Primera quincena de Junio 2021

NOVEDADES NORMATIVAS TRIBUTARIAS

1.- Incorporan al SIEV los expedientes electrónicos de devolución

La Resolución de Superintendencia No. 000072-2021/SUNAT publicada el 30 de mayo de 2021, dispone que resulta conveniente ampliar el uso del Sistema Integrado del Expediente Virtual (SIEV) para el llevado de los expedientes electrónicos relativos a los procedimientos de devolución y a la autorización de nuevas Órdenes de Pago del Sistema Financiero (OPF), siempre que se inicien con la presentación del Formulario Virtual Nº 1649 “Solicitud de Devolución”, así como para la presentación de solicitudes y escritos vinculados a estos.

SIEV

  1. La SUNAT gestiona y conserva los expedientes electrónicos de los procedimientos de cobranza coactiva, de los procedimientos de fiscalización parcial electrónica, de los procedimientos de fiscalización, de los cruces de información, de las acciones inductivas, de reclamación y de devolución.
  2. La presentación de solicitudes, informes y comunicaciones en el procedimiento de cobranza coactiva; de solicitudes o escritos electrónicos relativos al procedimiento de fiscalización y al cruce de información; de solicitudes y de la sustentación de inconsistencias u omisiones referidas a las acciones inductivas; del escrito de reclamación, así como de solicitudes y escritos en la reclamación y en la devolución.

Forma y condiciones para el llevado del expediente electrónico y su acumulación con otros expedientes

  • Los expedientes electrónicos o los expedientes en soporte de papel de reclamación pueden acumularse, según lo dispuesto en el artículo 160 del TUO de la LPAG; para lo cual la acumulación se realiza en el expediente más antiguo. La misma regla se aplica respecto de los expedientes de devolución.
  • Los documentos en soporte de papel deben ser digitalizados para su incorporación a los expedientes electrónicos de los procedimientos de cobranza coactiva, de los procedimientos de fiscalización, de los cruces de información, de las acciones inductivas, de reclamación o de devolución.

Requisitos para que se generen los expedientes electrónicos

Los expedientes electrónicos de los procedimientos de fiscalización, cruces de información, acciones inductivas, así como de la reclamación y de la devolución solo se generan si el sujeto que será parte de ellos, que interpone el recurso de reclamación o que presenta la solicitud de devolución EED o de nueva OPF, cumple con las condiciones respectivas.

Interposición del Recurso de Reclamación

Restringen a PDF/A el formato de los archivos que se pueden adjuntar a las solicitudes electrónicas vinculadas a los expedientes electrónicos de reclamación, uniformizando así la regulación de estas con la que se dará a las solicitudes vinculadas a los expedientes electrónicos que se están incorporando al SIEV.

Solicitudes de devolución

Los deudores tributarios que tengan una devolución en trámite pueden presentar solicitudes a través de SUNAT Operaciones en Línea, o en los Centros de Servicios al Contribuyente de la SUNAT a nivel nacional.

No se puede adjuntar a la solicitud electrónica, como documento electrónico un archivo que obre en formato distinto al PDF/A; pudiendo presentarse este en los Centros de Servicios al Contribuyente de la SUNAT a nivel nacional, en soporte magnético, o a través de la MPV – SUNAT.

Generación del expediente electrónico de devolución

Vigencia: 1 de julio de 2021.

2.- Aprueban el Procedimiento General “Depósito Aduanero” DESPA-PG.03

La Resolución de Superintendencia N° 000073-2021/SUNAT, publicado el 29 de mayo de 2021, ha aprobado el procedimiento general “Depósito aduanero”, DESPA-PG.03 (versión 6), a fin de regular el trámite de este régimen en un solo instrumento normativo, bajo una misma plataforma informática para la numeración de las declaraciones y recepción de las mercancías por los almacenes aduaneros.

Vigencia: 31 de mayo de 2021.

3.- Fijan índices de corrección monetaria para efectos de determinar el costo computable de los inmuebles

La Resolución Ministerial Nº 176-2021-EF/15 publicada el 5 de junio de 2021, fija el índice de corrección monetaria en las enajenaciones de inmuebles que las personas naturales, sucesiones indivisas o sociedades conyugales, que optaron como tales, por el mes de junio 2021 con el valor de 1,00.

Vigencia: 6 de junio de 2021.

4.- Aprueban Contrato de Fideicomiso de Administración de Garantías del PAE-MYPE

La Resolución Ministerial Nº 181-2021-EF/15 publicada el 8 de junio de 2021, aprueba el Contrato de Fideicomiso de Administración de Garantías del Programa de Apoyo Empresarial a las micro y pequeñas empresas (PAE-MYPE).

Vigencia: 9 de junio de 2021.

5.- Permitirán Nuevo Fraccionamiento de deudas tributarias acogidas al Régimen de Aplazamiento y Fraccionamiento (RAF)

Mediante Decreto Supremo N° 144-2021-EF publicado el 12 de junio de 2021, se establece de manera excepcional y por única vez hasta el 31 de diciembre de 2021, la posibilidad de que el saldo de la deuda tributaria acogida al Régimen de Aplazamiento y Fraccionamiento Tributario (RAF) y por la que se incurrió en causal de pérdida, pueda ser materia de aplazamiento y/o fraccionamiento tributario otorgado por la SUNAT en virtud de lo establecido en el artículo 36° del Código Tributario.

Supuestos excepcionales temporales de acogimiento:

  1. Aquellos sujetos que durante los períodos octubre, noviembre y diciembre del ejercicio 2020 hayan generado rentas de tercera categoría o ingresos inafectos que, de estar gravados, calificarían como rentas de tercera categoría, siempre que cumplan concurrentemente con lo siguiente:
    1. Hayan presentado las declaraciones mensuales correspondientes a los períodos tributarios de octubre, noviembre y diciembre de 2020 del IGV e IPM y de los pagos a cuenta del impuesto a la renta de tercera categoría o las cuotas mensuales del régimen especial del impuesto a la renta, según corresponda, dentro del plazo.
      • Resulta de aplicación cualquiera fuera la deuda que fue acogida al RAF.
      • No es aplicable por los meses en que el sujeto hubiera estado comprendido en el Nuevo Régimen Único Simplificado (RUS), hubiera comunicado la suspensión de sus actividades o hubiera tenido una condición distinta a la de activo en el RUC.
    2. Haya disminuido el monto que resulte de la suma de sus ingresos mensuales conforme a lo señalado en el párrafo 3.2.
  2. Los sujetos que en todos los períodos tributarios del último trimestre del ejercicio 2020 solo generaron o percibieron rentas distintas a la de tercera categoría del impuesto a la renta.
  3. Aquellos sujetos que por todos los períodos tributarios del último trimestre del 2020 hubieren comunicado la suspensión de sus actividades o hubieren tenido una condición distinta a la de activo en el RUC.

Se debe considerar que los contribuyentes pueden presentar la solicitud de aplazamiento y/o fraccionamiento del artículo 36° del Código Tributario desde el 13 de junio de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021.

Vigencia: 31 de diciembre de 2021.

6.- Nuevo Régimen de gradualidad por la infracción del artículo 176, numeral 1 del Código Tributario

La Resolución de Superintendencia N° 000078-2021/SUNAT, publicada el 13 de junio de 2021, ha modificado la Resolución de Superintendencia N° 063-2007/SUNAT, Reglamento del Régimen de Gradualidad, a fin de modificar la gradualidad aplicable a la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 176° del Código Tributario en el caso de aquellos deudores tributarios comprendidos en el Régimen General del Impuesto a la Renta o Régimen MYPE Tributario, o acogidos al Régimen Especial del Impuesto a la Renta, cuyos ingresos netos del ejercicio anterior al de la declaración por la que se incurre en la referida infracción, no superen las 150 UIT.

Estableciendo una rebaja del 100% por subsanación voluntaria con la presentación de la declaración IGV – Renta para contribuyentes del Régimen General, Régimen MYPE Tributario y RER.

Vigencia: 14 de junio de 2021.

7.- Aplican la facultad discrecional en la administración de sanciones por la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 176 del Código Tributario en que incurran los sujetos que se encuentren en el Nuevo RUS

La Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Tributos Internos Nº 000012-2021-SUNAT/700000 publicado el 13 de junio de 2021, aplica la facultad discrecional de sancionar administrativamente la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 176 del Código Tributario a los sujetos que se encuentren en el Nuevo Régimen Único Simplificado.

Asimismo, se aplica inclusive, a las infracciones cometidas con anterioridad a la fecha de su emisión, siempre que a dicha fecha no se hubiere emitido la resolución de cierre, o habiéndose emitido no hubiere surtido efecto su notificación.

Cabe mencionar que no corresponde efectuar la devolución ni compensación de los pagos vinculados a las infracciones que son materia de discrecionalidad en la presente resolución.

Vigencia: 14 de junio de 2021.

8.- Aprueban el Procedimiento Específico “Aplicación de preferencias arancelarias al amparo del acuerdo comercial entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por una parte, y la República de Colombia, la República del Ecuador y la República del Perú, por otra” DESPA-PE.01.37 (versión 1)

La Resolución de Superintendencia N° 000079-2021/SUNAT publicada 14 de junio de 2021, establece las pautas a seguir para la importación para el consumo de mercancías con preferencias arancelarias que se realicen al amparo del Acuerdo Comercial entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por una parte, y la República de Colombia, la República del Ecuador y la República del Perú, por otra.

Está dirigido al personal de la SUNAT, a los operadores de comercio exterior y a los operadores intervinientes que participan en la importación para el consumo de mercancías con preferencias arancelarias al amparo del Acuerdo Comercial entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por una parte, y la República de Colombia, la República del Ecuador y la República del Perú, por otra.

Vigencia: 16 de junio de 2021.

INFORMES DE SUNAT

1.- Aplicación del Impuesto Al Rodaje

En relación sobre la aplicación del impuesto al rodaje respecto de gasolinas, SUNAT a través del Informe N.° 030-2021-SUNAT/7T0000 lo siguiente:

El Impuesto al Rodaje al que se refiere el Decreto Legislativo N.° 8 y el Decreto Supremo N.° 009-92-EF, se aplica sin distinguir el grado de octanaje de las gasolinas, por ende, se aplica respecto de la gasolina de 97 octanos, entre otras; siendo que el gasoil al ser una variedad de los combustibles de destilados medios con características distintas a las de la gasolina, no se encuentra comprendido en el ámbito de aplicación de dicho impuesto.

2.- Servicio de Transporte Interprovincial de Pasajeros exonerado del IGV

La SUNAT a través del Informe N.° 042-2021-SUNAT/7T0000 señala lo siguiente:

El servicio de transporte terrestre que prestaron las empresas de transporte interprovincial de pasajeros por razones humanitarias, a que se refería el numeral 3.11 del artículo 3 del Decreto Supremo N.º 051-2020-PCM, se encontraba exonerado del IGV.

En vista del Estado de Emergencia Nacional y la disposición del aislamiento social obligatorio (cuarentena) por el brote del COVID-19, el Decreto Supremo No. 051-2020-PCM autorizó de manera excepcional, por razones humanitarias y previa coordinación con el gobierno regional, el transporte interprovincial de pasajeros, por medio terrestre y aéreo no comercial, que se encuentren fuera de su residencia o lugar de trabajo habitual.

De otro lado, el IGV grava la prestación de servicios prestados en el país, pero considera como servicio exonerado del impuesto el servicio de transporte público de pasajeros dentro del país.

Asimismo, el MTC señala que el Servicio de Transporte de Personas es el servicio público a través del cual se satisface las necesidades de desplazamiento de los usuarios de transporte, bajo condiciones de calidad, seguridad, salud y cuidado del medio ambiente, haciendo uso del Sistema Nacional del Transporte Terrestre, terminales terrestres, estaciones de ruta u otro tipo de infraestructura complementaria que se considere necesaria para la adecuada prestación del servicio.

En ese sentido, el transporte terrestre que prestaron las empresas de transporte interprovincial de pasajeros por razones humanitarias, conforme a los Lineamientos dispuestos en el Decreto Supremo Nº 051-2020-PCM, califica como servicio público de pasajeros exonerado del IGV.

3.- Costos posteriores de los edificios y construcciones en el Régimen Especial de Depreciación del Decreto Legislativo N° 1488

Como se sabe, a través del Decreto Legislativo N° 1488 se estableció de manera excepcional y temporal, un régimen especial de depreciación para los contribuyentes del régimen general del Impuesto a la Renta, incrementando los porcentajes para determinados bienes. Asimismo, en dicho Decreto se estableció un tratamiento especial para los costos posteriores.

La Administración Tributaria a través de su Informe N° 048-2021-SUNAT/7T0000 ha señalado que debe entenderse por costos posteriores a efectos de aplicar lo regulado en el Régimen especial de Depreciación en el artículo 4° del citado Decreto Legislativo:

  • Aquellos que califiquen como tales de acuerdo con las normas contables y que hayan sido incurridos respecto de edificios y construcciones que han sido afectos a la generación de rentas gravadas.

Ahora bien, los costos posteriores que integran el costo computable de bienes enajenados son aquellos que califiquen como tales según la NIC 16 y que en caso dichos bienes sean activos depreciables, para efecto del cálculo de la depreciación, se les considerara como costos posteriores si son costos incurridos respecto de un bien que ha sido afectado a la generación de rentas gravadas al amparo del artículo 11° del Decreto Legislativo N° 1488.

Por su parte, el artículo 4° del citado Decreto Legislativo establece que tratándose de costos posteriores de edificios y construcciones que reúnan las condiciones como son: la construcción se hubiera iniciado a partir del 01.01.2021 al obtener la licencia de edificación, hasta el 31.12.2022 y la construcción tuviera un avance de obra de por lo menos el 80%, la depreciación se computa de manera separada respecto de la que corresponda a los edificios y construcciones a las que se hubieran incorporado. Esto implica la posibilidad de acoger al régimen especial de depreciación, costos posteriores incorporados a edificios y construcciones que no reúnan los requisitos antes señalados, siempre que los costos posteriores sí los cumplan.

Asimismo, el Informe indica que, en consecuencia califican como costos posteriores las mejoras y mantenimientos mayores efectuados en edificios y construcciones siempre que califiquen como tales de acuerdo con la normativa contable.

Por otro lado, el Informe indica que las mejoras posteriores (entendidas como costos posteriores) incurridas en embarcaciones y/o buques no pueden acogerse al régimen especial previsto en el artículo 4° del Decreto Legislativo N° 1488 en la medidas que se trata de activos que no califican como edificios y construcciones, ello en concordancia con lo dispuesto por la SUNAT en su Informe N° 115-2020-SUNAT/7T0000 a través del cual la Administración Tributaria concluye que las embarcaciones y los buques no se encuentran comprendidos en el término “edificios y construcciones” contenido en el artículo 3° del Decreto Legislativo N° 1488.

4.- Empleadores del Régimen MYPE Tributario califican como agentes de retención de rentas de cuarta categoría y presentan el Plame

Sobre los sujetos acogidos al Régimen MYPE Tributario la SUNAT a través del Informe No. 049-2021-SUNAT/7T0000 señala lo siguiente:

Aquellos sujetos acogidos al Régimen MYPE Tributario del impuesto a la renta cuyos ingresos netos anuales no superan las 300 UIT y que solo cuentan con prestadores de servicios cuya retribución constituye para su perceptor rentas de cuarta categoría:

  • Califican como agentes de retención, respecto de dichas rentas, conforme a lo dispuesto en la Ley del Impuesto a la Renta.
  • Se encuentran obligados a presentar ante la SUNAT el PDT Planilla Electrónica – PLAME Formulario Virtual N.° 0601 por las rentas de cuarta categoría que paguen o acrediten.

5.- Aportaciones al Essalud en el caso de una Microempresa

Sobre las aportaciones al Essalud en el caso de las microempresas, la SUNAT a través del Informe No. 0057-2021-SUNAT/7T0000 señala lo siguiente:

“Los trabajadores de una microempresa que por un período de 2 años calendario consecutivos supere el nivel de ventas de 150 UIT deberán estar obligatoriamente asegurados como afiliados regulares del Régimen Contributivo de Essalud a partir del año calendario subsiguiente al término de los 2 años antes mencionados.”

A efectos de ser considerada como microempresa sus ventas anuales no deben superar el monto máximo de 150 UIT. Asimismo, los trabajadores de la microempresa se encuentra sujeto al Régimen Laboral Especial a través del cual, serán afiliados al régimen semicontributivo del Seguro Integral de Salud.

Dicho Régimen es de naturaleza permanente y únicamente aplicable a la micro y pequeña empresa; siendo que, tratándose de la microempresa que durante 2 años calendario consecutivos supere el nivel de ventas anuales de 150 UIT, podrá conservar por 1 año calendario adicional el mismo régimen laboral y durante ese año estará obligado a asegurar a sus trabajadores como afiliados regulares del Régimen Contributivo de Essalud.

En ese sentido, asegurar como afiliados regulados en el Régimen Contributivo de Essalud a los trabajadores, será aplicable a la referida microempresa una vez que concluya el año adicional en el que conserva el régimen laboral especial; por ende, antes de que ese plazo llegue a su término, dichos trabajadores podrán continuar afiliados al régimen semicontributivo del Seguro Integral de Salud que corresponde a las microempresas.

6.- Empresas del sistema financiero y aplicación del impuesto a la renta en relación a las provisiones

En relación a las empresas del sistema financiero y la aplicación de la Ley del Impuesto a la Renta, SUNAT a través del Informe No. 149-2020-SUNAT/7T0000 señala lo siguiente:

Tratándose de empresas del sistema financiero reguladas por la Ley N.º 26702, el déficit de provisiones relacionadas a créditos directos respecto de los cuales se ha identificado un riesgo superior al normal, correspondiente a los ejercicios 2014 a 2016 y registrado en el ejercicio 2017 con cargo a la reserva legal, por disposición expresa de la SBS no es deducible para la determinación de su renta neta en ninguno de dichos ejercicios gravables.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL

1.- Arrastre de créditos por retenciones del IGV no interrumpe plazo prescriptorio para solicitar su devolución

Con relación a si el arrastre de créditos por retenciones del IGV constituye un acto de interrupción para solicitar su devolución, el Tribunal Fiscal a través de su Resolución N° 08853-10-12019 señaló:

“[…] El hecho de consignar en las declaraciones juradas del Impuesto General a las Ventas el arrastre de las retenciones, implica exteriorizar la voluntad del contribuyente de compensar automáticamente el exceso de percepciones con el impuesto contenido en dicha declaración hasta agotarlo, de ser el caso, ya que conforme lo ha establecido este Tribunal en la Resolución N° 10791-4-2017 antes glosada, entre otras, ello no constituye un acto de interrupción de la prescripción previsto en el numeral 4 del artículo 45 del Código Tributario”.

Como se sabe, el literal c) del numeral 4 del artículo 45° del Código Tributario establece que el plazo de prescripción de la acción para solicitar o efectuar la compensación, así como para solicitar la devolución se interrumpe: “Por la compensación automática o por cualquier acción de la Administración Tributaria dirigida a efectuar la compensación de oficio”.

Sin embargo, el arrastre de los créditos por retenciones del IGV contenido en las declaraciones juradas mensuales no constituye una compensación automática y tampoco conlleva a que la SUNAT deba realizar la compensación de oficio. En consecuencia, no constituye un acto de interrupción de la prescripción de la acción para solicitar o efectuar la compensación, ni para solicitar la devolución.

2.- Diferimiento de los resultados de las empresas de construcción

A efectos de diferir los resultados de una obra, la Casación N° 3588-2018 Lima, señaló:

“[…] a pesar de advertir que existían trabajos realizados en el año 2001, la sentencia de vista concluyó que los trabajos terminaron en el año 2000; de esta forma, no se han reconocido los gastos asociados a este ejercicio, debiéndose tener como interpretación correcta que la obra subcontratada culmina cuando los trabajos asociados terminan, sin generar más costos a la compañía contratista”. [Énfasis añadido].

En el caso en particular, la SUNAT reparó la utilidad neta diferida del año 2000 y la deducción de los ingresos netos de construcción diferidos en el 2001 en atención a que la obra concluyó hasta este último ejercicio.

Ahora bien, respecto a la casación interpuesta por el contribuyente, la Corte Suprema determinó que en virtud del artículo 63° de la Ley de Impuesto a la Renta y el Artículo 36° de su Reglamento, las empresas constructoras pueden diferir los resultados (registrados en una cuenta especial e independiente por cada obra) hasta la total terminación de la obra, aplicándose los impuestos sobre la ganancia determinada en el ejercicio en que se concluya la obra; interpretación que inclusive ya ha sido recogida en la Casación N° 210-2014-Lima, donde se señala que la “conclusión de las obras” es la terminación de absolutamente todos los trabajos.

En ese sentido, producto de la revisión del Contrato de obras, se concluye que las mismas culminaron en el año 2000, con la emisión del “Acta de Inspección Final”, no obstante, el contribuyente continúo efectuando trabajos relacionados con la obra en el 2001 y es en ese ejercicio que se levanta el “Acta de entrega final de recepción”, que según el contrato es la demostración irrevocable de su terminación.

En consecuencia, la entrega del certificado provisional de entrega es un documento que no implica la terminación total de la obra, y que es con la emisión del certificado final de entrega/recepción que se constituye una evidencia irrevocable de la terminación de la obra. Siendo ello así, la Casación concluyó que la Corte Superior interpretó de manera errónea el documento pactado como conclusión de obras y por ende de manera distinta a lo regulado por la Ley del Impuesto a la Renta; declarando fundado el recurso interpuesto por el contribuyente y, reformando la sentencia, declara fundada la demanda y nulas la Resolución del Tribunal Fiscal y las resoluciones de SUNAT impugnadas.

3.- Suspensión temporal del procedimiento de cobranza coactiva mientras se encuentre pendiente de resolver la queja presentada por el contribuyente

El Tribunal Fiscal a través de su Resolución N° 00025-Q-2019, señaló:

“[…] a fin de no causar un probable perjuicio a la quejosa, y dado que se ha ordenado medida cautelar de embargo en forma de retención dentro del procedimiento de cobranza coactiva seguido, corresponde suspenderlo temporalmente, hasta que este Tribunal emita pronunciamiento definitivo sobre la queja presentada, asimismo la Administración deberá abstenerse de trabar medidas cautelares o de ejecutar las que se hubiesen adoptado”. [Énfasis añadido].

Como puede apreciarse, el Tribunal Fiscal determinó que mientras se encuentre en trámite la queja presentada por el contribuyente que tiene por finalidad verificar la proporcionalidad de las medidas cautelares trabadas, debe suspenderse temporalmente el procedimiento de cobranza coactiva hasta que la Administración remita los documentos solicitados al Tribunal Fiscal.

Asimismo, enfatizó que a efectos de verificar la proporcionalidad de las medidas cautelares dictadas en el procedimiento coactivo y la deuda materia de cobranza coactiva, en atención a la Sentencia del Tribunal Constitucional recaía en el Expediente N° 00005-2010-PA/TC, la SUNAT debe remitir un reporte actualizado de la deuda puesta en cobranza y mantener un cálculo vigente, precisándose las medidas cautelares vigentes a la fecha de la queja que sustentan dicha deuda.

4.- La administración no puede limitarse a verificar sus sistemas informáticos para desconocer una devolución

El Tribunal Fiscal en su Resolución N° 01091-8-2020 señaló lo siguiente:

‘‘La administración se limitó a efectuar la verificación en sus sistemas informáticos, y como resultado de ello desconoció la deducción del gasto de alquiler del bien inmueble, actuación que resulta insuficiente para desconocer la deducción consignada en la declaración jurada anual del impuesto a la renta’’.

En el caso en particular, el contribuyente dedujo como parte de las 3 UIT adicionales a sus rentas del trabajo, el gasto por concepto de alquiler de inmueble. Posteriormente, solicitó la devolución del saldo a favor del IR.

Sin embargo, la SUNAT denegó su solicitud de devolución en función a la revisión de sus sistemas informáticos, y como resultado de ello desconoció la deducción del gasto de alquiler del bien inmueble, actuación que resulta insuficiente para desconocer la deducción consignada en la declaración jurada anual del Impuesto a la Renta – Rentas del Trabajo presentada por el contribuyente.

Por su parte, el Tribunal Fiscal revoca la resolución apelada, señalando que la Administración como órgano encargado de resolver en primera instancia la reclamación formulada, estaba facultada para actuar los medios probatorios que se consideren convenientes según lo previsto en el artículo 125° del Código Tributario. En ese sentido, debió requerir información y/o documentación como el Contrato de Alquiler a fin de acreditar el uso y destino que daría al inmueble alquilado a efectos de acreditar que no se realizaron actividades generadoras de renta de tercera categoría, así como sustentar la utilización de medios de pago y la oportunidad de pago de la renta.

Siendo ello así, ordenó a la Administración a actuar los medios de prueba pertinentes y establecer si la deducción efectuada por el contribuyente se ajusta a lo establecido en el inciso a) del artículo 46° de la LIR, y de ser el caso proceder con la devolución de lo solicitado.

5.- Los plazos de fiscalización y supuestos de suspensión establecidos en el literal f del numeral 1 del art. 46 del Código Tributario no son aplicables para las fiscalizaciones de precios de transferencia

Con relación a la suspensión de los plazos de fiscalización relacionados a los precios de transferencia, el Tribunal Fiscal a través de su Resolución N° 00674-9-2020 señaló lo siguiente:

‘‘Para las fiscalizaciones relacionadas a normas de precios de transferencia, no es de aplicación el plazo de fiscalización y, por ende, tampoco resultan de aplicación los supuestos de suspensión del plazo de fiscalización que señala el literal f) del numeral 1 del artículo 46 del Código Tributario’’.

En el caso en particular, se analiza si los supuestos de suspensión del plazo de fiscalización resultan aplicables a las fiscalizaciones relacionadas a precios de transferencia. A esos efectos, se debe tener en cuenta un precedente que establece que “la regla general es que el procedimiento de fiscalización definitiva se lleve a cabo en plazo de un año computado a partir de la fecha en que el deudor tributario entregue la totalidad de la documentación solicitada por la Administración, previendo la posibilidad de prorrogar dicho plazo o que sea suspendido; sin embargo, existe una excepción a esta regla general, esto es que el plazo y todo lo relativo a él no es aplicable en el caso de fiscalizaciones efectuadas por aplicación de las normas de precios de transferencia’’.

En ese sentido, como las fiscalizaciones relacionadas a precios de transferencia no están sujetas a plazo alguno, tampoco pueden resultar de aplicación los supuestos de suspensión de los plazos de fiscalización previstos en el numeral 6 del artículo 62-A° del Código Tributario.

Considerando lo anterior, tampoco podrá configurarse la causal de suspensión del cómputo del plazo de prescripción prevista en el inciso f) del numeral 1 del artículo 46° del Código Tributario.

Dado que los siguientes actos de suspensión señalados por la Administración Tributaria habrían ocurrido a partir del 30 de abril del 2018 y, en dicha fecha el cómputo de los plazos prescriptorios ya había culminado, por lo que, a la fecha en que la recurrente invocó la prescripción (16 de agosto de 2019), ya había prescrito la Facultad de la Administración para determinar la obligación tributaria del Impuesto a la Renta del ejercicio 2012 y de la Tasa Adicional de 4.1% del IR de diciembre de 2012, así como la facultad para aplicar la sanción por la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 178° del Código Tributario; en consecuencia, el Tribunal Fiscal revocó la resolución apelada.

6.- Son deducibles los gastos de procesos judiciales y arbitrales realizados en el exterior siempre que se acredite la participación del contribuyente en dichos procesos

Con relación a los gastos incurridos en procesos realizados en el exterior, el Tribunal Fiscal a través de su Resolución N° 11021-4-2019 señaló lo siguiente:

‘‘[…] se advierte que en relación con dichas controversias, se realizaron actuaciones legales en favor de la recurrente por abogados del exterior, conforme con la documentación detallada, en relación con las referidas demandas y arbitraje por el incidente del derrame de mercurio, apreciándose que finalmente las partes involucrados acordaron que el caso solo debía proceder contra la recurrente.

Que en ese sentido, se encuentra acreditado en autos la participación de la recurrente como demandada en las mencionadas acciones civiles seguidas ante la Corte del Distrito, así como las actuaciones de abogados del exterior en su defensa, cuyos gastos le fueron trasladados por los que al encontrarse vinculados al mantenimiento de la fuente productora de su renta, cumplen con el principio de causalidad, conclusión que no se ve enervada por el hecho que no se hubiese presentado algún contrato de servicios legales con aquellos, ni documento de aceptación de competencia o pronunciamiento por parte de la indicada corte, toda vez que la documentación que corre en autos acredita en forma suficiente la necesidad y destino de los desembolsos observados’’.

En el caso en particular, se encuentra acreditado que el contribuyente es una de las empresas demandadas ante la corte del distrito del Condado, por los daños y perjuicios ocasionados por el derrame de mercurio producido en junio de 2000, el cual fue transportado por una empresa contratada por la recurrente, advirtiendo que la pretensión de los demandantes era incluirla para que respondiera económicamente por la reparación solicitada.

Ahora bien, luego de realizadas las actuaciones legales en favor del contribuyente por abogados del exterior, conforme con la documentación detallada, en relación con las referidas demandas y el arbitraje por el incidente del derrame de mercurio, se aprecia que las partes involucradas acordaron que el caso sólo debía proceder contra la recurrente.

En ese sentido, se encuentra acreditada su participación como demandada en las mencionadas acciones civiles, así como las actuaciones de abogados del exterior en su defensa, cuyos gastos fueron trasladados, y vinculados al mantenimiento de la fuente productora de su renta. Por lo tanto, debe concluirse que contrariamente a lo sostenido por la SUNAT se encuentra acreditado que los gastos observados cumplen con el principio de causalidad, por lo que el reparo no se encuentra arreglado a ley y, en consecuencia, corresponde dejarlo sin efecto y revocar la resolución apelada.

7.- SUNAT no se encontraba facultada a aplicar la sanción del numeral 13 del artículo 177 del Código Tributario en el marco de una fiscalización del impuesto a la renta de tercera categoría

Con relación a las retenciones del Impuesto a la Renta de no domiciliados, el Tribunal Fiscal a través de su Resolución N° 1011-9-2020 señaló:

‘’En la RTF N° 3215 – 4 – 2017, señalaron que, en el caso de las retenciones del Impuesto a la Renta de No Domiciliados, la fiscalización que se realiza al agente retenedor domiciliado en el país, se efectúa en dicha condición y no en su calidad de contribuyente, por lo que no se entiende que la fiscalización en su calidad de agente retenedor, se encuentra incluida en la fiscalización del Impuesto a la Renta’’.

En el caso en particular, el contribuyente consignó que el procedimiento de Fiscalización se encontraba referido al Impuesto a la Renta – Régimen General, no habiendo la Administración Tributaria emitido otro acto que amplíe la delimitación, por lo que no se encontraba comprendido dentro del procedimiento el Impuesto General a las Ventas ni el Impuesto a la Renta – No Domiciliados.

Después de ello, la Administración Tributaria señala que como resultado del procedimiento de fiscalización, se formularon reparos al Impuesto a la Renta del ejercicio 2002 por pérdidas originadas en contratos forwards; así como reparos al Impuesto General a las Ventas – Cuenta Propia e Impuesto General a las Ventas – No Domiciliados por prestación de servicios de financiamientos a los bancos y por la utilización de servicios prestados por no domiciliados, atribuyendo al contribuyente que incurre en las infracciones del numeral 13 del artículo 177° del Código Tributario.

En ese sentido, las resoluciones emitidas por la infracción del numeral 13 del artículo 177° del Código Tributario, se sustentan en las omisiones de las retenciones del Impuesto a la Renta – No Domiciliados de los meses de enero, febrero, mayo a agosto, noviembre y diciembre de 2002 detectadas en la fiscalización realizada, en las cuales la Administración Tributaria no se encontraba facultada a verificar, debido a que infringió el procedimiento legal establecido, por lo que el Tribunal Fiscal declaró la nulidad.

8.- SUNAT no acreditó la configuración de la infracción del numeral 4 del artículo 178 del Código Tributario de no pagar las retenciones dentro del plazo

Con relación a las retenciones no acreditadas del Impuesto a la Renta, el Tribunal Fiscal a través de su Resolución N° 03394-3-2020 señaló lo siguiente:

‘‘El hecho que un contribuyente presente una declaración jurada determinando un importe por concepto de retenciones, no implica que esté reconociendo haber realizado de manera efectiva la retención correspondiente, dado que la mecánica del programa de declaración telemática lo obliga a consignar la mencionada información, independientemente de la forma como en realidad hubieran ocurrido los hechos.’’

Se debe tener en cuenta que para que se configure la infracción tipificada en el numeral 4 del articulo 178° del Código Tributario, debe darse el supuesto fáctico, esto es, que habiéndose efectuado la retención o percepción del tributo, se omita pagarlo dentro de los plazos establecidos. En ese sentido, los elementos constitutivos del referido tipo infractor son los siguientes: i) La efectiva realización de la retención o percepción del tributo y ii) La omisión al pago dentro de los plazos establecidos, de los tributos retenidos o percibidos.

En el caso en particular, la Administración sustenta la comisión de la aludida infracción en lo consignado en las declaraciones juradas del Impuesto a la Renta que grava la distribución de dividendos correspondientes a los periodos marzo de 2015 y marzo de 2016, presentadas por el contribuyente, sin que se hubiese acreditado que, en efecto, se produjeron las retenciones del Impuesto a la Renta.

Si bien es cierto, el contribuyente cumplió con la obligación de declarar y pagar totalmente los tributos correspondientes por Impuesto a la Renta – Distribución de Dividendos el 21 de febrero de 2019. No puede afirmarse que con tal acto se encuentra acreditado que hubiera realizado la distribución o el pago de las utilidades, y, en consecuencia, que hubiese efectuado la retención, lo que implicaría la comisión de la infracción prevista por el numeral 4 del artículo 178° del Código Tributario. En ese sentido, al no acreditarse el supuesto previsto en la citada norma que sustenta la sanción por la cual se emitieron los valores impugnados, corresponde dejarlos sin efecto y revocar la resolución apelada.

9.- Tribunal Fiscal levanta reparo al débito fiscal por nota de crédito observada por diferencia de precios

Con relación a la acreditación del ajuste de precios que originó la emisión de la nota de crédito, el Tribunal Fiscal a través de su Resolución N° 08321-1-2019 señaló:

“[…] por lo tanto, resultaba razonable que la recurrente efectuara un ajuste en el precio unitario para disminuirlo, más aún cuando era por un mayor volumen de mercaderías, lo que efectivamente ocurrió con la emisión de la nota de crédito N° […], por lo que lo afirmado por la recurrente respecto de la necesidad de efectuar un ajuste al precio de dichos artículos se encuentra acreditado.

Que en ese sentido, queda demostrado de manera razonable la necesidad de que la recurrente realizara un ajuste al precio en la venta de los artículos contenidos en la Factura N° […], por lo tanto, corresponde levantar el reparo y revocar la apelada en este extremo”.

En el caso en particular, el contribuyente emitió una nota de crédito según lo establecido en la Resolución N° 012-92- EF/SUNAT, porque había cobrado a su cliente un precio distinto al que mantenía en sus listas de precios vigentes en el periodo fiscalizado debido a un error contable. Para acreditar el ajuste del precio de venta en los artículos vendidos presentó facturas de la venta y la nota de crédito.

Sin embargo, la SUNAT señaló que la documentación no sustentaba el motivo de la diferencia del precio cobrado al cliente, ya que la sola presentación de la nota de crédito no acredita que su emisión obedecía a un ajuste de precios y que tuviere un carácter de generalidad para clientes en condiciones similares.

Por su parte el Tribunal Fiscal al evaluar que las Facturas consignaron cantidades en unidades e importes en dólares menores sobre los mismos artículos contenidos en la Factura materia de acotación, y considerando que la última operación fue por un mayor volumen, verificó que el contribuyente consignó la venta de los referidos artículos al cliente con la Factura, por un precio mayor con respecto a otros clientes y en ese sentido, resultaba razonable que efectuara un ajuste en el precio unitario para disminuirlo, lo que efectivamente ocurrió con la emisión de la nota de crédito.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

1.- La solicitud de fraccionamiento de la deuda tributaria tiene como efecto la interrupción de la prescripción, más no su renuncia

La Casación N° 13034 – 2016 Lima, señaló lo siguiente:

‘‘El literal e) del articulo 45° del Código Tributario, establece expresamente que la interposición de una solicitud de fraccionamiento de la deuda tributaria tiene como efecto jurídico la interrupción de la prescripción mas no se ha previsto como un supuesto de renuncia de la prescripción’’.

En el caso en concreto, existen dos deudas; la primera esta referida al Impuesto General a las Ventas de los periodos tributarios de diciembre de 1997 y febrero de 1998, la segunda deuda tributaria respecto a la multa impuesta por no presentar declaración jurada del Impuesto General a las Ventas correspondiente al período tributario de diciembre de 2002, de los cuales según el artículo 104° del Código Tributario interrumpieron el plazo prescriptorio correspondiente e iniciaron un nuevo plazo de 4 años contados desde el día siguiente, los cuales vencieron al no verificarse la existencia de ninguna causal de suspensión.

Posteriormente de haber vencido el plazo de las obligaciones tributarias, el demandado solicita el acogimiento al fraccionamiento por la deuda tributaria el 20 de abril de 2012, la cual fue aprobada. Sin embargo, el demandado decide solicitar la prescripción de la acción, provocando así la pérdida del fraccionamiento aprobado dando por vencidas las cuotas pendientes de cancelación.

El Código Tributario no ha previsto otros alcances u efectos jurídicos que podrían entenderse como un supuesto de renuncia de la prescripción, por tanto, la norma tributaria no establece que la interposición de una solicitud de fraccionamiento de la deuda tributaria constituya un acto de renuncia de la prescripción. En consecuencia, casaron la sentencia de vista declarando fundado el recurso de casación.

2.- Depreciación aplicable a naves o buques

Con relación a la naturaleza de las naves o buques, la Casación N° 15573-2019 Lima señaló lo siguiente:

“[…] una nave o buque no puede equipararse a la definición de maquinaria, en tanto la primera, constituye una construcción flotante dotada de propulsión propia destinada a la navegación por agua para el transporte de mercancías y/o pasajeros, la cual podría considerarse una unidad de explotación; y la segunda, está constituida por un conjunto de máquinas o bienes de equipo mediante las cuales se realiza la extracción o elaboración de los productos, en la que puede comprenderse aquellos elementos de transporte interno que se destinen al traslado de personal, animales, materiales y mercaderías dentro del recinto empresarial; más aún, si la NIC 16 establece que dichos conceptos (maquinarias y buques) para efectos contables resultan diferenciados”.

En el caso en particular, el Tribunal Fiscal señaló que a una nave buque empleada en el transporte de hidrocarburos le resultaba aplicable la tasa de depreciación de 10% regulada en el inciso b) del artículo 22° del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta correspondiente a “otros bienes del activo fijo”, no la tasa de 20% para maquinaria y equipo utilizados por las actividades mineras, petrolera y de construcción.

Por su parte, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema destacando la naturaleza de la nave o buque confirmó la tasa de 10% aplicable a su depreciación. En ese sentido, el hecho de que el contribuyente haya registrado los buques tanque en la Subcuenta 333 – Maquinaria, equipo y otras unidades de explotación, no hace que el buque tenga la naturaleza de maquinaria, y en esa medida dicho se encuentra ubicado en el rubro ‘Otros Bienes del Activo Fijo”.

En efecto, teniendo en cuenta que en la tabla contenida en el inciso b) del artículo 22° del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta no se establece que las naves o buques puedan ser depreciados con la tasa máxima del 20%; este porcentaje es aplicable solo a los bienes de activo que sean maquinarias y equipo, y además sean utilizados por las actividades mineras, petroleras y de construcción.

3.- El plazo de prescripción se suspende para el deudor tributario con condición de no habido y no puede ser interrumpido por una orden de pago

Con relación a la suspensión del plazo de prescripción de un deudor tributario con la condición de ‘‘no habido’’, la Casación N° 19593-2016 Lima, señaló lo siguiente:

‘‘Durante el lapso que el deudor tributario tenga la condición de no habido, el plazo de prescripción debe ser suspendido, es decir, mientras existiera dicha causa de suspensión el plazo no podía correr jurídicamente hablando. Por lo tanto, la notificación de una Orden de Pago, por más que este contemplada como una causal de interrupción del plazo prescriptorio, no resulta aplicable porque no se podría interrumpir un plazo que se encuentra suspendido’’.

La Corte Suprema en virtud del literal c) del numeral 2 del artículo 46° del Código Tributario indica que el plazo de prescripción de la acción para exigir el pago de la obligación tributaria se suspende durante el lapso que el deudor tributario tenga la condición de ‘‘no habido’’.

En el caso en particular, el inicio del plazo prescriptorio de la acción para exigir el pago quedó en suspenso, al continuar el contribuyente en dicha condición. Asimismo, se debe considerar que el levantamiento de dicha condición ocurre cuando el deudor tributario cumple con los requisitos del Decreto Supremo N° 041-2006-EF, y no por la notificación de una orden de pago.

En ese sentido, cuando el plazo prescriptorio se suspende, dicho plazo deja de computarse hasta que finalice la suspensión; por lo tanto, si en ese ínterin se produce un supuesto de interrupción, este no surte efectos, dado que en ese momento no existe un plazo prescriptorio que interrumpir, pues no se encuentra en curso. Siendo ello así, la notificación de una orden de pago únicamente surtirá efectos y reanudará el cómputo del plazo prescriptorio cuando se levante la condición de no habido.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA

1.- Proponen modificar el Reglamento del Régimen de Gradualidad aplicable a la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 176 del Código Tributario

El Proyecto de Resolución de Superintendencia publicado en la página web de SUNAT el 3 de junio de 2021, propone modificar el Reglamento del Régimen de Gradualidad Aplicable a la Infracción Tipificada en el Numeral 1 del Artículo 176 del Código Tributario.

De esta forma, el proyecto de resolución de superintendencia propone establecer las modificaciones a la gradualidad aplicable a la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 176 del Código Tributario en el caso de aquellos deudores tributarios comprendidos en el Régimen General del Impuesto a la Renta o Régimen MYPE Tributario, o acogidos al Régimen Especial del Impuesto a la Renta, cuyos ingresos netos del ejercicio anterior al de la declaración por la que se comete la referida infracción, no superen las 150 UIT.

PROYECTOS DE LEY

1.- Proponen una investigación plena en materia de responsabilidad de personas jurídicas en el marco de la Ley 30424

El Proyecto de Ley 07819/2020-CR presentado el 1 de junio de 2021, propone modificar la Ley 30424 que Regula la Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas, con el fin proteger la autonomía del Ministerio Público como titular de la acción penal y disminuir la probabilidad de que genere espacios de impunidad en la aplicación de este tipo de delitos fortaleciendo lucha contra la corrupción y el lavado de activos.

NOVEDADES NORMATIVAS LABORALES

1.- Modificación del cronograma de implementación a nivel nacional del sistema informático de notificación electrónica de la SUNAFIL

La Resolución de Superintendencia N° 164-2021-SUNAFIL, publicada el 29 de mayo de 2021, ha modificado el cronograma de implementación, a nivel nacional, del sistema informático de notificación electrónica de la Superintendencia Nacional De Fiscalización Laboral, denominado SINEL-SUNAFIL, con la finalidad de incorporar en dicho cronograma la fecha de implementación de la Fase “PAS – Tercera Instancia”, que comprende la interposición del recurso administrativo de revisión, como tercera y última instancia administrativa bajo la competencia del Tribunal de Fiscalización Laboral.

Vigencia: 30 de mayo de 2021.

2.- Aprueban implementación de funcionalidad informática en el SID-SUNARP

La Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos N° 050-2021-SUNARP/SN publicada el 2 de junio de 2021, aprueba que, a partir del 2 de junio de 2021, la implementación, de la funcionalidad informática en el SID-SUNARP, que permite que el trámite de inscripción de un título, iniciado por un notario a través de dicha plataforma, sea continuado por un notario distinto, a elección del interesado.

Funcionalidad

La funcionalidad informática desarrollada tiene los siguientes alcances:

  • A través de esta opción, el notario ante quien acuda el interesado, para continuar con el trámite registral, pueda solicitar el traslado del título al notario que lo presentó inicialmente; a cuyos efectos basta indicar la oficina, año, número del título y generar el pedido.
  • Con la aceptación del traslado, el título es retirado automáticamente de la carga del notario que efectuó la presentación inicial y pasa a la bandeja de títulos observados del notario que requirió el traslado, con la indicación que se trata de un título que proviene de otra notaría, a efectos que continúe con las acciones que permitan culminar con el procedimiento registral respecto del referido título.
  • En tanto el notario primigenio no acepte el traslado, el trámite del título se mantiene a su cargo.
  • La funcionalidad aprobada aplica para títulos en trámite presentados mediante el SID-SUNARP, con estado “observado” o “suspendido”, y cuya fecha máxima para su reingreso no haya vencido.

El uso de la funcionalidad informática es de exclusiva responsabilidad de los notarios intervinientes, quienes deberán evaluar, la identidad del interesado y su calidad de tal en el procedimiento en trámite.

Vigencia: 3 de junio de 2021.

3.- Aprueban TUPA de la SUNAFIL

El Decreto Supremo N° 011-2021-TR publicado el 3 de junio de 2021, aprueba el Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral –SUNAFIL.

Vigencia: 4 de junio de 2021.

4.- Otorgan facilidades a miembros de mesa y electores en el marco de la segunda vuelta correspondiente a las elecciones generales

El Decreto Supremo N° 012-2021-TR publicado el 3 de junio de 2021, declara el 7 de junio de 2021 como día no laborable de naturaleza no compensable para aquellos ciudadanos que se desempeñen como miembros de mesa durante la segunda vuelta correspondiente a las Elecciones Generales, a llevarse a cabo el día 6 de junio de 2021, para la elección de Presidente y Vicepresidentes de la República. Así, se deberá tener en cuenta lo siguiente:

  • Los empleadores de los sectores público y privado adoptan las medidas pertinentes para el cumplimiento de lo establecido.
  • Para gozar del beneficio señalado, el trabajador que se desempeñó como miembro de mesa debe presentar a su empleador, a través de soporte físico o digital, al momento de reiniciar su prestación de servicios, el Certificado de Participación entregado por la ONPE.
  • Los trabajadores de los sectores público y privado que prestan servicios en provincias distintas a su lugar de votación están facultados a no prestar servicios los días 4, 5, 6 y 7 de junio de 2021 siempre que participen en la segunda vuelta correspondiente a las Elecciones Generales y acrediten haber ejercido su derecho al voto. En el sector privado, mediante acuerdo entre el empleador y el trabajador, se establece la forma para hacer efectiva la recuperación de los días no laborados; a falta de acuerdo, decide el empleador.
  • Los trabajadores que actúan como miembros de mesa, cuyas jornadas de trabajo coinciden con el día de la segunda vuelta correspondiente a las Elecciones Generales, están facultados a no prestar servicios por ese día, Los empleadores de los sectores público y privado disponen la forma de recuperación del día u horas dejadas de laborar.

Vigencia: 4 de junio de 2021.

5.- Aprueban listado de empleadores elegibles para la asignación del subsidio para la recuperación del empleo formal en el sector privado

La Resolución Ministerial Nº 101-2021-TR publicada el 5 de junio de 2021, aprueba el listado de empleadores elegibles que han calificado para la asignación del subsidio, así como el monto que corresponde por dicho concepto respecto al mes de marzo de 2021 a efectos de recuperar el empleo formal en el sector privado, el cual se podrá revisar en este link https://www.gob.pe/institucion/mtpe/normas-legales/1952630-101-2021-tr.

Cabe recordar que los empleadores incluidos en el listado gestionan el desembolso del subsidio, siempre que acrediten previamente el cumplimiento de las condiciones indispensables en la Ventanilla Integral Virtual del Asegurado – VIVA del Seguro Social de Salud – EsSalud conforme a lo dispuesto por el Decreto de Urgencia No. 127-2020 y sus normas complementarias.

Trámite para el desembolso a través del VIVA del EsSalud

  • El empleador elegido consigna, a través de su representante autorizado para el trámite del subsidio, la información requerida en la plataforma VIVA del EsSalud, la que incluye los datos personales de dicho representante. EsSalud verifica que el representante ante VIVA del EsSalud se encuentre autorizado por el representante legal del empleador, a efectos de obtener el usuario y contraseña de ingreso para el trámite correspondiente, en un plazo máximo de 5 días hábiles posteriores a la presentación de la solicitud para obtener usuario y contraseña.
  • El empleador brindará a través de la plataforma, las declaraciones juradas y el CCI de la cuenta del empleador para el abono del subsidio, la cual debe corresponder a una cuenta válida y activa en moneda nacional. El empleador asume la responsabilidad en caso de que la transferencia del subsidio se realice a un tercero por haber informado errónea del CCI.
  • El otorgamiento del subsidio puede ser gestionado a partir del cuarto día hábil de efectuada la publicación y envío a EsSalud de los listados de empleadores elegibles del sector privado, teniendo como plazo máximo el 14 de diciembre de 2021. EsSalud realiza el pago del subsidio a los 7 días hábiles de realizada la solicitud para su otorgamiento.

Asimismo, es condición para el desembolso, no tener en trámite ante la Autoridad Administrativa de Trabajo competente una terminación colectiva de contratos de trabajo durante el mes en que se realiza el pago del subsidio.

6.- Establecen disposiciones respecto a la presentación exclusiva a través del SID-SUNARP

La Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos Nº 052-2021-SUNARP/SN publicada el 5 de junio de 2021, dispone que, a partir del 9 de junio de 2021, los partes notariales que contengan alguno de los actos que se detallan a continuación, a tramitarse e inscribirse en el Registro de Personas Jurídicas de todas las Oficinas Registrales del país, se expidan con firma digital y se tramiten exclusivamente a través del Sistema de Intermediación Digital de la SUNARP (SID-SUNARP), en aplicación de la Décimo Tercera Disposición Complementaria, Transitoria y Final del Decreto Legislativo Nº 1049:

Registro de Persona Jurídicas:

  • Modificación de estatutos (con excepción del cambio de domicilio a una oficina registral distinta a aquella en la que consta inscrita la persona jurídica, así como la fusión, escisión y reorganización simple), de Sociedad Anónima, Sociedad Anónima Cerrada, Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada y Empresa Individual de Responsabilidad Limitada.
  • Transferencia de participaciones por actos intervivos de Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada.

Registro de Predios:

  • Compraventa.
  • Constitución de hipoteca.
  • Ampliación, reducción, modificación o levantamiento de hipoteca.

Vigencia: 6 de junio de 2021.

7.- Aprueban la directiva administrativa para el uso de la mesa de partes digital en el Seguro Integral de Salud

La Resolución Jefatural No. 072-2021/SIS publicada el 12 de junio de 2021, aprueba la Directiva Administrativa N° 002-2021-SIS/SG–V.01, “Directiva Administrativa para el uso de la Mesa de Partes Digital en el Seguro Integral de Salud”.

Vigencia: 13 de junio de 2021.

8.- Aprueban la política nacional de empleo decente

El Decreto Supremo Nº 013-2021-TR publicado el 13 de junio de 2021 aprueban la Política Nacional de Empleo Decente a Política Nacional de Empleo Decente es de cumplimiento obligatorio para todas las entidades de la Administración Pública, en todos los niveles de gobierno, en el marco de sus competencias, y para el sector privado y la sociedad civil, en cuanto les sea aplicable.

Vigencia: Hasta el 31 de diciembre de 2030.

9.- Aprueban el procedimiento operativo para ejecución del Régimen de Facilidades de Pago para deuda no tributaria de Entidades Empleadoras morosas, multas administrativas y bajas de oficio - REFADENT

La Resolución de la Gerencia Central de Gestión Financiera N° 119-GCGF-ESSALUD-2021 publicada el 14 de junio de 2021, aprueba el “Procedimiento Operativo para ejecución del Régimen de facilidades de pago para deuda no tributaria por concepto de reembolso de las prestaciones otorgadas a los trabajadores y/o derechohabientes de entidades empleadoras morosas, multas administrativas y bajas de oficio – REFADENT”.

Vigencia: 15 de junio de 2021.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

1.- Para que se configure la nulidad de despido es necesario acreditar las conductas precedentes del empleador que evidencien el propósito de limitar el Derecho a la Afiliación Sindical

Con relación al despido nulo, la Casación N° 3108 – 2018 Callao señaló lo siguiente:

‘‘El inciso a del artículo 29 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral señala que es nulo el despido que tenga por motivo: a. La afiliación a un sindicato o la participación en actividades sindicales (…)’’.

Debemos tener en cuenta que, el despido nulo se configura cuando el empleador basa el despido en una causa ilícita, lesionando derechos fundamentales; esta forma de protección concebida permite salvaguardar el derecho a permanecer en el empleo, siempre y cuando el supuesto se encuentre contemplado en la norma. Se trata de un despido que tiene causa ilegitima, porque lesiona derechos fundamentales.

En el caso concreto, se ha determinado la configuración de nulidad del despido, por la causal tipificada en el inciso a del artículo 29° del TUO de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, debido a que el actor fue inscrito como afiliado al Sindicato de la empresa demandada el 20 de marzo de 2016 y comunicado a la demandada el mismo día, siendo cesado el mes de mayo de 2016.

Se señala que el actor tenía conocimiento del vencimiento de su última prorroga de contrato, sin embargo, se afilió al sindicato con el fin de invocar la nulidad del despido por afiliación sindical, lo cual no es posible de ser amparado, y si bien las instancias de mérito declararon fundado este extremo de la demanda, la Sala Suprema advierte que no existe prueba suficiente que evidencie el propósito de despedir al actor y menos por afiliación sindical. Es decir, no se ha logrado acreditar una conducta que conlleve, a concluir que la causa sea la afiliación sindical y no la culminación del contrato en razón de la proximidad de fechas, entre la afiliación y el vencimiento del contrato, la evaluación de estos hechos no solo pasa por observar hechos unilaterales, sino que debe efectuarse en forma conjunta y razonada, a efectos de poder analizar una conducta por parte del empleador direccionada a determinar el despido nulo; carga de la prueba que corresponde al demandante, de conformidad con el inciso a) de los artículos 23.1 y 23.3 de la Ley N° 29497, no siendo suficiente para ello probar inicialmente la afiliación sindical, si se tiene en cuenta la proximidad del vencimiento del contrato; y si se tiene además en consideración el récord laboral del trabajador.

En consecuencia, la Sala señaló que no hay prueba suficiente que acredite que su conducta fue utilizada con ese propósito, por lo que no corresponde amparar la pretensión de nulidad de despido contemplado en el inciso a del artículo 29° de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, debiendo pronunciarse sobre la reposición en su puesto de trabajo.

PROYECTOS DE LEY

1.- Proponen la creación de un seguro de desempleo protegiendo a los trabajadores en situación de desempleo

El Proyecto de Ley 07804/2020-CR publicado el 31 de mayo de 2021, proponen crear el Seguro de Desempleo con la finalidad de proteger a los trabajadores de cualquier modalidad laboral, con un pago temporal que se encuentre en situación de desempleo, con participación del sector privado, teniendo como finalidad incentivar a la búsqueda de un nuevo empleo.

Para ser beneficiario del seguro de desempleo deberán acreditar los siguientes requisitos:

  1. Estar desempleado por un periodo no menor de 2 meses.
  2. Acreditar haber laborado por un periodo no menor a 12 meses consecutivos.
  3. No percibir ningún tipo de ingreso ya sea por jubilación o cualquier otro tipo de ingreso económico.
  4. Haber perdido el vínculo laboral.

2.- Proponen modificar de 1 año a 6 meses el requisito para acogerse al régimen especial de jubilación anticipada para desempleados en el sistema privado de pensiones

El Proyecto de Ley 07828/2020-CR presentado el 2 de junio de 2021, propone modificar el literal b) del artículo Anticipado para desempleados en el Sistema Privado de Pensiones. Así, de forma extraordinaria y mientras dure la Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por la pandemia del COVID-19, los afiliados que se encuentren desempleados durante 6 meses consecutivos o más, acreditando su fecha de cese con documento de fecha cierta. En caso el afiliado hubiese percibido rentas de cuarta categoría, el valor de lso ingresos deberá ser menor o igual a 7UIT.

3.- Proponen determinar, como pensión mínima, la equivalente a una remuneración mínima vital para los pensionistas del sistema nacional de pensiones

El Proyecto de Ley 07848/2020-CR presentado el 7 de junio de 2021, propone determinar la pensión mínima, que corresponda a una Remuneración Mínima Vital (RMV), para todos los pensionistas pertenecientes al Sistema Nacional de Pensiones, que es administrada por la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

Tendrá como beneficiarias a las personas que en la actualidad tienen la condición de pensionistas y aquellos futuros pensionistas, cuyo monto de las pensiones calculadas por la ONPE sean menores a la RMV, las cuales se nivelaran al monto actualizado de la RMV.

4.- Proponen modificar la Ley 30939 que establece el régimen especial de jubilación anticipada para desempleados en el sistema privado de pensiones y dispone edad mínima para acogimiento

El Proyecto de Ley 07859/2020-CR presentado el 9 de junio de 2021, propone establecer la edad mínima que permita a los afiliados del Sistema Privado de Pensiones acogerse a la jubilación anticipada del Régimen Especial de Jubilados Anticipada – REJA con la finalidad de mejorar la cantidad de vida de los afiliados y la reactivación económica del país.

De esa manera, al momento de solicitar el beneficio, los afiliados deberán tener como edad mínima 50 años cumplidos sea mujer o varón. Asimismo, encontrarse desempleados durante 6 meses consecutivos o más, acreditando su fecha de cese con documento de fecha cierta.

Segunda quincena de Mayo 2021

NOVEDADES NORMATIVAS TRIBUTARIAS

1.- SUNAT aprueba cronograma para la declaración de la información de las entidades financieras para el intercambio automático con otras administraciones tributarias

La Resolución de Superintendencia N° 000069-2021/SUNAT, publicada el 15 de mayo de 2021, ha dispuesto que la declaración jurada informativa establecida en la Resolución N° 270-2019/SUNAT, que contenga la información financiera correspondiente al año 2020 para el intercambio de información con otras administraciones tributarias en virtud de tratados internaciones, se debe presentar a la SUNAT de acuerdo con el siguiente cronograma:

Este cronograma también será aplicable para la presentación de la declaración Reporte Financiero-ECR correspondiente al año 2018 respecto de las cuentas preexistentes de bajo valor de las personas naturales que se presenta en el año 2021.

Vigencia: 16 de mayo de 2021.

2.- Aprueban normas para el acogimiento y desistimiento al RAF-Turismo

La Resolución N° 000070-2021/SUNAT, publicada el 16 de mayo de 2021, ha aprobado las normas para la presentación de la solicitud de acogimiento y desistimiento al Régimen de aplazamiento y/o fraccionamiento para el sector turismo (RAF – TURISMO) a través del Formulario Virtual N° 1706, los prestadores de servicios turísticos y/o artesanos cuyos ingresos netos anuales del ejercicio gravable 2019 no superen las 2300 unidades impositivas tributarias (UIT) o sin importar el importe de sus ingresos hubieran iniciado actividades en dicho ejercicio o generen rentas distintas a las rentas empresariales o se encuentran en el RUS, y a su vez, ha regulado canales adicionales para realizar el pago de la deuda materia de acogimiento a diversos aplazamientos y/o fraccionamientos.

En ese sentido, son deudas acogibles, las deudas tributarias administradas por la SUNAT que sean exigibles hasta la fecha de presentación de la solicitud de acogimiento, salvo pagos a cuenta del IR, tributos retenidos y/o percibidos y deuda acogida a procedimiento concursal. Saldos de aplazamientos y/o fraccionamientos que se encuentren pendientes de pago a la fecha en que se presenta la solicitud de acogimiento. Cualquiera sea el estado en que se encuentren, sea que respecto de ellas se hubiera notificado o no una orden de pago, resolución de determinación, resolución de multa u otras resoluciones emitidas pro la SUNAT, o se encuentren en cobranza coactiva o impugnadas, en virtud de lo señalado en la disposición complementaria final.

Vigencia: 17 de mayo de 2021.

3.- Aprueban otorgamiento de garantía del gobierno nacional al Programa de Apoyo Empresarial a las Micro y Pequeñas Empresas (PAE-MYPE)

El Decreto Supremo N° 115-2021-EF publicado el 20 de mayo de 2021, aprueba el otorgamiento de la Garantía del Gobierno Nacional, hasta por la suma de S/ 2 000 000 000 soles, para cubrir la cartera de créditos destinados para capital de trabajo que cumplan con las condiciones y requisitos para acceder al Programa de Apoyo Empresarial a las micro y pequeñas empresas (PAE-MYPE).

Vigencia: 21 de mayo de 2021.

4.- Establecen medidas para la implementación de la puesta a disposición del adquirente del bien o usuario del servicio y de la SUNAT de la factura y recibo por honorarios electrónicos durante la pandemia

El Decreto de Urgencia No. 050-2021 publicado el 27 de mayo de 2021, tiene por objeto establecer medidas extraordinarias, en materia económica y financiera, a efectos de establecer de manera excepcional un nuevo plazo para poner a disposición del adquirente del bien o usuario del servicio y de la SUNAT la emisión de la factura y recibo por honorarios electrónicos; a fin de que los emisores cuenten con un plazo más amplio y flexible mientras realizan las modificaciones operativas y de sistemas correspondientes para adecuarse al plazo dispuesto por el numeral 6.3 del artículo 6 del Decreto de Urgencia N° 013-2020, atenuando su situación financiera deteriorada por la pandemia generada por la COVID-19.

De esta manera, modifican excepcionalmente el plazo de 2 días calendario a 4 días calendario para la puesta a disposición del adquirente del bien o usuario del servicio y de la SUNAT la emisión de la factura y recibo por honorarios, computados desde ocurrida la emisión.

Vigencia: 31 de diciembre de 2021.

5.- Prorrogan el Estado de Emergencia Nacional a consecuencia del COVID-19

El Decreto Supremo N° 105-2021-PCM, publicado el 27 de mayo de 2021, prorroga por 30 días, el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19 desde el 1 de junio de 2021 hasta el 30 de junio.

Asimismo, queda restringido el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio.

De esa manera, actualizan los niveles de alerta conforme a lo siguiente:

Asimismo, se señala que los peruanos, extranjeros residentes y extranjeros no residentes que ingresen a territorio nacional, independientemente del país de procedencia, deben contar con una prueba molecular o antígena con resultado negativo, conforme a las disposiciones sanitarias vigentes.

También suspenden hasta el 20 de junio de 2021, el ingreso al territorio nacional de extranjeros no residentes de procedencia de la República de Sudáfrica, la República Federativa de Brasil o la República de la India, o que hayan realizado escala en dichos lugares en los últimos 14 días calendario.

Vigencia: 28 de mayo de 2021.

COMUNICADOS DE SUNAT

1.- Emisión de comprobantes a través del sistema facturador SUNAT

Desde el 14 de mayo de 2021, para la emisión de comprobantes a través del Sistema Facturador SUNAT, deberá utilizar la última versión 1.3.4.4. Para descargarla ingrese al siguiente link:

https://cpe.sunat.gob.pe/sites/default/files/inline-files/Instaladores%20del%20sistema%20facturadpr%20SUNAT_1.pdf

2.- Canales de atención de denuncias

La SUNAT pone a disposición de los contribuyentes, usuarios de comercio exterior y ciudadanía en general, sus canales de atención para denunciar posibles actos relacionados a casos de corrupción, que serán revisados de manera inmediata siguiendo los procedimientos establecidos.

Estos canales se han implementado en el marco de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción y del compromiso institucional para desplegar acciones anticorrupción de manera permanente.

Para más información revise la siguiente cartilla https://www.sunat.gob.pe/institucional/integridad/formatos/cartillaCanalesDenuncias.pdf

También puede acceder al “Procedimiento para la Atención de Denuncias por presuntos actos de corrupción y medidas de protección al denunciante” https://www.sunat.gob.pe/institucional/integridad/canalesDenuncia.html

INFORMES DE SUNAT

1.- La habitualidad en la enajenación de bienes adquiridos como consecuencia de un anticipo de herencia

Con relación a la enajenación de bienes adquiridos como consecuencia de un anticipo de herencia efectuada antes o después del fallecimiento del causante que la efectuó, la Administración Tributaria a través de su Informe N° 044-2021-SUNAT/7T0000 señaló:

  • La enajenación de bienes adquiridos como consecuencia de un anticipo de herencia, no se encuentra dentro de la excepción prevista en el numeral iii) del último párrafo del artículo 4° de la Ley del Impuesto a la Renta. Debido a que dicha norma dispone que se presumirá la existencia de habitualidad en la enajenación de inmuebles efectuada por una persona natural, sucesión indivisa o sociedad conyugal que optó por tributar como tal, a partir de la tercera enajenación y no considera operaciones habituales ni se computan las enajenaciones de bienes adquiridos con ocasión del fallecimiento del causante.
  • Debemos tener en cuenta que, en el anticipo de herencia, el causante es quien en vida transfiere a favor de sus herederos forzosos, a título gratuito, la propiedad de alguno de sus bienes que integran la legítima, haciendo que los herederos se reputen propietarios del bien materia de anticipo. Asimismo, el Tribunal Fiscal a través de sus Resoluciones Nos. 03178-5-2008, 03707-8-2012, 3 y 00371-1-2015, entre otras, ha señalado que el anticipo de legítima se considera como una donación, un acto de liberalidad entre vivos bilateral y formal, enfatizando que, “[…] el anticipo de legítima constituye la transferencia de bienes en propiedad con motivo de una donación o de cualquier otra liberalidad a favor de los herederos forzosos […]”.

    En ese sentido, en el supuesto de la consulta al haber adquirido los bienes mediante anticipo de legítima, nos encontramos con una transferencia originada en un acto inter vivos, supuesto que difiere de la excepción prevista en el numeral iii) del último párrafo del artículo 4 de la LIR, ya que esta alude a bienes adquiridos por causa de muerte.

  • En consecuencia, la venta habitual de inmuebles recibidos en anticipo de herencia que efectúen los herederos forzosos constituye renta empresarial a partir de la tercera enajenación onerosa que se produzca en el ejercicio gravable con una tasa de 29.5%.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL

1.- SUNAT puede compensar el saldo no utilizados del ITAN contra otras deudas tributarias a pedido de parte

El Tribunal Fiscal a través de su Resolución de Observancia Obligatoria No. 03885-8-2021 establece el siguiente criterio:

“Si bien la normatividad aplicable al Impuesto Temporal a los Activos Netos (ITAN), no permite la compensación automática del saldo no utilizado del referido impuesto contra otras deudas tributarias distintas a los pagos a cuenta y al pago de regularización del Impuesto a la Renta, ello no implica una prohibición para que la Administración efectúe dicha compensación a pedido de parte, de acuerdo con lo previsto por el artículo 40 del Código Tributario”.

En el caso concreto, la recurrente indicó que la motivación de la Esquela de SUNAT vulnera los principios de razonabilidad, proporcionalidad, entre otros, al denegar la posibilidad de utilizar, como crédito pasible de compensación, el saldo a favor del ITAN de los ejercicios 2012, 2014 a 2019 contra la deuda por el IGV de marzo y mayo de 2016, sin considerar lo establecido en el artículo 40° del Código Tributario, por lo que deviene en nula. Asimismo, señaló que correspondía que la Administración emitiera una resolución y no una esquela, toda vez que esta última no puede ser impugnada, y en consecuencia se vulneraría su derecho de defensa.

Por su parte, la Administración señala que de acuerdo a la normativa aplicable no es factible considerar como crédito a compensar, el ITAN, dejando a salvo el derecho de la recurrente de solicitar la devolución del monto pagado por dicho impuesto, respecto a la parte no aplicada contra los pagos a cuenta y contra el pago de regularización del Impuesto a la Renta.

El Tribuna Fiscal señaló trajo a colación diversos pronunciamientos, como es el caso de las Resoluciones Nos. 03946-2-2018, 08409-1-2018, 05979-10-2017, 02914-8-2017, 06167-3-2016 y 16329-4-2013, si bien la normatividad aplicable al ITAN, no permite la compensación automática del saldo no utilizado del referido impuesto contra otras deudas tributarias distintas a los pagos a cuenta y al pago de regularización del Impuesto a la Renta, ello no implica una prohibición para que la Administración efectúe dicha compensación a pedido de parte, de acuerdo con lo previsto por el artículo 40° del Código Tributario.

2.- Adicionar un fundamento adicional sobre fehaciencia en la instancia de reclamación excede la facultad de reexamen de la SUNAT

Con relación al reparo por depreciación de una carretera que es infraestructura de servicio público, el Tribunal Fiscal en su Resolución N° 6746-1-2020 señaló lo siguiente:

‘‘El fundamento adicional establecido en la instancia de reclamación excede la facultad de reexamen de la Administración, por lo que de conformidad con el numeral 2 del artículo 109 del Código Tributario, corresponde declarar la nulidad’’.

En el caso en particular, la carretera Selene-Pallancata, si bien, sirve para unir la Unidad Minera Selene Explorador y la Mina Pallancata, y de acuerdo a lo manifestado por el contribuyente; esta carretera fue construida con la finalidad de que sea utilizada para el traslado del mineral que se extrae de las concesiones ubicadas en la unidad minera Pallancata hacia la Planta de Beneficio Selene, siendo necesaria esta vía para realizar las operaciones del contribuyente, evidenciando también que la carretera es una vía pública.

Al único fundamento del reparo de la depreciación deducida como gasto consignado en la resolución de determinación (infraestructura de servicio público llevada al gasto vía depreciación, sin haber cumplido con lo señalado en el inciso d) del artículo 72 de la Ley General de Minería). Se le incorpora un fundamento adicional por la Administración, sobre no haberse acreditado la fehaciencia de su valor. Este fundamento adicional excede la facultad de reexamen de la Administración, por lo que corresponde declarar la nulidad en este extremo, por haber infringido el procedimiento legal establecido.

Asimismo, en la reclamación, además de indicar lo señalado en la fiscalización, indicó que no se había acreditado la fehaciencia del valor del bien registrado como activo fijo, según lo establecido en los artículos 37, 38, 39, 40 y 41 de la LIR y el artículo 22 de su Reglamento.

3.- Acreditación de causalidad de gasto por pago de comisiones por ventas

Con relación a si resulta deducible el gasto por comisión mercantil, el Tribunal Fiscal a través de su Resolución N° 04619-4-2020, señaló lo siguiente:

“[…] la recurrente presentó el contrato de gestión comercial integral, los comprobantes de pago por las comisiones de ventas, los comprobantes de pago de sus clientes por las ventas de los productos relacionados a dichas comisiones, las transferencias bancarias por las cuales se efectúo el pago de las comisiones de ventas, esto es, los medios de pago utilizados, siendo que de dicha documentación es posible verificar la relación entre los ingresos por las ventas efectuadas y los gastos por las comisiones de tales ventas, por lo que la recurrente cumplió con presentar la documentación expresamente solicitada por la Administración mediante Requerimiento, para efectos de acreditar la causalidad del gasto”. [Énfasis añadido].

Como puede apreciarse, efectivamente siempre que el contribuyente acredite que las comisiones de ventas pagadas se encuentran relacionadas a la colocación de sus productos que le generan ingresos gravados con el Impuesto a la Renta, el gasto por concepto de comisión mercantil es deducible.

Así fluye de la verificación de la documentación señalada, tales como:

  • Contrato de comisión mercantil.
  • Facturas por la venta de los productos relacionados a las comisiones.
  • Correos electrónicos que dan cuenta de las gestiones realizadas con las labores realizadas por los comisionistas lo cual es acorde a lo detallado en el contrato de comisión mercantil.

En consecuencia, la acreditación de la causalidad del gasto por comisiones por ventas no se restringe a la presentación de informes del comisionista, siempre que el contribuyente presente documentación que acredita la causalidad y fehaciencia del gasto.

4.- Costo computable de las acciones originadas por la capitalización de la reserva legal

Con relación a la capitalización de la reserva legal, el Tribunal Fiscal a través de su Resolución N° 00653-8-2019, señaló lo siguiente:

‘‘Que de lo expuesto se advierte que el supuesto de capitalización de la reserva legal se encuentra dentro de los alcances del inciso c) del numeral 21.2 del artículo 21º de la Ley del Impuesto a la Renta; y considerando además que la Administración no ha planteado ningún cuestionamiento adicional sobre los hechos y situaciones bajo examen, corresponde reconocer como costo computable de las acciones observadas, su valor nominal’’. [Énfasis añadido].

En el caso en particular, la Administración autorizó parcialmente la emisión de la certificación solicitada, al considerar que no está comprendida en el concepto de recuperación de capital invertido previsto por el inciso a) del artículo 57° del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, entre otros las acciones provenientes de la capitalización de la reserva legal y de la capitalización de la cuenta resultados acumulados en la parte que corresponde al ajuste originado por haber contabilizado a valor razonable sus activos financieros producto de la adecuación a NIIF de dicha empresa en el ejercicio 2012.

Para ello, debemos tener en cuenta que la reserva legal se origina en utilidades generadas por la sociedad, las que no se distribuyen por mandato de la ley, toda vez que deben constituirse para un fin como es la compensación de pérdidas que sin perjuicio de ello es posible que la sociedad decida capitalizar la reserva legal en cuyo caso deberá responderla con utilidades futuras. Asimismo, la Ley General de Sociedades dispone que un mínimo del 10% de la utilidad distribuible de cada ejercicio deducido el Impuesto a la Renta, debe ser destinado a una reserva legal hasta que ella alcance un monto igual a la quinta parte del capital.

Ahora bien, en tanto el supuesto de capitalización de la reserva legal se encuentra dentro de los alcances del inciso c) del numeral 21.2 del artículo 21° de la LIR; y considerando además que la administración no ha planteado ningún cuestionamiento adicional sobre los hechos y situaciones bajo examen, el Tribunal Fiscal reconoció como costo computable de las acciones observadas, su valor nominal. En consecuencia, revocó la resolución apelada en cuanto a la recuperación del capital invertido de las acciones provenientes de la capitalización de la reserva legal.

5.- La incorporación del contribuyente al directorio de principales contribuyentes nacionales durante la fiscalización no implica el inicio de un nuevo procedimiento

Con relación al cambio de Directorio de Contribuyente durante el procedimiento de fiscalización, el Tribunal Fiscal a través de su Resolución N° 04711-4-2020, señaló lo siguiente:

‘‘[…] contrariamente a lo afirmado por la recurrente, el procedimiento de fiscalización que dio origen a los valores impugnados fue único, integral y definitivo, en tanto la Carta y Requerimiento fueron emitidas para continuar con dicho procedimiento a cargo de los funcionarios competentes a partir del cambio de directorio de la recurrente, lo que no ha implicado el reinicio del procedimiento de fiscalización, como sostiene en sus alegatos”. [El resaltado y subrayado es nuestro].

En el caso en particular, la Administración inició un procedimiento de fiscalización definitiva del IGV por los periodos de octubre 2011 a setiembre 2012. Durante el transcurso de dicho procedimiento, la SUNAT dispuso que el contribuyente, quien al momento inicial de la fiscalización pertenecía al Directorio de Contribuyentes de la Intendencia Regional Lima, se incorpore al Directorio de Principales Contribuyentes Nacionales.

Como consecuencia del cambio de directorio, la SUNAT cerró el requerimiento emitido por la Intendencia Regional Lima, comunicando la situación mediante una Carta e informando que el mencionado procedimiento de fiscalización continuaría a cargo de la División de Fiscalización de Principales Contribuyentes Nacionales emitiendo una nueva Carta y un nuevo Requerimiento iniciando la fiscalización.

Por su parte, el contribuyente sostuvo que la Administración había iniciado un nuevo procedimiento de fiscalización, invocando la nulidad de la fiscalización.

Sin embargo, el Tribunal Fiscal señaló que hasta la fecha de cierre del Requerimiento, el contribuyente no había presentado ninguna documentación que le fuera solicitada, y teniendo en cuenta que el propósito de dicho cierre no era dejar constancia del cumplimiento o no de lo solicitado, sino la emisión de actos que permitiesen la continuación del procedimiento a cargo de los funcionarios competentes, sobre todo considerado que la prórroga del plazo concedido no había culminado, enfatizando que en el siguiente requerimiento emitido se solicitó la misma documentación, no aprecia una afectación al principio de confianza legítima, sino que por el contrario mediante dichos actos la recurrente accedió a información veraz, completa y confiable sobre las autoridades a cargo del procedimiento, así como respecto a la oportunidad en la que debía presentar la información y/o documentación solicitada, no advirtiendo en la emisión del resultado de requerimiento una afectación al objeto del acto administrativo.

6.- No es aplicable la tasa adicional a las remuneraciones de miembros de directorio y accionistas que exceden el valor de mercado

Con relación al pago de remuneraciones que exceden el valor de mercado, el Tribunal Fiscal a través de su Resolución N° 03000-1-2019, señaló lo siguiente:

“[…] cabe advertir que la Administración aplicó la mencionada tasa adicional del 4.1% a las remuneraciones efectuadas a quienes no son accionistas de la recurrente, no siendo correcto asumir, sin contar con mayores elementos de prueba -como hace la Administración-, que tales pagos beneficiaron a los accionistas por la sola condición de familiares directos que estas personas tienen con los accionistas.

Que por lo tanto, no corresponde aplicar la tasa adicional del 4.1% a las remuneraciones del directorio observadas por la Administración, debiendo revocarse la apelada en este extremo”. [El resaltado y subrayado es nuestro].

En el caso concreto, la Administración Tributaria aplicó la tasa adicional del 4.1% a las remuneraciones pagadas a los familiares directos de los accionistas considerando que dichas remuneraciones pagadas se encontraban gravadas porque constituyen gastos cuya deducción está prohibida y beneficiaron directamente a los accionistas y sus familiares.

Sin embargo, el Tribunal Fiscal indicó que si bien las remuneraciones pagadas al directorio no eran deducibles porque excedieron el 6% de la utilidad comercial y el contribuyente obtuvo pérdida en el ejercicio 2008, motivo por el cual fueron adicionadas en la declaración jurada del Impuesto a la Renta. Ello no hace que tales sumas califiquen automáticamente como una disposición indirecta de renta no susceptible de posterior control tributario, por cuanto en este caso sí se tiene certeza de su destino, siendo que, tal como señala la norma reglamentaria [numeral 5 del artículo 13°-A] y la jurisprudencia de este Tribunal, están sujetos a la tasa adicional de 4.1% los gastos cuya deducción se encuentre prohibida, siempre que impliquen una disposición de rentas no susceptibles de control tributario.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

1.- El pago de la deuda tributaria prescrita implica la renuncia de la prescripción ganada

Respecto a la prescripción de las deudas tributarias, la Casación N° 729-2018 Lima señaló lo siguiente:

‘‘El pago de la prescripción de la obligación tributaria es el único supuesto de renuncia de la prescripción ganada, si bien la Norma IX del Título Preliminar del Código Tributario señala que podrán aplicarse normas distintas a las tributarias, ello es factible siempre que no se les opongan ni las desnaturalicen’’.

El presente caso, tiene como pretensión que se declare la nulidad de la Resolución del Tribunal Fiscal, que resolvió revocar la Resolución de Intendencia declarando improcedente la solicitud de prescripción de las deudas tributarias, teniendo como base la aplicación indebida del artículo 1991 del Código Civil e inaplicación de los artículos 48 y 49 del Código Tributario.

Al respecto, la Norma IX del Título Preliminar del Código Tributario, dispone que, si se puede aplicar normas distintas a las tributarias, siempre y cuando no se opongan; por lo que solo será permitido en los casos que: i. no exista regulación en el aludido código y acotadas normas; y, ii. si las normas ajenas no desnaturalizan o se oponen a lo prescrito en el código y normas mencionadas. En caso contrario, de existir regulación en las normas tributarias, no esta permitido aplicar normas ajenas al derecho tributario.

En relación a la prescripción de la deuda, el artículo 49° del Código Tributario, indica que el pago voluntario de la obligación prescrita no da derecho a solicitar la devolución de lo pagado, es decir, acoge al pago de la deuda tributaria como único supuesto de renuncia de la prescripción ganada. Así, el pago implica el reconocimiento de la deuda tributaria y es una de las formas de extinción de la misma, por lo que considerar a un acto incompatible con la voluntad de favorecerse con la prescripción como un supuesto de renuncia a la prescripción ganada de la deuda tributaria, desnaturalizaría la norma tributaria, ya que dicho acto, si bien implica un reconocimiento de la deuda puede que no la extinga, lo cual sí ocurre con el pago. En consecuencia, no resulta aplicable la norma civil por desnaturalizar la norma tributaria, lo que lleva a su inaplicación al caso concreto.

En ese sentido, cuando se indica que en materia tributaria se configura el supuesto contemplado en el artículo 1991 del Código Civil, esto es, la renuncia tácita a la prescripción, cuando el deudor tributario solicita el aplazamiento o fraccionamiento de deudas tributarias, la sentencia recurrida aplica indebidamente la norma civil, toda vez que la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento no extingue la deuda tributaria, lo cual la ha conllevado a inaplicar la norma tributaria; por lo tanto, la denuncia de aplicación indebida del artículo 1991 del Código Civil y de inaplicación del artículo 49 del Código Tributario corresponden ser estimadas.

En consecuencia, declaran fundado el recurso y señalan que la Resolución del Tribunal Fiscal no se encuentra incursa en ninguna de las causales de nulidad, debido a que no es aplicable supletoriamente el artículo 1991 del Código Civil, porque la norma tributaria establece expresamente los alcances de la solicitud de fraccionamiento con relación a la prescripción y que a la fecha de presentación de la solicitud de fraccionamiento, ya había transcurrido el plazo de prescripción de la obligaciones tributarias contenidas en los valores indicados.

NOVEDADES NORMATIVAS LABORALES

1.- Ejercicio de los derechos de voz y voto no presenciales y las sesiones no presenciales

La Ley N° 31194, publicada el 14 de mayo de 2021, ha sido promulgada con el objeto de modificar la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades, a fin de regular las sesiones no presenciales de los órganos de las sociedades y el ejercicio de los derechos de voz y voto no presenciales.

En ese sentido, modificó el artículo 21-A° de la Ley General de Sociedades indicándose que podrán realizarse sesiones no presenciales y ejercicio de los derechos de voz y voto no presenciales a través de medios electrónicos u otros de naturaleza similar, de conformidad con lo establecido en su estatuto, garantizando la identificación, comunicación, participación etc. Dicha disposición no es aplicable cuando exista una prohibición legal o estatutaria.

De otro lado, las actas de las sesiones no presenciales deberán estar firmadas por escrito o digitalmente por quienes están obligados conforme a ley o su estatuto, e insertadas en el libro de actas correspondiente, pudiendo ser almacenadas, adicionalmente, en medios electrónicos u otros de naturaleza similar que garanticen la conservación del soporte, así como la autenticidad y legitimidad de los acuerdos adoptados.

Por su parte, el ejercicio del derecho de voto no presencial se podrá realizar a través de firma digital, medios electrónicos u otros de naturaleza similar, o por medio escrito con firma legalizada.

Finalmente, se deroga el Decreto de Urgencia N° 100-2020 y el Decreto de Urgencia N° 018-2021 que dispusieron medidas de carácter transitorio.

Vigencia: 15 de mayo de 2021.

2.- Procedimiento operativo para el retiro facultativo de la AFP de hasta S/ 17, 600 establecido en la Ley N° 31192

La Resolución SBS Nº 01484-2021 publicada el 19 de mayo de 2021, aprueba el Procedimiento Operativo (OP) para el retiro facultativo de fondos en el Sistema Privado de Pensiones, establecido en la Ley Nº 31192 a fin de aliviar la economía familiar afectada, por las consecuencias de la pandemia del COVID-19, a partir del 27 de mayo de 2021.

3.- SUNAFIL aprueba reglas para el desarrollo de acciones de orientación en el marco de prevención del Sistema de Inspección del Trabajo

Mediante la Resolución de Superintendencia N° 158-2021-SUNAFIL, publicada el 21 de mayo de 2021, se ha aprobado la Directiva N° 001-2021-SUNAFIL/INPA, denominada “Reglas para el desarrollo de las Acciones de Orientación en el marco de la Prevención del Sistema de Inspección del Trabajo”, con el objeto de establecer los procesos, pautas y metodología a ser aplicados en el desarrollo de las acciones de orientación como estrategia de prevención a cargo del Sistema de Inspección del Trabajo.

Vigencia: 22 de mayo de 2021.

4.- Estrategia sectorial para la Formalización Laboral y Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo

Mediante Resolución Ministerial N° 089-2021-TR, publicado el 21 de mayo de 2021, se ha modificado la Lista Sectorial de las Políticas Nacionales bajo rectoría o conducción del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, aprobado por la Resolución Ministerial N° 290-2019- TR, a fin de integrar la Política Nacional de Formalización Laboral a la Política Nacional de Empleo Decente y retirar la Estrategia Sectorial para la Formalización Laboral 2018-2021 de dicha Lista Sectorial.

Vigencia: 22 de mayo de 2021.

5.- Directiva para la aplicación de la medida correctiva de pérdida de la categoría societaria por infracciones a los derechos del consumidor de la sociedad de beneficio e interés colectivo

A través de la Resolución N° 000056-2021-PRE/INDECOPI, publicada el 23 de mayo de 2021 ha aprobado la Directiva N° 002-2021/DIR-COD-INDECOPI que regula la aplicación de la medida correctiva de pérdida de la categoría societaria para la sociedad de beneficio e interés colectivo, denominada Sociedad BIC, establecida por la Ley N° 31072 en el caso de infracciones a los derechos del consumidor.

Vigencia: 24 de mayo de 2021.

6.- SBS modifica Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y Ciberseguridad

Mediante Resolución SBS N° 01515-2021, publicada el 24 de mayo de 2021, tiene como objetivo establecer un marco de referencia para el sistema de gestión de seguridad de la información y para el fortalecimiento de las capacidades de ciberseguridad y de los procesos de autenticación de las empresas, tomando en cuenta para ello, los estándares y buenas prácticas internacionales.

En ese sentido, se ha considerado conveniente incorporar a las empresas emisoras de dinero electrónico dentro del grupo de empresas que pueden solicitar autorización para la aplicación del Régimen Simplificado del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y Ciberseguridad (SGSI-C).

Siendo ello así, modifican el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad. A esos efectos, estas empresas deberán presentar un informe que sustente la razonabilidad de la solicitud, en términos del tamaño, la naturaleza y la complejidad de sus operaciones, la cual será respondida por la Superintendencia en el plazo de 60 días hábiles; así como establecer requisitos proporcionales para los almacenes generales de depósito; y modificar los aspectos referidos a la contratación de un servicio significativo de procesamiento de datos, a fin de precisar la estrategia de salida de los servicios a cargo del proveedor y modificar el plazo de entrega de información a la Superintendencia del servicio significativo de procesamiento de datos contratado.

Vigencia: 25 de mayo de 2021.

7.- Actualizan el “Procedimiento interno para el ingreso, registro, derivación, trámite y atención por la mesa de trámite documentario virtual de la SUNARP”

La Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos Nº 044-2021-SUNARP/SN publicada el 26 de mayo de 2021, actualizan el “Procedimiento Interno para el ingreso, registro, derivación, trámite y atención por la mesa de trámite documentario virtual de la Sunarp” y la “Guía de Usuario para el ingreso documental por la mesa de trámite documentario virtual de Sunarp”.

Vigencia: 27 de mayo de 2021.

PROYECTOS DE LEY

1.- Proponen crear el fondo universal de alto costo en salud

El Proyecto de Ley No. 07708/2020-CR presentado el 14 de mayo de 2021, proponen crear el Fondo Universal de Alto Costo en Salud (Fondo Salud) como mecanismo nacional para brindar cobertura a los tratamientos de enfermedades de alto costo, así como establecer las disposiciones necesarias para su funcionamiento.

Asimismo, señalan que el Fondo Salud se crearía como un fondo fiduciario intangible, con personería jurídica de derecho privado, sin fines de lucro y de interés público y social. Los Fondo Universal de Alto Costo en Salud (Fondo Salud) tienen naturaleza de fondos públicos.

2.- Proponen establecer la entrega excepcional de un bono patriótico a favor de los afiliados y beneficiarios de la ONP

El Proyecto de Ley 07719/2020-CR presentado el 18 de mayo de 2021, propone establecer la entrega excepcional de un bono patriótico a favor de los afiliados y beneficiarios de la ONP. Así serán beneficiarios aquellos aportantes activos y los que han dejado de aportar con la finalidad de aliviar la crisis económica familiar producido producto de la emergencia sanitaria nacional.

Para ello, se considerará lo siguiente:

  • Afiliados cuyo registro se encuentre vigente en la base de datos del Sistema Nacional de Pensiones y que hayan aportado en forma continua o acumulado, por lo menos durante dos años.
  • Afiliados que se encuentren actualmente en planilla, pero cuya remuneración bruta sea S/ 3,000.
  • No haber suscrito, durante los últimos seis meses, contratos con el Estado como personas naturales, dentro de los alcances de la Ley No. 30225, Ley de Contrataciones del Estado, ni dentro de los alcances de la Ley No. 29806, Ley que regula la contratación de personal altamente calificado en el sector público.
  • Los pensionistas actuales y los beneficiarios del Sistema Nacional de Pensiones, podrán acceder al mismo subsidio económico en calidad de bonificación excepcional no pensionista.

3.- Proponen modificar la Ley 30939, ley que establece el régimen especial de jubilación anticipada para desempleados en el Sistema Privado de Pensiones

El Proyecto de Ley 07733/2020-CR propone modificar el artículo 1 del inciso a) de la Ley 30939, Ley que establece el régimen especial de jubilación anticipada para desempleados en el sistema privado de pensiones. Así, se propone que, al momento de solicitar el beneficio, cuenten con una edad mínima de 50 años.

4.- Proponen modificar la Ley 30939 Ley que establece el Régimen Especial de Jubilación Anticipada para desempleados

El Proyecto de Ley 07758/2020-CR presentado el 21 de mayo de 2021, propone modificar los numerales a) y b) del artículo 1 de la Ley 30939, Ley que establece el régimen especial de jubilación anticipada para desempleados en el sistema privado de pensiones. Para ello, los afiliados deberán cumplir con las siguientes condiciones:

    • Al momento de solicitar el beneficio, tengan como edad mínima 50 años cumplidos en el caso de los varones y 45 años cumplidos en el caso de mujeres.
    • Aquellos que se encuentren desempleados durante 6 meses consecutivos o no consecutivos, dentro de los 36 meses anteriores a la presentación de la solicitud de acceso al régimen. Acreditando su fecha de cese con documentos de fecha cierta. En el caso que, durante ese periodo, el afiliado hubiese percibido ingresos de cuarta categoría, el total de dichos ingresos debe ser menor o igual al valor equivalente a 12 UIT, debiendo presentar documento de la SUNAT que lo sustente.

5.- Proponen autorizar a la SBS y a las AFP la apertura de cuenta de ahorro previsional en el sistema financiero para los afiliados del Sistema Privados de Pensiones

El Proyecto de Ley 07774/2020-CR presentado el 26 de mayo de 2021, tiene por objeto la apertura de cuentas de ahorro previsional intangible e inembargable en entidades del sistema financiero a solicitud expresa y voluntaria de los afiliados activos y pasivos del Sistema Privado de Pensiones, ante la Administradora Privada de Fondos de Pensiones (AFP) de manera presencial, por escrito, vía remota y/o mediante canales pertinentes, para el traslado del 100% acumulado de su cuenta individual de capitalización a una entidad del sistema financiero supervisado por la Superintendencia de Banca, Seguros.

Primera quincena de Mayo 2021

NOVEDADES NORMATIVAS TRIBUTARIAS

1.- Fijan índices de corrección monetaria para efectos de determinar el costo computable de los inmuebles enajenados por personas naturales, entre otros

A través de la Resolución Ministerial N° 146-2021-EF/15 publicada el 6 de mayo de 2021, fijan índices de corrección monetaria en las enajenaciones de inmuebles que las personas naturales, sucesiones indivisas o sociedades conyugales -que optaron por tributar como tales- realicen en mayo de 2021 conforme a lo siguiente:

Vigencia: 6 de mayo de 2021.

2.- Aprueban el documento de organización y funciones provisional de la SUNAT

La Resolución de Superintendencia N° 000065-2021/SUNAT publicada el 7 de mayo de 2021, aprueba el Documento de Organización y Funciones Provisional – DOFP de la SUNAT y sus anexos 1, 2, 3, y 4 que contienen el organigrama de la SUNAT, la clasificación de Intendencias Regionales y Oficinas Zonales dependientes, la clasificación de Intendencias de Aduanas y unidades de organización dependientes, así como el cuadro de dependencia jerárquica y jurisdicción administrativa de las unidades de organización de soporte administrativo a nivel nacional.

Considerar que a partir de la entrada en vigencia de la presente Resolución de Superintendencia queda sin efecto transitoriamente el Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT, aprobado por la Resolución de Superintendencia N° 122-2014/SUNAT y modificatorias, hasta que se apruebe el nuevo Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAT.

Asimismo, con la entrada en vigencia del nuevo Documento de Organización y Funciones Provisional, se deja sin efecto la Resolución de Superintendencia N° 109-2020/SUNAT.

Vigencia: 1 de julio de 2021.

3.- Prorrogan la inmovilización social obligatoria a consecuencia del COVID-19

El Decreto Supremo N° 092-2021-PCM publicado el 8 de mayo de 2021, prorroga hasta el 30 de mayo, la inmovilización social obligatoria por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19.

Asimismo, queda restringido el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio.

De esa manera, actualizan los niveles de alerta conforme a lo siguiente:

Asimismo, se señala que los peruanos, extranjeros residentes y extranjeros no residentes que ingresen a territorio nacional, independientemente del país de procedencia, deben contar con una prueba molecular o antígena con resultado negativo, conforme a las disposiciones sanitarias vigentes.

Suspenden hasta el 30 de mayo de 2021, el ingreso al territorio nacional de extranjeros no residentes de procedencia de la República de Sudáfrica, la República Federativa de Brasil o la República de la India, o que hayan realizado escala en dichos lugares en los últimos 14 días calendario.

Vigencia: 10 de mayo de 2021.

4.- Establecen normas para la presentación de la declaración que las empresas del sistema financiero deberán reportar a la SUNAT de las cuentas de los usuarios

Como se recuerda, a través del Decreto Supremo N° 430-2020-EF publicado el 31 de diciembre de 2020, el Ministerio de Economía y Finanzas aprobó el Reglamento de la información financiera sobre operaciones pasivas que las Empresas del Sistema Financiero (ESF) deben suministrar a la SUNAT, sin embargo el detalle de dicho Reglamento fue publicado mediante un Anexo, el 03 de enero de 2021, a efectos de combatir figuras como la elusión y evasión tributarias, considerando los saldos de las cuentas iguales o superiores a los S/ 10,000.00, la periodicidad de su entrega, entre otros aspectos. Cabe destacar que, el 26 de enero de 2021, vía Decreto Supremo N° 009-2021-EF se modificó el referido reglamento, precisando un nuevo umbral objeto de reporte, ahora el monto a reportar será igual o mayor a 7 UIT equivalente a S/ 30,800.

La referida norma reglamentó el Decreto Legislativo N° 1434 que modificó el Artículo 143-A° de la Ley N° 26702 – Ley General del Sistema Financiero a efectos de que las ESF reporten información financiera de sus clientes (personas naturales y empresas) a la SUNAT no sólo para el intercambio de información automática con autoridades fiscales en el exterior, sino también para el ejercicio de su función fiscalizadora.

El día de hoy, miércoles 12 de mayo, se ha publicado la Resolución de Superintendencia N° 000067-2021/SUNAT que establece los conceptos que las ESF deben consignar en la declaración jurada informativa que contendrá la información financiera, así como la forma, condiciones, fechas para su presentación.

  • Sobre la información financiera a suministrar a la SUNAT:

    Las ESF deberán declarar únicamente a la SUNAT el saldo registrado y los rendimientos depositados en la cuenta del usuario.

    Para determinar si la ESF debe informar las cuentas de un titular:

    • En caso el titular cuente con una única cuenta en dicha empresa, se identifica si el saldo o el rendimiento en el período que se informa es igual o superior a las 7 UIT; informando los conceptos cuyo importe sea igual o superior a dicho monto.
    • Si el titular tiene más de una cuenta en la ESF, se determina si la sumatoria de los importes correspondientes a los saldos o a los rendimientos en el período que se informa, correspondan a todas las cuentas del titular en dicha empresa igual o superior a las 7 UIT; debiéndose informar, respecto de todas las cuentas, los conceptos cuya sumatoria es igual o superior a las 7 UIT.

    La información financiera que se declara debe estar expresada en soles, realizándose la conversión a moneda nacional en el caso de saldos en dólares, utilizando el tipo de cambio ponderado venta publicado por la SBS en su página web, vigente al último día calendario del período que se informa o, en su defecto, el último publicado en el citado período.

    Es importante precisar que las ESF deberán consignar en sus reportes de manera mensual, cuando los cargos sean superiores a los abonos y viceversa. Asimismo, deberán identificar las cancelaciones de cuentas. Ello permitirá a la SUNAT verificar los movimientos en las cuentas de los usuarios, además de los rendimientos y saldos.

  • De las fechas para la presentación de la declaración por parte de las ESF:

    Deben considerar las fechas establecidas en el cronograma para el cumplimiento de las obligaciones tributarias mensuales correspondientes:

    • Al período de junio, para la presentación de la declaración correspondiente al primer semestre del año.

      Para presentarla se debe considerar el cronograma para el cumplimiento de las obligaciones tributarias mensuales del periodo de agosto de 2021 establecido en el Anexo I de la Resolución de Superintendencia Nº 224-2020/SUNAT.

    • Al período de diciembre, para la presentación de la declaración correspondiente al segundo semestre.

    En el caso que se modifique el cronograma de las obligaciones tributarias mensuales postergando las fechas de vencimiento de los períodos de junio y diciembre a fechas posteriores al 30 de setiembre y el 31 de marzo, respectivamente, la declaración se debe presentar hasta el último día hábil del mes de setiembre o marzo, según corresponda.

    De otro lado, en el caso de la presentación de la información financiera del período de enero de 2021, en función a la Primera Disposición Complementaria Transitoria se debe declarar, los saldos registrados en las cuentas al último día del citado período o al último día de dicho mes en que existen las cuentas, cualquiera sea este día, y/o los rendimientos depositados del 1 de enero de 2021 al 31 de enero de 2021.

    Ahora bien, a través del Impuesto a las Transacciones Financiera (ITF), SUNAT ya desde el 2005 tiene conocimiento de los montos del contribuyente por cada banco, por cada cuenta cuando una persona recibe ingresos por transferencia, préstamos y abonos. Siendo ello así, de acuerdo al ITF reportado, la Administración Tributaria se encuentra al tanto de la información reportada dentro de la página web de la propia SUNAT, montos que son comparados con la Declaración Jurada del contribuyente, la diferencia obedece a una inconsistencia en la declaración, que ya está regulada en el Código Tributario, así como en el artículo 52° de la Ley del Impuesto a la Renta, como incremento patrimonial no justificado.

    Sin perjuicio de ello, es evidente que la intención de la Administración Tributaria es detectar desbalances patrimoniales, es decir, si los montos acumulados informados no coinciden con las rentas declaradas, la SUNAT podría detectar una inconsistencia que sería comunicada vía Carta Inductiva como un posible “incremento patrimonial no justificado” por lo que es imprescindible contar con los documentos sustentatorios que expliquen el origen de los fondos reportados y así evitar que se grave con el Impuesto a la Renta.

    A esos efectos, sugerimos revisar las cuentas locales para acreditar su origen, prestando especial atención a los alquileres, intereses, ganancias de capital por la enajenación de inmuebles, acciones, entre otros valores, porque es el propio contribuyente, el responsable de liquidar y pagar el IR, a diferencia de las remuneraciones y dividendos donde son los pagadores los encargados de retenerlo.

    Sugerimos también verificar las transferencias a sus cuentas y contar con los contratos de préstamos con fecha cierta, herencias recibidas, donaciones inscritas en Registros Públicos, entre otros que servirán de prueba ante una posible fiscalización tributaria.

    Además, recomendamos que las empresas como titulares de cuentas materia de reporte recaben y consoliden la documentación necesaria que sustente de manera fehaciente su información financiera.

Vigencia: 13 de mayo de 2021.

5.- Amplían plazo para la presentación de la información financiera para el intercambio automático de información conforme a lo acordado en los tratados internacionales y en las decisiones de la comisión de la Comunidad Andina

El Decreto Supremo N° 106-2021-EF publicado el 13 de mayo de 2021, dispone que resulta necesario ampliar, por única vez, el plazo para presentar en el año 2021 la información relativa al año 2018 correspondiente a las cuentas preexistentes de bajo valor de las personas naturales, así como el plazo para presentar la información financiera correspondiente al año 2020, a fin de permitir que las instituciones financieras cumplan adecuadamente con dicha obligación en vista de la ampliación del Estado de Emergencia a consecuencia del COVID-19.

Cabe recordar que el Decreto Supremo N° 256-2018-EF aprobó el Reglamento que establece la información financiera que se debe suministrar a la SUNAT para que realice el intercambio automático de información conforme a lo acordado en los tratados internacionales y en las Decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina, disponiendo que esta debe ser presentada anualmente, durante el periodo comprendido entre el 2 de enero y el 31 de mayo del año siguiente a aquel al que corresponda la información a declarar y que la SUNAT establece las fechas máximas para dicha presentación en el referido periodo. De esa manera, señalaron que la información financiera de las cuentas preexistentes de bajo valor de las personas naturales correspondientes al año 2018 debe ser declarada a la SUNAT a partir del 4 de enero de 2021 hasta el 31 de mayo de 2021.

En ese sentido, se dispone lo siguiente:

  • Ampliar hasta el 31 de julio de 2021 el plazo para que las instituciones financieras sujetas a reportar presenten a la SUNAT la información financiera:
    1. Del año 2018 correspondiente a las cuentas preexistentes de bajo valor de las personas naturales.
    2. Del año 2020 que deba ser presentada a la SUNAT.
  • La SUNAT mediante resolución de superintendencia establece las fechas máximas en que deben realizarse las referidas presentaciones.

Vigencia: 14 de mayo de 2021.

6.- Modifican el Nuevo Reglamento Operativo del FAE MYPE

La Resolución Ministerial Nº 149-2021-EF/15 publicada el 13 de mayo de 2021, modifica el Nuevo Reglamento Operativo del Fondo de Apoyo Empresarial a la MYPE (FAE MYPE), aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 150-2020-EF/15.

Reprogramaciones de los créditos garantizados con el FAE MYPE

  1. El plazo máximo de pago incluida la reprogramación es de 48 meses.
  2. El periodo de gracia adicional al otorgado originalmente es de hasta 12 meses, periodo en el cual se pagan los intereses para la reprogramación.
  3. La tasa de interés para la reprogramación no puede ser mayor a la tasa de interés original del crédito, más un margen adicional que se compone por lo siguiente: i) el costo de la reprogramación de los créditos y ii) el mayor costo de fondeo de la ESF o COOPAC. Este margen adicional compuesto por los dos factores antes señalados no puede ser mayor a 15 puntos básicos.
  4. La garantía del FAE MYPE sólo cubre el porcentaje de garantía del saldo insoluto del capital originalmente desembolsado.

Administración de las reprogramaciones

COFIDE en su condición de FIDUCIARIO administra las reprogramaciones de los créditos garantizados con el FAE MYPE. Las reprogramaciones no generan la extinción o terminación de la garantía del FAE MYPE, las que deben ser aprobadas por las ESF o COOPAC hasta el 15 de julio de 2021.

Plazo de vigencia del FAE-MYPE

Tiene una duración de 6 años, contados a partir de la suscripción del CONTRATO DE FIDEICOMISO, dicho plazo incluye el plazo de liquidación del citado Fondo.

Vigencia: 14 de mayo de 2021.

INFORMES DE SUNAT

1.- Beneficio de la tasa reducida del impuesto a la renta en las actividades de Acuicultura

En relación con el beneficio de la tasa reducida del impuesto a la renta establecido en la sexta disposición complementaria final de la Ley General de Acuicultura que hace referencia al artículo 4 de la Ley que aprueba las Normas de Promoción del Sector Agrario, Ley N.° 27360, la SUNAT a través del Informe N° 002-2021-SUNAT/7T0000, ha señalado lo siguiente:

  1. Solo las empresas que se dedicaban a las actividades de acuicultura en exclusividad podían gozar de dicho beneficio.
  2. Las empresas que realizaban por encargo la actividad de procesamiento primario de especies cultivadas por tercero podían gozar del referido beneficio.
  3. Las empresas que cultivaban y cosechaban las especies hidrobiológicas para luego someterlas a un proceso de congelado para exportación no podían gozar del beneficio.
  4. Las empresas que por encargo realizaban el procesamiento primario y congelado de especies pertenecientes a terceros no podían gozar del beneficio.

2.- La cesión de créditos sin recurso con riesgo crediticio no afecta el reconocimiento de ingresos de la operación original en las ventas por cuotas exigibles en plazos mayores a 1 año

A través del Informe N°014-2021-SUNAT/7T0000, la Administración Tributaria ha concluido que:

En una transferencia de créditos sin recurso mediante endoso en propiedad de letras de cambio emitidas por las cuotas convenidas para el pago del precio por la enajenación de bienes efectuada a plazos mayores a 1 año, respecto de la cual el enajenante (y transferente de los créditos contenidos en las letras de cambio) se acoge a la opción del primer párrafo del artículo 58° de la LIR que brinda la posibilidad de imputarlas tributariamente en función a la exigibilidad, la obligación de reconocer el ingreso de las ventas a plazos surge en la oportunidad que las cuotas resulten exigibles.

Como se sabe, el primer párrafo del artículo 58° de la LIR permite por excepción en el caso de las rentas de tercera categoría la posibilidad de diferir los ingresos de la enajenación de bienes a plazos mayores de 1 año, imputándolos a los ejercicios comerciales en que las cuotas convenidas para el pago resulten exigibles y no en el momento en que se devenguen los referidos ingresos, como es la regla general.

Siendo ello así, en el caso que, las letras de cambio emitidas por las cuotas convenidas para el pago del precio por la enajenación de bienes a plazos mayores a 1 año hubieran sido endosadas en propiedad. Esa transferencia de créditos sin recurso no desvirtúa su naturaleza y en consecuencia, el ingreso deberá imputarse en los ejercicios en los que resulten exigibles las cuotas pactadas para el pago.

Asimismo, el artículo 58° de la LIR, establece la imputación de ingresos para fines de la determinación anual del IR, teniendo en cuenta que los contribuyentes abonan con carácter de pagos a cuenta, montos calculados sobre la base de los ingresos netos, siendo que dichos ingresos deben corresponder a los que forman parte de la base imponible del impuesto del ejercicio.

De otro lado, en función a lo establecido en el numeral 1 de la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 219-2007-EF, las transferencias de créditos a través de operaciones de factoring, descuento u otras operaciones reguladas por el Código Civil, por las cuales el factor, descontante o adquirente adquiere a título oneroso, de una persona, empresa o entidad (cliente o transferente), instrumentos con contenido crediticio, tienen el efecto de que para el cálculo de los pagos a cuenta del IR, el cliente o transferente considerará los ingresos que se devenguen en la operación que dio origen al instrumento con contenido crediticio transferido. El monto percibido del adquirente del crédito no formará parte de la base de cálculo de tales pagos a cuenta.

Del análisis efectuado por la SUNAT resalta que, si bien esta última norma se refiere únicamente a los pagos a cuenta para cuyo cálculo se consideran los ingresos que se devengan en la operación que dio origen al instrumento con contenido crediticio, es decir, aquella a la que le resulta aplicable el inciso a) del artículo 57° de la LIR, no hace referencia a los casos en los que se aplique la opción prevista en el primer párrafo del artículo 58° de la LIR. En ese sentido, se desprende que la transferencia de créditos sin recurso no afecta el cumplimiento de las obligaciones tributarias del transferente derivadas de la operación que da origen al instrumento con contenido crediticio, y, en consecuencia, las mismas se deben regir por las disposiciones aplicables antes de producida la transferencia de los créditos, al ser esta última una operación distinta que no altera su naturaleza.

Siendo ello así, el enajenante de los bienes considerará los ingresos mensuales que se imputen en la oportunidad señalada en el artículo 58° de la LIR, esto es, cuando las cuotas convenidas para el pago resulten exigibles, sin que sea relevante que hubiera efectuado una transferencia de créditos sin recurso mediante el endoso en propiedad de letras de cambio.

3.- Límite de deducción de gastos por intereses incurridos en etapa preoperativa

En relación con la aplicación de la regla establecida para calcular el límite a la deducción de gastos por intereses prevista en el numeral 1 del inciso a) del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta, la SUNAT mediante el Informe N.° 015 -2021-SUNAT/7T0000 señala lo siguiente:

  1. El referido límite no resulta aplicable al contribuyente que se constituya o inicie actividades en el ejercicio si sus ingresos netos de dicho ejercicio no superan las 2500 UIT.
  2. Respecto del gasto por intereses previsto en el numeral 1 del inciso a) del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta incurridos en etapa preoperativa, no es relevante si en dicha etapa los ingresos superaron o no las 2500 UIT.

En tal caso, si se opta por deducir el gasto por intereses en un solo ejercicio, el límite a su deducción previsto en el citado numeral 1 no será aplicable si en el ejercicio en que se inicia la producción o explotación de las actividades de la empresa los ingresos no superan las 2500 UIT. Sin embargo, si se opta por amortizarlos proporcionalmente en el plazo máximo de diez años, para determinar si el referido límite se aplica o no, deberá verificarse en cada ejercicio en que corresponda la deducción, si sus ingresos superan o no las 2500 UIT, teniendo en cuenta que para efectos de la comparación con el 30% del EBITDA se deben considerar los intereses que se pretenden deducir en dicho ejercicio.

  1. En el supuesto que una persona jurídica se constituya en el ejercicio 2021 e inicie actividades en el ejercicio 2022, el EBITDA a considerar como referente para establecer el límite al que alude el numeral 1 del inciso a) del artículo 37 de la LIR, es el EBITDA del ejercicio 2022.

4.- SUNAT realiza comentarios sobre normas de precios de transferencia

Con respecto a las normas sobre precios de transferencia, Informe No. 036-2021-SUNAT/7T0000 de SUNAT señala lo siguiente:

  1. La información correspondiente a dos o más ejercicios anteriores o posteriores al ejercicio fiscalizado que prevé el artículo 110 del Reglamento de la ley del impuesto a la renta, que establece las reglas para la determinación de las transacciones comparables correspondientes a dos o más ejercicios anteriores o posteriores al ejercicio materia de fiscalización, no incide en los ajustes a que se refiere el inciso c) del artículo 32-A de dicha ley, el cual dispone que sólo procederá ajustar el valor convenido por las partes cuando este determine en el país un menor impuesto del que correspondería por aplicación de las normas de precios de transferencia.
  2. Para efectos del análisis de comparabilidad es posible considerar como parte analizada al sujeto no domiciliado que realizó una transacción con un contribuyente domiciliado en el país, a fin de evaluar si se cumple la regla de valor de mercado.

5.- Transferencia de bienes por máquinas expendedoras automáticas accionadas por tarjetas de débito y/o crédito está exceptuada de emitir comprobantes de pago

En atención a la consulta sobre si la transferencia de bienes por máquinas expendedoras automáticas, accionadas por tarjetas de débito y/o crédito, se encuentran dentro de los alcances de la excepción a la emisión de comprobantes de pago regulada en el numeral 1.6 del artículo 7° del Reglamento de Comprobantes de Pago, la Administración Tributaria A través del Informe N° 037-2021-SUNAT/7T0000 señaló lo siguiente:

  • Las tarjetas de crédito y débito son medios de pago legalmente reconocidos que cuentan con un respaldo en dinero. En el primer caso, se encuentra asociada a una línea de crédito otorgada por la empresa emisora, y la segunda, a depósitos del titular; pudiéndose efectuar con ambas el pago de bienes.
  • Por su parte, el Sol es la moneda de curso legal en el Perú, y tanto los billetes y monedas expresados en dicho término que emite el BCR, como las tarjetas de crédito y débito, constituyen medios de pago legalmente reconocidos para efectuar, entre otras operaciones, el pago de bienes.
  • En ese sentido, la SUNAT concluye que la transferencia de bienes por máquinas expendedoras automáticas, accionadas por tarjetas de débito y/o crédito, se encuentran dentro de los alcances de la excepción a la emisión de comprobantes de pago establecida por el numeral 1.6 del artículo 7 del Reglamento de Comprobantes de Pago.

6.- Incremento Patrimonial No Justificado de rentas no declaradas

En atención a la configuración del delito de defraudación tributaria por incremento patrimonial no justificado, la SUNAT a través del Informe N° 039-2021-SUNAT/7T0000 señaló que:

  1. No todo incremento patrimonial en rentas no declaradas constituye incremento patrimonial no justificado.

    Al respecto, la Administración Tributaria trae a colación la Resolución de Observancia Obligatoria del Tribunal Fiscal N° 04761-4-2003, mediante la cual señala que el incremento patrimonial no justificado no es otro sino aquél establecido por la Administración en la fiscalización que, no habiendo sido justificado, no ha podido determinarse su procedencia y, consecuentemente, su categoría de renta; toda vez que, en caso contrario, si bien estaríamos frente a una renta que no ha sido declarada, esta no constituiría incremento patrimonial no justificado. En esa línea, el Tribunal Fiscal determinó que “los ingresos omitidos de declarar que constituyen renta gravada, detectados en el procedimiento de fiscalización, cuya procedencia ha sido determinada por la Administración, forman parte de la renta imponible a efecto de determinar el Impuesto a la Renta, y consecuentemente se excluyen conjuntamente con la renta declarada, a efecto de determinar el incremento patrimonial no justificado.

    Sobre el particular, la SUNAT concluye que se considerará incremento patrimonial no justificado sólo cuando en la fiscalización su procedencia sea desconocida al no existir sustentación por el contribuyente.

  2. Si en un procedimiento de fiscalización la Administración Tributaria determina renta neta no declarada por incremento patrimonial no justificado en los términos del artículo 52° de la Ley del Impuesto a la Renta, tal determinación no deviene por sí misma en la comisión del delito de defraudación tributaria en la modalidad de ocultamiento de ingresos tipificado en los artículos 1° y 2° del Decreto Legislativo N° 813, Ley Penal Tributaria; siendo que, para configurarse dicho tipo penal, no solo debe haberse dejado de pagar total o parcialmente un tributo, sino que ello debe haberse obtenido mediante la utilización de formas fraudulentas.

    La SUNAT enfatiza que, de manera concordante con su posición, la Dirección General de Asuntos Criminológicos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS), en su Informe N° 086-2020-JUS/DGAC ha sostenido que: […] [n]o resulta posible interpretar que la presunción descrita en el artículo 52 de la LIR, implique de manera automática la realización de los delitos regulados en el artículo 1 y 2 de la Ley Penal Tributaria. Un razonamiento en ese sentido también es contrario al principio de presunción de inocencia, en el que se postula que toda persona imputada por la comisión de un hecho punible es considerada inocente mientras no se demuestre lo contrario y se haya declarado su responsabilidad, mediante sentencia firme y debidamente motivada, tal como se señala en el literal e) del inciso 24, del artículo 2 de la Constitución Política del Perú y el inciso 1) del artículo II del Título Preliminar del Código Procesal Penal.

    […] [E]l incremento patrimonial no justificado por el deudor tributario previsto en el artículo 52 de la Ley del Impuesto a la Renta no configura per se la comisión de los delitos tipificados en los artículos 1 y 2 de la Ley Penal Tributaria. Una interpretación en ese sentido iría en contra de la prohibición de analogía en el Derecho penal. Para que se vea consumado un delito se debe constatar la realización de los elementos típicos, antijurídicos, culpables y punibles de cada tipo penal, en observancia del principio de legalidad.”

  3. Tratándose de ingresos y/o abonos en cuentas del sistema financiero que obedezcan a transferencias de bienes y/o prestaciones de servicios respecto de los cuales no se efectuó la declaración y pago de los tributos de ley y no se hubiera determinado renta neta por incremento patrimonial no justificado; solo se configurará el delito de defraudación tributaria en la medida que la omisión en el pago de tributos se hubiera logrado mediante la utilización de medios fraudulentos.
  4. Respecto a la cuarta consulta, el bien jurídico tutelado en los delitos tributarios es el proceso de recaudación de ingresos del Estado; en ese sentido, la LPT contiene normas que regulan tipos penales relativos al delito tributario en sus diferentes modalidades, circunstancias agravantes, así como otras conductas punibles relacionadas con dicho bien jurídico, tales como brindar información falsa en el Registro Único de Contribuyentes, obtener comprobantes de pago con el objetivo de cometer o posibilitar la comisión de delitos tipificados en la Ley Penal Tributaria. Siendo ello así, el solo hecho de realizar el traslado transfronterizo de dinero no es una conducta tipificada como delito en el artículo 2° del Decreto Legislativo N° 813, Ley Penal Tributaria.

Siendo ello así, es de prever que en función a lo expuesto, la Administración Tributaria adopta el criterio de la responsabilidad objetiva en la aplicación de sanciones, tal como lo regula el artículo 165° del Código Tributario.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL

1.- Deducibilidad de la pérdida en forwards contratados por el contribuyente con deuda en moneda extranjera

Con relación a la pérdida en Forwards y el vínculo con la generación de la renta gravada o el mantenimiento de la fuente productora, el Tribunal Fiscal a través de su Resolución N° 03980-4-2018, señaló lo siguiente:

‘‘El contrato forward, es conocido también como ‘’contrato adelantado’’, es un acuerdo entre dos partes para comprar o vender un activo en una fecha futura y a un precio previamente pactado, la operación se pacta en el presente, pero ocurre en el futuro. Las operaciones forward operan en el mercado extrabursátil, entre dos instituciones o entre una institución financiera y uno de sus clientes. Por lo tanto, al celebrar un contrato forward de divisas o en moneda extranjera, los riesgos que se desean cubrir se refieren a las pérdidas potenciales que se puedan registrar por las variaciones adversas en el tipo de cambio’’.

En el caso en particular, por sus operaciones el contribuyente generaba ingresos en moneda nacional y moneda extranjera. De otro lado, tenía obligaciones en moneda extranjera que vencían en el ejercicio siguiente al fiscalizado. Para cubrirse del riesgo cambiario asociado a esas obligaciones contrató forwards que vencieron en el ejercicio fiscalizado. Los forwards generaron pérdidas que el contribuyente dedujo en ese ejercicio.

La SUNAT reparó dichas pérdidas al considerar que:

  • Entre las fechas de celebración y vencimiento del forward no había existido riesgo cambiario en el país, ya que el que el tipo de cambio había sido mayor a la contratación del forward que a su vencimiento.
  • Por sus operaciones el contribuyente obtenía ingresos en moneda local y extranjera, por lo que estaba en condiciones de atender sus obligaciones en moneda extranjera con sus flujos de ingresos en esa moneda, no habiendo demostrado la imposibilidad del uso de esos flujos a tal fin.
  • Las deudas en moneda extranjera vencieron y empezaron a pagarse en el ejercicio siguiente al fiscalizado. En cambio, los forwards fueron contratados en el ejercicio anterior al fiscalizado y vencieron en éste, o sea, antes de que surgiera el riesgo cambiario vinculado a la obligación de pago, por lo que no tuvieron fin de cobertura.

Ahora bien, en su análisis el Tribunal Fiscal concluye que los forwards contratados sí tuvieron fin de cobertura, en virtud de lo siguiente:

  • La fluctuación del tipo de cambio es impredecible, por lo que no se puede medir o apreciar con anterioridad a su existencia. La decisión de cubrir el riesgo que genera se basa en la información con que cuenta la gerencia al momento de tomar esa decisión.
  • El contribuyente realizaba ventas en moneda nacional y tenía obligaciones en moneda extranjera, por lo que la volatilidad del tipo de cambio tenía incidencia significativa en su negocio. Si bien tenía ingresos en moneda extranjera que le habrían permitido hacer frente a sus obligaciones en esa moneda, debe considerarse que “[l]os niveles de efectivo de una empresa no determinan la necesidad de contratar o no un forward, sino que lo determinante para ello es la existencia de un riesgo por la variación del tipo de cambio […]”
  • El préstamo se mantenía pendiente de pago al término del ejercicio fiscalizado “[…] generando diferencias de cambio cuyos resultados necesitaron ser cubiertos con los contratos forwards celebrados por la recurrente y que vencieron durante el mismo ejercicio, por lo que independientemente de si la cancelación del préstamo no ocurrió en dicho año, era necesaria la celebración de los mencionados contratos a fin de minimizar el riesgo por la variación del tipo de cambio”.

En consecuencia, al haberse verificado que el desarrollo de las actividades del contribuyente tenía incidencia significativa con la volatilidad de la moneda, encontrando necesario y razonable que la recurrente celebrara contratos forward con el fin de cubrirse del riesgo de la variación en el tipo de cambio, se concluye que las pérdidas originadas por los contratos se encuentran vinculadas con la generación de la renta gravada o con el mantenimiento de la fuente productora.

2.- No puede ser imputado el incumplimiento de las obligaciones tributarias de los proveedores al adquirente para calificar su adquisición como no real

Respecto al reparo del Crédito Fiscal del Impuesto General a las Ventas por operaciones no reales, el Tribunal Fiscal a través de su Resolución N° 05945-8 -2020, señaló lo siguiente:

‘‘[…] la Administración determinó que las operaciones comerciales materia de análisis calificaban como no reales, sustentándose exclusivamente en los resultados de las verificaciones y cruces de información efectuados a los anotados proveedores, no obstante, el reparo no puede fundamentarse en el incumplimiento de los proveedores y en otros elementos vinculados directamente con ellos y no con el recurrente’’.

En el incumplimiento de las obligaciones tributarias de los proveedores tales como:

  • La omisión de algunos proveedores a la presentación de la DAOT,
  • La omisión a la presentación de la DJA del IR,
  • Declarar a un solo trabajador en la PLAME y
  • La falta de respuesta de los proveedores a los cruces de información notificados.

En ese sentido, el Tribunal Fiscal resalta que, para tener derecho al crédito fiscal, no basta acreditar que se cuenta con los comprobantes de pago que respalden las operaciones efectuadas ni con su registro contable, sino que fundamentalmente es necesario demostrar que dichos comprobantes en efecto corresponden a operaciones reales o existentes, es decir que se produjeron en realidad.

En consecuencia, corresponde dejar sin efecto el reparo al crédito fiscal, máxime cuando se aprecia que la SUNAT no desvirtuó el valor probatorio de la documentación y los argumentos presentados por la recurrente.

3.- Imputación de responsabilidad solidaria del gerente general por la infracción del inciso 1 del art. 175° del Código Tributario

Con relación a la imputación de responsabilidad solidaria del gerente general establecida en el artículo 16° del Código Tributario por la infracción regulada en el inciso 1 del artículo 175° del Código Tributario, el Tribunal Fiscal a través de su Resolución N° 02900-3-2019, señaló lo siguiente:

“[…] Que de acuerdo con las normas glosadas, toda vez que las facultades de administración recayeron sobre el recurrente, como gerente general, además era su función ordenar el pago de las obligaciones de ésta, con los recursos que administraba, por lo que se concluye que dichos pagos también comprendían los tributos y períodos atribuidos, por lo que de conformidad con el numeral 2 del artículo 16° del Código Tributario, se encontraba obligado a asegurar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias”.

[…] [a]l resolver la impugnación que interpuso la empresa contra la Resolución de Multa emitida por la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 175° del Código Tributario, específicamente por omitir llevar el aludido Registro de Inventario Permanente, se pronunció de manera definitiva acerca de la mencionada infracción, habiendo verificado que dicha empresa tenía la obligación de llevar dicho registro durante el ejercicio 2014, de conformidad con las normas aplicables sobre la materia, y del análisis efectuado concluyó que estaba acreditado que omitió llevar el referido registro, a pesar que se encontraba obligada a llevarlo, por lo que conforme a lo señalado en el artículo 16° del Código Tributario, la responsabilidad solidaria que se le atribuye al recurrente se encuentra conforme a ley”. [Énfasis añadido].

Como puede apreciarse, la empresa omitió llevar el Registro de Inventario Permanente Valorizado incurriendo en la infracción del numeral 1 del artículo 175° del Código Tributario, y, en consecuencia, la responsabilidad solidaria imputada al gerente en atención al pago de la multa por dicha infracción es correcta.

4.- Es válida la comunicación de ampliación del plazo de fiscalización producto del volumen de registros contables a evaluar

En atención a la prórroga del plazo del procedimiento de fiscalización sustentada en la complejidad de la información contable a evaluar, el Tribunal Fiscal a través de su Resolución N° 00002-Q-2021, concluyó lo siguiente:

‘‘[…] [s]e han indicado los motivos que sustentan la prórroga del plazo de procedimiento de fiscalización y se advierte que contiene las razones jurídicas y fácticas por las cuales se comunicó dicha prórroga, las que resultan razonables teniendo en cuenta que, tal como se aprecia del contenido de la citada carta, la Administración ha invocado como uno de los supuestos de complejidad de la fiscalización, la cantidad de información que serán materia de revisión, señalando el número de registros contables contenidos en el Libro Diario, Registro de Compras, Registro de Activos Fijos, los que deberán ser analizados a efectos de corroborar la cuantía y causalidad de las operaciones anotadas en los mismos”.

En ese sentido, se declara infundada la queja presentada, debido a que la Administración comunicó la suspensión y ampliación del procedimiento de fiscalización dentro de los plazos establecidos en el Código Tributario y el Reglamento del Procedimiento de fiscalización. Asimismo, enfatiza el criterio establecido en sus Resoluciones Nos. 00456-Q-2016, 01769-Q-2014, 02890-Q-2019, entre otras, indicando que, al plazo de 1 año de la fiscalización, desde la fecha de inicio del cómputo (plazo original), corresponde adicionarle los días de suspensión -de haberse producido-, lo que ha sucedido en el caso en particular.

5.- No presentar dentro del plazo la declaración jurada del IGV por problemas técnicos en la plataforma de SUNAT no configura infracción del numeral 1 del art. 176° del Código Tributario

Con relación a la imposibilidad de presentar las declaraciones juradas del Impuesto General a las Ventas por problemas tecnológicos en el sistema de la Administración Tributaria, el Tribunal Fiscal en su Resolución N° 00010-9-2021, concluyó lo siguiente:

‘‘La recurrente no presentó la declaración jurada del Impuesto General a las Ventas de setiembre de 2019 dentro del plazo establecido, puesto que el sistema de la Administración no funcionó correctamente el día 16 de octubre de 2019, por lo que no se encuentra acreditado que la recurrente haya incurrido en la infracción tipificada en el numeral 1 del articulo 176 del Código Tributario’’.

En el caso en particular, en atención a que el contribuyente no presentó dentro del plazo establecido la declaración del IGV, la resolución de multa fue emitida por la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 176° del Código Tributario.

En ese sentido, la recurrente señaló que el día 16 de octubre de 2019 no pudo presentar la declaración jurada por problemas en el Sistema de la SUNAT, a esos efectos, adjuntó captura de pantallas de la conversación sostenida con la Administración Tributaria, mediante el aplicativo ‘‘Chat SUNAT’’, en los que se aprecia los problemas para declarar y pagar donde la SUNAT respondió: ‘‘hemos reportado la situación a nuestra área técnica para su solución’’.

Asimismo, presenta también las capturas de pantalla de la Plataforma SOL, en las que se aprecia que en la misma fecha intenta presentar la declaración de IGV Renta Mensual – 621 y pagar el importe total de S/ 175 mediante el aplicativo Declara Fácil, pero la transacción no se realiza con éxito por el mismo problema.

En ese sentido, el Tribunal Fiscal al verificar que el contribuyente no logró presentar su declaración jurada del IGV debido a problemas tecnológicos con el sistema de la Administración, determinó que no corresponde aplicar una sanción al contribuyente por la infracción tipificada por el numeral 1 del articulo 178° del Código Tributario y revoca la multa impuesta por la SUNAT.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

1.- No basta la culminación de los trabajos sustanciales para que las empresas de construcción reconozcan el diferimiento de los resultados de una obra

Respecto a cuándo se entiende por concluida una obra, la Casación N° 3588-2018 Lima, señaló:

“[…] se han violado las normas denunciadas, toda vez que a pesar de advertir que existían trabajos realizados en el año 2001, la sentencia de vista concluyó que los trabajos terminaron en el año 2000; de esta forma, no se han reconocido los gastos asociados a este ejercicio, debiéndose tener como interpretación correcta que la obra subcontratada culmina cuando los trabajos asociados terminan, sin generar más costos a la compañía contratista”. [El resaltado y subrayado es nuestro].

La Corte Suprema determinó que en virtud del artículo 63° de la Ley de Impuesto a la Renta y el Artículo 36° de su Reglamento permiten a las empresas constructoras diferir los resultados (registrados en una cuenta especial e independiente por cada obra) hasta la total terminación de la obra, aplicándose los impuestos sobre la ganancia determinada en el ejercicio en que se concluya la obra; interpretación que ya ha sido recogida en la Casación N° 210-2014-Lima, donde explica que se debe entender por “conclusión de las obras” a la terminación de absolutamente todos los trabajos.

En el caso en particular, el contribuyente concluyó con los trabajos sustanciales estipulados en el contrato en el año 2000, lo que consta en el “Acta de Inspección Final”. No obstante, continúo efectuando trabajos relacionados con la obra en el ejercicio 2001 y es en ese ejercicio que se levanta el “Acta de entrega final”, que según el contrato es la demostración irrevocable de su terminación.

Siendo ello así, la Corte Suprema advirtió que la infracción incurrida en el razonamiento de la sentencia emitida por la Corte Superior reside en que concluyó de manera distinta a lo regulado en la Ley del Impuesto a la Renta y en el contrato, esto es, que la terminación de trabajos sustanciales significa la terminación de la obra, pese a que expresamente se encontraba establecido que ello daba lugar a un certificado provisional de entrega, documento que no implica terminación total satisfactoria de la obra, y que es con la emisión del certificado final de entrega/recepción que se constituye evidencia irrevocable de la terminación de la obra.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA

1.- Proponen incorporar al SIEV los expedientes electrónicos de devolución y modificar la regulación sobre la presentación de solicitudes y escritos a través de MPV de la SUNAT

El proyecto publicado por SUNAT en su página web el 29 de abril de 2021, “PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA QUE INCORPORA AL SISTEMA INTEGRADO DEL EXPEDIENTE VIRTUAL LOS EXPEDIENTES ELECTRÓNICOS DE DEVOLUCIÓN Y ESTABLECE O MODIFICA LA REGULACIÓN REFERIDA A LA PRESENTACIÓN DE DETERMINADAS SOLICITUDES Y ESCRITOS A TRAVÉS DE LA MESA DE PARTES VIRTUAL DE LA SUNAT”, proponen los siguientes temas:

  1. Modificar la Resolución de Superintendencia N.° 084-2016/SUNAT a fin de ampliar el uso del Sistema Integrado del Expediente Virtual – SIEV para el llevado de los expedientes electrónicos de devolución, así como para la presentación de solicitudes y escritos vinculados a aquellos.

    Asimismo, tratándose del expediente electrónico de reclamación, modificar dicha resolución a fin el formato de los archivos que puedan adjuntarse a las solicitudes electrónicas vinculadas a dicho expediente sea el PDF/A.

  2. Habilitar la Mesa de Partes Virtual de la SUNAT (MPV – SUNAT), como canal adicional para la presentación de las solicitudes de devolución y de autorización de nueva Orden de Pago del Sistema Financiero que, alternativamente, pueden presentarse en los Centros de Servicios al Contribuyente o a través de SUNAT Operaciones en Línea; así como para presentar solicitudes y escritos vinculados a un expediente electrónico de devolución.

    Adicionalmente, modificar la regulación relativa a la presentación del escrito de reclamación y de otros escritos y solicitudes vinculadas al expediente electrónico de reclamación, a través de la MPV – SUNAT.

PROYECTOS DE LEY

1.- Proponen promover programa de saneamiento de las deudas tributarias al Gobierno Central

Mediante el Proyecto de Ley N° 07606/2020-CR presentado por el Grupo Parlamentario “Acción Popular” el 30 de abril de 2021, proponen promover un programa de saneamiento de las deudas tributarias al gobierno central, a efectos de implementar medidas oportunas y efectivas, que permitan garantizar la reposición de los fondos de capital de trabajo de empresas que enfrentan condiciones económicas negativas y que mantienen obligaciones de corto plazo con sus trabajadores, proveedores de bienes y servicios con el fin de asegurar la continuidad en la cadena de pagos en la economía nacional y sostenibilidad de las empresas.

Están comprendidas las deudas tributarias del gobierno central administradas por la SUNAT que a la fecha de entrada de resultar aprobado el Proyecto de Ley en comentario y se concrete la norma se encuentren impugnados por los deudores tributarios, a través de procedimientos o procesos judiciales en cualquier instancia.

Asimismo, incluye las deudas tributarias determinadas por la Administración Tributaria y las que se encuentren con medidas cautelares previas.

Dicho beneficio será otorgado únicamente a solicitud del deudor tributario siendo requisito indispensable el desistimiento al proceso judicial o procedimiento administrativo.

De otro lado, están comprendidos los deudores tributarios en calidad de contribuyentes o responsables de las deudas tributarias señaladas.

  • Beneficios tributarios:

    Los deudores tributarios podrán acogerse de manera excluyente a los siguientes beneficios:

    1. Descuento del 60% del tributo insoluto (deuda tributaria).
    2. Extinción de multas.

    La actualización del tributo insoluto referido en el literal a) se realizará en función al Índice de Precios al Consumidor-IPC.

2.- Proponen establecer la imprescriptibilidad de deudas tributaria

El Proyecto de Ley 07644/2020-CR presentado el 6 de mayo de 2021, propone establecer la obligación legal de las personas naturales y jurídicas para el pago de las obligaciones tributarias determinadas y exigibles, así como los intereses legales que éste genere son permanentes e imprescriptibles a favor del Estado peruano.

3.- Proponen modificar el Programa Reactiva Perú para asegurar la continuidad en la cadena de pago ante el impacto del COVID-19

A través del Proyecto de Ley 07666/2020-CR presentado el 7 de mayo de 2021, propone modificar el Decreto Legislativo 1455 que crea el Programa “”REACTIVA PERÚ”” para asegurar la continuidad en la cadena de pagos ante el impacto del COVID-19. Así, el plazo de los créditos se ampliará y se reprogramará de la siguiente manera:

    • Para la micro y pequeña empresa, hasta por 60 meses, lo que incluye un periodo de gracia de intereses y principal de hasta 24 meses.
    • Para la mediana empresa, hasta por 48 meses, lo que incluye un periodo de gracia de intereses y principal de hasta 18 meses.

4.- Proponen la equidad de beneficios en la región de la Amazonia

El Proyecto de Ley 07691/2020-CR presentado el 12 de mayo de 2021, propone modificar la Ley 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonia, restituida plenamente por la Ley 29742, Ley que deroga los Decretos Legislativos 977 y 978 y restituye la plena vigencia de la Ley 27037, así como sus normas modificadoras, complementarias, disposiciones finales y reglamentaria.

NOVEDADES NORMATIVAS LABORALES

1.- Certificados literales de partida registral de los diferentes registros jurídicos que sean solicitados por las entidades del estado están exonerados del pago de derechos registrales

Mediante Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos N° 029-2021-SUNARP/SN publicada el 1 de mayo de 2021, aprueba la expedición de la publicidad certificada exonerada por medios electrónicos, a partir del 3 de mayo de 2021, que los certificados literales de partida registral de los diferentes registros jurídicos que sean solicitados por las entidades del Estado y se encuentran exonerados del pago de derechos registrales, se expidan por medios electrónicos, con firma electrónica, código de verificación y código QR.

Asimismo, respecto del uso del módulo de atención de la publicidad exonerada dispone que el servicio de publicidad certificada se expida a través del módulo de atención de publicidad exonerada del Sistema de Publicidad Registral con Competencia Nacional (SPRN), así como los servicios de publicidad que, ulteriormente, sean incorporados para atender las solicitudes de publicidad, exentas del pago de derechos registrales, presentadas por las entidades del Estado.

Los certificados emitidos a través del módulo de atención de publicidad exonerada cuentan con firma electrónica, código de verificación y código QR. La comprobación de su autenticidad se efectúa a través de la plataforma “Síguelo”, mediante la lectura del Código QR contenido en el certificado o desde la página web de la Sunarp.

La exigencia de presentación del certificado emitido a través del módulo de atención de la publicidad exonerada en el trámite o actividad para el cual fue solicitado se entenderá cumplida, alternativamente: i) al presentar la reproducción impresa en soporte papel o el archivo en formato PDF del certificado, o, ii) al indicar la dirección web, el número de solicitud y el código de verificación, que consta en el Certificado, datos que permiten a los interesados, visualizar su contenido.

Finalmente, la imagen de respaldo del certificado estará habilitada para la verificación o consulta del contenido del certificado con firma electrónica, durante el plazo de 90 días calendario, contados desde la expedición del certificado.

Vigencia: 3 de mayo de 2021.

2.- Ley de negociación colectiva en el sector estatal

La Ley N° 31188, publicada el 2 de mayo de 2021, ha sido promulgada con el objeto de regular el derecho a la negociación colectiva en el sector público, aplicable a las organizaciones sindicales de trabajadores estatales de entidades públicas del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, los organismos a los que la Constitución Política del Perú y sus leyes orgánicas confieren autonomía y las demás entidades y organismos, proyectos y programas del Estado, cuyas actividades implican el ejercicio de potestades administrativas.

Vigencia: 3 de mayo de 2021.

3.- Aprueban reglamento para que autoriza la disposición de la CTS a fin de cubrir las necesidades económicas causadas por la pandemia del COVID-19

El Decreto Supremo Nº 010-2021-TR publicado el 4 de mayo de 2021, tiene por objeto establecer disposiciones reglamentarias para la aplicación de la Ley Nº 31171, Ley que autoriza la disposición de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) a fin de cubrir las necesidades económicas causadas por la pandemia del COVID-19 la cual autoriza, hasta el 31 de diciembre de 2021  a los trabajadores comprendidos dentro de los alcances del Decreto Legislativo Nº 650, Ley de CTS a disponer libremente del 100% de los depósitos por CTS efectuados en las empresas del sistema financiero, así como en las cooperativas de ahorro y crédito que solo operan con sus socios y que no están autorizadas a captar recursos del público u operar con terceros que estén permitidas de ser depositarias de la CTS, que tengan acumulados a la fecha de disposición.

Ámbito de aplicación

Aplicable a los siguientes trabajadores sujetos al régimen laboral del Decreto Legislativo Nº 650, y del Decreto Legislativo Nº 728:

  1. Los trabajadores del sector privado, independientemente del régimen laboral al que se sujeten.
  2. Los trabajadores de empresas del Estado
  3. Los servidores civiles de entidades del sector público

Procedimiento para la disposición de los depósitos de CTS

  1. El trabajador puede realizar retiros, totales o parciales, del monto disponible en su respectiva cuenta de depósito de CTS, o solicitar, preferentemente por vía remota, que la entidad que actúa como depositaria de la CTS efectúe el desembolso mediante transferencias a las cuentas del trabajador que éste indique.
  2. Recibida la solicitud de desembolso mediante transferencias, la entidad que actúa como depositaria de la CTS efectúa la transferencia a las cuentas del trabajador que éste indique, en un plazo no mayor de 2 días hábiles.

SBS

La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones puede dictar las normas necesarias en el marco de su competencia, para el cumplimiento del presente Reglamento.

Vigencia: 5 de mayo de 2021.

4.- Facultan a los afiliados de las AFP, el retiro de sus fondos de hasta S/ 17, 600

La Ley No. 31192 publicada el 7 de mayo de 2021, autoriza de manera extraordinaria a todos los afiliados al Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, el retiro de sus fondos a fin de aliviar la economía familiar afectada, por las consecuencias de la pandemia del COVID-19.

¿Cuánto es el monto a retirar?

Los afiliados podrán retirar de manera facultativa hasta S/ 17,600 (4 UIT) del total de sus fondos acumulados en su cuenta individual de capitalización (CIC).

¿A quiénes no se les aplica?

No es aplicable a quienes califiquen para acceder al Régimen de Jubilación Anticipada por Desempleo.

¿Cuál es el procedimiento para el retiro de fondos?

El procedimiento es el siguiente:

  1. Los afiliados podrán presentar su solicitud de forma remota, virtual o presencial y, por única vez, dentro de los 90 días calendario posteriores a la vigencia del reglamento.
  2. Se abonará hasta una 1 UIT cada 30 días calendario, realizándose el primer desembolso a los 30 días de presentada la solicitud Ello es aplicable hasta el segundo desembolso y el resto será entregado en el tercer desembolso.
  3. En el caso de que el afiliado desee dejar de retirar los fondos de su cuenta individual de capitalización, podrá solicitarlo por única vez 10 días antes del desembolso.

Intangibilidad

El retiro de los fondos mantiene la condición de intangible, por lo que no pudiendo ser objeto de descuento, compensación legal o contractual, embargo, retención, cualquier forma de afectación, sea por orden judicial y/o administrativa, sin distingo de la cuenta en la que hayan sido depositados. Ello no se aplica a las retenciones judiciales o convencionales derivadas de deudas alimentarias, hasta un máximo de 30% de lo retirado.

Reglamentación

La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones determina el procedimiento operativo para el cumplimiento de la presente norma, en un plazo que no excederá de 15 días calendario de publicada la ley.

Vigencia: 8 de mayo de 2021.

5.- Aprueban listados de empleadores elegibles que han calificado para la asignación del subsidio respecto a los meses de enero y febrero de 2021

La Resolución Ministerial Nº 077-2021-TR publicada el 7 de mayo de 2021, aprueba los listados de empleadores elegibles que han calificado para la asignación del subsidio creado por el Decreto de Urgencia Nº 127-2020, Decreto de Urgencia que establece el otorgamiento de subsidios para la recuperación del empleo formal en el sector privado y establece otras disposiciones, así como, el monto que corresponde por dicho concepto, respecto a los meses de enero y febrero de 2021.

Recordar que los empleadores incluidos en los referidos listados gestionan el desembolso del subsidio siempre que, previamente, acrediten en la Ventanilla Integral Virtual del Asegurado – VIVA del Seguro Social de Salud – EsSalud, el cumplimiento de las condiciones indispensables.

Vigencia: 8 de mayo de 2021.

6.- Aprueban la directiva de “Disposiciones sobre las acciones de Asistencia Técnica en el Sistema de Inspección del Trabajo”

La Resolución de Superintendencia N° 140-2021-SUNAFIL publicada el 7 de mayo de 2021, aprueba la Directiva N° 001-2021-SUNAFIL/INII, denominada “DISPOSICIONES SOBRE LAS ACCIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA EN EL SISTEMA DE INSPECCIÓN DEL TRABAJO”, que tiene por objeto de contar con un instrumento normativo que establezca las pautas, metodología y criterios a ser aplicados en el desarrollo de las acciones de asistencia técnica a cargo del Sistema de Inspección del Trabajo, y que constituyen las actuaciones o diligencias de asesoramiento o asistencia especializada ejercidas por servidores civiles que integran el mencionado Sistema, dirigidas a un empleador específico a partir de la visita al centro de trabajo, con el fin de brindar recomendaciones de subsanación o corrección frente a posibles incumplimientos de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo vigentes, para viabilizar su implementación en un plazo razonable y proporcional al caso concreto, bajo apercibimiento de iniciar las actuaciones inspectivas de fiscalización correspondientes, los mismos que son objeto de seguimiento por parte del referido Sistema.

Vigencia: 8 de mayo de 2021.

7.- Crean grupo de trabajo multisectorial con el objeto de elaborar los protocolos específicos para la vigilancia de la salud de los trabajadores del sector construcción y aquellos temas relacionados a la prevención de los riesgos laborales en dicho sector

La Resolución Ministerial Nº 078-2021-TR publicada el 8 de mayo de 2021, crea el Grupo de Trabajo Multisectorial de naturaleza temporal, dependiente del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en adelante, Grupo de Trabajo Multisectorial. Así, tiene por objeto elaborar los protocolos específicos para la vigilancia de la salud de los trabajadores del sector Construcción y aquellos temas relacionados a la prevención de los riesgos laborales en dicho sector.

Vigencia: 9 de mayo de 2021.

8.- Ejercicio de los derechos de voz y voto no presenciales y las sesiones no presenciales

La Ley N° 31194, publicada el 14 de mayo de 2021, ha sido promulgada con el objeto de modificar la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades, a fin de regular las sesiones no presenciales de los órganos de las sociedades y el ejercicio de los derechos de voz y voto no presenciales.

En ese sentido, modificó el artículo 21-A° de la Ley General de Sociedades indicándose que podrán realizarse sesiones no presenciales y ejercicio de los derechos de voz y voto no presenciales a través de medios electrónicos u otros de naturaleza similar, de conformidad con lo establecido en su estatuto, garantizando la identificación, comunicación, participación etc. Dicha disposición no es aplicable cuando exista una prohibición legal o estatutaria.

De otro lado, las actas de las sesiones no presenciales deberán estar firmadas por escrito o digitalmente por quienes están obligados conforme a ley o su estatuto, e insertadas en el libro de actas correspondiente, pudiendo ser almacenadas, adicionalmente, en medios electrónicos u otros de naturaleza similar que garanticen la conservación del soporte, así como la autenticidad y legitimidad de los acuerdos adoptados.

Por su parte, el ejercicio del derecho de voto no presencial se podrá realizar a través de firma digital, medios electrónicos u otros de naturaleza similar, o por medio escrito con firma legalizada.

Finalmente, se deroga el Decreto de Urgencia N° 100-2020 y el Decreto de Urgencia N° 018-2021 que dispusieron medidas de carácter transitorio.

Vigencia: 15 de mayo de 2021.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

1.- La asignación familiar percibida es remuneración computable en el pago de las vacaciones

Con relación al cálculo de las vacaciones, en la Casación N° 26128-2017-LIMA, la controversia se centra en la incidencia de la asignación familiar para el cálculo de las vacaciones por todo el periodo laborado por la demandante, el cual según la empresa demandada este concepto solo debió ser considerado como remuneración computable desde la fecha en que se puso en conocimiento la tenencia de hijos menores a su cargo. Sin embargo, con el fin de resolver el tema, mencionan el artículo 23° del Decreto Legislativo N° 713, Ley del Descanso Remunerado, el cual señala que los trabajadores en caso de que no disfruten del descanso vacacional dentro del año siguiente al que adquieren este derecho, deben percibir una remuneración por el trabajo realizado, una remuneración por el descanso vacacional adquirido y no gozado, y una indemnización equivalente a una remuneración por no haber disfrutado el descanso.

En ese sentido, concluye que el monto que servirá para el cálculo de las vacaciones es la última remuneración percibida por la trabajadora pues es en aquella oportunidad en la que se efectúa el pago y no la que percibía la demandante en el momento que le correspondía gozar su descanso. En ese sentido, a la fecha de su cese ya percibía la asignación familiar al tener a su cargo un menor hijo, concepto que corresponde como remuneración computable en el pago de las vacaciones.

PROYECTOS DE LEY

1.- Proponen el acceso al Régimen Especial de Jubilación Anticipada (REJA) para los hombres, en igualdad de derechos que las mujeres

El Proyecto de Ley 07631/2020-CR presentado el 4 de mayo de 20201, propone modificar la Ley 30939, “Ley que establece el régimen especial de jubilación anticipada para desempleados en el sistema privado de pensiones”, a fin de otorgar iguales derechos a hombres y mujeres, al momento de solicitar la jubilación anticipada.

2.- Proponen incorporar a los cigarrillos electrónicos al marco regulatorio del Impuesto Selectivo al Consumo

El Proyecto de Ley 07630/2020-CR presentado el 4 de mayo de 2021, propone incorporar a los cigarrillos electrónicos al marco regulatorio y aplicación del Impuesto Selectivo al Consumo.

3.- Proponen la promoción de arrendamiento financiero alternativo a fin ampliar la oferta de crédito para micro, pequeños y medianos empresarios

El Proyecto de Ley 07629/2020-CR presentado el 4 de mayo de 2021 Propone incrementar la oferta de productos financieros en mercados alternativos, destinados a financiamientos de micro, pequeñas y medianas empresas a fin de obtener tasas de interés más competitivas en la adquisición de bienes, maquinarias y equipos.

4.- Proponen la devolución facultativa del cien por ciento de los aportes previsionales del sistema privado de administración de fondos de pensiones

El Proyecto de Ley 07667/2020-CR presentado el 7 de mayo de 2021, propone devolver el 100% de manera facultativa los fondos en el Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones (SPP) a los afiliados que no registren aportación ni retenciones en los últimos 36 meses y cuentes con más de 45 años de edad.