo de la Segunda Disposición Complementaria Final.

Se dispone también la publicación del presente Decreto Supremo en la Plataforma Digital Única del Estado Peruano para Orientación al Ciudadano (www.gob.pe) y en las sedes digitales del Ministerio de Economía y Finanzas (www. gob.pe/mef), del Ministerio de la Producción (www.gob.pe/ produce), y del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (www.gob.pe/mincetur), el 03 de julio del 2024.

Comentarios de Luis Mendoza – Jefe del Área Legal:

Entre las principales disposiciones modificadas se tienen a las siguientes: funciones del fiduciario; los criterios de elegibilidad de la ESF, de la ESS o del patrimonio; la garantía otorgada a favor de una ESF o un patrimonio para cubrir operaciones de financiamiento dirigidas a los beneficiarios finales; el valor Máximo de Cobertura por beneficiario final.

Vigencia: 04 de julio del 2024.

9.- Delegan facultades al Poder Ejecutivo para legislar en materia de reactivación económica, simplificación y calidad regulatoria, actividad empresarial del Estado, seguridad ciudadana y defensa nacional

Con fecha 04 de julio del 2024 se publicó la Ley N° 32089, donde se determina:

Antecedentes:

  • Tengamos presente que el 01 de julio de 2024 se aprobó el Proyecto de Ley N° 7752/2023-PE, presentado por el Poder Ejecutivo el 3 de mayo de 2024, a efectos de solicitar la delegación de facultades para legislar determinadas materias, tales como reactivación económica, simplificación y calidad regulatoria, actividad empresarial del Estado, seguridad ciudadana y defensa nacional.
  • En ese sentido, con fecha 4 de julio de 2024, se publica la Ley N° 32089, la cual tiene como objeto principal delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en todas las materias solicitadas en el Proyecto antes mencionado; esto, por el plazo de 90 días calendario, contados desde el 5 de julio de 2024.
  • En ese sentido, por medio de la presente, haremos énfasis en la delegación de facultades en materia tributaria, la cual se encuentra detallada en el apartado 2.7 de la Ley N° 32089.

Principales Aspectos Tributarios:

Regular la tributación de los modelos de negocios basados en la economía digital:

  • Modificar la Ley del IGV e ISC, a fin de:
    1. Establecer un mecanismo de recaudación del IGV por aquellas operaciones realizadas con proveedores o intermediadores de bienes y servicios no domiciliados en el marco de la economía digital y adaptar la regulación del impuesto, así como demás normativa tributaria, en lo que corresponda, lo que incluye modificar las reglas de responsabilidad del IGV, incluyendo las reglas de habitualidad y las reglas sobre el lugar de imposición en el país, conforme con el principio de destino, siguiendo las recomendaciones establecidas por la OCDE.
    2. Incorporar dentro del ámbito de aplicación del ISC a los juegos a distancia y apuestas deportivas a distancia.
  • Modificar la Ley N° 31557, Ley que regula la explotación de los juegos a distancia y apuestas deportivas a distancia, a fin de:
    1. Establecer que el titular de una autorización para la explotación de plataformas tecnológicas de los juegos a distancia o apuestas deportivas a distancia puede entregar bonificaciones de bienvenida o similares, siempre que no se permita su cambio por dinero hasta el cumplimiento de una condición o vencimiento establecido por el titular, las cuales deben ser utilizadas para apostar en las mismas.
    2. Señalar que la información contable registrada en las plataformas para la determinación de la base imponible debe ser acorde a las normas contables oficializadas o aprobadas por el órgano competente del país del sujeto que explote las plataformas tecnológicas.
    3. Perfeccionar el mecanismo de recaudación del impuesto a los juegos a distancia y a las apuestas deportivas a distancia
    4. Establecer las reglas de tipo de cambio y de huso horario de las operaciones y obligaciones tributarias, respectivamente.
    5. Para el caso de personas jurídicas constituidas en el exterior, establecer las reglas de imposición en el país.
    6. Regular aspectos vinculados a la inscripción en el RUC, al pago de la deuda tributaria, al cumplimiento de obligaciones formales y notificación de actos administrativos a través de medios electrónicos, tratándose de personas jurídicas constituidas en el exterior que exploten las plataformas tecnológicas de los juegos a distancia y/o apuestas deportivas a distancia.

Perfeccionamiento del Sistema Tributario:

  • Modificar la Ley del IGV e ISC, para perfeccionar la regulación sobre el registro de compras teniendo en cuenta el uso de herramientas tecnológicas, así como adecuar las disposiciones contenidas en la Ley N° 29215, Ley que fortalece los mecanismos de control y fiscalización de la Administración Tributaria respecto de la aplicación del crédito fiscal, precisando y complementando la última modificación del TUO de la Ley del IGV e ISC, en lo relacionado a la anotación de operaciones en el registro de compras; así como modificar el Código Tributario y demás normativa implicada en las modificaciones antes indicadas, que permitan que la SUNAT desarrolle la propuesta de registro y aclaración.
  • Establecer la obligatoriedad de todas las entidades del Poder Ejecutivo a aplicar la metodología de determinación de costos de los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad.
  • Modificar el artículo 98° del Código Tributario referido a la composición del Tribunal Fiscal.
  • Modificar la Ley del Impuesto a la Renta, para:
    1. Establecer la obligación de efectuar pagos a cuenta del Impuesto a cargo de la persona natural, sucesión indivisa o sociedad conyugal que optó por tributar como tal, domiciliada en el país, que perciba rentas de segunda categoría por las enajenaciones indirectas referidas en el literal e) del artículo 10° de la Ley del Impuesto a la Renta, no sujetas a retención; lo que incluye establecer reglas necesarias para su determinación.
    2. Perfeccionar las normas que regulan los acuerdos anticipados de precios de conformidad al estándar mínimo de la acción 14 del proyecto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) de la OCDE.
    3. Modificar la Ley del Impuesto a la Renta en lo referente a otros métodos de valoración para operaciones realizadas en el ámbito de aplicación de precios de transferencia con el fin de reflejar la realidad económica de la operación y garantizar el principio de reserva de ley, entre otros.
  • Simplificar los requisitos para la inscripción en el RUC de las personas jurídicas no domiciliadas y los entes jurídicos constituidos en el extranjero que tengan la obligación de presentar la declaración del beneficiario final cuando cuenten con una sucursal, agencia, u otro establecimiento permanente en el país, con fines de información.
  • Aprobar un fraccionamiento especial para deudas administradas por la SUNAT que constituyan ingresos del tesoro público exigibles hasta el 31 de diciembre de 2023, para incentivar el pago de las deudas mediante el otorgamiento de un bono de descuento en función del nivel de deuda y condicionado al cumplimiento del pago, sin incluir descuento sobre insoluto ni anticipo.

Comentarios de Luis Mendoza – Jefe del Área Legal:

Como se aprecia, la Ley plantea una modificación de diversas normas tributarias, las cuales serían delimitadas por el Poder Ejecutivo al entrar en vigor la Ley que le delegue las facultas legislativas.

Se ha puesto atención en las operaciones realizadas con proveedores o intermediarios de bienes y servicios no domiciliados en el marco de la economía digital. Resulta necesario contar con un mecanismo que permita cobrar el IGV por los servicios, entre otros, de streaming. Recordemos que actualmente la legislación del IGV no grava operaciones de servicios cuando el proveedor no reside en el Perú y el usuario sea una persona natural.

A su vez, se destaca que se omitieron algunas materias que fueron planteadas en el Proyecto de Ley, tales como: los efectos de las Sentencias Casatorias en la Administración Tributaria y el Tribunal Fiscal; la regulación de intereses en la Ley del Impuesto a la Renta; la creación del Régimen Emprendedor para empresas de menor tamaño; y la posibilidad de suprimirse definitivamente el Régimen Especial y MYPE Tributario.

Finalmente, debe recordarse que la delegación de facultades al Poder Ejecutivo se dará solamente por un plazo de 90 días calendario, contado desde el 5 de julio de 2024.

INFORMES DE SUNAT

1.- Precisiones sobre la Declaración Jurada Anual y el pago del Impuesto a la Renta, por parte de empresas que iniciaron sus operaciones en el ejercicio 2023

Con fecha 26 de junio del 2024 se publicó el Informe N° 000041-2024-SUNAT/7T0000, mediante el cual se determina:

Antecedentes:

  • Como se recuerda, el 22 de noviembre del 2023 se publicó la Ley N° 31940, mediante la cual se amplía el plazo para la presentación de declaración jurada anual y pago del Impuesto a la Renta de las personas naturales y de las Micro y Pequeñas Empresas (MYPE).
  • Dicha Ley dispone una ampliación del plazo para la presentación de la declaración jurada anual del impuesto a la renta y para el pago del referido impuesto; siendo que, según el artículo 3°, el ámbito de aplicación de la referida ampliación comprende, entre otros, a las micro y pequeñas empresas (MYPES): i) del Régimen General del Impuesto a la Renta; y ii) del Régimen MYPE tributario.
  • En ese sentido, se consulta si la extensión del plazo es aplicable a las empresas que iniciaron sus operaciones en el ejercicio 2023, cuyos ingresos en dicho ejercicio resultaron menores a 1700 UIT.

Criterio de SUNAT:

  • La extensión del plazo prevista en la Ley N° 31940 para la presentación de la Declaración jurada anual y para el pago del impuesto a la renta del ejercicio 2023 no es aplicable a las empresas (ya sean MYPES del régimen general y del mype tributario) que iniciaron sus operaciones en dicho ejercicio, aun cuando sus ingresos en el mismo resultaron menores a 1700 UIT.

Comentarios de Luis Mendoza – Jefe del Área Legal:

Como se precisa, la Ley N° 31940 dispone que los beneficiarios de la ampliación del plazo –referidos en el artículo 3°- deben cumplir las siguientes condiciones: i) ser mypes; ii) pertenecer al régimen general o al mype tributario; y, iii) tener ingresos anuales del año anterior al de la declaración que no superen las 1700 UIT.

Siendo ello así, la ampliación del plazo solo es aplicable a las mypes del régimen general y del mype tributario que obtuvieron ingresos anuales en el ejercicio anterior al de la presentación de la declaración jurada anual y del pago del impuesto a la renta que corresponda.

Por ende, no es posible sostener que la ampliación del plazo sea aplicable a las mypes del régimen general y del mype tributario que iniciaron sus operaciones en dicho ejercicio, aun cuando sus ingresos en este resulten menores a 1700 UIT.

En consecuencia, la extensión del plazo para la presentación de la declaración jurada anual y para el pago del impuesto a la renta del ejercicio 2023 no es aplicable a las empresas (mypes del régimen general y del mype tributario) que iniciaron sus operaciones en dicho ejercicio; aun cuando sus ingresos en el mismo resultaron menores a 1700 UIT.

2.- Analizan la deducción de gastos en vehículos eléctricos asignados a actividades de dirección, representación y administración; y la obligación de los contribuyentes de almacenar los comprobantes de pago electrónicos

Con fecha 2 de julio del 2024, SUNAT emitió el Informe N° 000046-2024-SUNAT/7T0000, mediante el cual se establecen los siguientes criterios:

Antecedentes:

  • Como se sabe, para efectos de la determinación de la renta neta de tercera categoría, serán deducibles los gastos incurridos en vehículos automotores de las categorías A2, A3, A4, B1.3 y B1.4 asignados a actividades de dirección, representación y administración de la empresa, por concepto de: (i) cualquier forma de cesión en uso (arrendamiento, arrendamiento financiero y otros); (ii) funcionamiento (combustible, lubricantes, mantenimiento, seguros, reparación y similares); y, (iii) depreciación por desgaste; de acuerdo con la tabla que fije el Reglamento de la LIR, no siendo deducibles dichos gastos cuando excedan los límites establecidos en tal reglamento, vinculados al número de vehículos y a su valor de adquisición o ingreso al patrimonio.
  • Sobre la categorización de vehículos, el numeral 1 del inciso r) del artículo 21 del Reglamento de la LIR establece que, para la aplicación del inciso w) del artículo 37 de la LIR, se considerará que tales vehículos pertenecen a las categorías A2, A3, A4, B1.3 y B1.4 en función a dos criterios: a) Centímetros cúbicos (categorías A2, A3 y A4); y b) Tracción y peso bruto vehicular (categorías B1.3 y B1.4).
  • En ese sentido, se consulta si los límites previstos en el inciso r) del artículo 21 del Reglamento para la deducción de gastos son aplicables a los vehículos eléctricos asignados a actividades de dirección, representación y administración.
  • De otro lado, se consulta también si la obligación del emisor electrónico del SEE – Del contribuyente, de conservar los comprobantes de pago electrónicos, ha quedado sin efecto a propósito de la implementación del SIRE.

Criterios de SUNAT:

  • Debe recordarse que los vehículos eléctricos están propulsados por motores eléctricos, mientras que los vehículos de las categorías A2, A3 y A4 funcionan mediante motores térmicos cuya cilindrada es expresada en centímetros cúbicos. En ese sentido, los gastos incurridos en vehículos eléctricos no están comprendidos en la regulación prevista en el inciso w) del artículo 37 de la LIR vinculada a vehículos de las categorías A2, A3 y A4 asignados a actividades de dirección, representación y administración; razón por la cual a dichos gastos no les resultan aplicables los límites dispuestos en el inciso r) del artículo 21 del Reglamento de la LIR.
  • Sin embargo, los límites previstos en el primer y tercer párrafos del numeral 4 del inciso r) del artículo 21 del Reglamento de la LIR para la deducción establecida en el inciso w) del artículo 37 de dicha Ley, son aplicables a los vehículos eléctricos que califiquen dentro de las categorías B1.3 y B1.4 asignados a actividades de dirección, representación y administración que cumplan con tener la tracción y el peso vehicular señalado en el numeral 1 del inciso r) del citado artículo 21.
  • La implementación del SIRE no ha dejado sin efecto la obligación del emisor electrónico del SEE – Del contribuyente, de conservar –entre otros – los comprobantes de pago electrónicos que emita y reciba en tal calidad o como adquirente o usuario electrónico.

Comentarios de Luis Mendoza – Jefe del Área Legal:

Respecto a la primera consulta, debe quedar claro que las categorías A2, A3 y A4 están referidas a vehículos cuyo funcionamiento se realiza en base a motores térmicos cuya cilindrada se encuentra expresada en centímetros cúbicos y no a motores eléctricos. No obstante, las características de las categorías B1.3 y B1.4 se refieren de manera general a camionetas distintas a pick-up y sus derivados, que tienen determinada tracción y peso, sin tomar como parámetro el tipo de motor de dichos vehículos.

Sobre la segunda consulta, de acuerdo con lo dispuesto por el numeral 1 del artículo 25° de la Resolución de Superintendencia N° 097-2012-SUNAT, los emisores del SEE – Del se encuentran obligados a conservar, entre otros, los comprobantes de pago electrónicos que emita y reciba en tal calidad; ya sea como adquirente o usuario electrónico.

De otro lado, se ha previsto en el inciso c) del artículo 5° de la Resolución de Superintendencia N° 000112-2021-SUNAT que la obtención de la calidad de generador en el SIRE determina la sustitución por parte de la SUNAT en el cumplimiento de las obligaciones del generador de almacenar, archivar y conservar el RCE y el RVIE.

Como se aprecia, existen dos obligaciones distintas en las normativas: (i) la obligación del emisor electrónico del SEE – Del contribuyente en conservar los comprobantes de pago electrónicos; y (ii) en la normativa del SIRE, se establece la obligación por parte de la SUNAT de conservar el RCE y el RVIE.

En ese sentido, según SUNAT, estas obligaciones son independientes entre sí. Es decir, el establecimiento de esta última obligación no ha dejado sin efecto la obligación del emisor electrónico del SEE – Del contribuyente, de conservar los comprobantes de pago electrónicos que emita y reciba en tal calidad o como adquirente o usuario electrónico.

3.- Analizan la importación de gasolina y demás combustibles derivados del petróleo afectos al ISC

Con fecha 2 de julio del 2024, SUNAT emitió el Informe N° 000047-2024-SUNAT/7T0000, mediante el cual se establece el siguiente criterio: En el supuesto de un productor que importa gasolina y demás combustibles derivados del petróleo afectos al ISC que son posteriormente vendidos en el mercado interno, sin haberse realizado algún tipo de variación en los mismos; teniendo en consideración que , de acuerdo con la legislación que regula el ISC, la venta interna de los referidos bienes importados no está afecta a tal impuesto y, por ende, el ISC pagado en la importación de los mismos no puede ser deducido como crédito, puede ser reconocido como costo computable para efectos del impuesto a la renta, de acuerdo con lo previsto en el artículo 20 de la LIR.

Comentarios de Luis Mendoza – Jefe del Área Legal:

En el presente caso, se plantea el supuesto de un productor que importa gasolina y demás combustibles derivados del petróleo afectos al ISC que son posteriormente vendidos en el mercado interno, sin haberse realizado algún tipo de variación en los mismos.

Al respecto, teniendo en consideración que de acuerdo con la legislación que regula dicho impuesto, el ISC pagado en la referida importación no puede ser deducido como crédito, dado que la venta interna de los referidos bienes importados no está afecta a dicho impuesto, se consulta si puede ser reconocido como costo computable para efectos del impuesto a la renta, de acuerdo con lo previsto en el artículo 20° de la Ley del Impuesto a la Renta.

JURISPRUDENCIAS DE LA CORTE SUPREMA

1.- Deducción de gastos por pérdidas de energía eléctrica

Por medio del auto calificatorio del Recurso de Casación N° 39301-2023-Lima, menciona como puntos importantes a tener en cuenta, lo siguiente:

Antecedentes:

  • Como se sabe, el inciso d) del artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta (“LIR”) dispone que, a fin de establecer la renta neta de tercera categoría, se deducirá de la renta bruta las pérdidas extraordinarias sufridas por delitos cometidos en perjuicio del contribuyente por sus dependientes o terceros, en la parte que tales pérdidas no resulten cubiertas por indemnizaciones o seguros; y siempre que se haya probado judicialmente el hecho delictuoso o que se acredite que es inútil ejercitar la acción judicial correspondiente.
  • Siendo así, en la Sentencia bajo comentario, la Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema emite un pronunciamiento sobre la deducción de gastos por la pérdida de energía eléctrica por hurto en el ejercicio 2008.
  • Al respecto, la Administrativa Tributaria señala que el único titular de la acción penal de oficio o de parte es el Ministerio Público; en consecuencia, es el único que puede determinar si es inútil ejercitar la acción judicial correspondiente. Asimismo, no tiene sustento legal lo indicado por la sentencia de vista al señalar que con cualquier medio probatorio se puede acreditar la acción judicial, pues el documento idóneo es el emitido por el Ministerio Público, por ser el titular de la acción penal.
  • Agrega SUNAT que los medios probatorios que sustenta la deducción de los gastos deben ser emitidos oportunamente; esto es, toda deducción debe contar con el sustento documentario al momento que se materializa, pues acreditan situaciones ocurridas en el año 2008, cuyo gasto se va a deducir en ese mismo ejercicio, lo que resulta contradictorio y carente de razonabilidad primero deducir el gasto por pérdida de energía eléctrica sin contar con la documentación que acredite la inutilidad de ejercer la acción judicial, al menos con la denuncia policial realizada en el año 2008 a fin de que el Ministerio Público inicie las investigaciones; pero lejos de ello, la empresa fiscalizada pretende sustentar su posición con documentos generados entre los años 2011 y 2012, esto es, habiendo transcurrido 04 años.

Criterio de la Corte Suprema:

  • Se advierte que el Colegiado Superior ha valorado de forma conjunta los siguientes documentos:
    1. Informe Técnico denominado “Análisis y Determinación de las Pérdidas de Transmisión y Distribución en Edelnor S.A.A. – Año 2008”, elaborado por el Centro de Conservación de Energía y del Ambiente – CENERGIA;
    2. Informe Técnico N° 006-2010 MEN/DGE-EPE de la Dirección General de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas; el Informe de Pérdidas de Energía No Técnicas – Año 2008 elaborado por EDELNOR Sociedad Anónima Abierta;
    3. Oficios N° 0452-2011-GART y N° 0585-2010-GART emitidos por OSINERGMIN; y
    4. Resolución emitida por la Fiscal Provincial Titular de la Décimo Sétima Fiscalía Provincial Penal de Lima, del 18 de septiembre de 2012, la que resolvió que no había mérito para formular denuncia penal contra los que resulten responsables por el delito de hurto de energía, en agravio de la empresa denunciante, disponiéndose el archivo definitivo.
  • En tal sentido, el Colegiado Superior concluyó que resulta lógico y razonable la deducción por pérdidas extraordinarias de energía eléctrica, al determinarse con claridad que existen casos donde no es posible identificar a los responsables de la comisión del delito, pues resulta inútil el ejercicio de la acción judicial. Asimismo, señaló que la exigencia de acción judicial significaría un exceso injustificado de formalismo e importaría una exigencia arbitraria. Por ende, dicho caso se encontraría dentro del supuesto establecido en el inciso d) del artículo 37° de la LIR.

Comentarios de Luis Mendoza – Jefe del Área Legal:

El documento analizado es un Auto Calificatorio del Recurso de Casación, y no una Sentencia; siendo que la Corte se centra en la procedencia del Recurso de Casación.

Ahora bien, a pesar de que la Corte Suprema no analiza en detalle el criterio de la segunda instancia, resulta relevante que la Sala Superior evaluó las pruebas presentadas por el contribuyente, incluso si estas fueron generadas posteriormente al ejercicio en el que se deduce el gasto.

En el presente caso, se ofrecieron como medios probatorios principalmente los informes técnicos que registraban la continua pérdida de energía eléctrica y la Resolución de la Fiscalía mediante la cual se archiva la denuncia policial, emitidos años después de los hechos ocurridos.

Debe recordarse que la emisión del documento en el que la Fiscalía resuelva que es inútil ejercer la acción judicial puede implicar el transcurso de varios años desde la presentación de la denuncia. Siendo así, no podría limitarse el derecho a la deducción de un gasto si es que existen indicios de que el hurto fue real, y que no podrían identificarse a los responsables.

Con este criterio, la Corte Suprema estaría habilitando a las empresas a deducir pérdidas por hurto de manera más rápida, fundamentándose necesariamente en los hechos probados, sin necesidad de esperar el pronunciamiento de la Fiscalía.

Finalmente, cabe traer a colación la Sentencia Casatoria N° 4359-2019 Lima, la misma que indica que el titular de la acción penal es el Fiscal, quien es el legitimado para indicar la imposibilidad o la inutilidad de ejercitar la acción judicial ante el juez penal, al ser la única forma de ejercitar la acción judicial penal.

2.- CDI Perú – Chile: Delimitación de beneficiario efectivo

Por medio de la Casación N° 34212-2023-Lima, se considera importante lo siguiente:

Antecedentes:

Los numerales 1 y 2 del artículo 12° del CDI suscrito entre Perú y Chile establecen las siguientes reglas sobre la tributación de regalías:

  1. Las regalías procedentes de Perú y pagadas a un residente de Chile pueden someterse a imposición en Chile.
  2. Sin embargo, estas regalías pueden también someterse a imposición en Perú y de acuerdo con la legislación de este Estado, pero si el “beneficiario efectivo” es residente en Chile, el impuesto así exigido no excederá del 15% del importe bruto de las regalías.

En ese sentido, si el perceptor de las regalías no tiene la condición de “beneficiario efectivo”, la tasa de retención aplicable será del 30%, según lo dispuesto en el inciso j) del artículo 56° de la LIR.

Al respecto, la figura del “beneficiario efectivo” no ha sido definida en el CDI Perú-Chile ni tampoco cuenta con una definición en la legislación tributaria interna; es decir, en la legislación del impuesto a la renta peruano. Por consiguiente, en la presente Sentencia, se busca interpretar dicho concepto.

Criterio de la Corte Suprema:

  • Arrendadora Móvil no contaba con una estructura organizacional con labores definidas, al carecer de personal y de inmuebles u otros activos para el desarrollo de la actividad económica de arrendamiento de equipos; tampoco contaba con gastos operativos que permitan evidenciar que en Chile se desarrollaban sus actividades empresariales.
  • Asimismo, ha quedado acreditado que Arrendadora Móvil (proveedor de la empresa peruana) era una entidad que carecía de sustancia económica, capacidad operativa y financiera; por lo tanto, era una sociedad instrumental situada en Chile, cuya constitución en dicho país resultaba irrelevante en el contexto del circuito comercial que solía llevar a cabo América Móvil Perú Sociedad Anónima Cerrada para proveerse de los equipos de telecomunicaciones de parte de proveedores extranjeros.
  • Por consiguiente, Arrendadora Móvil no puede ser considerada beneficiaria efectiva de la renta pagada por la recurrente, en los términos del numeral 2 del artículo 12° del CDI Perú-Chile, por lo que no corresponde en el caso concreto la aplicación de la tasa límite del 15% respecto a la referida renta, dado que, en atención a lo establecido por el citado numeral 2, al no calificar Arrendadora Móvil como beneficiario efectivo, las citadas rentas también pueden estar sometidas a imposición en el Estado Contratante del que proceden (país de la fuente) y de acuerdo a su legislación interna.
  • En ese sentido, correspondía que las rentas pagadas por la recurrente a Arrendadora Móvil sean sometidas al impuesto a la renta previsto en la legislación peruana, por lo que resulta de aplicación el inciso d) del artículo 56 de la Ley del Impuesto a la Renta, vigente en los ejercicios 2010 y 2011, según el cual, el impuesto a las personas jurídicas no domiciliadas en el país por regalías se determina aplicando la tasa de 30%

Comentarios de Luis Mendoza – Jefe del Área Legal:

A efectos de delimitar al “Beneficiario Efectivo”, la Corte Suprema se remite a lo señalado en los comentarios al Modelo OCDE, así como en la doctrina y jurisprudencia. Siendo así, se precisa que no puede considerarse a una sociedad canalizadora de rentas como beneficiaria efectiva si, pese a ser la propietaria formal, a efectos prácticos cuenta con poderes muy restringidos que la convierten, con respecto a la renta en cuestión, en una mera fiduciaria o administradora que actúa por cuenta de las partes interesadas.

Para contextualizar el concepto de “Beneficiario Efectivo”, debe atenderse no solo a cuál es el titular formal del rendimiento, sino que también a cuál es la persona que, desde un punto de vista económico, dispone efectivamente del mismo. En tal sentido, se debe analizar tanto la forma como la sustancia de la operación para establecer si la persona que reclama los beneficios del convenio es o no el beneficiario efectivo del rendimiento.

En el presente caso, la SUNAT realizó un intercambio de información con la Administración Tributaria chilena (Servicio de Impuestos Internos de Chile), de la que obtuvo información que le permitió llegar a la conclusión de que Arrendadora Móvil Sociedad Anónima no desarrollaba efectivamente en territorio chileno las funciones relacionadas a los servicios de arrendamiento de equipos ni que la aludida operación generó efectivamente valor en el citado territorio. Al respecto, se advierten las siguientes características de las operaciones entre Arrendadora Móvil Sociedad Anónima y la empresa peruana demandante:

  1. Arrendadora Móvil era una sociedad que no podía afrontar sus obligaciones con los ingresos obtenidos de las actividades de su giro de negocio ni con recursos propios, sino que tenía que financiarse mediante endeudamiento.
  2. Arrendadora Móvil Sociedad Anónima no tiene disponibilidad de un lugar físico donde pueda desarrollar las actividades que dan origen a sus rentas, dado que no es titular ni tiene posesión de algún lugar físico de negocios, oficinas, almacenes, depósitos, etc. y, por el contrario, ha reportado como su domicilio el de la empresa Claro Chile Sociedad Anónima, la cual también forma parte del grupo económico América Móvil, cuyo control y dirección se realiza en México.
  3. El número de trabajadores durante los ejercicios 2010 y 2011 tampoco sustenta la capacidad operativa necesaria para atender todas las labores vinculadas a las obligaciones y responsabilidades asumidas en el contrato de arrendamiento de equipos, así como las funciones administrativas, contables, tributarias, entre otras.

En ese sentido, se concluye que Arrendadora Móvil Sociedad Anónima no desarrollaba efectivamente en territorio chileno las funciones relacionadas a los servicios de arrendamiento de equipos ni que la aludida operación generó efectivamente valor en el citado territorio. Por lo tanto, la referida empresa era una sociedad instrumental y, por ende, quedaba excluida de ser beneficiaria efectiva.

PROYECTOS DE LEY

1.- Proyecto de ley que establece la Administración del 50% de los recursos directamente recaudados por las unidades ejecutoras para la continuidad de prestación de servicios

Con fecha 25 de junio del 2024, se presentó el Proyecto de Ley N° 8270/2023-CR, mediante el cual se establece que las unidades ejecutoras de las entidades públicas de los tres niveles de gobierno y de los organismos públicos autónomos constitucionales, administren el 50% de los recursos recaudados directamente, provenientes de la prestación de servicios, tasas, venta de acciones, rentas de la propiedad e ingresos no tributarios y multas, en el marco del Decreto Legislativo N° 1441, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería.

NOVEDADES NORMATIVAS LABORALES

1.- Acuerdo entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República de Polonia sobre un programa de vacaciones y trabajo

Con fecha 02 de julio del 2024 se publica el Acuerdo en referencia, el cual tiene por objeto permitir a los jóvenes procedentes de la República del Perú y de la República del Polonia combinar las vacaciones, la mejora de las competencias lingüísticas y la ampliación del conocimiento cultural, así como realizar un trabajo remunerado de carácter complementario en relación con el objetivo principal de su permanencia, que es pasar unas vacaciones y ampliar sus conocimientos culturales.

Comentarios de Luis Mendoza – Jefe del Área Legal:

Entre otros términos, en el Acuerdo se regulan conceptos como: (i) expedición de visados de vacaciones y trabajo; (ii) colocación laboral; (iii) suspensión de disposiciones pactadas; (iv) solución de controversias.

Finalmente, el presente Acuerdo entrará en vigor el primer día del mes siguiente a aquel en que las partes se notifiquen por escrito, a través de la vía diplomática, que han cumplido sus procedimientos internos para la entrada en vigor del presente Acuerdo.

2.- Disponen la publicación del proyecto de Norma Técnica de Salud: Seguridad y Salud en el Trabajo del Sistema de Salud, en la sede digital del Ministerio

Con fecha 04 de julio del 2024, se publicó la Resolución Ministerial N° 453-2024/MINSA, mediante la cual se dispone que la Oficina de Transparencia y Anticorrupción de la Secretaria General efectúe la publicación del proyecto de Norma Técnica de Salud: Seguridad y Salud en el Trabajo del Sistema de Salud, en la sede digital del Ministerio de Salud (https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales) a efecto de recibir sugerencias, comentarios o recomendaciones de las entidades públicas o privadas, y de la ciudadanía en general a través del correo electrónico siguiente: webmaster@minsa.qob.pe, durante el plazo de 15 días calendario, contados a partir del 05 de julio.

Comentarios de Luis Mendoza – Jefe del Área Legal:

Este proyecto tiene por finalidad contribuir con la prevención de accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales, y con el control de los riesgos laborales del sistema de salud.

Asimismo, se pretende establecer las disposiciones en seguridad y salud en el trabajo para el sistema de salud, a nivel nacional.

Finalmente, la Norma Técnica se aplicaría a todas las Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud – IAFAS, Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud – IPRESS y Unidades de Gestión de IPRESS – UGIPRESS, del Ministerio de Salud, Seguro Social de Salud-EsSalud, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, Sanidad de las Fuerzas Armadas, Sanidad de la Policía Nacional del Perú, Instituto Nacional Penitenciario -INPE, y otros del subsector privado.

De acuerdo con el principio de prevención, también será aplicable al empleador que realiza actividades conexas en los establecimientos de salud. Así mismo se incluye a los contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios, personas que prestan servicios ad honorem, personas bajo modalidades formativas y trabajadores/as independientes; así como a quien, sin prestar servicios, se encuentre dentro del lugar de trabajo, en lo que les resulte aplicable.

Vigencia: 05 de julio del 2024.

3.- Aprueban nuevo cronograma de actividades para la transferencia a la ONP de la Administración y el Pago de las Pensiones del Régimen del Decreto Ley N° 20530

Con fecha 05 de julio del 2024, se publicó la Resolución Ministerial N° 459-2024/MINSA, mediante la cual se deja sin efecto el Cronograma aprobado mediante el artículo 1° de la Resolución Ministerial N° 028-2024/MINSA -Cronograma de actividades para la transferencia de pensionistas del Decreto Ley N° 20530 que pertenece al Poder Ejecutivo que forman parte del apartado (I) del literal A, del numeral 1, del inciso 5.2. del artículo 5° del Decreto Legislativo N° 1436-.

Con ello, se aprueba el nuevo Cronograma de actividades, para la transferencia a la Oficina de Normalización Previsional – ONP de la administración y el pago de las pensiones del régimen del Decreto Ley N° 20530, en el marco de lo dispuesto por el artículo 11° de la Ley N° 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023, correspondiente al Pliego Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Salud e Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, que en Anexo forma parte integrante de la presente Resolución Ministerial y se publicará en la sede digital del Ministerio de Salud.

Comentarios de Luis Mendoza – Jefe del Área Legal:

Debe recordarse que el numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley N° 31639 autoriza, durante el año fiscal 2023, la transferencia a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) de la administración y el pago de las pensiones del régimen del Decreto Ley 20530, Régimen de Pensiones y Compensaciones por Servicios Civiles prestados al Estado no comprendidos en el Decreto Ley 19990, a cargo de las entidades públicas del Poder Ejecutivo que forman parte del apartado (i) del literal a), del numeral 1, del inciso 5.2 del artículo 5 del Decreto Legislativo 1436, Decreto Legislativo Marco de la Administración Financiera del Sector Público.

A su vez, el numeral 11.3 del artículo 11 de la citada Ley N° 31639, establece que corresponde a la ONP determinar el inicio del proceso de transferencia, el cual debe ser comunicado a las entidades, para que su titular apruebe el cronograma respectivo.

En ese sentido, mediante Resolución Ministerial N° 028-2024/MINSA, de fecha 15 de enero de 2024, el Ministerio de Salud resolvió aprobar el Cronograma de actividades, para la transferencia a la ONP de la administración y el pago de las pensiones del régimen del Decreto Ley N° 20530, en el marco de lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley N° 31639, correspondiente al pliego Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Salud e Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. No obstante, este Cronograma fue dejado sin efectos, reemplazándose por uno nuevo.

Vigencia: 06 de julio del 2024.

JURISPRUDENCIA DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA

1.- Establecen precedente referido a la delimitación de los trabajadores afectados para la determinación de la multa

Con fecha 07 de julio del 2024 se publicó la Resolución de Sala Plena N° 012-2024-SUNAFIL/TFL, estableciéndose el siguiente criterio de observancia obligatoria:

6.5. Por ello, no es razonable –ni proporcional– que durante las actuaciones inspectivas y la posterior etapa instructiva – dentro del procedimiento administrativo sancionador – se acuda a una lectura muy superficial del contenido de la información disponible por la Inter operatividad institucional existente, lejos de determinar de manera fehaciente cuántos fueron los reales afectados con las conductas objeto de investigación.

6.12. A consideración de esta Sala, la interposición de una sanción sin haberse identificado correctamente la identidad y, con ello, el número de trabajadores afectados —elemento sustancial para la determinación de la cuantía de la multa a imponer— genera serios cuestionamientos a la aplicación de la potestad sancionadora en los casos analizados por la inspección del trabajo y por los órganos sancionadores de la SUNAFIL.

6.13. En este extremo, con el fin de subrayar el control que debe practicarse sobre el particular desde la instauración del procedimiento sancionador, es importante recordar que la versión 02 de la “Directiva N° 001-2017-SUNAFIL/ INII – Directiva que regula el Procedimiento Sancionador del Sistema de Inspección del Trabajo” aprobada mediante Resolución de Superintendencia N° 190-2021-SUNAFIL del 28 de junio de 2021, le confiere a la autoridad sancionadora de primera instancia (la Sub Intendencia de Resolución) la potestad de estimar la suficiencia del Informe Final de Instrucción, pudiendo disponer la realización de actuaciones complementarias, siempre que las considere estrictamente indispensables para resolver el procedimiento (literales “c” y “g” del punto 6.4.2.4).

6.15. En ese sentido, la falta de una correcta determinación de los trabajadores afectados atendiendo a las condiciones identificadas durante las actuaciones inspectivas de investigación – y complementadas durante la etapa instructiva – conlleva a una afectación a los principios de razonabilidad y proporcionalidad; incurriéndose además en un supuesto de indebida motivación de las infracciones impuestas o a imponer.

Comentarios de Luis Mendoza – Jefe del Área Legal:

Mediante Orden de Inspección N° 0529-2021-SUNAFIL/IRE-LIB, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral , que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 303-2021-SUNAFIL/IRE-LIB, mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión de 02 infracciones muy graves a la labor inspectiva; por no atender dos requerimientos de información remitidas vía casilla electrónica.

Al respecto, el recurso de revisión interpuesto por la empresa empleadora contra la Resolución de Intendencia N° 270-2022-SUNAFIL/IRE-LIB (mediante la cual la Intendencia Regional de La Libertad declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante) fue declarada fundado en parte.

Finalmente, en la presente Resolución se establecen criterios de obligatorio cumplimiento para determinar cuántos son los empleados involucrados en las acciones del empleador que están bajo investigación.

2.- Establecen precedente referido a la colaboración en la inspección de trabajo por parte de los consorcios

Con fecha 07 de julio del 2024 se publicó la Resolución de Sala Plena N° 013-2024-SUNAFIL/TFL, estableciéndose el siguiente criterio de observancia obligatoria:

6.61. Como se ve, la normativa citada, así como la documentación que obra en el expediente permite apreciar al Consorcio como sujeto obligado a una serie de manifestaciones que potencialmente podrían generar consecuencias laborales. Por ello, el examen de su comportamiento respecto de quienes brinden servicios personales bajo su ámbito operativo es un asunto sobre el que la competencia de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL, es plena. Así, se debe concluir que el Consorcio es responsable de ejecutar las prestaciones derivadas del deber de colaboración hacia la labor inspectiva (tales como la entrega de información a requerimientos efectuados por la inspección del trabajo o no asistir a las comparecencias debidamente notificadas, comportamientos exigibles y que son objeto de reproche en el presente caso).

6.69. Así, a consideración de esta instancia de revisión, el consorcio no puede ser descartado a priori como un agente que, en el ámbito de las relaciones laborales, no puede comportarse como empleador, es decir, con la facultad de intervenir sobre prestadores de servicios, subordinándolos a través de vínculos jurídicos directos. Más allá de las precauciones contractuales, societarias o documentales laborales, el principio de primacía de la realidad interviene, sin lugar a duda, cuando el consorcio adopta materialmente el comportamiento de empleador, ejerciendo las facultades del poder de dirección sobre los trabajadores a su cargo (en particular la facultad directriz).

6.70. Para tal finalidad, debe ser perceptible que el consorcio requerido ejerza alguna de las atribuciones del empleador pues puede ser suficiente para que se produzca el efecto de subordinar al personal de nóminas ajenas, así sean estas cualquiera de las partes que se consorcian. Así, la inspección del trabajo está plenamente facultada a requerir información a un consorcio si se establece una hipótesis razonable sobre su comportamiento como empleador al existir uso de las facultades organizadora, fiscalizadora y disciplinaria —siendo la primera de ellas especialmente relevante— todo lo cual reposa en la exigibilidad del deber de colaboración del mismo consorcio hacia la inspección del trabajo.

Comentarios de Luis Mendoza – Jefe del Área Legal:

Se destaca que el Tribunal reconoce al Consorcio como empleador, en tanto ejerce el poder de dirección sobre los trabajadores a su cargo. Siendo así, en virtud de la facultad de inspección en el trabajo, se puede solicitar información a un Consorcio si se establece una hipótesis razonable sobre su comportamiento como empleador al existir uso de las facultades organizadora, fiscalizadora y disciplinaria. Asimismo, que el Consorcio califique como empleador en estos casos (y no los Consorciados) ha sido considerado en algunos criterios anteriores.

3.- Establecen precedente sobre los rasgos que evidencian la subordinación en una relación laboral

Con fecha 07 de julio del 2024 se publicó la Resolución de Sala Plena N° 014-2024-SUNAFIL/TFL, estableciéndose el siguiente criterio de observancia obligatoria:

6.14. Ahora, conforme se advierte de los actuados y del numeral 4.5 del Acta de Infracción, el inspector comisionado verificó que en el caso los servicios prestados por las siete (7) personas entrevistadas en la visita inspectiva del 11 de diciembre de 2019, cuyos datos fueron registrados en el formato denominado “Relación de personal”, concurren los tres elementos de una relación de naturaleza laboral. Sobre la prestación personal y directa de un servicio, se verificó que las señoras Patricia Esperanza García Puerta y Rosa Milagros Silva Ortega prestaban servicios de asesoría administrativa, conforme se observó de sus contratos de locación de servicios, en el cargo de “Asesoras de reclutamiento”. Asimismo, se verificó que los señores Natalia Valencia Medina, Winnie Doniña Valenzuela, Rubén Daniel Metzeger Gonzales, Cesar Augusto Marrufo Malmaceda, y José Eduardo Guzmán Chirinos prestaban servicios como “profesores de inglés” de acuerdo con sus contratos de locación de servicios.

6.15 Asimismo, se observa que las funciones y actividades realizadas por las personas afectadas, guardaban una relación estrecha con la actividad principal de la empresa inspeccionada. En efecto, la cláusula primera de los contratos de locación de servicios suscritos con aquellas recoge la siguiente información:

“PRIMERO.- “LA EMPRESA” es una empresa constituida mediante Escritura Pública de fecha 29 de Septiembre del año 2005, otorgada ante el Señor Notario Luis Dannon Brender, dedicada a brindar servicios de representación de empresas nacionales o extranjeras, empresas navieras, marítimas de marina mercante, de cruceros vacacionales, así como a la presentación de servicios de logística, reclutamiento y capacitación de recursos humanos, consultoría, reparación, mantenimiento, educación y en general servicios de cualquier naturaleza, que corre inscrita en la partida N°11802877.”

6.16 Atendiendo a ello, se advierte que parte de los servicios relacionados con la actividad principal de la empresa inspeccionada son: reclutamiento y capacitación de recursos humanos, y educación, los cuales, justamente, coinciden con las labores que brindaban las personas afectadas, de acuerdo a lo apreciado en sus contratos de locación de servicios: por un lado, “actividades de asesoría administrativa”, específicamente de “reclutamiento”, desempeñadas por parte de las señoras Patricia Esperanza García Puerta y Rosa Milagros Silva Ortega; y, por otro, labores de “educación”, “clases de inglés” por parte de los señores Natalia Valencia Medina, Winnie Doniña Valenzuela, Rubén Daniel Metzeger Gonzales, Cesar Augusto Marrufo Malmaceda, y José Eduardo Guzmán Chirinos.

6.17 Sobre el hecho de que una persona brinde servicios permanentes, habituales u ordinarios, relacionados con la actividad principal de la entidad empleadora, la jurisprudencia constitucional y ordinaria, ha sido clara, concluyendo que este tipo de prestación de servicios califica como un rasgo sintomático de laboralidad.

6.18 De acuerdo con los criterios esbozados, en el presente caso, queda claro entonces que las labores realizadas por los trabajadores corresponden a actividades ordinarias y de carácter permanente, y que al formar parte de los servicios que brinda el sujeto inspeccionado como actividad principal, constituyen indicios de laboralidad que demuestran que este tipo de servicios no debieron realizarse en el marco de un contrato civil.

6.21 Del mismo modo, en la cláusula sexta de los contratos de locación se observa un pacto de exclusividad (rasgo sintomático de laboralidad) que impone el sujeto inspeccionado a los señores: García Puerta Patricia Esperanza, Silva Ortega Rosa Milagros, Valencia Medina Natalia, Doniña Valenzuela Winnie, Metzger Gonzales Rubén Daniel, Marrufo Malmaceda Cesar Augusto y Guzmán Chirinos José Eduardo, en los términos siguientes:

SEXTO. – (…) Serán causales de término de contrato, sin que ello genere obligación de pago adicional a favor de EL LOCADOR, con excepción del servicio brindado hasta la fecha de conclusión del contrato, los siguientes casos: (..) -Cuando EL LOCADOR realice en forma paralela otras actividades o servidos similares o relacionados a los que realiza para la naturaleza del presente contrato.” (énfasis nuestro)

6.22 En relación con este elemento de exclusividad, García (2010) indica que existen circunstancias que evidencian en los hechos la existencia de subordinación en un contrato de locación de servicios, tal como la exclusividad. Para este autor, este elemento o rasgo de laboralidad no debería ser una regla para el locador de servicios, pues lo usual es que quien presta servicios de manera independientemente tiene un sin número de clientes entre personas naturales y jurídicas, a todas las cuales brinda sus servicios de manera simultánea.

6.23 Así este rasgo o característica genera una mayor certeza para identificar si nos encontramos frente a una relación de carácter laboral o simplemente civil. En palabras de Toyama (2015), la exclusividad constituye un criterio de valoración utilizado en la jurisprudencia para analizar la laboralidad de una prestación de servicios, dado que, en los contratos de locación de servicios, estos últimos suelen ser para diversas empresas; mientras que, en los contratos laborales, normalmente hay exclusividad. La Corte Suprema también, al respecto, ha indicado que uno de los elementos típicos para determinar la existencia de vínculo laboral, consiste en la exclusividad del servicio para un empleador (Casación Laboral Nº 8222-2016-ANCASH).

6.24 Por consiguiente, al introducirse en el contrato de locación de servicios celebrado con las personas afectadas, un pacto de exclusividad cuyo incumplimiento califica como causal de término de la relación contractual, manifiesta y enfatiza que la exclusividad es un claro rasgo de laboralidad. Atendiendo a este punto, y a los desarrollados también en los fundamentos 6.14 a 6.18, a criterio de Sala se deduce la existencia del elemento de subordinación laboral, debiendo desestimarse cualquier argumento dirigido a cuestionar este extremo.

Comentarios de Luis Mendoza – Jefe del Área Legal:

En la presente controversia, se trae a colación el principio de primacía de la realidad a efectos de solucionar la presente controversia. En virtud de dicho principio, se analiza si las labores, al margen del texto de los contratos respectivos, han tenido las características de subordinación, dependencia y permanencia, con el fin de determinar si la relación observada califica como laboral. Este principio es un elemento implícito en nuestro ordenamiento.

PROYECTOS DE LEY

1.- Proponen eliminar la discriminación laboral a los trabajadores del sector público respecto al beneficio del Seguro de Vida Ley

Con fecha 27 de junio del 2024 se presentó el Proyecto de Ley N° 8284-2023-CR, por la cual se tiene por objeto eliminar la discriminación a los trabajadores del sector público en cuanto al Seguro de Vida Ley, en caso de fallecimiento o invalidez permanente del trabajador y que está previsto en el Decreto Legislativo N° 688, Ley de Consolidación de Beneficios Sociales.

Para tales efectos, en los nuevos contratos o renovaciones del vínculo laboral, la entidad pública considerará el Seguro de Vida Ley en beneficio del trabajador. En los contratos indeterminados o vínculo laboral indeterminado, el Seguro de Vida Ley regirá para todos los trabajadores como máximo a partir del 1 de enero del año siguiente a la aprobación de la Ley.

Segunda quincena de junio 2024

NOVEDADES NORMATIVAS TRIBUTARIAS

1.- Modifican anexo para la presentación del sustento técnico por el uso de un método distinto al precio comparable no controlado en operaciones de exportación o importación de los bienes comprendidos en el anexo 2 del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta

El 14 de junio del 2024 se publicó la Resolución de Superintendencia N° 000123-2024/SUNAT, la cual tiene por objeto modificar el punto 5.2 de la sección del Anexo III de la Resolución de Superintendencia N° 014-20118/SUNAT para incluir el ítem 7 referido al sustento técnico que deben informar los contribuyentes por el uso de un método distinto al del precio comparable no controlado en operaciones de exportación o importación de los bienes comprendidos en el Anexo N° 2 del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, en la declaración jurada informativa Reporte Local.

Con esta resolución, establecen la forma y condiciones establecidas en el numeral 6 del artículo 113-A del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta.

Comentarios de Luis Mendoza – Jefe del Área Legal:

Para detallar un mejor contexto normativo, el numeral 6 del artículo 113°-A del Reglamento de la Ley de Impuesto a la Renta establece que el contribuyente debe sustentar el uso de un método distinto al del precio comparable no controlado mediante la presentación del sustento técnico de las razones económicas, financieras y técnicas que resulten razonables y pertinentes para justificar el uso de dicho método distinto.

En ese sentido, el inciso a) del referido numeral 6 del artículo 113°-A dispone que dicho sustento técnico debe evidenciar que el método del precio comparable no controlado no refleja adecuadamente la realidad económica y financiera de la transacción, mostrando cuantitativamente el impacto producto de la distorsión que se genera por la aplicación del aludido método; lo que debe ser informado en la declaración jurada informativa Reporte Local, señalando la fecha y número (o código) que identifique la comunicación o comunicaciones de todas las operaciones, indicando las DAM y serie, a las que se refiere la transacción.

Por su parte, el inciso b) del citado numeral 6 señala que el indicado sustento técnico debe evidenciar que las transacciones realizadas por terceros independientes no son comparables o aun siendo pasibles de ajustes de comparabilidad estos terminan restando confiabilidad a la aplicación del método, por lo que debe acreditarse de manera documentaria la falta de comparables o mostrar el efecto cualitativo y cuantitativo que lleva a una pérdida de confiabilidad en su aplicación, debiendo adjuntar un análisis de las funciones, activos y riesgos que respalden la selección de un método distinto al precio comparable no controlado, así como un análisis de comparabilidad que acredite que la comparabilidad ha sido incrementada producto de la aplicación del método propuesto.

Es por este motivo que se emitió la presente norma, a efectos de adecuar la declaración jurada informativa Reporte Local e implementar la forma y condiciones establecidas en el Reglamento para la presentación del referido sustento técnico.

Vigencia: 15 de junio del 2024

2.- Se delega la facultad de legislar en la Comisión Permanente

Con fecha 15 de junio del 2024 se publicó la Resolución Legislativa del Congreso N° 020-2023-2024-CR, a efectos de delegar en la Comisión Permanente del Congreso de la República, según lo establecido en el inciso 4) del artículo 101 de la Constitución Política del Perú, la facultad de legislar, a partir del día siguiente del término de la Segunda Legislatura Ordinaria correspondiente al Período Anual de Sesiones 2023-2024 hasta el 19 de julio de 2024, sobre los siguientes asuntos:

  1. Los dictámenes y proyectos de ley o de resolución legislativa que se encuentren en el Orden del Día y en la agenda del Pleno del Congreso, así como los que se incluyan por acuerdo de la Junta de Portavoces, según sus atribuciones.
  2. Las proposiciones del Poder Ejecutivo enviadas con carácter de urgencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 105 de la Constitución Política del Perú.

Comentarios de Luis Mendoza – Jefe del Área Legal:

Cabe precisar que se excluye de los asuntos señalados a aquellos cuya delegación a la Comisión Permanente no procede. Conforme al segundo párrafo del inciso 4) del artículo 101 de la Constitución Política del Perú, no pueden delegarse a la Comisión Permanente materias relativas a reforma constitucional, ni a la aprobación de tratados internacionales, leyes orgánicas, Ley de Presupuesto y Ley de la Cuenta General de la República.

Vigencia: 16 de junio del 2024

3.- Aprueban nuevas disposiciones relativas al método para determinar el monto de percepción del Impuesto General a las Ventas tratándose de la importación de bienes considerados mercancías sensibles al fraude

Con fecha 16 de junio del 2024 se publicó el Decreto Supremo Nº 106-2024-EF, a efectos de aprobar una nueva relación de subpartidas nacionales de los bienes considerados mercancías sensibles al fraude, la metodología para obtener el valor FOB referencial y la relación de los montos fijos.

En ese sentido, se destaca la aprobación de la relación de subpartidas nacionales que contienen los bienes considerados como mercancías sensibles al fraude a que se refiere el numeral 3.2 del artículo 19° de la Ley, la cual se detalla en el Anexo del presente Decreto Supremo. Asimismo, en caso se modifique la nomenclatura arancelaria de las subpartidas nacionales detalladas en el Anexo, se consideran aquellas que correspondan según la adecuación que realice la SUNAT.

Comentarios de Luis Mendoza – Jefe del Área Legal:

Respecto a la metodología para la determinación del valor FOB referencial, regulado en el numeral 3.3 del artículo 19° de la Ley que aprueba el Régimen de Percepciones del Impuesto General a las Ventas, este se determina a nivel de subpartida nacional, calculándose la mediana de los valores unitarios registrados correspondientes al año calendario inmediato anterior de cada subpartida nacional, la que constituye el valor FOB referencial de dicha subpartida.

Dicho cálculo se efectúa en base a valores en aduana analizados por la SUNAT, valores obtenidos en procesos de fiscalización o estudios de precios; o en su defecto los que resulten de la aplicación de análisis estadísticos, de acuerdo con la información disponible.

Vigencia: 17 de junio del 2024

4.- Se modifica la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía

Con fecha 18 de junio del 2024 se publicó la Ley N° 32063, mediante la cual se incorpora el párrafo 13.3 en el artículo 13° de la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, con la siguiente redacción:

“Artículo 13. Impuesto General a las Ventas (…)

13.3. Para efectos de este artículo, son aplicables los requisitos dispuestos en el párrafo 11.2 del artículo 11 de la presente ley, excepto para las empresas que presten servicios de distribución y comercialización de energía eléctrica en el departamento de Madre de Dios, así como en los distritos de Sivia, Ayahuanco, Llochegua y Canayre de la provincia de Huanta, y en los distritos de Ayna, San Miguel, Santa Rosa y Samugari de la provincia de La Mar del departamento de Ayacucho; en las provincias de Jaén y San Ignacio del departamento de Cajamarca; en el distrito de Yanatile de la provincia de Calca, en la provincia de La Convención, en el distrito de Kosñipata de la provincia de Paucartambo, en los distritos de Camanti y Marcapata de la provincia de Quispicanchis del departamento del Cusco; en las provincias de Leoncio Prado, Puerto Inca, Marañón y Pachitea, así como los distritos de Monzón de la provincia de Huamalíes, en los distritos de Churubamba, Santa María del Valle, Chinchao, Huánuco y Amarilis de la provincia de Huánuco, en los distritos de Conchamarca, Tomayquichua y Ambo de la provincia de Ambo del departamento de Huánuco; en las provincias de Chanchamayo y Satipo del departamento de Junín; en la provincia de Oxapampa del departamento de Pasco; en los distritos de Coaza, Ayapata, Ituata, Ollachea y San Gabán de la provincia de Carabaya, y en los distritos de San Juan del Oro, Limbani, Yanahuaya, Phara, Alto Inambari, Sandia y Patambuco de la provincia de Sandia del departamento de Puno; en los distritos de Huachocolpa y Tintay Puncu de la provincia de Tayacaja del departamento de Huancavelica; en el distrito de Ongón de la provincia de Pataz del departamento de La Libertad; en el distrito de Carmen de la Frontera de la provincia de Huancabamba del departamento de Piura”.

Comentarios de Luis Mendoza – Jefe del Área Legal:

Se dispone que el Poder Ejecutivo adecuará, mediante Decreto Supremo refrendado por el ministro de Economía y Finanzas, el Reglamento de la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía a la modificación prevista en la presente ley.

Vigencia: 19 de junio del 2024.

5.- Decreto Supremo que convoca a legislatura extraordinaria

Con fecha 20 de junio del 2024 se publicó el Decreto Supremo N° 061-2024-PCM, mediante la cual se convoca al Congreso de la República a la legislatura extraordinaria para el día 01 de julio de 2024 a las 10:00 horas, a fin que se debata y realice la segunda votación del Texto Sustitutorio de la proposición legislativa por la cual se delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materias de reactivación económica, simplificación y calidad regulatoria, actividad empresarial del Estado, seguridad ciudadana y defensa nacional.

Comentarios de Luis Mendoza – Jefe del Área Legal:

De conformidad con lo establecido en el numeral 6 del artículo 118° de la Constitución, corresponde al presidente de la República convocar al Congreso a legislatura extraordinaria; y firmar, en ese caso, el decreto de convocatoria.

El artículo 50° del Reglamento del Congreso de la República señala que los períodos de sesiones extraordinarias se convocan conforme al numeral 6 del artículo 118° y el artículo 130° de la Constitución, además de la convocatoria por el presidente de la República y en forma obligatoria en la hipótesis señalada en el segundo párrafo del artículo 130° de la Constitución.

Publicado el decreto de convocatoria, el presidente del Congreso de la República ordena que, de inmediato, se proceda a citar a los congresistas. Asimismo, el último párrafo del artículo 50° del Reglamento del Congreso de la República establece que durante los períodos de sesiones extraordinarias sólo se podrán tratar los temas materia de convocatoria.

Vigencia: 21 de junio del 2024.

6.- Aprueban listado de entidades que podrían ser exceptuadas de la percepción del Impuesto General a las Ventas

Con fecha 23 de junio del 2024 se publicó el Decreto Supremo N° 109-2024-EF, mediante el cual se aprueba el “Listado de entidades que podrán ser exceptuadas de la percepción del IGV”, referido en el artículo 11° de la Ley Nº 29173.

El listado se publica en la sede digital del Ministerio de Economía y Finanzas (www.gob.pe/mef), a más tardar el último día hábil del mes de junio de 2024, y rige a partir del primer día calendario del mes siguiente a la fecha de su publicación.

Comentarios de Luis Mendoza – Jefe del Área Legal:

Como se sabe, el Capítulo II del Título II de la Ley N° 29173 regula el Régimen de Percepciones del IGV aplicable a las operaciones de venta gravadas con dicho impuesto de los bienes señalados en el Apéndice 1 de la indicada Ley, por el cual el agente de percepción percibirá del cliente un monto por concepto de IGV que este último causará en sus operaciones posteriores.

El artículo 11° de la Ley señala que no se efectuará la percepción, entre otras, en las operaciones respecto de las cuales se emita un comprobante de pago que otorgue derecho al crédito fiscal y el cliente tenga la condición de agente de retención del IGV o figure en el “Listado de entidades que podrán ser exceptuadas de la percepción del IGV”.

Con relación al referido Listado, el artículo 11° dispone que será aprobado mediante decreto supremo refrendado por el ministro de Economía y Finanzas y señala las entidades que podrán ser incluidas en aquel; asimismo, indica que la SUNAT elaborará la relación de tales entidades y detalla las condiciones que deben verificarse para tal efecto. Considerando ello es que se emite la presente norma.

Vigencia: 01 de julio del 2024.

7.- Se habilita a la Sunat y al Tribunal Fiscal para otorgar información relativa a determinadas empresas para la defensa de la República del Perú en un proceso arbitral

Con fecha 25 de junio del 2024 se publicó el Decreto Supremo N° 114-2024-EF, mediante el cual se declara necesario, para los fines de la defensa de los intereses del Estado Peruano, la información vinculada a las alegaciones de la empresa Telefónica S.A. en el arbitraje iniciado por dicha empresa ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones – CIADI, requerida por la Comisión Especial creada por la Ley Nº 28933, a través del Ministerio de Economía y Finanzas a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT y al Tribunal Fiscal.

En tal sentido, se habilita a dichas entidades a otorgar toda la información requerida por la Comisión Especial, con relación a las empresas Telefónica Móviles S.A.C., Media Networks Latin America S.A.C., Telmex Peru S.A., Tecsur S.A., Duke Energy International – Egenor S.A. (ahora Orazul Energy Egenor Sociedad en comandita por Acciones – Orazul Energy Egenor S. en C. por A.), que guarde vinculación con el proceso arbitral iniciado por Telefónica S.A. ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones – CIADI.

Comentarios de Luis Mendoza – Jefe del Área Legal:

Al respecto, la empresa Telefónica S.A. ha presentado una solicitud de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones – CIADI, con sede en Washington D.C. (Estados Unidos de América), contra la República del Perú, en el marco del Acuerdo de Promoción, Protección Recíproca de Inversiones entre la República del Perú y el Reino de España, relacionados a ciertos actos de la SUNAT y del Tribunal Fiscal.

Vigencia: 26 de junio del 2024

8.- Amnistía Tributaria: Se aprobará el Régimen Excepcional del Impuesto a la Renta para la regularización de rentas no declaradas hasta el año 2022

Mediante el Proyecto de Ley N° 7536/2023-CR, es importante tener en cuenta lo siguiente:

Antecedentes:

  • Como se recuerda, mediante el Decreto Legislativo N° 1264, publicado el 11 de diciembre del 2016, se estableció un régimen temporal y sustitutorio para la declaración, repatriación e inversión de rentas no declaradas.
  • Este Régimen era aplicable a aquellos contribuyentes domiciliados en el país que a la fecha de acogimiento al Régimen cuenten con rentas no declaradas generadas hasta el ejercicio gravable 2015. Asimismo, podían acogerse a este Régimen las rentas gravadas con el impuesto a la renta y que no hubieran sido declaradas o cuyo impuesto correspondiente no hubiera sido objeto de retención o pago.
  • Considerando ello, con fecha 11 de abril del 2024 se presentó el Proyecto de Ley N° 7536/2023-CR, cuyo objeto fue, en principio, modificar el Decreto Legislativo en mención, a efectos de establecer un nuevo plazo y dictar otras disposiciones a fin de promover el cumplimiento efectivo de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes, y para incrementar la recaudación tributaria y la formalización de la economía.
  • Al respecto, el 12 de junio del 2024, el Pleno del Congreso aprobó en primera votación el texto final del Proyecto de Ley, cuyo título es el siguiente: “Ley que establece un régimen excepcional del impuesto a la renta para promover la formalización de la economía y ampliación de la base tributaria de contribuyentes respecto de rentas no declaradas al 31 de diciembre de 2022″.

Principales disposiciones:

  • Ámbito de aplicación del Régimen excepcional:

    Se acogerán al Régimen los contribuyentes domiciliados en el país que a la fecha de acogimiento del régimen cuenten con rentas no declaradas, generadas hasta el ejercicio gravable 2022. El Régimen es aplicable a las rentas gravadas con el Impuesto a la Renta que no hubieran sido declaradas o cuyo impuesto correspondiente no hubiera sido objeto de retención o pago al fisco.

    Asimismo, es aplicable a cualquier incremento patrimonial no justificado que dichos contribuyentes puedan tener hasta el 31 de diciembre de 2022.

  • Sujetos comprendidos:

    Podrán acogerse al Régimen las personas naturales, sucesiones indivisas y sociedades conyugales que optaron por tributar como tales, que en cualquier ejercicio gravable anterior al 2023, hubieran tenido la condición de domiciliados en el país, de acuerdo con lo establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta.

  • Base imponible:

    La base imponible está constituida por los ingresos netos percibidos hasta el 31 de diciembre de 2022, que califiquen como “renta no declarada”, no siendo necesario que a la fecha del acogimiento a la presente norma estén representados en dinero, bienes o derechos. En caso de estar representados en dinero en cuentas del sistema financiero nacional o extranjero, bienes o derechos identificables, se tomará en cuenta disposiciones especiales.

    De otro lado, en caso los ingresos netos se hubiesen percibido en moneda extranjera, se utilizará el tipo de cambio publicado par la SBS al 31 de diciembre de 2022.

  • Tasas:

    La tasa aplicable será del 10% sobre la base imponible, salvo en la parte equivalente al dinero repatriado al país.

    De repatriar el dinero, la tasa aplicable será del 7% sobre la base imponible.

  • Requisitos para el acogimiento:

    Para acogerse al Régimen, deberá cumplirse con los siguientes requisitos:

    1. Presentar una declaración jurada donde se señalen los ingresos netos que constituyen la base imponible; la fecha y el valor de adquisición de los bienes o derechos, el país o jurisdicción en el que se encuentran ubicados; el importe del dinero, identificando la entidad bancaria o financiera del sistema nacional o extranjero en la que se encuentra depositado; entre otra información adicional; y
    2. Efectuar el pago del íntegro del impuesto declarado hasta el día de la presentación de la declaración que resulte de la aplicación de las tasas.
  • Plazo y forma de acogimiento al régimen excepcional:

    La declaración Jurada para acogerse al Régimen podrá presentarse hasta el 29 de diciembre del 2024, pudiendo ser sustituida hasta dicha fecha.

    Vencido el plazo para acogerse al Régimen se podrán presentar declaraciones rectificatorias por errores materiales o formales, que sean detectadas por el sujeto o por la SUNAT, solo hasta el 30 de junio de 2025, siempre que ello no implique la reducción de la base imponible.

    SUNAT establecerá mediante Resolución de Superintendencia la forma y condiciones para la presentación de la Declaración Jurada, dentro de los 60 días calendarios posteriores a la publicación de la Ley.

Comentarios de Luis Mendoza – Jefe del Área Legal:

Mediante el Decreto Legislativo N° 1264 se estableció un régimen temporal y sustitutorio del Impuesto a la Renta, el cual contribuyó a que los contribuyentes domiciliados en el país declaren y repatrien sus rentas no declaradas y generadas hasta el 31 de diciembre del 2015.

En tal sentido, con el Proyecto de Ley Nº 7536/2023-CR se plantea aplicar el mismo Régimen, pero respecto a las rentas no declaradas hasta el 31 de diciembre del 2022. Con la pronta publicación de la Ley, se buscará principalmente que los contribuyentes cumplan con regularizar sus obligaciones tributarias generadas hasta dicha fecha y, con ello, se incremente la recaudación tributaria y la formalización de la economía.

INFORMES DE SUNAT

1.- Califican como rentas de quinta categoría a las remuneraciones, compensaciones y beneficios percibidos por los guardaparques, con ocasión del vínculo laboral que mantienen con el SERNANP

Mediante el Informe N° 000038-2024-SUNAT/7T0000, emitido el 04 de junio del 2024, se concluyó que las remuneraciones, compensaciones y beneficios a que se refiere el artículo 8 de la Ley N° 31991 son percibidas por los guardaparques con ocasión del vínculo laboral que mantienen con el SERNANP, estas calificarán como renta de quinta categoría en la medida que: i) no sean excluidas del campo de aplicación del impuesto a la renta, de manera expresa mediante una norma legal; y ii) no constituyan condiciones de trabajo ; lo cual deberá determinarse respecto de cada retribución.

Comentarios de Luis Mendoza – Jefe del Área Legal:

Como se sabe, los ingresos percibidos por los trabajadores en virtud del vínculo laboral que mantienen con sus empleadores califican como rentas de quinta categoría; con excepción de aquellos que sean excluidos del campo de aplicación del impuesto a la renta, de manera expresa mediante una norma legal. Siendo así, las condiciones de trabajo no constituyen ingresos gravados con el impuesto a la renta de quinta categoría, siempre que no representen un beneficio o ventaja patrimonial para el trabajador.

Ahora bien, entre los derechos de los guardaparques se encuentra la percepción de las remuneraciones, compensaciones y beneficios a los que se refiere el artículo 8° de la Ley N° 31991. Toda vez que dichas retribuciones son percibidas por los guardaparques con ocasión del vínculo laboral que mantienen con el SERNANP, estas calificarán como renta de quinta categoría, siempre que cumplan con determinadas condiciones.

2.- Sunat emite criterio sobre la configuración de servicios digitales

Mediante el Informe N° 000039-2024-SUNAT/7T0000, emitido el 06 de junio del 2024, se rescatan los siguientes puntos:

Antecedentes:

  • En principio, la normativa del Impuesto a la Renta ha establecido un concepto general de “servicio digital”, por lo que para que una determinada operación califique como tal debe cumplir con las características descritas en el primer párrafo del inciso b) del artículo 4 -A Reglamento de la LIR; y para que la renta que genere sea de fuente peruana gravada con el referido impuesto, dicho servicio debe ser utilizado económicamente, usado o consumido en el país.
  • Ahora bien, el segundo párrafo del inciso b) del artículo 4°-A del Reglamento de la LIR enumera diversos servicios que son considerados como digitales para propósitos del impuesto. Así, dentro del listado no taxativo antes aludido se tiene que en los numerales 2 y 7 del segundo párrafo en comentario se dispone que se consideran “servicios digitales”:
    • El soporte técnico al cliente en red: Definido como aquel servicio que provee soporte técnico en línea incluyendo recomendaciones de instalación, provisión en línea de documentación técnica, acceso a base de datos de solución de problemas o conexión automática con personal técnico a través del correo electrónico.
    • El acceso electrónico a servicios de consultoría: Definido como aquel servicio por el cual se pueden proveer servicios profesionales (consultores, abogados, médicos, etc.) a través del correo electrónico, video conferencia u otro medio remoto de comunicación.

Criterio de SUNAT:

Cuando el segundo párrafo del inciso b) del artículo 4°-A del Reglamento de la LIR señala que se consideran “servicios digitales”, entre otros, a los allí listados, debe entenderse que todos estos servicios califican como digitales, aun cuando no cumplan con alguna o algunas de las características descritas en el primer párrafo de la citada norma, como por ejemplo, que no sean esencialmente automáticos; siendo que, solo en aquellos casos que no figurasen en dicho listado, para que tal servicio califique como digital, necesariamente tendrá que cumplir con las características establecidas en el primer párrafo de la norma en mención.

Ahora bien, de acuerdo con la descripción de los servicios consultados, se tiene que estos se tratan de “servicios digitales” de soporte técnico al cliente en red y de acceso electrónico a servicios de consultoría, los cuales se encuentran previstos en los numerales 2 y 7 de segundo párrafo del inciso b) del artículo 4°-A del Reglamento de la LIR, siendo que la renta que estos generen calificará como una de fuente peruana gravada con el impuesto a la renta siempre que dichos servicios se utilicen económicamente, usen o consuman en el país, e independientemente si se prestan de forma esencialmente automática o no.

Por lo tanto, SUNAT concluye que califican como servicios digitales y, por ende, se encontrarán gravados con el Impuesto a la Renta, los servicios de soporte técnico que no sean esencialmente automáticos:

  • Brindados en línea a través de una plataforma electrónica, mediante la cual los usuarios del servicio plantean consultas que son atendidas por técnicos mediante la misma plataforma o por correo electrónico; y
  • Los de consultoría prestados por una persona a través de video conferencia o por correo electrónico; en la medida que se utilicen económicamente, usen o consuman en el país.

Comentarios de Luis Mendoza – Jefe del Área Legal:

Se destaca el criterio controversial de SUNAT, por el cual se entiende que todos los servicios detallados expresamente en el segundo párrafo del inciso b) del artículo 4°-A del Reglamento de la LIR califican como digitales, aun cuando no cumplan con alguna o algunas de las características descritas en el primer párrafo de la citada norma; por ejemplo, que no sean esencialmente automáticos. De otro lado, en aquellos casos en los que no figurasen en dicho listado, para que tal servicio califique como digital, necesariamente tendrá que cumplir con las características establecidas en el primer párrafo de la norma en mención.

El argumento principal de la postura de SUNAT es que el Cuadro Nº 03 del Anexo de la Exposición de Motivos del Decreto Legislativo N° 945 recoge una relación de servicios que según la OCDE califican como digitales y entre los cuales se encuentran los establecidos en los numerales 2 y 7 del segundo párrafo del inciso b) del artículo 4°-A del Reglamento de la LIR, esto es, los servicios de soporte técnico al cliente en red y al acceso electrónico a servicios de consultoría, los cuales son materia del presente análisis. No obstante, SUNAT no ahonda sobre la obligatoriedad de que estos servicios cumplan con lo dispuesto en el primer párrafo del inciso b) del artículo 4°-A.

Cabe precisar que esta postura es contraria con diversos criterios emitidos por el Tribunal Fiscal. Por ejemplo, en la Resolución N° 05459-8-2018 se analizan los servicios prestados por una empresa no domiciliada, a favor de un contribuyente domiciliado, a efectos de calificarlos como “servicios de consultoría”.

En esta controversia, para que se configurase el servicio digital de “acceso electrónico a servicios de consultoría” -supuesto previsto en el numeral 7 del inciso b) del artículo 4°-A del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta- se debía cumplir con los elementos establecidos en la definición de servicio digital prevista en el citado inciso b) del artículo 4°-A. En el presente caso, los servicios prestados no califican como tales, ya que no se advierte que su prestación hubiera beneficiado a la recurrente en forma inmediata.

También se aprecia que tales servicios son viables en ausencia de la tecnología de la información, más aún si la misma empresa señaló que parte de los servicios prestados se efectuaron mediante llamadas telefónicas. Siendo así, al no cumplirse con los elementos constitutivos de la definición de “servicio digital”, el reparo no se encuentra arreglado a ley en este extremo.

PROYECTOS DE LEY

1.- Proyecto de ley que grava con ISC a las apuestas deportivas y apuestas en línea

Con fecha 12 de junio del 2024 se presentó el Proyecto de Ley N° 8162/2023-CR, mediante el cual se modifica el numeral 4 del inciso a) del artículo 56°, y del tercer párrafo del artículo 59° de la Ley del IGV e ISC.

En ese sentido, se dispone que, tratándose de los juegos a distancia y apuestas deportivas a distancia, la base imponible del ISC estaría constituida en el Sistema Al Valor por el valor de cada apuesta.

Asimismo, para el caso de los juegos a distancia y apuestas deportivas a distancia, el ISC se determina por cada apuesta, aplicando sobre la base imponible la tasa establecida en el Literal A del Apéndice IV, que se fija en una tasa del 2%.

2.- Proponen modificar la ley que regula la explotación de juegos a distancia y apuestas deportivas a distancia

Con fecha 13 de junio del 2024 se presentó el Proyecto de Ley N° 8182/2023-CR, mediante el cual se modifica la Ley N° 31557, Ley que regula la explotación de los juegos a distancia y apuestas deportivas a distancia, para regularizar las condiciones bajo las cuales los titulares autorizados para la explotación de plataformas tecnológicas pueden desarrollar actividades de publicidad, patrocinio, promoción o cualquier otra forma de comunicación comercial.

NOVEDADES NORMATIVAS LABORALES

1.- Ley que establece medidas para asegurar el acceso universal al agua potable

Con fecha 20 de junio del 2024 se publicó la Ley N° 32065, mediante la cual se tiene por objeto establecer medidas destinadas a asegurar el acceso universal al agua potable, prioritariamente, para la población que se encuentre en condición de pobreza o vulnerabilidad.

La Ley es de alcance para la población sin acceso al agua potable en los ámbitos urbano y rural a nivel nacional que se encuentre en condición de pobreza o vulnerabilidad. Excepcionalmente, es aplicable, de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria del sector competente, para las instituciones educativas, establecimientos de salud y viviendas de interés social y otras que señale el reglamento de la ley, que no cuenten con acceso al agua potable. Asimismo, es de aplicación para determinadas entidades, como las EPS, SUNASS y ANA.

Comentarios de Luis Mendoza – Jefe del Área Legal:

Se precisa que el Poder Ejecutivo, a través del MVCS, aprobará el Reglamento de la presente Ley en un plazo no mayor de 120 días calendario contados a partir de su entrada en vigor.

En el Reglamento se establecerá la definición y alcance de las intervenciones, identificación de la población objetivo, definición del criterio de temporalidad, responsabilidades en la ejecución de las intervenciones, procesos de coordinación con los programas del MVCS para la programación, identificación de la temporalidad y el reporte de ejecución de las intervenciones, y el esquema de seguimiento de la implementación y contribución al logro de resultados del sector saneamiento, entre otros aspectos necesarios para su aplicación.

Vigencia: 21 de junio del 2024.

2.- Publican Ley General de Contrataciones Públicas

Con fecha 24 de junio del 2024 se publica la Ley N° 32069, mediante la cual se establece el marco normativo para efectivizar la contratación oportuna de bienes, servicios y obras, así como regular, en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento, la participación de los actores involucrados en el proceso de contratación pública.

La Ley tiene como finalidad maximizar el uso de recursos públicos en las contrataciones de bienes, servicios y obras por parte del Estado, en términos de eficacia, eficiencia y economía, de tal manera que dichas contrataciones permitan el cumplimiento oportuno de los fines públicos y mejoren las condiciones de vida de los ciudadanos.

Mediante Decreto Supremo, refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas, se aprobará la reglamentación de la Ley, en el plazo de 180 días calendario contados a partir del día siguiente de la publicación de la Ley. Dicha reglamentación desarrolla en títulos diferenciados por tipos de procesos y sus modalidades, entre otros, los procedimientos, requisitos y condiciones aplicables a las disposiciones previstas en la presente ley.

Comentarios de Luis Mendoza – Jefe del Área Legal:

Entre otras normas, se aprecia la inclusión de principios rectores en la contratación pública:

  1. Legalidad: las partes involucradas en el proceso de contratación deben actuar con respeto a la Constitución Política del Perú, la Ley y al derecho dentro de las facultades atribuidas y de acuerdo con los fines conferidos.
  2. Valor por dinero: las entidades contratantes maximizan el valor de lo que obtienen en cada contratación, en términos de eficiencia, eficacia y economía, lo cual implica que se contrate a quien asegure el cumplimiento de la finalidad pública de la contratación, considerando la calidad, la sostenibilidad de la oferta y la evaluación de los costos y plazos, entre otros aspectos vinculados a la naturaleza de lo que se contrate, y que no procure únicamente el menor precio.
  3. Presunción de veracidad: es la presunción, en la tramitación de documentos dentro del proceso de contratación, de que los documentos y declaraciones formulados por los administrados corresponden a la verdad de los hechos que afirman. Esta presunción admite prueba en contrario.
  4. Causalidad: este principio establece que la responsabilidad recae en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable. No es responsable ni puede ser sancionado un servidor público o contratante por un hecho ajeno, sino solo por los propios.
  5. Innovación: las entidades contratantes deben promover la innovación a través de la contratación de bienes, servicios u obras, ya sea para la creación de bienes y servicios que no existen en el mercado o la optimización de aquellos existentes. Así, la innovación se constituye en un medio generador de soluciones para la satisfacción de las necesidades ciudadanas.

Vigencia: La Ley entrará en vigor a los 90 días calendario contados a partir del día siguiente a la publicación de su Reglamento; excepto la Décima Tercera, Décima Sexta, Décima Novena y Vigésima Octava Disposiciones Complementarias Finales, así como la Única Disposición Complementaria Modificatoria, que entran en vigor a partir del día siguiente de la publicación de la Ley.

JURISPRUDENCIA DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA

1.- La debida motivación en la omisión o marcación ex post del horario de trabajo

Por medio de la Resolución de Sala Plena N° 011-2024-SUNAFIL/TFL, es importante tener presente lo siguiente:

Antecedentes:

  • El artículo 1 del Decreto Supremo N° 004-2006-TR señala que ‘’todo empleador sujeto al régimen laboral de la actividad privada debe tener un registro permanente de control de asistencia, en el que los trabajadores consignarán de manera personal el tiempo de labores. La obligación de registro incluye a las personas bajo modalidades formativas y los destacados al centro de trabajo por entidades de intermediación laboral. No existe obligación de llevar un registro de control de asistencia para trabajadores de dirección, los que no se encuentran sujetos a fiscalización inmediata y los que prestan servicios intermitentes durante el día’’.
  • Respecto a lo antes mencionado, en el presente caso, se encuentran los siguientes hechos a analizar: i) la supuesta inconsistencia entre el registro de control de asistencia exhibido por la recurrente con lo consignado en la hoja de relación de personal del 02 y 09 de diciembre de 2020; y ii) las omisiones de marcado de 6 trabajadores en el periodo de abril-diciembre 2020, solo en el registro de ingreso o de salida.
  • En ese sentido, sobre la imputación referida a la inconsistencia del registro de asistencia del 02 y 09 de diciembre de 2020, se sustenta únicamente en que las hojas de relación de personal de dichos días contienen un horario de salida distinto al consignado en el registro de control de asistencia presentado por el impugnante; sin embargo, dicha relación de personal ha sido llenada de forma unilateral por los supuestos trabajadores afectados, por lo que no se aprecian razones suficientes para establecer que las “omisiones” en el registro no puedan ser “justificadas” por medio de un mecanismo digital como el implementado por este empleador para gestionar sus relaciones laborales.
  • Asimismo, la Administración del Trabajo tampoco ha cumplido con motivar el por qué el uso de este recurso tecnológico resulta insuficiente para los fines normativamente impuestos sobre el registro del ingreso y salida de los trabajadores, el control del tiempo de trabajo y el respeto del tiempo de descanso del personal.
  • Finalmente, como se mencionó, las conductas atribuidas al impugnante son: inconsistencias en el registro de marcado del 2 y 9 de diciembre de 2020; y las omisiones en el ingreso y salida de seis trabajadores. Sin embargo, teniendo en cuenta el numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT (vigente a la fecha de la comisión de las supuestas infracciones, esto es, abril-diciembre de 2020), se prevé como infracción muy grave: “No contar con el registro de control de asistencia, o impedir o sustituir al trabajador en el registro de su tiempo de trabajo”. Es decir, se reprime:
    • La ausencia del mecanismo de control del tiempo de trabajo que la ley laboral ordena al empleador a implementar y llevar con diligencia.
    • Los comportamientos fraudulentos y abusivos por los que se afecta la veracidad del tiempo de trabajo inscrito jornada tras jornada, en la que un ejercicio desviado del poder privado afecta la verdad material en un registro privado de suma importancia.

Precedentes de Observancia Obligatoria:

El Tribunal de Fiscalización Laboral ha dispuesto establecer como precedentes administrativos de observancia obligatoria los criterios expuestos en los fundamentos 6.11, 6.12, 6.14, 6.24 y 6.35 de la Resolución de Sala Plena:

6.11 En estricto sentido, la marcación ex post del horario de trabajo no implica que, de forma necesaria, deba concluirse que se ha vulnerado el contenido imperativo de las obligaciones de registro ordenadas al empleador en el Decreto Supremo Nº 004-2006-TR. En efecto, en ejercicio de su facultad fiscalizadora, el empleador puede determinar qué trabajadores han incumplido el deber de completar el registro diario y ordenar las rectificaciones correspondientes, bajo el principio de razonabilidad y proporcionalidad, dentro de una inmediatez exigible que denote un comportamiento diligente respecto del deber jurídico establecido por la legislación laboral. Sobre el particular, este Tribunal recuerda que es exigible a la Administración Pública el desarrollar una fundamentación debida de las decisiones adoptadas, más aún en sede sancionadora. Así, la garantía de motivación bien cumplida permite desvirtuar adecuadamente a la presunción de licitud para imputar y sancionar adecuadamente un ilícito administrativo laboral.

6.12 De otro lado, el Tribunal de Fiscalización Laboral debe pronunciarse con relación a un elemento propio de la gobernanza privada de las relaciones laborales privadas y que se desprende de la facultad organizativa del empleador fiscalizado en el presente caso. Con relación a las omisiones de marcado determinadas por la SUNAFIL en el periodo de abril-diciembre de 2020, la recurrente informó a la inspección de trabajo y a la autoridad sancionadora que implementó un Módulo de Asistencia y Compensación (MAC) para que el personal que no hubiese cumplido con registrar su ingreso y salida pueda justificar tales omisiones (por olvido de marcado, entre otros). Asimismo, el administrado ha insistido que en su política ha establecido que, en caso de que el trabajador no subsane el deber del marcado del registro de asistencia, procederá a realizar los descuentos respectivos. Como se observa, en este caso, el empleador argumenta que en ejercicio de su potestad normativa ha regulado que los sujetos obligados a efectuar el registro (su personal) debe cumplir con efectuar el comportamiento establecido. Sobre el particular, debe destacarse que ni en el expediente inspectivo ni en el sancionador se ha analizado si es que tales descuentos operaron ante evidencia de trabajo realizado pese a la ausencia de registro en una jornada específica. En vez de ello, el procedimiento sancionador se ha decantado por un análisis formal que invalida los actos de rectificación del registro del tiempo de trabajo per se, criterio con el que esta instancia de revisión no concuerda.

6.14 Así, no se aprecian razones suficientes por las que se establezca que las “omisiones” en el registro no puedan ser “justificadas” por medio de un mecanismo digital como el implementado por este empleador para gestionar sus relaciones laborales. Tampoco se observa que la Administración del Trabajo haya cumplido, en este caso, con motivar el por qué el uso de este recurso tecnológico resulta insuficiente para los fines normativamente impuestos sobre el registro del ingreso y salida de los trabajadores, el control del tiempo de trabajo y el respeto del tiempo de descanso del personal. En consecuencia, no se advierte una debida motivación que permita desvirtuar el principio de presunción de licitud, de modo suficiente.

6.24 En este caso, la conducta que se atribuye a la impugnante es: inconsistencias en el registro de marcado del 2 y 9 de diciembre de 2020 y, las omisiones en el ingreso y salida de seis trabajadores. Sin embargo, conforme con el principio de tipicidad es importante determinar que el tipo sancionador previsto en el numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT (vigente a la fecha de la comisión de las supuestas infracciones, esto es, abril-diciembre de 2020), prevé taxativamente como infracción muy grave: “No contar con el registro de control de asistencia, o impedir o sustituir al trabajador en el registro de su tiempo de trabajo”. Es decir, se reprime a:

  1. La ausencia del mecanismo de control del tiempo de trabajo que la ley laboral ordena al empleador a implementar y llevar con diligencia;
  2. Los comportamientos fraudulentos y abusivos por los que se afecta la veracidad del tiempo de trabajo inscrito jornada tras jornada, en la que un ejercicio desviado del poder privado afecta la verdad material en un registro privado de suma importancia.

6.35 Es imperativo recalcar que las instancias del sistema responsables de la tramitación del procedimiento administrativo sancionador deben garantizar que la motivación comprenda todas las alegaciones de los administrados que resulten pertinentes para el análisis material y formal de la imputación efectuada (pudiendo descartarse argumentos temerarios, de mala fe o meramente insustanciales), lo que resulta necesario para una valoración adecuada de los fundamentos de hecho y de derecho en un caso particular. Asimismo, es preciso sustentar adecuadamente la aplicación, interpretación o integración normativa que corresponda a la absolución de las alegaciones planteadas por los administrados que cumplan con ser razonablemente relevantes en la discusión jurídica que un recurso administrativo o escrito de descargos pueda proponer, conforme a los precedentes o jurisprudencia constitucionalmente aplicables a cada caso.

Comentarios de Luis Mendoza – Jefe del Área Legal:

El Tribunal en este pronunciamiento indica que la marcación ex post del horario no necesariamente genera un incumplimiento de las responsabilidades del empleador, siempre que este ejerza su poder de supervisión o fiscalización y tome medidas correctivas que sean razonables y proporcionales.

Asimismo, señala que, aquellas autoridades que se encarguen de tramitar los procedimientos administrativos sancionadores deberán asegurar una debida justificación que abarque todas las argumentaciones de los administrados, con el fin de fundamentar de forma correcta la aplicación e interpretación de las normativas al resolver dichos recursos.

Finalmente, se recomienda a los empleadores establecer medidas adecuadas que permitan supervisar y controlar los horarios de entrada y salida de los trabajadores, una salida frente a inspecciones laborales, podría ser el uso de una plataforma en línea que facilite la corrección de errores en los registros de jornada, así como la justificación de retrasos.

PROYECTOS DE LEY

1.- Proponen de manera excepcional el tránsito al Régimen CAS Indeterminado a los trabajadores comprendidos cómo servicios no personales y locadores

Con fecha 13 de junio del 2024 se presentó el Proyecto de Ley N° 8175/2023-CR, donde se establece de manera excepcional el tránsito al régimen CAS indeterminado (Decreto Legislativo N° 1057) a los trabajadores comprendidos como servicios no personales y locadores de servicios, esto con la finalidad de garantizar los derechos constitucionales de los trabajadores antes mencionados, otorgándoles estabilidad laboral y derechos sociolaborales.

2.- Se presenta proyecto de ley que declararía de interés nacional y necesidad pública el reajuste automático de la Remuneración Mínima Vital al 30% de la UIT

Con fecha 15 de junio del 2024 se presentó el Proyecto de Ley N° 8225/2023-CR, mediante el cual se pretende declarar de interés nacional y necesidad pública el reajuste automático de la remuneración mínima vital al 30% de la UIT; a efectos de garantizar que los trabajadores reciban una remuneración justa, equitativa y adecuada, conforme al artículo 24° de la Constitución Política.

Primera quincena de junio 2024

NOVEDADES NORMATIVAS TRIBUTARIAS

1.- Se aprueba el procedimiento específico ‘’Eventos Internacionales desarrollados al amparo de la Ley N° 31816’’ DESPA-PE.00.24 (versión 1)

Con fecha 30 de mayo del 2024 se publicó la Resolución de Superintendencia N° 000105-2024/SUNAT en el Diario Oficial El Peruano, mediante la cual se establecen las pautas a seguir para el ingreso y salida de los bienes necesarios para la realización de eventos internacionales declarados de interés nacional, en el marco de la Ley N° 31816 (Ley de facilitación aduanera para la realización de eventos internacionales declarados de interés nacional).

La Resolución está dirigida al personal de SUNAT, al participante y al promotor que solicitan el ingreso y salida de bienes para la realización, cobertura o difusión de dichos eventos internacionales.

Comentarios de Luis Mendoza – Jefe del Área Legal:

Debe recordarse que la Ley N° 31816 restablece el marco legal para la facilitación de trámites aduaneros y el ingreso de participantes con el objeto de coadyuvar a la reactivación del turismo de negocios, reuniones y eventos.

Respecto al procedimiento aprobado, se destacan disposiciones generales sobre el ingreso de bienes, la salida de bienes nacionales o nacionalizados, las mercancías restringidas y prohibidas, la garantía, entre otras disposiciones.

Vigencia: 31 de mayo del 2024

2.- Modifican manuales de contabilidad para las empresas del Sistema Financiero y para las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones

Con fecha 11 de junio del 2024 se publicó la Resolución de SBS N° 02110-2024, a efectos de modificar el Manual de Contabilidad para las Empresas del Sistema Financiero, aprobado por Resolución SBS N° 895-98 y sus modificatorias, conforme al Anexo I que se adjunta a la presente Resolución, el cual se publica en el Portal Institucional (www.sbs.gob.pe).

Asimismo, se modifica el Manual de Contabilidad para las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, aprobado por Resolución SBS N° 435-2005 y sus modificatorias, conforme al Anexo II que se adjunta a la presente Resolución, el cual se publica en el Portal Institucional (www.sbs.gob.pe).

Comentarios de Luis Mendoza – Jefe del Área Legal:

Al respecto, resultó necesario realizar modificaciones en el Manual de Contabilidad, en virtud de la publicación de diversas normativas, tales como las Resoluciones SBS N° 3952-2022, 2368-2023 y 4345-2023.

De otro lado, la modificación al Manual de Contabilidad para las AFP se efectúa para incorporar al encaje por excesos de inversión en las normas de agrupación de los formatos de los estados financieros, de acuerdo con la Resolución SBS N° 2186-2023.

Vigencia: El numeral I del Anexo I de la Resolución entra en vigor a partir del 01 de octubre de 2024. Asimismo, el numeral II del Anexo I entra en vigor a partir de la información de julio de 2025. De otro lado, el numeral III del Anexo I de la Resolución entra en vigor a partir de la información de junio de 2024.

Finalmente, el Anexo II de la presente Resolución entra en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial “El Peruano”.

3.- Modifican artículo de la ley que promueve la reactivación económica a través de compras públicas de las MYPE manufactureras nacionales

El 12 de junio del 2024 se publicó la Ley N° 32055, mediante la cual se modifica la Ley N° 31578, Ley que promueve la reactivación económica a través de compras públicas de las MYPE manufactureras nacionales, con la finalidad de adecuar la definición de las MYPE manufactureras a las actividades realizadas por estas, a efectos de promover y facilitar su acceso a las compras públicas.

En ese sentido, el artículo 5 queda redactado de la siguiente manera:

‘’Artículo 5. Definición de MYPE manufacturera

Para efectos de la presente ley, se considera como MYPE manufacturera a la unidad económica constituida por una persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización formal, que tenga por objeto desarrollar actividades de transformación y/o producción de materiales, sustancias o componentes en productos nuevos y cuente con planilla electrónica’’.

Comentarios de Luis Mendoza – Jefe del Área Legal:

Debe tomarse en cuenta que la Ley modificada (Ley N° 32055) tiene por objeto promover la reactivación económica del país por medio del estímulo a las MYPE, fomentando y fortaleciendo la productividad, la calidad y la estandarización, mediante la dinamización del mercado interno vinculado a las compras públicas, con capacidad de generar, a través de la modificación del marco de referencia, el fomento e impulso al desarrollo económico y social, y la estimulación del emprendimiento productivo, en base a la libertad de trabajo y empresa de ámbito nacional, para mitigar los efectos negativos sobre la economía y la producción, originados por la pandemia del COVID-19.

Vigencia: 13 de junio del 2024

4.- Impuesto a la Renta: Prórroga en la presentación de la Declaración Jurada Anual

Con respecto al comunicado publicado por Sunat, consideramos necesario tener en cuenta lo siguiente:

Antecedentes:

  • Como se recuerda, para efectos de la Declaración del Impuesto a la Renta Anual 2023, se establecieron 02 cronogramas, siendo que desde el 27 de mayo del 2024 iniciaría el vencimiento para aquellos contribuyentes que no estén comprendidos dentro de los alcances de la Ley N° 31940:
  • Sin embargo, en estos días se han reportado diversos problemas técnicos al momento de presentar la Declaración Jurada, por lo que SUNAT consideró conveniente prorrogar únicamente la fecha de vencimiento del 31 de mayo del 2024.

Comunicado de Sunat:

  • Considerando lo expuesto, con fecha 31 de mayo del 2024, SUNAT publicó un Comunicado, en el que opta por prorrogar una de las fechas de vencimiento de la presentación de la Declaración Jurada (del 31 de mayo al 03 de junio), conforme a lo siguiente:

Comentarios de Luis Mendoza – Jefe del Área Legal:

La prórroga comentada solo es aplicable para aquellos contribuyentes cuyo último dígito del RUC termine en “4”.

Debe precisarse que el numeral 1 del artículo 176° del Código Tributario regula la infracción de no presentar las declaraciones que contengan la determinación de la deuda tributaria dentro de los plazos establecidos.

No obstante, mediante la Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Tributos Internos Nº 010-2019-SUNAT/700000 se reguló la facultad discrecional de SUNAT en no sancionar dicha infracción (únicamente para aquellas personas naturales sin negocio), siempre que se cumpla con el siguiente criterio:

No se emitirá sanción de multa tratándose de contribuyentes que hubieran obtenido o percibido rentas distintas a las de tercera categoría que se encuentren obligados a presentar la declaración anual siempre que presenten dicha declaración con anterioridad a que surta efecto cualquier notificación de la SUNAT en la que se le indica al infractor que ha incurrido en infracción”.

INFORMES DE SUNAT

1.- Precisiones sobre gastos provenientes de operaciones con sujetos que califican como residentes de países o territorios no cooperantes o de baja o nula imposición

A través del Informe N° 000026-2024-SUNAT/7T0000, se considera importante tener en cuenta lo siguiente:

Antecedentes:

  • De acuerdo con el numeral 1 del inciso m) del artículo 44° de la LIR, no son deducibles para la determinación de la renta imponible de tercera categoría: los gastos, incluyendo la pérdida de capital, provenientes de operaciones efectuadas con sujetos que califiquen, entre otros supuestos, como residentes de países o territorios no cooperantes o de baja o nula imposición.
  • El numeral 1 del artículo 86° del Reglamento de la LIR establece que son países o territorios no cooperantes o de baja o nula imposición los señalados en su Anexo 1, siendo que mediante Decreto Supremo se puede incluir en dicho anexo a otros países o territorios, siempre que cumplan con determinados criterios.
  • En el último párrafo del numeral se señala que los miembros de la OCDE, o aquellos países o territorios con los que el Perú tenga vigente un CDI (que incluya una “cláusula de intercambio de información”), que no cumplan con el intercambio de información en los términos del inciso c) del tercer párrafo del citado numeral, pueden ser incluidos en el referido Anexo 1.
  • Por su parte, el numeral 4 del artículo 86° del Reglamento de la LIR dispone que la SUNAT debe remitir anualmente al MEF la lista de países o territorios que: (i) hayan cumplido e incumplido con el “intercambio de información”; (ii) lo hayan cumplido de forma limitada; y (iii) los casos en los que haya detectado los supuestos señalados en el inciso b) de numeral 1 del primer párrafo del citado artículo 86° -es decir, la ausencia de transparencia a nivel legal, reglamentario o de funcionamiento administrativo-.
  • En ese contexto, se absuelven 02 consultas al respecto.

Criterio de Sunat:

  1. ¿La referencia a “intercambio de información” comprende las modalidades de intercambio a solicitud, espontáneo y automático establecidas por el Código Tributario y la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal?

    Sí. El numeral 4 del artículo 86° del Reglamento de la LIR regula la actuación de la SUNAT a efecto de remitir al MEF la lista de países o territorios que hayan cumplido e incumplido con el intercambio de información, o lo hayan cumplido de forma limitada; siendo que la referencia al “intercambio de información” contenida en los numerales 1 y 4 del citado artículo comprende las modalidades de intercambio a solicitud, automático y espontáneo, en concordancia con el Código Tributario y la CAAMMF.

  2. ¿Qué implica la ausencia de transparencia a nivel legal, reglamentario o de funcionamiento administrativo?

    La “ausencia o falta de transparencia a nivel legal, reglamentario o de funcionamiento administrativo” en un determinado país o territorio implica que un país o territorio guarde reservas (secreto) en torno a:

    • El sistema tributario aplicable en su jurisdicción.
    • La información de los sujetos que operan en su jurisdicción.
    • Las transacciones efectuadas por los sujetos que operan en su jurisdicción.

    Como consecuencia de ello, las administraciones tributarias de otras jurisdicciones no puedan acceder a dicha información, facilitando con ello la elusión o evasión tributaria internacional.

Comentarios de Luis Mendoza – Jefe del Área Legal:

Para un mejor entendimiento de la materia analizada, debemos entender que resulta común que los contribuyentes realicen operaciones con entidades no domiciliadas. La LIR precisa que, como regla general, estos gastos serán deducibles.

Sin embargo, el artículo 44° de la LIR excluye de esta deducción a aquellas operaciones realizadas con sujetos residentes de países o territorios no cooperantes o de baja o nula imposición, siendo estos detallados en el Anexo 1 del Reglamento de la LIR.

Ahora, aunque estemos frente a países miembros del OCDE, y aquellos países o territorios con los que el Perú tenga vigente un CDI que incluya una “cláusula de intercambio de información”, también podrán ser incluidos en dicho Anexo, siempre que no cumplan con el intercambio de información en los términos del inciso c) del tercer párrafo del numeral 1 del artículo 86° del Reglamento de la LIR.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL

1.- Reconocimiento de los costos en ejecución de obra

Por medio de la Resolución N° 01401-10-2023, se considera importante lo siguiente:

Antecedentes:

  • Con motivo de una fiscalización seguida contra una empresa contribuyente, SUNAT revisó la determinación del Impuesto a la Renta del ejercicio 2016, reparándose un exceso del costo de ventas (por el importe de S/ 490,738.00).
  • Al respecto, SUNAT no ha cuestionado que los proveedores de la empresa recurrente hubiesen prestado el servicio de ejecución de la obra; sino únicamente cuestiona el exceso de costo de ventas, en razón a que detectó diferencia entre el: (i) metrado presupuestado, valorizado y cobrado por los proveedores; y (ii) el metrado presupuestado, valorizado y cobrado por la recurrente a su cliente Gobierno Regional respecto de la misma obra.
  • SUNAT considera que la diferencia detectada incide en mayores costos incurridos por la ejecución de la obra, por lo que la recurrente debía acreditar que dicho incremento de metraje consignado en los presupuestos de sus proveedores, y que determinan mayores costos, fueron efectivamente utilizados en la obra bajo análisis.
  • Por su parte, la recurrente alega que dicha diferencia se debe a que suscribió con su cliente un contrato por la obra bajo sistema de contratación a suma alzada, razón por la que no podía incluir en el acta de entrega y recepción de obra el metraje adicional por más que lo ejecutó.

Criterio del Tribunal Fiscal:

  • La recurrente no acreditó que el exceso de metraje consignado en los presupuestos de los proveedores (y que fue facturado por ellos) haya sido efectivamente ejecutado en la obra (pactada vía contrato a suma alzada).
  • Al respecto, debió presentarse medios probatorios que causen certeza respecto de su ejecución, como pudo ser el “cuaderno de obra” debidamente firmado por los ingenieros residentes y supervisores de la obra, el cual estaba obligado a llevar, debiendo anotarse en este documento las indicaciones, órdenes, autorizaciones, reparos, variantes, consultas y anotaciones que considere conveniente para la ejecución de la obra.
  • Al no demostrarse con documentación idónea y fehaciente la utilización del exceso de metraje detectado por SUNAT en la ejecución de la obra, pese haber sido requerido durante el procedimiento de fiscalización, corresponde confirmar la apelada en este extremo.

Comentarios de Luis Mendoza – Jefe del Área Legal:

Debe precisarse que el reparo analizado deriva de un contrato de obra pactado bajo las normas de contrataciones con el Estado, específicamente desde las condiciones de la “suma alzada”. Respecto a este último, el inciso a) del artículo 35° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF) precisa que este tipo de contratación es aplicable cuando las cantidades, magnitudes y calidades de la prestación estén definidas en las especificaciones técnicas, en los términos de referencia o, en el caso de obras, en los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto de obra, respectivas.

Ahora bien, el artículo 191° refiere que, en la fecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra, el mismo que se encuentra legalizado y es firmado en todas sus páginas por el inspector o supervisor, según corresponda, y por el residente, a fin de evitar su adulteración.

El artículo 192° señala que en el “cuaderno de obra” se anotan, en asientos correlativos, los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de esta, firmando al pie de cada anotación el inspector o supervisor o el residente, según sea el que efectúe la anotación. Las solicitudes que se requieran, como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se presentan directamente a la Entidad o al inspector o supervisor, según corresponda, por el contratista o su representante, por medio de comunicación escrita.

Por lo expuesto, se puede señalar que, en este tipo de contratos, podrá ser altamente fehaciente acreditar los costos de la ejecución de obra a través del documento “cuaderno de obra”.

2.- Causalidad de gastos por servicios de asesoría legal

Por medio de la Resolución N° 01594-10-2023, se considera importante lo siguiente:

Antecedentes:

  • Mediante procedimiento de fiscalización por concepto de Impuesto a la Renta e IGV del ejercicio 2011, SUNAT efectuó un reparo al gasto y crédito fiscal por egresos “no vinculados con la generación de renta gravada”.
  • Al respecto, la empresa recurrente presentó un documento en la fiscalización, en el que se indica que se realizaron los siguientes servicios por las Facturas emitidas por un Estudio Jurídico de Abogados: i) evaluación de transferencia de acciones; ii) reunión para la discusión sobre alternativas para venta acciones; iii) elaboración para discutir estructura compra de acciones; iv) revisión de proyecto de contrato de dación en pago de acciones y conferencia telefónica con representantes del cliente; v) conferencia telefónica a efectos de evaluar impacto tributario por la transferencia de acciones; y vi) revisión de alternativas para mitigar impacto tributario derivado de transferencia de acciones; vii) revisión de poderes otorgados para absolver consultas sobre firmas de asientos de matrícula de acciones; vii) revisión de estatutos y convenios de accionistas; vii) elaboración de contrato de opción de compra de acciones.
  • La empresa recurrente señala que el servicio fue necesario en la toma de sus decisiones y operaciones (planificación y desarrollo del procedimiento de reorganización societaria), así como a la necesidad de evitar posibles contingencias legales.
  • SUNAT señala que, si bien la empresa presentó Facturas, liquidación de horas facturadas, cheques por el pago realizado y detracciones, estos documentos no son suficientes para acreditar que la asesoría legal prestada cumplía con el principio de causalidad. Agrega que, según se señala, los servicios fueron brindados a los accionistas de la empresa contribuyente, en vez de a esta última.

Criterio del Tribunal Fiscal:

  • Si bien obra documentos que contienen el detalle de cobro a la recurrente correspondiente a las facturas observadas, con información relativa a la descripción de los servicios prestados por el estudio de abogados, el staff encargado y el tiempo incurrido en aquellos (horas facturadas); corresponde destacar que las descripciones ahí detalladas acreditan que los servicios fueron brindados a terceros (accionistas y otros), lo que ha sido reconocido por la recurrente al señalar en su escrito de apelación lo siguiente: “si bien se revisó documentación vinculada a los accionistas-como se aprecia en algunos detalles de las facturas- las operaciones materia de consultas fueron necesarias para la toma de decisiones de la compañía (. . .)”. Por lo expuesto en dichos documentos, no resulta suficiente para determinar la causalidad del gasto; no obstante, su eventual potencialidad de acreditar el tiempo en que pudo haber incurrido el prestador del servicio en la ejecución de las prestaciones.
  • La recurrente solo se limitó a señalar la descripción del servicio que como se ha expuesto en los considerandos precedentes involucra a terceros, toda vez que aun siendo accionistas sus estrategias de planeamiento financiero, tributario y otros, tiene repercusión para ellos, sin que existiera documentación que establezca cómo dicho hecho puede incidir en las operaciones de la recurrente, más aun sin en el ámbito tributario tienen tratamientos diferentes de tributación (accionista y la recurrente), por lo que está instancia no tiene los elementos que formen convicción sobre la causalidad de dichos servicios, a pesar de haberse requerido a la recurrente.
  • De lo expuesto se tiene que los gastos detallados en las Facturas corresponden a servicios de asesoría legal brindado por el Estudio Jurídico respecto  del  cual  la recurrente  no brindó documentación referida al objeto de la asesoría contratada (delimitación de sus alcances, entre otros) ni la forma en que esta se vincula con la generación de sus rentas gravadas o el mantenimiento de su fuente productora, por lo que se concluye que no se encuentra acreditada la relación de causalidad establecida en el artículo 37! de la Ley del Impuesto a la Renta.

Comentarios de Luis Mendoza – Jefe del Área Legal:

Como se precisa, los gastos objeto de revisión son servicios legales que sirven esencialmente a los accionistas de una empresa, pues ellos son los interesados en su calidad de contribuyente por la compraventa de acciones.

Debe recordarse que el Tribunal Fiscal asume una “concepción amplia” del principio de causalidad; es decir, que un gasto es deducible si, al menos indirectamente, busca generar rentas o mantener su fuente de producción. Sin embargo, esta figura no se aprecia en el presente caso.

En efecto, se sabe que una persona jurídica es un sujeto distinto a los accionistas que la conforman. Siendo así, los gastos observados no repercuten, ni indirectamente, en la generación rentas gravadas ni en obligaciones administrativas por parte de la empresa recurrente. El asumir este gasto tampoco le genera algún beneficio económico a la empresa.

PROYECTOS DE LEY

1.- Impuesto Vehicular: se presenta proyecto de ley que modifica la Ley de Tributación Municipal

El 29 de mayo del 2024 se presentó el Proyecto de Ley N° 7969/2023-CR, con la finalidad de modificar el artículo 30°-A de la Ley de Tributación Municipal, para precisar a quién corresponde la recaudación y administración del impuesto al patrimonio vehicular. En ese sentido, se propone el siguiente contenido normativo:

“La administración del impuesto corresponde a las Municipalidades Provinciales, en cuya jurisdicción tenga su domicilio el propietario del vehículo considerando el que figura en su Documento Nacional de Identidad y, de acuerdo con el documento de constitución si es persona jurídica. El rendimiento del impuesto constituye renta de la Municipalidad Provincial”.

2.- Se publica proyecto de ley que establece la creación de las zonas económicas especiales a nivel nacional para fortalecer el comercio exterior

El 03 de junio del 2024 se publicó el Proyecto de Ley N° 8026/2023-CR, cuyo objeto es fortalecer el comercio exterior a través de la conformación del procedimiento único de creación de zonas económicas especiales a nivel nacional a fin de fomentar la inversión nacional y extranjera, estimular el crecimiento económico, generar empleo y promover la innovación mediante la implementación de políticas económicas y comerciales favorables.

3.- Proyecto de ley que promueve la formalización de los microempresarios en el Perú para la dinamización de la economía nacional

El 04 de junio del 2024 se publicó el Proyecto de Ley N° 8049/2023-CR, cuyo objeto es desarrollar un marco óptimo y adecuado para la formalización de los microempresarios en el Perú, mediante un incentivo tributario el cual surtiría efecto afiliándose estos al Nuevo Régimen Único Simplificado (NUEVO RUS). El incentivo tributario seria exonerar del pago mensual NUEVO RUS.

4.- Se publica el proyecto de ley de reactivación económica a través del sinceramiento de las deudas tributarias del sector agrario

El 06 de junio del 2024 se publicó el Proyecto de Ley N° 8109-2023-CR, mediante el cual se busca establecer una serie de disposiciones para la reactivación económica del Sector Agrario del país, a través de un Régimen Especial de Sinceramiento de Deudas Tributarias — RESIT AGRARIO.

El Proyecto establecería, con carácter excepcional y por única vez, un Sistema de Sinceramiento de Deuda Tributaria y de Fraccionamiento Especial para las deudas por tributos en el Sector Agrario, cuya recaudación y/o administración están a cargo de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT, exigibles al 31 de diciembre de 2023, y pendientes de pago, cualquiera fuere el estado en que se encuentren, sea en cobranza, reclamación, apelación o demanda contencioso administrativa ante el Poder Judicial, inclusive aquellas que se determinen a futuro por obligaciones generadas hasta el 31 de diciembre de 2023.

5.- Proyecto de ley que amplía los gastos deducibles de Renta de Trabajo para la determinación de la renta anual

Con fecha 10 de junio del 2024 se presentó el Proyecto de Ley N° 8113/2023-CR, mediante el cual se incorporan los literales f) y g) en el artículo 46° de T.U.O. de la Ley del Impuesto a la Renta, a efectos de incorporar egresos que podrán deducirse como gastos, a efectos del cálculo del Impuesto a la Renta de Trabajo Anual: (i) los gastos de la formación educativa de nivel inicial, primaria, secundaria institutos y universitaria en instituciones privadas situados en el país, del cual solo será deducible el 15% de dichos gastos; y (ii) los gastos realizados en mercados y supermercados situados en el país, del cual será deducible el 15% de dichos gastos.

6.- Proyecto de ley que autoriza un nuevo refinanciamiento excepcional para el pago de impuestos

Con fecha 10 de junio del 2024 se presentó el Proyecto de Ley N° 8114/2023-CR, mediante el cual se autoriza a SUNAT para que, de manera obligatoria, celebre un nuevo refinanciamiento con los contribuyentes que hayan perdido el beneficio del fraccionamiento del pago de impuestos por incumplimiento de pagos.

NOVEDADES NORMATIVAS LABORALES

1.- Se pre publica el proyecto del Reglamento General de los Registros Públicos

Con fecha 03 de junio del 2024, se publicó en el Diario Oficial El Peruano, la Resolución de Superintendencia Nacional de Registros Públicos N° 00078-2024-SUNARP/SN, mediante la cual se dispone la prepublicación del proyecto Reglamento General de los Registros Públicos, que como anexo forma parte de la presente Resolución y al que se accede mediante el enlace, que consta en la Plataforma Digital Única del Estado Peruano (https://www.gob.pe/sunarp), a efecto de recibir las sugerencias, comentarios o recomendaciones del público en general, por un plazo de 30 días calendario contados a partir del día siguiente de su publicación.

Comentarios de Luis Mendoza – Jefe del Área Legal:

Cabe señalar que se dispone que las opiniones, comentarios y/o sugerencias sobre el proyecto mencionado puedan ser presentadas a través de las oficinas de trámite documentario de las oficinas registrales de todo el país, así como, a través de mesa de partes virtual de la Sunarp, cuya dirección web es https://mesadetramite.sunarp.gob.pe/, o a través de los correos electrónicos: svalenzuela@sunarp.gob.pe y rguzman@sunarp.gob.pe.

Vigencia: 4 de junio de 2024

2.- Trabajadores Cesados Irregularmente: autorizan el pago de la compensación económica prevista en el artículo 3° de la Ley N° 27803

Mediante la Ley Nº 27803, Ley que implementa las recomendaciones derivadas de las comisiones creadas por las Leyes Nº 27452 y Nº 27586, encargadas de revisar los ceses colectivos efectuados en las empresas del Estado sujetas a procesos de promoción de la inversión privada y en las entidades del Sector Público y Gobiernos Locales, se crea un Programa Extraordinario de Acceso a Beneficios cuyos destinatarios serán los ex trabajadores cesados mediante los procedimientos de ceses colectivos llevados a cabo ante la Autoridad Administrativa de Trabajo en el marco del proceso de promoción de la inversión privada, y que conforme a lo establecido por la Comisión Especial creada por Ley Nº 27452, han sido considerados irregulares; así como los ex trabajadores cuyos ceses colectivos en el Sector Público y Gobiernos Locales han sido considerados igualmente irregulares.

Al respecto, el artículo 3° de la mencionada Ley determina que los extrabajadores inscritos en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente tienen derecho a optar, alternativa y excluyentemente, entre los siguientes beneficios: i) reincorporación o reubicación laboral; ii) Jubilación Adelantada; iii) Compensación Económica; y iv) Capacitación y Reconversión Laboral.

En ese sentido, con fecha 04 de junio del 2024, se publicó en el Diario Oficial El Peruano la Resolución Ministerial N° 094-2024-TR, mediante la cual se autoriza el pago de la compensación económica prevista en el artículo 3 de la Ley N° 27803 en favor de mil quinientos veinte beneficiarios comprendidos en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente y que optaron por dicho beneficio, según la relación del Anexo 1 y Anexo 2 que forman parte integrante de la presente resolución ministerial.

Comentarios de Luis Mendoza – Jefe del Área Legal:

El pago se efectivizará a partir del segundo día hábil de publicada la Resolución Ministerial. Para tales efectos, se autoriza a la Oficina General de Administración a efectuar las acciones administrativas pertinentes para el cumplimiento de lo establecido en la presente resolución ministerial.

Vigencia: 5 de junio de 2024

3.- Se implementan los Sistemas de Gestión de Calidad (SGC) ISO 9000, ISO 9001 e ISO 9004 en las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS)

Con fecha 04 de junio del 2024, se publicó en el Diario Oficial El Peruano la Ley N° 32041, la cual tiene por objeto disponer la implementación de los sistemas de gestión de calidad basados en las normas ISO 9000, ISO 9001 e ISO 9004, así como otras normas técnicas aplicables a los referidos sistemas, en las EPS de propiedad municipal, con la finalidad de alcanzar la mejora de la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado para ayudar a reducir la brecha en el acceso a dichos servicios.

Se precisa que la Ley es de aplicable a las EPS responsables de la prestación de dichos servicios en el ámbito urbano.

Comentarios de Luis Mendoza – Jefe del Área Legal:

El Poder Ejecutivo, a través de la SUNASS, en concordancia con el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) y con el Instituto Nacional de Calidad (INACAL), prioriza las acciones correspondientes de acuerdo con las competencias funcionales de cada una de estas para la implementación de la presente Ley.

Asimismo, el Poder Ejecutivo, mediante Decreto Supremo refrendado por el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, aprobará el reglamento de la presente ley en un plazo no mayor de sesenta días calendario contados a partir de su entrada en vigor.

Vigencia: 5 de junio del 2024

4.- Se publica el proyecto ‘’Directiva para la fiscalización de la normativa que regula la protección de la maternidad y la paternidad en el trabajo’’

Con fecha 06 de junio del 2024, se publicó en el Diario Oficial El Peruano la Resolución N° 000114-2024-SUNAFIL, mediante la cual se dispone la prepublicación del proyecto de Directiva denominada “Directiva para la fiscalización de la normativa que regula la protección de la maternidad y la paternidad en el trabajo”, que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución.

Comentarios de Luis Mendoza – Jefe del Área Legal:

Se establece el plazo de 30 días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación de la presente resolución, a fin de que los interesados presenten, por escrito, sus comentarios y/o sugerencias en la Mesa de Partes de SUNAFIL, ubicada en la Av. Salaverry N° 655 – 1er. Piso, distrito de Jesús María, Departamento de Lima – Perú, y/o vía Mesa de Partes Virtual: https://aplicativosweb6.sunafil.gob.pe/si.mesaVirtual/

Vigencia: 7 de junio de 2024

5.- Ley que modifica el Código Penal y la ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas en el proceso penal

El 10 de junio del 2024 se publicó la Ley N° 32054, mediante la cual se modifica: (i) el artículo 105° ─incorporando los párrafos cuarto y quinto─ del Código Penal, Decreto Legislativo 635; y (ii) el artículo 5° ─incorporando los párrafos segundo y tercero─ de la Ley N° 30424, Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas en el proceso penal.

Todo ello a fin de optimizar la democracia representativa y establecer medidas para la lucha contra la corrupción en las organizaciones políticas.

Comentarios de Luis Mendoza – Jefe del Área Legal:

Respecto al artículo 105° del Código Penal, se modifica en lo siguiente: “Si el hecho punible fuere cometido en ejercicio de la actividad de cualquier persona jurídica o utilizando su organización para favorecerlo o encubrirlo, el Juez deberá aplicar todas o algunas de las medidas siguientes: (…)

El cambio de la razón social, la personería jurídica o la reorganización societaria, no impedirá la aplicación de estas medidas.

Respecto de los partidos políticos no se aplica lo dispuesto en los numerales 1, 2 y 3 del primer párrafo. A dichas organizaciones solo se aplica el régimen sancionador en los supuestos previstos en la Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas.

La responsabilidad penal se aplica de manera individual a los sujetos implicados en el ilícito”.

Sobre el artículo 5° de la Ley N° 30424, se establece la siguiente modificación: “El juez, a requerimiento del Ministerio Público, impone, según corresponda, las siguientes medidas administrativas contra las personas jurídicas que resulten responsables de la comisión de los delitos previstos en el artículo 1: (…) e. Disolución.

Respecto de los partidos políticos no se aplica lo dispuesto en los literales b), d) y e) del primer párrafo. A dichas organizaciones solo se aplica el régimen sancionador en los supuestos previstos en la Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas.

La responsabilidad penal se aplica de manera individual a los sujetos implicados en el ilícito”.

Vigencia: 11 de junio del 2024

JURISPRUDENCIA DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA

1.- Ocupación efectiva en el trabajo: establecen precedente vinculante

Por medio de la Resolución de Sala Plena N° 004-2024-SUNAFIL/TFL, es importante tener presente lo siguiente:

Antecedentes:

  • El artículo 9 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728 (Ley de Productividad y Competitividad Laboral’) establece que; ‘’Por la subordinación, el trabajador presta sus servicios bajo dirección de su empleador, el cual tiene facultades para normar reglamentariamente las labores, dictar las órdenes necesarias para la ejecución de las mismas, y sancionar disciplinariamente, dentro de los límites de la razonabilidad, cualquier infracción o incumplimiento de las obligaciones a cargo del trabajador (…)”.
  • La norma considera como parte de la facultad directriz “el poder de variación o ius variandi, el cual supone la posibilidad para el empresario de actualizar los contenidos específicos de la prestación laboral de cada trabajador, conforme a las necesidades que imponga las circunstancias de la empresa, del propio puesto de trabajo o de los procedimientos técnicos aplicables; siendo estas características as que lo dotan de un carácter restrictivo’’.
  • En ese sentido, cuando los límites del ius variandi no son respetados, nos encontramos ante un ejercicio abusivo y desnaturalizado del mismo, lo cual incide directamente en los derechos del trabajador, configurándose actos de hostilidad, los cuales son descritos por el artículo 30 del TUO de la LPCL como actos contra la moral y todos aquellos que afecten la dignidad del trabajador.
  • Teniendo en cuenta lo antes mencionado, en el presente caso, esta Sala advierte que corresponde analizar si dicho exceso en el poder de dirección vulnera la dignidad de los trabajadores, en razón de no haberles asignado funciones de manera permanente.
  • Al respecto, se concluye que al no asignarles ocupación efectiva y otorgarles licencias con goce de haber a los trabajadores, desde el mes de enero de 2022 hasta junio de 2022, la empresa ha sobrepasado los límites de su poder de directriz, pues no consideró la afectación a la dignidad de los trabajadores, al propiciarles momentos de angustia, por no conocer la situación exacta de sus condiciones de trabajo por un periodo tan prolongado.

Precedentes de Observancia Obligatoria:

El Tribunal de Fiscalización Laboral ha dispuesto establecer como precedentes administrativos de observancia obligatoria los criterios expuestos en los fundamentos 6.28, 6.31 y 6.34 de la Resolución de Sala Plena:

‘’ 6.28 Sobre ello, es importante resaltar que cuando un trabajador se compromete a prestar sus servicios personales y subordinados, naturalmente, ello se debe corresponder con el ofrecimiento de funciones por parte del empleador. Y es que no solamente, en una relación está de por medio, la acreencia de una remuneración, dado que una persona natural, cuando se compromete con su contraparte laboral, no solo lo hace por la contraprestación económica que percibirá, dado que subyacen a su contratación, intereses de índole profesional y personal, aspecto que merece tutela de forma tal y como ocurre con el móvil económico referido. Justamente, en función a ello, encuentra fundamento jurídico el denominado “derecho a la ocupación efectiva”, que se nutre del reconocimiento prioritario de la dignidad humana en el trabajo (conforme a la lectura sincronizada de los artículos 1 y 23 de la Constitución).

6.31 De esta forma, se puede concluir que la lesión a la dignidad del trabajador no solo se produce cuando se realizan actos que puedan interferir en el desempeño de sus funciones o a los supuestos descritos en el artículo 30 del TUO de la LPCL. Por el contrario, las agresiones contra la dignidad de la persona que trabaja también se producen cuando el empleador decide, arbitraria e injustificadamente, no encomendar tareas al trabajador a su disposición. La inactividad profesional generada resulta contraria al desarrollo de las capacidades y potenciales profesionales.

6.34 En consecuencia, la impugnante ha vulnerado el derecho al trabajo, lo cual comprende no solo el acceso al empleo, sino también el derecho a la ocupación efectiva del puesto de trabajo, esto es, el derecho al desarrollo de la prestación laboral en forma ordinaria, siendo que realizar un trabajo supone un medio por el cual el individuo no solo logra obtener un sustento económico, sino también, consigue desarrollar su persona, su propio profesionalismo o su proyecto de vida, por lo que estos hechos implican un atentado contra la dignidad del trabajador, configurándose así, en un acto de hostilidad que afecta la dignidad de la persona, prevista en el literal g) del artículo 30 del TUO LPCL.’’

Comentarios de Luis Mendoza – Jefe del Área Legal:

Con el pronunciamiento del Tribunal, en lo que respecta a la falta de asignación de ocupación efectiva y la vulneración a la dignidad de los trabajadores, se rescata el precedente donde determina que la lesión a la dignidad del trabajador no solo se produce cuando se realizan actos que interfieran con el desempeño de las funciones del trabajador; sino también, cuando el empleador decide no encomendar tareas al trabajador a su disposición, provocando así una afectación de acceso al empleo.

En tal sentido, se debe tener presente que cuando un trabajador se compromete a trabajar para el empleador, este tiene el derecho de recibir tareas por parte de la empresa contratante, ya que el trabajo como tal, no es sólo una fuente de ingresos, sino más bien, este genera un derecho profesional y personal para el trabajador. Con este precedente, se destaca el derecho a la ocupación efectiva, teniendo en cuenta los artículos 1° y 23° de la Constitución, las cuales están referidas a la dignidad humana.

Finalmente, recuerden que la falta de asignación de tareas de parte del empleador al trabajador puede consignar una violación grave.

2.- Seguridad y salud en el trabajo: se emite precedente de observancia obligatoria

Con fecha 02 de junio del 2024 se publicó la Resolución de Sala Plena N° 008-2024-SUNAFIL/TFL, estableciéndose el siguiente criterio de observancia obligatoria:

6.5. El Tribunal Constitucional ha sostenido que el Principio de presunción de inocencia se constituye “en un límite al principio de libre apreciación de la prueba por parte del juez, puesto que dispone la exigencia de un mínimo de suficiencia probatoria para declarar la culpabilidad, más allá de toda duda razonable”. Siguiendo tal criterio, en sede administrativa fiscalizadora y sancionadora, podemos afirmar que el Principio de Presunción de Licitud opera como lineamiento exigible a los órganos correspondientes del Sistema de Inspección del Trabajo, en los casos en los que los tipos sancionadores no establezcan un régimen objetivo de responsabilidad.

6.6. Resulta de vital importancia que la administración satisfaga un estándar probatorio razonable sobre la comisión de la infracción por la que se imputa a una inspeccionada, teniendo en cuenta que el nivel de probanza de la acusación es que ésta se encuentre acreditada más allá de toda duda razonable. La Administración Pública no solo debe encargarse de mostrar pruebas de la acusación, sino que tiene que encargarse de valorar y argumentar que tales piezas sustentan el análisis sobre los hechos probados del caso y en debida consideración del principio de tipicidad.

6.13. Por tanto, atendiendo a la conjunción copulativa “riesgo grave e inminente23” del tipo infractor del numeral 28.7 del artículo 28 del RLGIT, para el juicio de subsunción del comportamiento reprochado no será suficiente que los inspectores de trabajo acrediten la gravedad por acción u omisión del incumplimiento en materia de seguridad y salud en el trabajo por parte del sujeto inspeccionado. De conformidad con el principio de tipicidad, también se deberán desarrollar las razones que sustentan la inminencia en la configuración de dicho riesgo grave en materia de seguridad y salud de los trabajadores que la administración considere como afectados (y, eventualmente, de las personas que prestan servicios dentro del ámbito del centro de labores).

6.14. Por tanto, y siguiendo la línea resolutiva de la Sala en las Resoluciones Nros. 463-2021, 565-2022-SUNAFIL/ TFL-Primera Sala, así como las Resoluciones Nros. 1116, 1135,1163-2023-SUNAFIL/TFL-Primera Sala y la Resolución Nº 127-2024-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, entre otras; el Tribunal de Fiscalización Laboral sienta como criterio vinculante que la imputación del numeral 28.7 del artículo 28 del RLGIT implica necesariamente la verificación, por parte de la inspección del trabajo, del incumplimiento en la adopción de medidas preventivas sobre las condiciones de trabajo que implique un grave riesgo e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores y prestadores de servicios en el centro de labores. Por ello, la autoridad administrativa debe efectuar el análisis y sustentar si efectivamente la Inspeccionada incurrió en la infracción en materia de seguridad y salud en el trabajo, en los términos establecidos en el tipo señalado, conforme al considerando anterior.

3.- Relaciones laborales: se emite precedente de observancia obligatoria

Con fecha 02 de junio del 2024 se publicó la Resolución de Sala Plena N° 009-2024-SUNAFIL/TFL, estableciéndose el siguiente criterio de observancia obligatoria:

6.28. Respecto al caso en concreto, esta Sala considera que la decisión del empleador de no otorgar a los 22 trabajadores sindicalizados de SITROSANFER el incremento remunerativo de S/1.80 diarios en su jornal, se basó solo en su condición de afiliado a dicha organización, es decir, en el ejercicio de su libertad sindical positiva respecto de esta última. La impugnante alega que no podría hacerse extensivo este beneficio, al no haberse obtenido a través de un convenio colectivo, argumento que no resulta razonable, pues se ha verificado que dicho incremento sí fue otorgado a los trabajadores afiliados a los otros dos sindicatos (SUNTSANFER y Sindicato Nacional de Trabajadores de la Empresa de San Fernando Sur).

6.29. De esta forma, a fin de evitar la afectación de un derecho fundamental, como es el ejercicio de la libertad sindical positiva, este Tribunal exige una mayor justificación por parte de los empleadores sobre el motivo por el cual no correspondería extender los beneficios laborales obtenidos por convenios colectivos a trabajadores no afiliados a una organización sindical minoritaria en particular, siendo que sí los otorga a sindicalizados de otras organizaciones de las mismas características. Por lo tanto, al analizar los argumentos y documentales del presente procedimiento administrativo sancionador, resulta claro el acto discriminatorio en perjuicio de los trabajadores afiliados al SITROSANFER por su condición de afiliados a esta organización, sin considerar que lo pactado en los convenios colectivos no los excluía, y por el contrario, se habían otorgado a los trabajadores no afiliados dicho beneficio remunerativo al igual que los afiliados de los sindicatos SUNTSANFER y Sindicato de Trabajadores de la Empresa de San Fernando Sur.

6.30. Es así como los veintidós trabajadores detallados en el cuadro N° 01 del Acta de Infracción debieron percibir el mismo incremento remunerativo, máxime si no se ha acreditado con medios probatorios pertinentes cuáles son los criterios objetivos que justificasen dicha diferencia remunerativa. Por lo tanto, se ha podido corroborar que existió un trato desigual en contra de los trabajadores afectados, incurriendo la impugnante en una discriminación por motivo sindical; razón por la que se debió dar cumplimiento al pago del incremento de S/ 1.80 soles sobre el jornal diario de todos los trabajadores afiliados al SITROSANFER a partir del mes de octubre de 2019, hasta la fecha en que fue requerido, a través de la medida inspectiva de requerimiento de fecha 8 de setiembre de 2020.

6.33. Por consiguiente, al verificarse que se está ante un tipo de comportamiento discriminatorio que alude a una discriminación directa que incide en un motivo prohibido, se aplicará el contenido del artículo 48.1-C19 del RLGIT. Así, esta Sala considera que los casos de discriminación salarial que se basen comprobadamente en motivos prohibidos bajo actos u omisiones de discriminación directa o indirecta, deben ser tratados con la regla punitiva referida para el cálculo de una sanción mayor, situación que ha sucedido en el presente caso, al evidenciarse que el motivo de discriminación se basó en el ejercicio de la libertad sindical de los trabajadores afiliados al Sindicato SITROSANFER, a los cuales su empleador les negó hacer extensivo la aplicación del incremento remunerativo obtenido por convenio colectivo por el Sindicato SUNTSANFER y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Empresa de San Fernando Sur, y que fue extendido a los trabajadores no afiliados.

6.34. De acuerdo con lo señalado precedentemente, la impugnante no logró acreditar una causa objetiva y razonable que justifique su actuar, al no hacer extensivo el incremento remunerativo a los trabajadores afiliados al Sindicato SITROSANFER. Por lo tanto, al no existir una justificación clara y precisa para que los trabajadores afectados no percibieran dicho incremento, se quebrantó el principio de igualdad y la prohibición de discriminación, advirtiéndose la discriminación directa por motivos del ejercicio de su libertad sindical, al no otorgárseles el incremento remunerativo que les correspondería percibir.

4.- Vacaciones: Uso de medios digitales para la solicitud de goce y/o fraccionamiento de vacaciones

Por medio de la Resolución de Sala Plena N° 010-2024-SUNAFIL/TFL, es importante tener presente lo siguiente:

Antecedentes:

  • En el presente caso, una empresa cuenta con el ‘’Sistema de Gestión Vacacional’’ (en adelante, “SGV”), el cual se puso a disposición de los trabajadores para la programación de los descansos vacacionales, donde el registro de los días de vacaciones solo puede registrarse por el trabajador. De este modo, manifiesta su voluntad, aceptando o rechazando la invitación de la empresa respecto del adelanto o del fraccionamiento de sus vacaciones. Después de ello, el supervisor o jefe respectivo tiene la potestad de aceptar la propuesta o modificar la fecha del goce del descanso.
  • El artículo 14 del Decreto Legislativo N° 713, establece que “la oportunidad de descanso se fija de común acuerdo entre el trabajador y el empleador, pero que, a falta de acuerdo, decidirá el empleador en uso de su facultad directriz”. Por tanto, que el SGV de la empresa haya previsto que el jefe directo pueda no estar de acuerdo con la fecha propuesta por el trabajador para el adelanto de vacaciones o para su fraccionamiento no vulnera derecho laboral alguno.
  • Asimismo, el artículo 17° del Decreto antes mencionado indica que “a solicitud escrita del trabajador, el disfrute del periodo vacacional puede ser fraccionado, es decir, para que la solicitud se dé por aprobada, es necesario un acuerdo escrito entre las partes; en consecuencia, la empresa no ha vulnerado el derecho a vacaciones de sus trabajadores, por manifestar su acuerdo o desacuerdo ante las propuestas que ellos presenten sobre la oportunidad y forma del goce vacacional.
  • En base a lo antes expuesto, tenemos al principio de informalidad que rige los procedimientos administrativos, según el cual los derechos e intereses de los administrados no deben verse afectados por la exigencia de aspectos formales; asimismo, traemos a colación el Decreto Legislativo N° 1310, el cual orienta a la simplificación en la emisión, remisión y conservación de documentos laborales, mediante el uso de las tecnologías.
  • En conclusión, al evidenciarse que el uso de estas técnicas es mayor y los programas informáticos ofrecen plataformas, aplicaciones y otros medios, se considera que al usar estos procedimientos digitales se busca simplificar aún más el acceso a la información y la toma de decisiones entre las partes.

Precedentes de Observancia Obligatoria:

El Tribunal de Fiscalización Laboral ha dispuesto establecer como precedentes administrativos de observancia obligatoria los criterios expuestos en los fundamentos 6.20, 6.23, 6.26, 6.27, 6.28, 6.32, 6.33 y 6.34 de la Resolución de Sala Plena:

6.20 ‘’ A mayor abundamiento, el artículo 17 del Decreto Legislativo N° 713, establece que a “solicitud escrita del trabajador, el disfrute del período vacacional puede ser fraccionado”, es decir, que la solicitud no es aprobada automáticamente, sino que es necesario un “acuerdo escrito entre las partes”. Se deduce, entonces, de la legislación vigente, que la anuencia del empleador es indispensable para que un trabajador pueda hacer uso del goce vacacional. En consecuencia, la empresa no ha vulnerado el derecho a vacaciones de sus trabajadores por manifestar su acuerdo o desacuerdo ante las propuestas que ellos presenten sobre la oportunidad y la forma del goce vacacional.

6.23 Así, resulta innegable que el empleo de medios digitales acelera los procesos y simplifica los trámites. Sin embargo, es responsabilidad de los empleadores y de la Administración Pública utilizarlos garantizando los derechos de los trabajadores y en estricta observancia de la legislación vigente. Condición que, a criterio de esta Sala, se ha cumplido en el caso en que los trabajadores proponen unas fechas determinadas y la empresa las aprueba. En este caso, se emplea un mecanismo que hasta donde puede observarse, da cuenta de que la manifestación de voluntad del trabajador no se encuentre afectada por vicio, dolo o intimidación, y que, al goce de vacaciones, haya precedido un procedimiento que da lugar a la posibilidad del acuerdo exigido por ley, lo que es plasmado en la solicitud que presenta el trabajador en la plataforma digital y en la respuesta de la división de Recursos Humanos. De esta forma, de acuerdo con el SGV, si en el plazo de cinco días útiles la parte trabajadora no recibe indicación en contrario del jefe inmediato, se convalida la solicitud y otorga las vacaciones. Del mismo modo, que no fuera autorizada dicha solicitud, se le comunica al trabajador quien deberá coordinar la nueva fecha y, de llegar a un acuerdo, ingresará al sistema la nueva fecha acordada.

6.26 Teniendo en cuenta lo expuesto, se observa que esta situación también ha concurrido en el presente procedimiento, puesto que la empresa ha podido demostrar que su SGV contiene acuerdos desmaterializados que plasman la voluntad de las partes intervinientes, sin que una pueda alterar la de la otra, las cuales constan en un registro en el que se pueden identificar claramente las fechas de inicio y fin de vacaciones, así como el periodo laboral al que corresponden.

6.27 Si bien es cierto que aún no existe una norma que expresamente regule esta fi gura en el ámbito laboral, el Título Preliminar de la LPAG permite concluir su validez y legitimidad porque los principios que inspiran el procedimiento administrativo sirven de “criterio interpretativo para resolver las cuestiones que puedan suscitarse en la aplicación de las reglas de procedimiento, como parámetros para la generación de otras disposiciones administrativas de carácter general, y para suplir los vacíos en el ordenamiento administrativo” .

6.28 En virtud de estas consideraciones, en aplicación del principio de presunción de veracidad, según el cual, en la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, salvo que se pruebe lo contrario, se debe dar por cierto lo afirmado por la impugnante. Esta presunción de veracidad es invocable puesto que no resulta aplicable la presunción de certeza del acta de infracción ni de la imputación de responsabilidad que contiene, ya que no está sustentada (para el caso concretamente analizado) en una conducta infractora sustancial, puesto que, razonablemente, no es exigible la forma escrita, por su falta de idoneidad, al acreditarse el uso de herramientas digitales para la gestión de las relaciones de trabajo.

6.32 Sin embargo, en aplicación del principio de presunción de veracidad, corresponde dar credibilidad a lo afirmado por la impugnante, ya que las normas vigentes no excluyen los medios informáticos para plasmar la voluntad de las partes y que, con las nuevas tecnologías, ese consentimiento es viable en el SGV implementado por la empresa. Mas bien, no se ha observado que el administrado haya impuesto el goce de vacaciones a trabajadores que no estaban de acuerdo con el fraccionamiento, ni que el empleador sea quien active el derecho a gozar de ese beneficio en estos casos.

6.33 Conforme se ha sostenido previamente, es importante rescatar que no puede deducirse una regla general válida para todo el tipo de prácticas que pudieran darse a propósito de un programa de vacaciones del tipo que se ha presentado en este expediente, pero lo cierto es que la inspección del trabajo, como el procedimiento sancionador, deben evaluar elementos que permitan determinar si este tipo de prácticas cumplen o no con ponderar adecuadamente los intereses de los empleadores con los derechos a los trabajadores.

6.34 Entre otros elementos que la investigación debiera recoger, se encuentran el hecho de que la plataforma a través de la que se hagan las invitaciones a fraccionar vacaciones y los registros de las solicitudes respectivas sea una de carácter accesible, de uso rutinario para sus usuarios trabajadores y que además, tengan un tiempo razonable para poder adoptar medidas que maximicen la posibilidad de que puedan adecuar su vida familiar y personal respecto a los periodos de vacaciones fraccionadas propuestas, y que puedan buscar asesoramiento -a través de la empresa, de alguna organización sindical o de manera externa- sobre el propio fraccionamiento o sobre la denegatoria a la propuesta del empleador, lo que, desde luego, en ningún caso debiera significar el riesgo a ser objeto de represalia alguna. Estos elementos deben ser tomados en cuenta por los inspectores al momento de analizar los casos donde se adopten medidas empresariales que faciliten el adelanto o fraccionamiento de vacaciones a través de plataformas informáticas, a fin de observar que cumpla con los límites de ejercicio extrínsecos al poder de dirección, como son los derechos fundamentales de los trabajadores.

Comentarios de Luis Mendoza – Jefe del Área Legal:

Con el pronunciamiento del Tribunal, se rescata que el hecho de que utilizar medios digitales para la solicitud de goce y/o fraccionamiento de vacaciones de los trabajadores no vulnera el derecho de los mismos, ya que los empleadores deben asegurarse de brindar plataformas que faciliten los procesos y que no afecte a ninguna de las partes.

Asimismo, las normas vigentes no exigen los acuerdos de forma escrita, por lo que tampoco se excluye el uso de medios informáticos para plasmar el acuerdo o la voluntad de ambas partes; en conclusión, ante casos similares, SUNAFIL deberá evaluar si el uso de las plataformas digitales cumple con ponderar los intereses de los trabajadores y empleadores, y así acelerar los procesos administrativos.

5.- Relaciones laborales: precedente de observancia obligatoria

El 05 de junio del 2024 se publicó la Resolución de Sala Plena N° 011-2024-SUNAFIL/TFL, mediante la cual se establece como precedente administrativo de observancia obligatoria los siguientes criterios:

6.11 En estricto sentido, la marcación ex post del horario de trabajo no implica que, de forma necesaria, deba concluirse que se ha vulnerado el contenido imperativo de las obligaciones de registro ordenadas al empleador en el Decreto Supremo Nº 004- 2006-TR. En efecto, en ejercicio de su facultad fiscalizadora, el empleador puede determinar qué trabajadores han incumplido el deber de completar el registro diario y ordenar las rectificaciones correspondientes, bajo el principio de razonabilidad y proporcionalidad, dentro de una inmediatez exigible que denote un comportamiento diligente respecto del deber jurídico establecido por la legislación laboral. Sobre el particular, este Tribunal recuerda que es exigible a la Administración Pública el desarrollar una fundamentación debida de las decisiones adoptadas, más aún en sede sancionadora. Así, la garantía de motivación bien cumplida permite desvirtuar adecuadamente a la presunción de licitud para imputar y sancionar adecuadamente un ilícito administrativo laboral.

6.12 De otro lado, el Tribunal de Fiscalización Laboral debe pronunciarse con relación a un elemento propio de la gobernanza privada de las relaciones laborales privadas y que se desprende de la facultad organizativa del empleador fiscalizado en el presente caso. Con relación a las omisiones de marcado determinadas por la SUNAFIL en el periodo de abril-diciembre de 2020, la recurrente informó a la inspección de trabajo y a la autoridad sancionadora que implementó un Módulo de Asistencia y Compensación (MAC) para que el personal que no hubiese cumplido con registrar su ingreso y salida pueda justificar tales omisiones (por olvido de marcado, entre otros). Asimismo, el administrado ha insistido que en su política ha establecido que, en caso de que el trabajador no subsane el deber del marcado del registro de asistencia, procederá a realizar los descuentos respectivos. Como se observa, en este caso, el empleador argumenta que en ejercicio de su potestad normativa ha regulado que los sujetos obligados a efectuar el registro (su personal) debe cumplir con efectuar el comportamiento establecido. Sobre el particular, debe destacarse que ni en el expediente inspectivo ni en el sancionador se ha analizado si es que tales descuentos operaron ante evidencia de trabajo realizado pese a la ausencia de registro en una jornada específica. En vez de ello, el procedimiento sancionador se ha decantado por un análisis formal que invalida los actos de rectificación del registro del tiempo de trabajo per se, criterio con el que esta instancia de revisión no concuerda.

6.14 Así, no se aprecian razones suficientes por las que se establezca que las “omisiones” en el registro no puedan ser “justificadas” por medio de un mecanismo digital como el implementado por este empleador para gestionar sus relaciones laborales. Tampoco se observa que la Administración del Trabajo haya cumplido, en este caso, con motivar el por qué el uso de este recurso tecnológico resulta insuficiente para los fines normativamente impuestos sobre el registro del ingreso y salida de los trabajadores, el control del tiempo de trabajo y el respeto del tiempo de descanso del personal. En consecuencia, no se advierte una debida motivación que permita desvirtuar el principio de presunción de licitud, de modo suficiente.

6.24 En este caso, la conducta que se atribuye a la impugnante es: inconsistencias en el registro de marcado del 2 y 9 de diciembre de 2020 y, las omisiones en el ingreso y salida de seis trabajadores. Sin embargo, conforme con el principio de tipicidad es importante determinar que el tipo sancionador previsto en el numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT (vigente a la fecha de la comisión de las supuestas infracciones, esto es, abril-diciembre de 2020), prevé taxativamente como infracción muy grave: “No contar con el registro de control de asistencia, o impedir o sustituir al trabajador en el registro de su tiempo de trabajo”. Es decir, se reprime a: i. La ausencia del mecanismo de control del tiempo de trabajo que la ley laboral ordena al empleador a implementar y llevar con diligencia; ii. Los comportamientos fraudulentos y abusivos por los que se afecta la veracidad del tiempo de trabajo inscrito jornada tras jornada, en la que un ejercicio desviado del poder privado afecta la verdad material en un registro privado de suma importancia.

6.35 Es imperativo recalcar que las instancias del sistema responsables de la tramitación del procedimiento administrativo sancionador deben garantizar que la motivación comprenda todas las alegaciones de los administrados que resulten pertinentes para el análisis material y formal de la imputación efectuada (pudiendo descartarse argumentos temerarios, de mala fe o meramente insustanciales), lo que resulta necesario para una valoración adecuada de los fundamentos de hecho y de derecho en un caso particular. Asimismo, es preciso sustentar adecuadamente la aplicación, interpretación o integración normativa que corresponda a la absolución de las alegaciones planteadas por los administrados que cumplan con ser razonablemente relevantes en la discusión jurídica que un recurso administrativo o escrito de descargos pueda proponer, conforme a los precedentes o jurisprudencia constitucionalmente aplicables a cada caso.

PROYECTOS DE LEY

1.- Se publica proyecto de ley que prohíbe la retención de ESSALUD, AFP u ONP

El 31 de mayo del 2024 se publicó el Proyecto de Ley N° 8015/2023-CR, cuyo objeto es prohibir la doble retención de los conceptos de EsSalud y por el sistema de seguridad previsional público o privado.

En ese sentido, se propone que el trabajador que tenga dos o más empleadores estará sujeto a la retención de aportes a EsSalud y al sistema de seguridad previsional, ya sea público o privado, únicamente por parte de uno de sus empleadores. El empleador responsable de efectuar dicha retención será designado por el trabajador.

2.- Proponen facultar el retiro extraordinario de hasta 4 UIT de sus fondos, para aportantes y ex aportantes a la ONP; aumentar la pensión de los jubilados hasta en 1,200 soles; y, devolución de fondos para los que se trasladaron al Sistema Privado de Pensiones y se les retuvo sus aportes

El 04 de junio del 2024 se publicó el Proyecto de Ley N° 8030/2023-CR, cuyo objeto es facultar el retiro extraordinario de hasta 4 UIT de sus fondos para aportantes y ex aportantes a la ONP y aumenta la pensión de los jubilados hasta en 1200 soles y además devuelve fondos a quiénes se trasladaron al sistema privado de pensiones y se les retuvo sus aportes.

De esta forma, el Proyecto de Ley tiene por finalidad hacer frente a la instabilidad económica de los afiliados al Sistema Nacional de Pensiones que, por el impacto de la recesión económica del país, necesitan hacer uso de sus fondos económicos. Asimismo, que el aumento de la pensión de jubilación de los miles de aportantes sea hasta 1200.00 Soles. Además, se beneficiará a quienes se trasladaron a las AFPs y que, por motivos de realizar el cambio, perdiendo sus aportes.

3.- Proyecto de ley que declara de interés nacional y necesidad pública el incremento de la remuneración mínima vital

Con fecha 10 de junio del 2024 se presentó el Proyecto de Ley N° 8133/2023-CR, mediante el cual se declararía de interés nacional y necesidad pública que el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo, con participación de las organizaciones representativas de trabajadores y empleadores, evalúe el incremento de la remuneración mínima vital por un concepto igual o mayor a S/ 475.00, para los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, con lo que la remuneración mínima vital pasaría de S/ 1,025.00 (Mil Veinticinco y 00/100 Soles) a S/ 1,500.00 (Mil Quinientos y 00/100 Soles).