Primera quincena de Setiembre 2021

NOVEDADES NORMATIVAS TRIBUTARIAS

1.- Modifican el Procedimiento General “Depósito Aduanero” DESPA-PG.03 (Versión 6)

La Resolución de Superintendencia Nº 000124-2021/SUNAT publicada el 28 de agosto de 2021, el Procedimiento General “Depósito Aduanero” DESPA-PG.03 (versión 6), ello debido a la diversidad de mercancías destinadas al régimen de depósito aduanero y las actividades requeridas para su ingreso y recepción, es conveniente precisar la forma de efectuar la transmisión y registro de la información del ingreso del vehículo con la carga al almacén aduanero y de la información del ingreso y recepción de la mercancía; así como flexibilizar el registro de la conformidad de la recepción de las mercancías.

  • Canales de Control

    Los canales de control son:

    1. Canal verde: no se requiere la revisión documentaria de la DAM ni el reconocimiento físico de la mercancía.
    2. Canal naranja: la DAM es sometida a revisión documentaria.
    3. Canal rojo: la mercancía se encuentra sujeta a reconocimiento físico.
  • Recepción de la mercancía por el depósito aduanero
    • El depósito aduanero transmite el ingreso del vehículo con la carga al almacén aduanero (IVA) y la información del ingreso y recepción de la mercancía (IRM) en la forma y plazos establecidos en el procedimiento general “Manifiesto de carga” DESPA-PG.09. Cuando el depósito aduanero no puede transmitir la información del IVA, la registra a través del portal del operador dentro del mismo plazo.
    • Culminada la recepción de la totalidad de las mercancías declaradas en la DAM, el depósito aduanero registra la conformidad de su recepción en el portal del operador y consigna la siguiente información:
      1. Fecha y hora de término de la recepción.
      2. Cantidad de bultos y peso bruto de bultos recibidos.
      3. Incidencias de la recepción, sustentadas en el acta de inventario.
    • Cuando se verifique mercancía no declarada, declarada en exceso o faltante, o mercancía arribada en mala condición exterior o con medidas de seguridad violentadas o adulteradas, el depósito aduanero, junto con el despachador de aduana, formula y suscribe el acta de inventario de la mercancía, según el formato del Anexo IX del procedimiento general “Manifiesto de carga” DESPA-PG.09. El depósito aduanero debe separar la mercancía que carece de la documentación aduanera del resto de mercancía.”

    Asimismo, derogan el numeral 8 del literal A2 de la sección VII del procedimiento general “Depósito aduanero” DESPA-PG.03 (versión 6).

Vigencia: 1 de setiembre de 2021.

2.- Aprueban Procedimiento Específico “Garantías de Operadores del Comercio Exterior” RECA-PE.03.04 (Versión 4)

A través de la Resolución de Superintendencia N° 000125-2021/SUNAT publicada el 29 de agosto de 2021, aprueban la versión 4 del procedimiento específico “Garantías de operadores de comercio exterior” RECA-PE.03.04 que tiene como objeto establecer las pautas a seguir para el trámite de la garantía presentada por el operador de comercio exterior para su autorización y respaldo del cumplimiento de sus obligaciones aduaneras.

Asimismo, está dirigido al personal de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT y a los operadores de comercio exterior que participan en el presente procedimiento.

Vigencia: 30 de agosto de 2021.

3.- SUNAT modifica disposiciones del documento que acredita las percepciones del IGV por venta de bienes y combustible

La Resolución de Superintendencia N° 000126-2021/SUNAT publicada el 29 de agosto de 2021, modifica disposiciones sobre el documento que acredita la percepción tratándose del régimen de percepciones del Impuesto General a las Ventas aplicable a la adquisición de combustible y a la venta de bienes; por lo que, establece lo siguiente:

  • Comprobante de percepción
    • Cuando la cancelación del íntegro del precio de venta y del monto de la percepción respectiva se efectúe hasta la oportunidad de la entrega del comprobante de pago electrónico, el agente de percepción debe consignar en dicho documento la información no necesariamente impresa, a efectos de acreditar la percepción, en cuyo caso no corresponde la emisión del “Comprobante de Percepción”.
    • Asimismo, establece que en caso de que dicho comprobante de pago se emita de manera electrónica omitiendo la información sobre la percepción o consignándola con error, podrá emitirse el comprobante de percepción a través del Sistema de Emisión Electrónica para subsanar la omisión o corregir la información consignada.

Vigencia: 1 de marzo de 2022.

4.- Regulan la presentación de diversas solicitudes vía SUNAT virtual

Mediante Resolución de Superintendencia N° 000127-2021/SUNAT publicada el 29 de agosto de 2021, la Administración Tributaria regula la presentación a través de SUNAT Virtual de diversas solicitudes, permitiendo que los contribuyentes puedan optar por presentar por dicha vía las siguientes a través del Formulario Virtual N° 1649:

  • Solicitudes de devolución del crédito fiscal en virtud del Régimen de Recuperación Anticipada del IGV (RERA).
  • Las solicitudes de una nueva Nota de Crédito Negociable (NCN) por pérdida o por no haber sido utilizado dentro del plazo de vigencia establecido, así como por la Nota de Crédito Negociable por el importe del Documento Cancelatorio Tesoro Público (DCTP) no utilizado.

Cuando la solicitud se presenta a través de SUNAT Virtual, de acuerdo con las indicaciones que muestre el sistema SUNAT Operaciones en Línea, se genera automáticamente la constancia de presentación de dicho formulario, la cual podrá ser impresa. Dicha constancia contiene el tipo de solicitud y el número de orden asignado; la fecha y hora de su presentación; el número del expediente electrónico generado, de ser el caso, y los datos de la solicitud de devolución.

Vigencia: 1 de octubre de 2021.

5.- SUNAT prorroga la obligación de emitir comprobantes electrónicos

Mediante Resolución de Superintendencia N° 000128-2021/SUNAT publicada el 30 de agosto de 2021, prorrogan la designación de emisores de comprobantes de pago electrónicos en función al monto de ingresos anuales obtenidos al 31 de diciembre de 2019.

En ese sentido, modifican la Resolución de Superintendencia N° 279-2019/SUNAT que designó como emisores electrónicos del Sistema de Emisión Electrónica (SEE), a partir del 1 de setiembre de 2021, a los sujetos que al 31 de diciembre de 2019 hubieran obtenido ingresos anuales mayores o iguales a 23 unidades impositivas tributarias (UIT) pero menores a 75 UIT y, a partir del 1 de enero de 2022, a aquellos que hubieran obtenido ingresos menores a 23 UIT. Ello, porque la SUNAT advirtió que dichos sujetos no han completado las implementaciones necesarias para la emisión electrónica de sus comprobantes de pago, por lo que se considera conveniente postergar su fecha de designación como emisores electrónicos, en función al siguiente detalle:

(*) En caso de que opte por emitir el ticket POS en lugar de la boleta de venta electrónica. Respecto del ticket POS se debe tener en cuenta lo dispuesto en la Resolución de Superintendencia N° 141-2017/SUNAT.

Cabe precisar que la referida prórroga no es aplicable a aquellas operaciones por las que se le hubiere designado como emisores electrónicos o si hubieran adquirido dicha calidad por elección, por tipo de operación, conducta o por cualquier otro supuesto distinto del monto de ingresos obtenidos, en cuyo caso se aplica la resolución de superintendencia que efectúe dicha designación.

Vigencia: 31 de agosto de 2021.

 

6.- SUNAT modifica normas que regulan las obligaciones del registro de operaciones y de informar pérdidas, robo, derrames, excedentes y desmedros de insumos químicos fiscalizados

La Resolución de Superintendencia Nº 000122-2021/SUNAT publicada el 31 de agosto de 2021, modifica la Resolución de Superintendencia N° 255-2013/SUNAT que aprueba normas que regulan las obligaciones de registro de operaciones y de informar pérdidas, robo, derrames, excedentes y desmedros a que se refieren los artículos 12 y 13 del Decreto Legislativo N° 1126.

Ello a fin de continuar con las mejoras en las medidas de control de los bienes fiscalizados desde su producción o ingreso al país hasta su destino final, se considera necesario modificar la referida resolución de superintendencia. De esta manera, disponen lo siguiente, entre otros:

  • Inventario inicial

    El inventario inicial está constituido por el stock con el que cuenta el usuario hasta el día calendario anterior a la fecha de inicio de vigencia de su inscripción en el Registro. En ese sentido, debe realizarse e informarse a la SUNAT por cada una de las presentaciones de bienes fiscalizados de cada uno de los establecimientos del usuario inscritos en el Registro y de los establecimientos de terceros inscritos en el citado registro que le prestan el servicio de almacenamiento de bienes fiscalizados.

  • Registro del inventario inicial

    El usuario tiene la obligación de registrar su inventario inicial y presentarlo a la SUNAT a partir de:

    1. La fecha de inicio de vigencia de su inscripción en el Registro, en el caso del usuario que recién se inscribe o se inscriba nuevamente en el Registro.
    2. La fecha del alta del nuevo bien fiscalizado en el Registro, en el caso del usuario que ya se encuentra inscrito en el Registro.
  • Registro diario de operaciones por establecimiento:

    En caso el usuario no pueda registrar sus operaciones diarias, por causas no imputables a este, realizadas en un determinado establecimiento declarado en el Registro, las puede registrar desde cualquier lugar en que tenga acceso a SUNAT Operaciones en Línea, hasta antes del vencimiento del plazo establecido para la presentación consolidada mensual de la información del registro diario de operaciones del mes a informar.

  • Presentación consolidada mensual de la información del registro diario de operaciones:

    La presentación consolidada mensual de la información del registro diario de operaciones de sus establecimientos y de los establecimientos de terceros que le prestan el servicio de almacenamiento, debe ser desde las 00 horas del primer día calendario hasta las 23:59 horas del último día calendario del mes a informar.

    Si durante el mes se produce la baja de la inscripción en el Registro, el usuario debe registrar todas las operaciones realizadas en dicho mes hasta las 23:59 horas del día en que culmina la vigencia de su inscripción o del día que se le notifique la baja.

Vigencia: 1 de setiembre de 2021.

 

7.- Reconstrucción de expedientes en la SUNAT

La Resolución de Superintendencia Nº 000129-2021-SUNAT publicada el 2 de setiembre de 2021, aprueba la Norma para Reconstrucción de expedientes en la SUNAT a fin de adecuarla al marco normativo aplicable vigente e incorporar disposiciones que permitan garantizar la celeridad en su ejecución, la cual se encuentra vigente desde el 3 de setiembre de 2021.

Reconstrucción de expediente

Proceso que se realiza con aquellos expedientes que se han extraviado, siniestrado, deteriorado, o que hubieran sido objeto de robo o hurto de manera total o parcial, o se encuentren incompletos, a fin de que el expediente reconstruido cumpla con los requisitos de integridad, disponibilidad y fiabilidad.

Proceso de reconstrucción de expedientes

  • El Jefe que autoriza y declara la reconstrucción (JADR) dentro de los 3 días hábiles siguientes de recibido el informe de investigación, debe emitir la resolución que autoriza la reconstrucción.
  • Luego el Jefe responsable de la reconstrucción (JERR) mediante memorándum electrónico debe designar al encargado de la ejecución del proceso de reconstrucción del expediente.
  • La resolución que autoriza la reconstrucción debe ser notificada al administrado en un plazo máximo de 3 días hábiles siguientes a la fecha de su emisión.
  • Las copias de los documentos originales presentados por el administrado deben ser autenticadas por fedatario administrativo, mientras que las reproducciones de las copias simples presentadas mantienen tal condición, formando parte del expediente reconstruido.
  • Las observaciones realizadas por el administrado se resuelven en un plazo máximo de 2 días hábiles, pasando a formar parte del expediente de reconstrucción.
  • Vencido el plazo del numeral anterior, el encargado de la reconstrucción en un plazo de 3 días hábiles, elabora y presenta al JERR el proyecto de resolución.
  • El JADR luego de recibir el informe de reconstrucción del expediente con el detalle de las acciones realizadas, en un plazo de 3 días hábiles, emite la resolución que declara reconstruido el expediente.
  • El proceso de reconstrucción del expediente concluye con la emisión de la resolución que declara reconstruido el expediente.

Contenido de la resolución de reconstrucción

  1. El número, fecha, Unidad de Organización (UO) del informe de investigación.
  2. El suceso que origina la reconstrucción (extravío, siniestro, deterioro, robo o hurto).
  3. La materia del proceso al que corresponde el expediente.
  4. Los datos del administrado (razón social, RUC, domicilio fiscal), de corresponder.
  5. El marco legal que respalda el proceso de reconstrucción.
  6. El requerimiento numerado, mediante el cual se dispone el lugar en que los administrados proporcionen los documentos originales y/o copias componentes del expediente que obren en su poder, para lo cual se otorga un plazo de 5 días hábiles, computados a partir del día hábil siguiente de notificado el requerimiento, prorrogables por igual plazo.

Vigencia: 3 de setiembre de 2021.

8.- Fijan índices de corrección monetaria para efectos de determinar el costo computable de los inmuebles enajenados

La Resolución Ministerial N° 262-2021-EF/15 publicada el 3 de setiembre de 2021, fijan índices de corrección monetaria en las enajenaciones de inmuebles que las personas naturales, sucesiones indivisas o sociedades conyugales -que optaron por tributar como tales- del mes de setiembre el cual es de 1,00.

Vigencia: 4 de setiembre de 2021.

9.- Disponen nuevas reglas de convivencia nacional durante el Estado de Emergencia Nacional

El Decreto Supremo No. 151-2021-PCM publicado el 4 de setiembre de 2021, dispone nuevas reglas de convivencia social, modifica el nivel de alerta en las provincias, entre otros, por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19.

Así, queda restringido el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio.

Asimismo, los peruanos, extranjeros residentes y extranjeros no residentes que ingresen a territorio nacional, únicamente en calidad de pasajeros e independientemente del país de procedencia, deben contar con una prueba molecular negativa en las últimas 72 horas si no están protegidos con dos dosis de vacuna. Aquellas personas cuyo resultado sea positivo, ingresan a aislamiento obligatorio.

También suspenden hasta el 19 de setiembre de 2021, el ingreso al territorio nacional de extranjeros no residentes de procedencia de la República de Sudáfrica, o que hayan realizado escala en dichos lugares en los últimos 14 días calendario.

Vigencia: 6 de setiembre de 2021.

10.- SUNAT implementa el abono en cuenta corriente o de ahorros para las devoluciones por pagos realizados en forma indebida o en exceso de la deuda tributaria aduanera

El Decreto Supremo N° 225-2021-EF publicado el 7 de setiembre de 2021, teniendo en cuenta el Estado de Emergencia Nacional y de Emergencia Sanitaria, señala que la SUNAT ha visto por conveniente implementar el proceso de devolución por pagos indebidos o en exceso a través del abono en cuenta corriente o de ahorros, con la consiguiente reducción de costo y tiempo para los contribuyentes y para la Administración Aduanera.

  • Devoluciones por pagos realizados en forma indebida o en exceso

    La SUNAT dispone ahora que las devoluciones se realizarán sobre los pagos indebidos o en exceso de la deuda tributaria aduanera en general e implementa que dichas devoluciones también se harán a través de abonos en cuenta corriente o de ahorros, además de las notas de créditos negociables a fin de reducir costo y tiempo para los contribuyentes y la Administración Aduanera.

  • Devolución mediante abono en cuenta corriente o de ahorros
    • La devolución mediante abono en cuenta corriente o de ahorros solo puede ser solicitada por quien tenga:
      1. Derecho a la devolución de pagos indebidos o en exceso.
      2. El número de RUC activo y la condición de habido, y
      3. Una cuenta corriente o de ahorro del sistema financiero nacional en moneda nacional, a su nombre, razón social o denominación social y comunique a la SUNAT el código de cuenta interbancario.
        Cuando el solicitante no cumpla con lo señalado, la devolución se efectúa mediante la emisión de notas de crédito negociables.
    • La SUNAT autoriza al Banco de la Nación para que realice la transferencia interbancaria cuando corresponda y ponga a disposición del solicitante el monto a devolver a partir del día en que surta efectos la notificación de la resolución que resuelva su solicitud.
  • Código de cuenta interbancario 

    La SUNAT establece, mediante resolución de superintendencia, la forma y condiciones para la comunicación del código de cuenta interbancario del solicitante y el procedimiento para su validación, dentro de los 6 meses siguientes a la publicación del presente decreto supremo.

Vigencia: A partir de la vigencia de la resolución de superintendencia que debe emitir SUNAT.

INFORMES DE SUNAT

1.- Precisiones sobre el suministro de información financiera a las empresas del sistema financiero

Sobre el suministro de información financiera, la SUNAT a través del Informe N.º 000074-2021-SUNAT/7T0000 señala lo siguiente:

Para efecto de determinar si procede suministrar información financiera a que se refiere el Decreto Supremo N.° 430-2020-EF y la Resolución de Superintendencia N.° 000067-2021-SUNAT:

  • Para determinar el “saldo” por el periodo enero de 2021, la empresa del sistema financiero debe considerar los cargos y abonos realizados en la cuenta en ese mes, excluyendo las transacciones u operaciones realizadas hasta el 31.12.2020. Asimismo, para el periodo febrero de 2021 en adelante, se debe considerar los cargos y abonos realizados desde el 1.1.2021 hasta el último día del periodo que se informe o hasta el último día en que existe la cuenta en dicho periodo.
  • Para determinar si procede suministrar la información, si el titular tiene más de una cuenta en una empresa del sistema financiero, se debe sumar los importes correspondientes a los saldos de la totalidad de las cuentas; considerando para ello, en valor absoluto, el monto que resulte de la diferencia entre los cargos y los abonos de cada cuenta, esto es, sin asignarle un signo (positivo o negativo) al resultado.

2.- Tratamiento tributario de la adquisición e instalación de equipos dentro y fuera de la zona especial de desarrollo

En caso una empresa usuaria de una ZED (antes denominada CETICOS) adquiera del mercado nacional un equipo que para su funcionamiento requiere que una parte sea instalada fuera de la ZED, siendo que sus componentes son ingresados por el vendedor en dicha zona, estando incluido en la adquisición el servicio de instalación.

Así, con relación a si parte de la instalación del equipo fuera de la ZED califique como exportación o no, la Administración Tributaria a través del Informe No. 000075-2021-SUNAT/7T0000 señala lo siguiente:

  • Si para el funcionamiento de un equipo adquirido del mercado nacional por un usuario de la ZED, cuyos componentes son ingresados por el vendedor en dicha zona, se requiere que una parte de este sea instalada en la ZED y otra fuera de esta, pero ambas conectadas; el que deban retirarse de tal zona los componentes que serán instalados fuera, no implicaría que los bienes no se consideren exportados a la ZED, en la medida que el uso del referido equipo tenga lugar íntegramente en la mencionada zona, lo que deberá determinarse en cada caso en particular.
  • De otro lado, en la medida que el servicio de instalación del citado equipo dentro y fuera de la ZED, a ser realizada por el vendedor, forme parte de su valor de venta consignado en el comprobante de pago emitido por tal operación y su prestación sea necesaria para llevarla a cabo, el referido servicio tendrá el carácter de accesorio a la mencionada venta, y como tal, se encontrará inafecta al IGV.

3.- La SUNAT señala que los servicios complementarios de transporte de carga califican como exportación de servicios y, por lo tanto, se encuentran inafectos del IGV

Sobre la calificación como exportación de los servicios complementarios de transporte de carga, la SUNAT a través del Informe No. 000076-2021-SUNAT/7T0000 señala lo siguiente:

“Califican como exportación los servicios complementarios al transporte de carga a que se refiere el numeral 10 del sexto párrafo del artículo 33 de la Ley del IGV, que se presten en zona primaria de aduanas a favor de transportistas de carga internacional domiciliados en el país”.

  • Al respecto, en el Informe No. 089-2020-SUNAT/7T0000 indicaron que “la exportación de servicios es una operación inafecta del IGV que se configura como tal cuando, siendo prestada por un sujeto inscrito en el Registro de Exportadores de Servicios a cargo de la SUNAT, se cumple con los requisitos establecidos en el quinto párrafo del artículo 33 de la Ley del IGV; sin embargo, se debe tener presente que algunas operaciones han sido consideradas expresamente como exportación por el sexto párrafo de dicho artículo, entre ellas, las que se detallan en el numeral 10 de este, las cuales, para calificar como tales, no requieren cumplir con los citados requisitos”.
  • Adicionalmente, los servicios complementarios al transporte de carga que se encuentran dentro de su ámbito de aplicación son aquellos que se prestan, en zona primaria de aduanas, a los transportistas de carga internacional o a sujetos no domiciliados en el país que tengan titularidad de la carga de acuerdo con la documentación aduanera de tránsito internacional.
  • Cabe mencionar que, resulta irrelevante, para la aplicación de la inafectación al IGV dispuesta por numeral 10 del sexto párrafo del artículo 33 de la Ley del IGV, la condición de domiciliado en el país o no del transportista de carga internacional a quien se presta tales servicios complementarios.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL

1.- Indebida motivación de la resolución de la administración tributaria que declaró improcedente la solicitud de devolución de saldo a favor del impuesto a la renta

En relación con la devolución del saldo a favor del Impuesto a la Renta Persona Natural Rentas de Trabajo, el Tribunal Fiscal en su Resolución N° 09379-11-2019 señaló lo siguiente:

‘‘La administración tiene la obligación de motivar sus actos según lo contemplado en los articulo 103 y 109 del Código Tributario y el numeral 2 del artículo 10 de la Ley del Procedimiento Administrativo General’’.

En el caso en particular, el recurrente solicita la devolución del saldo a favor del Impuesto a la Renta Persona Natural – Renta de Trabajo del ejercicio 2018, por el importe de S/ 2729,00. Al respecto, la Administración Tributaria declara improcedente la devolución solicitada y señala como sustento que: ‘‘[…] como resultado de la verificación realizada y luego de descontar al impuesto determinado los créditos con derecho a la devolución, se ha verificado que resulta en inexistente del saldo a favor del Impuesto a la Renta Persona Natural – Otras Rentas’’.

Sin embargo, el Tribunal Fiscal al revisar el anexo de la Resolución, constata que solo se consigna: ‘‘La determinación del monto a devolver, donde se detallan los ingresos y pagos efectuados que han sido considerados, se encuentra en el portal de internet de SUNAT cuya dirección electrónica es www.sunat.gob.pe, SUNAT Operaciones en Línea, en el rubro “Otras declaraciones y Solicitudes/Mis Devoluciones/Devoluciones”, opción “Consulta Saldo a Favor rentas de trabajo” para lo cual debe contar con su Código de Usuario y Clave SOL”.

En ese sentido, constata que la Administración Tributaria omitió motivar de manera adecuada la Resolución, y que en función de lo previsto en el numeral 2 del artículo 109° del Código Tributario, corresponde declarar la nulidad de la Resolución. En consecuencia, la Administración Tributaria deberá emitir un nuevo pronunciamiento respecto de la solicitud de devolución presentada por el recurrente, expresando los fundamentos de hecho y de derecho que le sirven de base, evaluando los medios probatorios presentados, a efectos de efectuar las actuaciones pertinentes, como los cruces de información con los empleadores y no limitarse a resolver con la información obrante en sus sistemas.

2.- El procedimiento de cobranza coactiva no se suspende durante el estado de emergencia

Respecto a la prescripción cuando la deuda se encuentra en cobranza coactiva, el Tribunal Fiscal en la Resolución No. 00335-Q-2021 señaló lo siguiente:

‘‘El estado de emergencia declarado por el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM ni la suspensión de los plazos de los procedimientos dispuestos en los Decretos de Urgencia N° 026-2020 y 029-2020, constituyen una causal de suspensión de un procedimiento de cobranza coactiva seguido por la Administración, en vista de que dicho plazo no se encuentra sujeto a un plazo de duración”.

La quejosa cuestiona el procedimiento de cobranza coactiva al considerar que la Administración no cumple con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y continúa efectuando el cobro de obligaciones tributarias durante el estado de emergencia; asimismo, alega que entre los supuestos establecidos por el numeral 2 del artículo 46 del Código Tributario no se encontraría comprendido el lapso que dure el estado de emergencia sanitaria, siendo que la suspensión de los plazos administrativos establecidos en los Decretos de Urgencia N° 026-2020 y 029-2020 sí podría afectar los plazos de prescripción de la acción de la administración para determinar la deuda tributaria, aplicar sanciones y solicitar o aplicar compensación y solicitar la devolución de créditos tributarios.

Por su parte, el Tribunal Fiscal advierte que la quejosa no cuestiona la exigibilidad coactiva de la deuda materia de cobranza ni la legalidad en el inicio del procedimiento de cobranza coactiva seguido en el expediente, sino que alega que la administración habría vulnerado el debido procedimiento de cobranza coactiva, aduciendo que no serían aplicables algunas de las causales de suspensión del plazo de prescripción establecidas en el artículo 46 del Código Tributario. Sin embargo, la quejosa acreditó haber deducido la prescripción de la deuda en cobranza coactiva ante el ejecutor coactivo.

Asimismo, el Tribunal señala que el estado de emergencia no constituye una causal de suspensión de un procedimiento de cobranza coactiva seguido por la Administración, asimismo, la suspensión de los plazos de los procedimientos administrativos dispuestos en los Decretos de Urgencia N° 026-2020 y 029-2020 hacen referencia a procedimientos sujetos a plazos a los que son y no son aplicables el silencio administrativo positivo y negativo y no al procedimiento de cobranza coactiva, toda vez que éste no se encuentra sujeto a un plazo de duración.

En ese sentido, corresponde declarar improcedente la queja en el extremo referido a la prescripción de la deuda en materia de cobranza coactiva e infundada en el extremo sobre la suspensión del procedimiento de cobranza coactiva por motivo del estado de emergencia sanitaria.

3.- Administración Tributaria debe motivar debidamente la resolución que declara improcedente la solicitud de compensación de percepciones

Respecto a la motivación de las resoluciones, el Tribunal Fiscal en la Resolución No. 07463-10-2020 señaló lo siguiente:

‘‘(…), la Administración no expresó los fundamentos de hecho y derecho consignados por la recurrente en sus solicitudes de compensación, no fueron reconocidos como crédito, lo cual era necesario para que la recurrente ejerciera su derecho de defensa, conforme con lo previsto por el numeral 2 del artículo 109 y 129 del Código Tributario”.

La recurrente sostiene que cuenta con un saldo acumulado de percepciones del Impuesto General a las Ventas, por lo que solicitó la compensación de dicho crédito contra las deudas por Impuesto a la Renta del ejercicio 2019 y los pagos a cuenta del Régimen MYPE Tributario del Impuesto a la Renta de marzo a junio de 2020; asimismo, adjuntó los pagos efectuados por concepto de percepciones del Impuesto General a las Ventas del período 2020, con el fin de poder acreditar dicho crédito y realizar la compensación solicitada.

La Administración declaró improcedentes las referidas solicitudes de compensación, limitándose a señalar que: ‘’De acuerdo a los sistemas de la SUNAT no existe crédito por saldo de Percepciones no aplicadas del IGV en el formulario 0621, de fecha 12/08/2020, correspondiente al período tributario 05/2020, el saldo declarado se encuentra agotado’’. De lo expuesto se constata que la Administración omitió motivar adecuadamente las Resoluciones.

Al respecto el Tribunal Fiscal concluye que la Administración deberá emitir nuevo pronunciamiento respecto de las solicitudes de compensación presentada por la recurrente, expresando los fundamentos de hecho y de derecho que les sirven de base, y deberá decidir sobre todas las cuestiones planteadas por la recurrente, teniendo en cuenta que la motivación debe ser expresa y directa de los hechos probados en el caso.

4.- Suspensión de intereses moratorios cuando exista demora al resolver un recurso de reclamación o apelación

Respecto a la suspensión del cálculo de intereses moratorios, el Tribunal Fiscal en la Resolución No. 00192-Q-2021 señaló lo siguiente:

‘‘El artículo 33 del Código Tributario, suspende el cómputo de intereses moratorios en la etapa de apelación. En efecto, conforme con dicha norma, la aplicación de intereses moratorios se suspenderá a partir del vencimiento de los plazos máximos establecidos por los artículos 142, 150 y 152 del Código Tributario hasta la emisión de la resolución que culmine el procedimiento de reclamación ante la Administración o de apelación ante el Tribunal Fiscal siempre y cuando el vencimiento del plazo o apelación fuera por causa imputable a dichos órganos resolutores”.

El quejoso sostiene que el procedimiento de ejecución coactiva inició sin que la Administración haya cumplido con reliquidar la deuda contenida en la Resolución de Determinación, conforme a lo dispuesto en el artículo 33 del Código Tributario, porque correspondía suspender su aplicación a partir del vencimiento del plazo establecido por ley para que la Administración emitiera pronunciamiento sobre el recurso de reclamación y apelación que interpuso.

Por su parte, la Administración, indicó que el cómputo de los intereses se realizó conforme a lo dispuesto por el artículo 33° del Código Tributario, siendo que el exceso de tiempo legal en la atención del recurso de reclamo obedeció a la carga procesal del área encargada de resolver, por lo que considera que el motivo no corresponde a una causa imputable a la Administración que originaría la suspensión del cálculo de los intereses moratorios.

Al respecto, el Tribunal Fiscal indicó que, si bien la deuda era exigible coactivamente, correspondía tener en cuenta la suspensión de intereses moratorios, no obstante, la Administración continuó con la cobranza sin acreditar haber aplicado lo dispuesto en el artículo 33 del Código Tributario; por lo que, declaró fundada la queja y la aplicación por parte de la Administración la mencionada normativa.

PROYECTOS DE LEY

1.- Proponen medidas complementarias para garantizar los derechos de los trabajadores afectados por las disposiciones durante el estado de emergencia sanitaria

El Proyecto de Ley No. 117/2021-CR presentado el 2 de setiembre de 2021, tiene por objeto disponer medidas para garantizar los derechos de los trabajadores que se vieron afectados por disposiciones realizadas en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19, sin que exista supuesto habilitante de causa efecto y responsabilidad, para configurarse razonablemente la medida legal. De esta manera, proponen lo siguiente:

  • Prohibir la ampliación de plazos en materia de suspensiones perfectas dispuestas por el Decreto de Urgencia No. 038-2020.
  • Los trabajadores incluidos en el proceso de suspensión perfecta tienen derecho a una indemnización equivalente a la mitad del monto dejado de percibir, cuando se deje sin efecto dicha suspensión.
  • Los empleadores están impedidos de ampliar el periodo de suspensión perfecta de labores.
  • Los trabajadores que realizan labores bajo la modalidad de trabajo remoto realizan el tránsito hacia la modalidad de teletrabajo.
  • Los beneficios laborales y conceptos remunerativos que hayan sido negociados o reducidos en el marco de la emergencia sanitaria serán reajustados a solicitud de parte.
  • Los trabajadores gozarán de licencias sin goce de haber durante el estado de emergencia sanitaria cuando se trate de proteger la salud.
  • Los trabajadores que cuiden de sus hijos o personas tengan personas a su cargo, gozarán de una hora diaria de licencia que podrá ser a la entrada o salida de su jornada laboral. En el caso que sea compatible con su trabajo, podrán solicitar teletrabajo o licencias sin goce de haber hasta por 20 días.
  • Condonar las horas de trabajo adeudadas por los trabajadores que realizan labores de cuidado de hijos o personas dependientes; asimismo, se reducirá a la mitad la cantidad de las horas de trabajo adeudadas de los trabajadores incluidos dentro del grupo de riesgo.
  • Prohibir incluir en la liquidación realizada al término del vínculo laboral las horas de trabajo adeudadas a causa de las disposiciones realizadas en el marco de la emergencia sanitaria. Siendo estas automáticamente condonadas.

NOVEDADES NORMATIVAS LABORALES

1.- Aprueban la aplicación móvil denominada “SUNARP PROTEGE”

Mediante la Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos N° 115-2021-SUNARP/SN publicada el 2 de setiembre de 2021, aprueba la aplicación móvil denominada “SUNARP Protege”, que proporciona a los ciudadanos una herramienta funcional y eficiente de acceso gratuito a la información del registro que no constituye publicidad registral, a través de sus dispositivos móviles, para la protección complementaria de sus derechos y titularidades inscritas.

    • Servicios que comprende la aplicación móvil “SUNARP Protege” 

      Los servicios gratuitos incorporados son los siguientes:

      • Consulta de Propiedad
      • Consulta en el Directorio Nacional de Personas Jurídicas
      • Consulta Vehicular
      • Alerta Registral
      • Síguelo

Vigencia: 3 de setiembre de 2021.

2.- Aprueban listado de microempresas que son fiscalizadas por los gobiernos regionales durante el año fiscal 2022

Mediante la Resolución Ministerial Nº 157-2021-TR publicado el 31 de agosto de 2021, aprueban el “Listado de microempresas que son fiscalizadas por los Gobiernos Regionales durante el año fiscal 2022”.

Asimismo, el listado no es aplicable en aquellas regiones en las que los gobiernos regionales hubieran transferido las competencias y funciones en materia de inspección de trabajo a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en aplicación de lo dispuesto en la Ley Nº 30814, Ley de Fortalecimiento del Sistema de Inspección del Trabajo.

Vigencia: 1 de setiembre 2021.

INFORME MINISTERIO DE TRABAJO

1.- Trabajadores incluidos en el grupo de riesgo que deseen realizar actividades presenciales en sus centros de trabajo ya no requieren presentar declaración jurada de asunción de responsabilidad voluntaria

La Dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo a través del Informe N° 0071-2021-MTPE/2/15.2 señala que:

        1. Los trabajadores con factores de riesgo para COVID-19 pueden efectuar trabajo presencial sin necesidad de presentar una declaración jurada como era antes de este Informe.
        2. Sin perjuicio de ello, las empresas que opten por reincorporar a sus trabajadores que se encuentren incluidos en los grupos de riesgo para la COVID-19, deben cumplir con lo regulado en el sub numeral 7.3.4. del Documento Técnico: “Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2”, aprobado por la Resolución Ministerial N° 972-2020-MINSA.

          En atención a ello, para la reanudación del trabajo presencial de los trabajadores integrantes de los grupos de riesgo deben considerar:

          • La información clínica (antecedentes y/o informes médicos o data médica) deben ser valorados por el Médico a cargo de la vigilancia de la salud de los trabajadores, a efectos de precisar el estado de salud y riesgo laboral individual de cada trabajador mayor a 65 años, aquellos con comorbilidades como hipertensión arterial, diabetes, obesidad con IMC > 40, enfermedades cardiovasculares, enfermedad pulmonar crónica, cáncer, otros estados de inmunosupresión.
          • Los trabajadores con algún factor de riesgo, cuyas labores sean de alto o muy alto riesgo de exposición, que soliciten regresar o reincorporarse, deben pasar por una evaluación individualizada por el médico ocupacional, para que posteriormente el trabajador firme un acta en la que deje constancia de haber recibido información de todos los riesgos que implica su regreso o reincorporación.
          • En el caso de trabajadoras en estado de gestación que presenten alguna incurrencia durante el embarazo, el médico ocupacional determina si puede permanecer o no en el trabajo. Debiendo cautelar la culminación satisfactoria de su embarazo.
          • En el caso de aquellos trabajadores con factores de riesgo que hayan superado la COVID-19 y deseen reanudar sus actividades, podrán hacerlo aplicando todas las medidas de protección y de higiene, siempre y cuando el médico a cargo de la vigilancia de la salud de los trabajadores lo apruebe.

Segunda quincena de Agosto 2021

NOVEDADES NORMATIVAS TRIBUTARIAS

1.- Prorrogan Estado de Emergencia Sanitaria

El Decreto Supremo No. 025-2021-SA publicado el 14 de agosto de 2021, prorroga la emergencia sanitaria por un plazo de 180 días calendario, desde el 3 de setiembre de 2021 hasta el 1 de marzo de 2022 al evidenciarse la persistencia de la pandemia por la COVID-19.

Al respecto, se deben tener en cuenta las siguientes consecuencias:

  • Flexibilización en la contratación de bienes y servicios para la lucha contra la COVID-19 por parte del Estado.
  • Como implicancias laborales, deben considerar la vigencia de los exámenes médicos ocupacionales efectuado en un centro médico ocupacional autorizado.
  • La modificación de turnos de trabajo, en la medida que el empleador puede modificar y establecer de manera escalonada los horarios de trabajo como medida de prevención contra la COVID-19, pero sin afectar el derecho al descanso semanal obligatorio.
  • El retorno de trabajadores con factores de riesgo.
  • Auditorías en materia de Salud y Seguridad en el Trabajo, entre otros.

Vigencia: 3 de setiembre de 2021.

2.- Creación de la ZOFRACAJAMARCA

La Ley No. 31343 publicada el 14 de agosto de 2021, tiene por objeto crear la Zona Franca de la Región Cajamarca (ZOFRACAJAMARCA), para ello disponen lo siguiente:

Vigencia: 15 de agosto de 2021.

3.- Aprueban precios de referencia y derechos variables aplicables a importaciones de maíz, azúcar, arroz y leche entera en polvo

La Resolución Viceministerial N° 008-2021-EF/15.01 publicada el 20 de agosto de 2021, aprueba los precios de referencia y los derechos variables adicionales a que se refiere el Decreto Supremo N° 115-2001-EF como se muestra a continuación:

Vigencia: 21 de agosto de 2021.

4.- Prorrogan el Estado de Emergencia Nacional

El Decreto Supremo No. 149-2021-PCM publicado el 22 de agosto de 2021, prorroga el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de 30 días calendario, desde el 1 de setiembre hasta el 30 de setiembre de 2021, por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19.

Así, queda restringido el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio.

Asimismo, los peruanos, extranjeros residentes y extranjeros no residentes que ingresen a territorio nacional, únicamente en calidad de pasajeros e independientemente del país de procedencia, deben contar con una prueba molecular o antígena con resultado negativo.

También suspenden hasta el 5 de setiembre de 2021, el ingreso al territorio nacional de extranjeros no residentes de procedencia de la República de Sudáfrica, la República Federativa de Brasil o la República de la India, o que hayan realizado escala en dichos lugares en los últimos 14 días calendario.

Vigencia: 23 de agosto de 2021.

5.- Asignan contribuyentes de la intendencia de principales contribuyentes nacionales

La Resolución de Superintendencia No. 000120-2021/SUNAT publicada el 24 de agosto de 2021, asignan contribuyentes del directorio de la Intendencia de Principales Contribuyentes Nacionales a unidades de organización dependientes de dicha intendencia.

Vigencia: 25 de agosto de 2021.

6.- Dictan disposiciones para facilitar la declaración de determinados conceptos mediante el formulario virtual Declara Fácil 621 IGV - Renta Mensual

La Resolución de Superintendencia No. 000123-2021/SUNAT publicada el 27 de agosto de 2021, dicta disposiciones para facilitar la declaración de determinados conceptos mediante el Formulario Virtual Declara Fácil 621 IGV – Renta Mensual.

Finalidad

Mostrar de manera automática la información personalizada en las casillas del formulario virtual Declara Fácil 621 IGV, como ayuda antes de la presentación para determinados sujetos que no se encuentran obligados a llevar su registro de ventas e ingresos en forma electrónica pero que son emisores electrónicos de comprobantes de pago, notas de crédito y de débito.

Reporte de Ventas

El “Reporte de Ventas” constituye un mecanismo de ayuda de uso opcional para el llenado de determinadas casillas del formulario Declara Fácil IGV – Renta mensual vinculadas al IGV. Asimismo, es un documento electrónico que mostrará la información proveniente de los comprobantes de pago electrónicos, notas de débito y de crédito que se haya recibido mediante el envío de ejemplares, declaraciones juradas informativas y comunicaciones de baja.

Estará disponible a partir del 1 de diciembre de 2021, con información del período noviembre de 2021 en adelante.

Sujetos que pueden acceder al Reporte de Ventas

  • Aquellos sujetos que, de manera conjunta, en el período al que correspondería el Reporte de Ventas que se pretende utilizar:
    1. Están obligados a llevar el Registro de Ventas e Ingresos, pero no de manera electrónica.
    2. Sean emisores electrónicos por determinación, salvo excepciones como aquellos que deban emitir el recibo electrónico SP o de aquellos que deban o puedan emitir el comprobante empresas supervisadas SBS.
    3. No lleven su contabilidad en moneda extranjera.
  • Los mencionados sujetos deben haber obtenido ingresos menores a 75 UIT en el período comprendido entre el mes de mayo del año precedente al anterior y el mes de abril del año anterior a aquel al del período al que correspondería el Reporte de Ventas que se pretende utilizar.
  • Para dicho efecto, se utiliza como referencia la UIT vigente en el año precedente, se consideran los montos declarados en las casillas 100, 105, 106, 127, 109, 112 y 160 del formulario Declara Fácil 621 IGV – Renta mensual o, de ser el caso, del PDT 621 IGV – Renta mensual y se toman en cuenta las declaraciones juradas y sus rectificatorias siempre que estas últimas hubieran surtido efecto al 31 de mayo del año anterior.

Pasos a seguir para la confirmación del referido reporte

Para acceder al Reporte de Ventas, el sujeto debe realizar lo siguiente:

  • Ingresar a SUNAT Virtual, ubicar SUNAT Operaciones en Línea.
  • Ingresar utilizando el número de RUC, código de usuario y la clave SOL.
  • Ubicar el módulo Reporte de Ventas y seguir las instrucciones del sistema para acceder a dicho módulo y al reporte respectivo, así como para confirmar la información contenida en este último. Dicho reporte se presenta en blanco, en caso la SUNAT no haya recibido lo antes mencionado.

A partir del octavo día calendario del mes siguiente al período al cual corresponde el Reporte de Ventas, el módulo Reporte de Ventas mostrará la opción de confirmación a los sujetos que pueden acceder a dicho reporte. En caso de que se opte por confirmar el Reporte de Ventas, la información contenida en él será trasladada de manera automática a las casillas del formulario Declara Fácil 621 IGV-Renta mensual.

Vigencia: 27 de agosto de 2021.

INFORMES DE SUNAT

1.- No corresponde emitir comprobantes de pago por depósitos overnight, entre otros, que realice el BCRP

Sobre la emisión de comprobantes de pago por depósitos overnight en el BCR, operaciones de compra con compromiso de recompra de los títulos valores del BCR y del Tesoro Público, y las operaciones de compra con compromiso de recompra en moneda extranjera, la SUNAT a través de su Informe No. 000071-2021-SUNAT/7T0000 señala lo siguiente:

“No existe la obligación de emitir comprobantes de pago por los instrumentos de regulación monetaria a través de los cuales el BCRP cumple con su finalidad de preservar la estabilidad monetaria del país, como es el caso de los depósitos overnight, operaciones de compra con compromiso de recompra de los títulos valores de dicho banco y del Tesoro Público, y las operaciones de compra con compromiso de recompra en moneda extranjera que efectúa el BCRP”.

  • Al respecto, los depósitos overnight son un instrumento de regulación monetaria que permite a las entidades financieras efectuar depósitos en moneda nacional y extranjera, siendo que estos depósitos se efectúan a un día de plazo y están remunerados a la tasa que fija el BCRP, constituyendo un instrumento de ventanilla para retirar automáticamente los excedentes de fondos en cuentas corrientes, luego de cubrir la demanda por encaje, con lo que se reduce la variabilidad de los depósitos de las entidades financieras en dicho banco.
  • Las operaciones de compra con compromiso de recompra de los títulos valores del BCRP y del Tesoro Público, son un instrumento de regulación monetaria que permite la inyección de liquidez, siendo que las compras de estos títulos valores se efectúan mediante subasta o compra directa, pudiendo participar en tales subastas las empresas bancarias, financieras, cajas municipales de ahorro y crédito, entre otras entidades financieras; y tratándose de su colocación directa, esta consiste en la compra de los mencionados títulos valores fuera de la subasta, de acuerdo a las condiciones y características que el BCRP determine.
  • Las operaciones de compra con compromiso de recompra en moneda extranjera, son un instrumento monetario para inyectar liquidez en moneda extranjera al sistema financiero y contribuir a la normal fluidez de las operaciones de los bancos, siendo que, mediante estas operaciones, el BCRP puede otorgar liquidez en dólares a las ESF a cambio de valores, tales como los Certificados de Depósito de dicho banco y los Bonos del Tesoro Público, con el compromiso de que dichas instituciones financieras reviertan la operación en la fecha que sea pactada.

De esta manera, las operaciones materia de consulta constituyen instrumentos de regulación monetaria que utiliza el BCRP para cumplir con su finalidad de preservar la estabilidad monetaria del país que no constituyen transferencia de bienes, entrega en uso o prestación de servicios, por lo que, no corresponde la emisión de comprobantes de pago.

2.- Aplicación del límite de deducción de intereses por préstamos a favor de consorcios que llevan contabilidad independiente

Con relación al límite para la deducción de intereses establecido en el inciso a) del artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta vigente en los ejercicios 2019 y 2020, la Administración Tributaria a través de su Informe No. 000072-2021-SUNAT/7T0000 señala lo siguiente:

  1. Dado que la regla contenida en el primer párrafo del numeral 1 del inciso a) del artículo 37° de la LIR está dirigida a todo contribuyente del impuesto a la renta generador de rentas de tercera categoría, cualquiera sea el tipo de contribuyente de que se trate; y siendo que los consorcios que lleven contabilidad independiente de la de sus partes contratantes son contribuyentes de dicho impuesto; el límite para la deducción de intereses a que se refiere el inciso a) del artículo 37° de la LIR es aplicable a préstamos realizados a su favor.
  2. El artículo 65° de la LIR establece la obligación de llevar un mínimo de libros y registros contables o contabilidad completa de los contribuyentes perceptores de rentas de tercera categoría, dependiendo de los ingresos brutos anuales que obtenga. En ese sentido, al llevar contabilidad independiente de la de sus miembros o partes contratantes, el consorcio debe registrar todas sus transacciones como persona jurídica para la determinación del impuesto a la renta; siendo que, para efectos de la preparación de los estados financieros, los consorcios con contabilidad independiente deben aplicar las Normas Internacionales de Información Financiera.

    Ahora bien, para fines de presentación de los estados financieros en la declaración jurada anual de dicho impuesto, los consorcios registran en el patrimonio los resultados acumulados (ya sea utilidad o pérdida) generados por su propia actividad, la cual es independiente a la actividad de los consorciados; por lo que se puede afirmar que este patrimonio neto es independiente al patrimonio de los consorciados.

    Siendo ello así, para efectos del impuesto a la renta, en el caso de los consorcios que llevan contabilidad independiente de la de sus partes contratantes el patrimonio neto está conformado por los conceptos que se encuentran comprendidos en las cuentas del elemento “Patrimonio” del Plan Contable General Empresarial, los que provienen de los activos asignados por los miembros del consorcio y de los resultados generados por el propio contrato de consorcio con contabilidad independiente, así como de las actualizaciones del valor del patrimonio.

  3. En caso un consorcio que lleva contabilidad independiente de la de sus partes contratantes haya suscrito un contrato de mutuo (préstamo) con un banco local (no vinculado) hasta el 13.9.2018, y este haya realizado algunas entregas de dinero al consorcio con posterioridad a esa fecha, el límite de deducción de los intereses correspondientes a dichas entregas estará regulado, hasta el 31.12.2020, por lo establecido en el inciso a) del artículo 37° de la LIR antes de la modificatoria establecida por el artículo 3° del Decreto Legislativo No. 1424.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA

1.- Proponen disposiciones para facilitar la declaración de determinados conceptos mediante el formulario virtual Declara Fácil 621 IGV – Renta Mensual

La SUNAT con fecha 12 de agosto de 2021, publicó en su página web, el Proyecto de Resolución de Superintendencia que dicta disposiciones para facilitar la declaración de determinados conceptos mediante el Formulario Virtual Declara Fácil 621 – IGV Renta Mensual.

Ello, a fin de proporcionar información personalizada que se mostrará automáticamente en las casillas del referido formulario como una ayuda antes de su presentación a determinados sujetos que no se encuentran obligados a llevar su registro de ventas e ingresos en forma electrónica, pero que son emisores electrónicos de comprobantes de pago, notas de crédito y de débito, se estima conveniente poner a disposición de dichos sujetos un documento electrónico denominado “Reporte de Ventas”, el cual, en caso de ser aceptado por el deudor tributario, mostrará automáticamente en las casillas del formulario Declara Fácil 621 IGV – Renta mensual la información proveniente de los comprobantes de pago electrónicos, notas de débito y de crédito que se haya recibido mediante el envío de ejemplares, declaraciones juradas informativas y comunicaciones de baja;

Los comentarios al proyecto de resolución de superintendencia pueden dirigirse hasta el día 21 del mes de agosto de 2021 a la siguiente dirección de correo electrónico: vvizzib@sunat.gob.pe.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL

1.- El no exhibir libros o registros sobre las actividades del contribuyente requeridos por la administración tributaria, configura infracción del art. 177° del Código Tributario

Con relación a la exhibición de documentos solicitado por la Administración, el Tribunal Fiscal en la Resolución No. 07193-3-2020 señaló lo siguiente:

‘‘El artículo 177 del Texto Único del Código Tributario en su numeral 1, dispone que constituye infracción no exhibir los libros, registros u otros documentos que la Administración solicite (…). Mientras que el numeral 5 del citado código señala que constituye infracción no proporcionar la información o documentos que sean requeridos por la Administración sobre sus actividades o las de terceros con las que guarde relación o proporcionarla sin observar la forma, plazos y condiciones que ésta establezca (…)”.

El contribuyente sostuvo que de conformidad con el artículo 65° de la Ley del Impuesto a la Renta no estaba obligado a llevar el Registro de Activo Fijo porque su ingreso anual correspondiente al ejercicio gravable 2018 fue de S/ 5’841 187 y sus ventas no superaron las 1,700 UIT de ingresos brutos anuales. Por lo demás no presentó argumento ni sustento alguno.

Por su parte, la Administración Tributaria señaló que en la fiscalización parcial del Impuesto General a las Ventas de los períodos de mayo a octubre de 2018, practicada al contribuyente, este no presentó el Libro de Actas de Junta de Accionistas y Directorio, el Libro de Matrícula de Acciones, el Libro de Inventario y Balances ni el Registro de Activo Fijo, así como tampoco la copia de la base de datos en dispositivo de almacenamiento en formato Excel o Texto de los Libros y Registros solicitados, por lo que al no cumplir con exhibirlos, incurrió en la comisión de las infracciones previstas en los numerales 1 (por el Libro de Actas de Juntas de Accionistas y Directorio, Libro de Matrícula de Acciones y el Registro de Activo Fijo) y 5 (por la base de datos) del artículo 177° del Código Tributario.

Al respecto el Tribunal Fiscal indicó que la recurrente al ser una persona jurídica generadora de rentas de tercera categoría, en su declaración jurada del ejercicio 2018 al consignar importes por Inmuebles, Maquinarias y Equipos y Depreciación de Activos, se encuentra obligada a llevar el Registro de Activos Fijos, en virtud de lo establecido en el inciso f) del artículo 22° del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta así como a exhibir lo solicitado por la Administración Tributaria, en ese sentido, declaró que la resolución de multa impugnada se encuentra arreglada a ley y, en consecuencia, confirma la resolución apelada.

2.- Reparo de bonificación extraordinaria pagada a un grupo de trabajadores

Con relación a la bonificación extraordinaria pagada a un grupo de trabajadores, el Tribunal Fiscal a través de su Resolución N° 03494-1-2020 señala lo siguiente:

‘‘De acuerdo con el inciso l del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta, en las resoluciones 1752-1-2006, 898-4-2008, entre otras, se ha establecido que la generalidad de los gastos debe verificarse en función al beneficio obtenido por funcionarios de rango o condición similar, y dentro de esta perspectiva podría ocurrir que el beneficio corresponda solo a una persona, sin que ello incumpla con el requisito de generalidad (…) a fin de que un gasto cumpla con el principio de causalidad, no solo se debe indicar la relación existente entre el egreso y la generación de renta gravada o el mantenimiento de la fuente productora, resulta necesario que la causalidad se encuentre acreditada con la documentación correspondiente’’.

En el presente caso, se solicitó al contribuyente que sustente con documentación fehaciente los gastos contabilizados por concepto de participación de utilidades, tales como las boletas de pago de los trabajadores beneficiados, evaluación de cada trabajador para obtener este derecho, etc. Para ello, la recurrente presentó asientos contables del gasto y pago, relación de trabajadores beneficiados, estados de cuenta bancarios, entre otros; sin embargo, no presentó boletas de pago firmadas por los trabajadores beneficiados, las políticas de otorgamiento por la bonificaciones por productividad y la evaluación por cada uno de los trabajadores.

En tal sentido, la recurrente no logró acreditar el concepto por el que se le otorgó el beneficio a los trabajadores, teniendo como concepto bonificación por productividad, mientras que en las boletas se mencionaba que era otorgado por participación de utilidades. Así, se determinó que la recurrente no sustentó fehacientemente con documentación de fecha cierta y la base legal respectiva el gasto por la participación de utilidades y/o bonificación por productividad.

Asimismo, el Tribunal Fiscal enfatizó que las retribuciones que realiza el empleador de manera voluntaria en favor de sus trabajadores, en virtud del vínculo laboral (léase: gratificaciones extraordinarias, bonos de productividad, bonificaciones especiales, entre otros), que en estricto son liberalidades ya que carecen de motivación específica, constituyen gastos deducibles siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos por la legislación del impuesto a la renta. Las comunicaciones presentadas por la recurrente no acreditan de manera fehaciente que el personal recibió los montos otorgados bajo el concepto de bonificación por productividad.

Siendo esto así, al no sustentar fehacientemente las operaciones contabilizadas en la cuenta 9022107, es función a la causa u origen del gasto reparado, pues parte de la documentación presentada hace referencia a participación adicional de utilidades y a otra bonificación por productividad, que son conceptos distintos, y siendo que no presentó los medios probatorios idóneos para acreditar el concepto y la deducibilidad del gasto, el Tribunal mantiene el reparo y confirma la apelada.

3.- Si el representante legal tiene un viaje programado, no es caso fortuito y por tanto no se puede prorrogar el plazo de fiscalización

Respecto a la prórroga del plazo del procedimiento de fiscalización por motivo de viaje del representante legal, el Tribunal Fiscal en la Resolución No. 07244-1-2019 señaló lo siguiente:

“Si bien el representante legal se encontraba fuera del país lo que impidió la presentación de la documentación requerida por la Administración como parte del procedimiento de fiscalización, dicho representante tenía conocimiento del procedimiento antes de su viaje; por lo que, contó con el tiempo suficiente para otorgar un poder a un tercero a fin de que cumpla con lo requerido por la Administración; por lo que, el viaje no constituye una caso fortuito o de fuerza mayor, ya que es un viaje que se realiza de manera habitual y por lo tanto, no es imprevisible”.

La Administración requirió a la recurrente comprobantes de pago de compras, facturas manuales y electrónicas, copias legalizadas y libros contables electrónicos e indicó que no exhibió la totalidad de los comprobantes de pago , por lo que incurrió en la infracción tipificada del numeral 1 del artículo 177° del Código Tributario, asimismo tampoco proporcionó la información relacionada con el detalle de los 10 comprobantes de pago anotados en su Registro de Compras que otorgan los mayores importes de crédito fiscal, por lo que incurrió en la infracción tipificada por el numeral 5 del artículo 177 del Código Tributario, lo cual no se afecta por el hecho de que el representante legal estuviera de viaje, pues en su ausencia un tercero pudo atender los requerimientos.

En ese sentido, el Tribunal Fiscal después de revisar las fechas de los pasajes aéreos y las notificaciones de los requerimientos, concluyó que el representante legal de la recurrente contó con tiempo suficiente para otorgar poder a un tercero a fin que cumpla con lo requerido por la Administración, lo que a su vez, desvirtúa lo alegado respecto a que el viaje constituye un caso fortuito o fuerza mayor, pues según lo manifestado durante la fiscalización y en su recurso de apelación, el representante efectúa el mismo viaje todos los años entre los meses de noviembre y diciembre, y que estaba programado con meses de anticipación. Por tanto, no se encuentra acreditado que el viaje fuera un evento inusual o irresistible, por lo que, declara confirmar la Resolución de Intendencia.

4.- Corresponde notificar la ampliación a un procedimiento de fiscalización definitiva dentro del plazo de 6 meses que dura la fiscalización parcial

Con relación a la ampliación de un procedimiento de fiscalización parcial a uno definitivo, el Tribunal Fiscal en la Resolución No. 04868-5-2020, señaló lo siguiente:

‘‘Al no haberse efectuado la ampliación del procedimiento de fiscalización parcial a un procedimiento de fiscalización definitiva hasta el 1 de junio de 2017, fecha en la que culminó el plazo de 6 meses aplicable a la fiscalización parcial iniciada, la ampliación del referido procedimiento de fiscalización parcial a uno de tipo definitivo no se efectúo conforme a ley, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 109 del Código Tributario, procede declarar la nulidad al haberse infringido el procedimiento legal establecido”.

El Tribunal Fiscal mencionó que conforme a lo establecido en la RTF de observancia obligatoria No. 02162-Q-2018, la ampliación de un procedimiento de fiscalización parcial a un procedimiento de fiscalización definitiva debe efectuarse antes de cumplirse los 6 meses del plazo de fiscalización parcial.

Al respecto, señaló que el plazo de fiscalización parcial del impuesto a la renta del ejercicio 2015 se inició el 1 de diciembre de 2016 y que culminaría el 1 de junio de 2017, si dentro del mismo no se presentaron causales de suspensión del cómputo del plazo o no se dispuso la ampliación del procedimiento parcial a un procedimiento de fiscalización definitiva. Por el contrario, durante la fiscalización parcial no se produjo la causal de suspensión prevista en el artículo 62-A del Código Tributario, debido a que la solicitud de prórroga de 22 de noviembre de 2016 fue presentada antes del inicio del plazo del procedimiento de fiscalización parcial, el cual culminó el 7 de junio de 2017 y que, conforme al precedente de observancia obligatoria, no se evidencia que la Administración hubiese comunicado la ampliación de la fiscalización parcial que venía practicando a una de tipo definitiva dentro del plazo mencionado, ya que la notificación se realizó recién el 7 de julio de 2017.

5.- Amplían plazo del procedimiento de fiscalización en vista de su complejidad debido al volumen de la documentación del contribuyente

Respecto a la prórroga del plazo del procedimiento de fiscalización, el Tribunal Fiscal en la Resolución No. 00002-Q-2021 señaló lo siguiente:

‘‘En ejercicio de su facultad discrecional, la Administración puede llevar a cabo fiscalizaciones o verificaciones, a fin de requerir información a los contribuyentes o terceros, siendo que en ejercicio de su función fiscalizadora está facultada a emitir requerimientos solicitando la documentación que considere pertinente, teniendo en cuenta el plazo establecido en el numeral 1 del artículo 62-A del Código Tributario sobre fiscalización definitiva”.

La quejosa considera que la Administración, vulnera el debido procedimiento administrativo, el artículo 62-A del Código Tributario y el Reglamento de Procedimiento de Fiscalización, debido a que se notificó fuera del plazo establecido y porque la prórroga no se encuentra sustentada.

La Administración indicó que se comunicó a la quejosa la prórroga del plazo del procedimiento de fiscalización definitiva del impuesto a la renta 2018 y el detalle de las suspensiones de dicho plazo que incluyen las prórrogas solicitadas por el contribuyente, así como por las disposiciones emitidas por el Gobierno Central a causa de la pandemia por el COVID-19, por la complejidad de la fiscalización por el volumen de la documentación que sustenta las operaciones contabilizadas en sus Libros y Registros Contables y porque el deudor tributario es parte de un grupo empresarial.

Al respecto el Tribunal Fiscal indicó que la Administración sustentó la prórroga del plazo de fiscalización, al señalar que existía complejidad de la fiscalización debido al volumen de la documentación que sustentan las operaciones contabilizadas del contribuyente. Asimismo, mencionó que se han indicado los motivos que sustentan la prórroga del plazo del procedimiento de fiscalización, que contiene las razones jurídicas y fácticas, las que resultan razonables. Además, la prórroga se encuentra sustentada, porque el contribuyente forma parte de un contrato de colaboración empresarial.

En ese sentido, el Tribunal declaró infundada la queja al indicar que la prórroga del plazo de fiscalización se encuentra motivada.

6.- Ser miembro de un consorcio implica tener calidad de responsable solidario por las deudas que se generan durante su participación independientemente de su porcentaje

En función a la atribución de responsabilidad solidaria por el íntegro de la deuda del consorcio con contabilidad independiente al consorciado con menor porcentaje de participación, el Tribunal Fiscal en su Resolución No. 02604-8-2020 señaló lo siguiente:

‘‘[…] de lo expuesto, se concluye que se encuentra acreditado que la recurrente formó parte del Consorcio, el cual califica como contribuyente del Impuesto a la Renta, al llevar contabilidad independiente a la de sus partes, conformado para la realización de la obra, que habría incumplido con obligaciones tributarias del mencionado impuesto y que la deuda tributaria en mención se encuentra pendiente de pago; por lo tanto, de conformidad con lo establecido por el último párrafo del artículo 18° del Código Tributario, la recurrente es responsable solidaria por la aludida deuda generada y en consecuencia, se encuentra arreglada a ley la atribución de dicha responsabilidad solidaria efectuada a través de la resolución de determinación impugnada en cuanto a la deuda contenida en la Orden de Pago y, en ese sentido, corresponde confirmar la resolución apelada en ese extremo”.

El Tribunal Fiscal concluye que se encuentra acreditado que la recurrente formó parte del Consorcio, que califica como contribuyente del Impuesto a la Renta del ejercicio 2013. Asimismo, incumplió sus obligaciones tributarias derivadas del mencionado impuesto y la deuda tributaria se encuentra pendiente de pago por lo que, en función a lo establecido en el último párrafo del artículo 18° del Código Tributario, la recurrente es responsable solidaria por la aludida deuda.

NOVEDADES NORMATIVAS LABORALES

1.- Aprueban listado de empleadores elegibles para la asignación del subsidio para la recuperación del empleo formal en el sector privado

La Resolución Ministerial N° 142-2021-TR publicada el 13 de agosto de 2021, aprueba el listado de empleadores elegibles que califican para la asignación del subsidio, así como, el monto que corresponde por dicho concepto, respecto al mes de mayo de 2021 a fin de recuperar el empleo formal en el sector privado, el cual se podrá revisar en el siguiente link: https://www.gob.pe/institucion/mtpe/normas-legales/2067754-142-2021-tr.

Cabe recordar que los empleadores incluidos en el listado gestionan el desembolso del subsidio siempre que, previamente, acrediten en la Ventanilla Integral Virtual del Asegurado-VIVA del Seguro Social de Salud – EsSalud, el cumplimiento de las condiciones indispensables.

Trámite para el desembolso a través del VIVA del EsSalud

  • El empleador elegido consigna, a través de su representante autorizado para el trámite del subsidio, la información requerida en la plataforma VIVA del EsSalud, la que incluye los datos personales de dicho representante. EsSalud verifica que el representante ante VIVA del EsSalud se encuentre autorizado por el representante legal del empleador, a efectos de obtener el usuario y contraseña de ingreso para el trámite correspondiente, en un plazo máximo de 5 días hábiles posteriores a la presentación de la solicitud para obtener usuario y contraseña.
  • El empleador brindará a través de la plataforma, las declaraciones juradas y el CCI de la cuenta del empleador para el abono del subsidio, la cual debe corresponder a una cuenta válida y activa en moneda nacional. El empleador asume la responsabilidad en caso de que la transferencia del subsidio se realice a un tercero por haber informado errónea del CCI.
  • El otorgamiento del subsidio puede ser gestionado a partir del cuarto día hábil de efectuada la publicación y envío a EsSalud de los listados de empleadores elegibles del sector privado, teniendo como plazo máximo el 14 de diciembre de 2021. EsSalud realiza el pago del subsidio a los 7 días hábiles de realizada la solicitud para su otorgamiento.

Asimismo, es condición para el desembolso, no tener en trámite ante la Autoridad Administrativa de Trabajo competente una terminación colectiva de contratos de trabajo durante el mes en que se realiza el pago del subsidio.

2.- Aprueban el servicio de casilla electrónica para publicidad certificada y compendiosa

La Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos N°106-2021-SUNARP/SN publicada el 13 de agosto de 2021, aprueba el servicio de Casilla Electrónica para publicidad certificada y compendiosa, a la cual se hará llegar las notificaciones sobre la atención de las solicitudes de ciertos servicios de publicidad.

Servicios de publicidad

  1. Certificado Literal de todos los registros jurídicos.
  2. Certificado de Vigencia de Poder de Persona Jurídica.
  3. Certificado Registral Inmobiliario (CRI).
  4. Certificado de Cargas y Gravámenes.
  5. Certificado de Vigencia de Órgano Directivo.
  6. Certificado de Vigencia de Persona Jurídica.
  7. Certificado Positivo de Unión de Hecho.
  8. Certificado Negativo de Unión de Hecho.
  9. Certificado Positivo de Sucesión Intestada.
  10. Certificado Negativo de Sucesión Intestada.

Afiliación alternativa

La afiliación al servicio de Casilla Electrónica para publicidad certificada y compendiosa es opcional. La no afiliación no impide la prestación de dichos servicios ni incide en los efectos de la publicidad registral.

Implementación progresiva del servicio de Casilla Electrónica

Mediante Resolución de Superintendencia Nacional se amplía el servicio de Casilla Electrónica para las notificaciones en los procedimientos administrativos registrales a cargo de las Unidades Registrales y la Dirección Técnica Registral, en los procedimientos en apelación ante el Tribunal Registral, así como en los trámites administrativos en general a cargo de la SUNARP.

Vigencia: Al día siguiente de la publicación de los lineamientos emitidos por la Dirección Técnica Registral.

3.- Establecen diversas precisiones para la reactivación del Poder Judicial posterior al levantamiento de la emergencia por COVID-19

La Resolución Administrativa No. 000249-2021-CE-PJ publicada el 17 de agosto de 2021, establece precisiones, respecto a la aplicación de la Resolución Administrativa Nº 000240-2021-CE-PJ, “Medidas de reactivación de los órganos jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial, posterior al levantamiento del aislamiento social obligatorio”, del 30 de julio de 2021, a fin de que el Poder Judicial funcione con celeridad y eficiencia.

De esa manera, realizan las siguientes precisiones:

  • El trabajo presencial interdiario del personal auxiliar, se realizará por grupos debidamente organizados por el responsable de cada área.
  • Se mantiene el trabajo remoto, íntegramente, a todo juez, jueza; así como personal jurisdiccional y administrativo considerado en grupos de riesgo al COVID-19 determinado por ley y debidamente comprobado; aun cuando tengan las dosis completas de vacunación.
  • En los órganos jurisdiccionales implementados con el Expediente Judicial Electrónico, los presidentes de las Cortes Superiores evaluarán la asistencia de los jueces y juezas; quienes concurrirán a sus despachos por lo menos una vez a la semana.
  • Las Oficinas Desconcentradas de Control de la Magistratura efectuarán el control del trámite de expedientes y producción jurisdiccional de los jueces y juezas que realizan trabajo presencial y/o remoto.
  • El personal administrativo que actualmente realiza trabajo remoto continuará efectuándolo hasta nueva disposición.

Vigencia: 18 de agosto de 2021.

4.- Regulan el trabajo remoto de jueces y juezas si en la sede judicial no existe capacidad tecnológica adecuada

La Resolución Administrativa No. 000256-2021-CE-PJ publicada el 18 de agosto de 2021, establece que los presidentes y presidentas de las Cortes Superiores de Justicia del país, por excepción, pueden regular el trabajo remoto de jueces y juezas si en la sede judicial no existe capacidad tecnológica adecuada; quienes concurrirán a sus despachos cuando menos una vez por semana.

Vigencia: 19 de agosto de 2021.

5.- SBS efectúa precisiones al procedimiento operativo para la jubilación anticipada

Mediante Resolución SBS N° 02455-2021 publicada el 21 de agosto de 2021 y vigente desde el 1 de setiembre de 2021, la SBS adecuó el procedimiento operativo de la Ley No. 31332, que oficializa la uniformización de la edad de jubilación a 50 años, tanto para el denominado Régimen Especial de Jubilación Anticipada para Desempleados (REJA), así como para aquellos afiliados que soliciten la Jubilación Anticipada Ordinaria (JAO).

En ese sentido, exponemos las modificaciones:

  • Para el caso de aquellos afiliados que cuenten con RUC, deben haber percibido por rentas de cuarta categoría, ingresos iguales o menores a 7 UIT en los 12 meses previos a la fecha de la presentación de la solicitud para acceder al REJA.
  • La AFP debe verificar la condición de desempleo en el caso de trabajadores que percibieron rentas de quinta categoría, validando la inexistencia de relación laboral activa en el período de evaluación de dicha condición, a cuyo efecto debe hacer uso de los diferentes mecanismos de verificación, tales como AFPNet, Estado de Cuenta u otros.
  • En caso la AFP identifique la existencia de vínculo laboral, , debe solicitar al afiliado que presente una copia legalizada de la liquidación de beneficios sociales o certificado de retiro de la CTS o Declaración Jurada del Empleador con cargo de carta de renuncia, despido, u otra causal de extinción del vínculo laboral.
  • Para la Jubilación Anticipada Ordinaria (JAO), debe estar afiliado a una AFP y tener más de 50 años cumplidos a la fecha de la solicitud y obtener una pensión igual o superior al 40% del promedio de las remuneraciones percibidas y rentas declaradas durante los 120 meses anteriores a la presentación de la solicitud. Para el cálculo de la remuneración promedio que sirve de base para evaluar el acceso, no se consideran las gratificaciones de julio y diciembre. Asimismo, es requisito contar con una densidad de cotización de, por lo menos, 60% respecto de los últimos 120 meses.
  • En el caso de aquellos afiliados cuyas solicitudes por REJA o JAO fueron presentadas ante la AFP con anterioridad a la entrada en vigencia de la Resolución en comentario, y que no haya sido materia de pronunciamiento por parte de la AFP, se evalúan aplicando las modificaciones establecidas.

Adicionalmente, se precisa que las AFP deben modificar su página web, boletines informativos digitales, constancias de atención, así como todo mecanismo de información, validación y operacional con relación al requisito de la edad para el acceso al régimen especial de jubilación.

6.- Aprueban el Modelo de Identificación de Riesgo de Trabajo Infantil (MIRTI)

La Resolución Ministerial Nº 152-2021-TR publicada el 21 de agosto de 2021, aprueba el “Modelo de Identificación de Riesgo de Trabajo Infantil (MIRTI)”, en el marco de la gestión territorial de la política para la prevención y erradicación del trabajo infantil, con el fin de disponer de una herramienta que estime el riesgo de trabajo infantil en el territorio peruano y, sobre la base de dichos resultados, adoptar decisiones que permitan priorizar y focalizar intervenciones de política pública en materia de prevención y erradicación del trabajo infantil.

Vigencia: 22 de agosto de 2021.

 

Primera quincena de Agosto 2021

NOVEDADES NORMATIVAS TRIBUTARIAS

1.- SUNAT aprueba disposiciones para otorgar aplazamiento y/o fraccionamiento por el saldo de deuda tributaria contenido en una resolución de pérdida del RAF

La Resolución de Superintendencia N° 000111-2021/SUNAT publicada el 28 de julio de 2021, aprueba disposiciones para la aplicación de la excepción que permite a la SUNAT otorgar aplazamiento y/o fraccionamiento por el saldo de deuda tributaria contenido en una resolución de pérdida del Régimen de aplazamiento y/o fraccionamiento (RAF) aprobado por el Decreto Legislativo N° 1487.

Como se sabe, a través del Decreto Supremo N° 144-2021-EF se estableció que el saldo de la deuda tributaria acogida con anterioridad al RAF comprendida en resoluciones de pérdida declarada por la SUNAT podría ser acogida por única vez y hasta el 31 de diciembre de 2021, a un nuevo aplazamiento y/o fraccionamiento otorgado en virtud del artículo 36° del Código Tributario.

En ese sentido, la Resolución en comentario establece las disposiciones para la aplicación del Decreto Supremo N° 144-2021-EF que otorgó la posibilidad de refinanciar el RAF de manera excepcional. Así, establece el procedimiento para la presentación de la solicitud de acogimiento, por única vez, del saldo del RAF al aplazamiento y/o fraccionamiento particular del artículo 36° del Código Tributario, su desistimiento, las características de las garantías, la forma, plazo y condiciones en que se entregan o formalizan y demás disposiciones aplicables, incluyendo su renovación.

  • Saldo del RAF que puede ser materia de refinanciamiento:

    Por única vez y hasta el 31 de diciembre de 2021, siempre que el saldo cuente con lo siguiente:

    1. No esté incluido en un procedimiento concursal o en un procedimiento de liquidación judicial o extrajudicial, a la fecha de presentación de la solicitud de refinanciamiento.
    2. No esté comprendido en la resolución de pérdida del RAF impugnada o comprendida en una demanda contenciosa administrativa o acción de amparo, salvo que:
      • A la fecha de presentación de la solicitud se hubiera aceptado el desistimiento de la pretensión y conste en resolución firme.
      • La resolución de pérdida del RAF se encuentre comprendida en una demanda contenciosa administrativa o en una acción de amparo en las que no exista una medida cautelar notificada a la SUNAT ordenando la suspensión del procedimiento de cobranza coactiva.

    No puede ser materia de una solicitud de refinanciamiento el saldo del RAF que, de forma independiente o en conjunto con otros saldos, resulte menor al 5% de la UIT.

    El acogimiento al refinanciamiento es por el total del saldo del RAF, y de corresponder, por el total de cada uno de los otros saldos.

  • Plazos máximos y mínimos:

  • Procedimiento para la presentación de la solicitud de refinanciamiento:

    Para ello, se deberá tener en cuenta lo siguiente:

    • Reporte de precalificación
    • Deuda personalizada
    • Forma y condiciones para la presentación de la solicitud de refinanciamiento
    • Pago de la cuota de acogimiento
    • Causales de rechazo
  • Presentación de nuevas solicitudes de acogimiento:

    La presentación de nuevas solicitudes de refinanciamiento que incluyan un saldo del RAF distinto a aquel que por única vez se acogió a dicha facilidad, se puede efectuar aun cuando este último no hubiera sido cancelado, siempre que no se cuente con más de 9 resoluciones aprobatorias de refinanciamiento, incluidas aquellas emitidas en base a lo establecido en la Resolución.

  • Cuota de acogimiento:
    • Se determina en función al monto del saldo del RAF y, de corresponder, otros saldos y al plazo por el que se solicita fraccionar o aplazar y fraccionar.
    • Debe cancelarse a la fecha de presentación de la solicitud de refinanciamiento o hasta la fecha de vencimiento de pago de los intereses del aplazamiento, tratándose de solicitudes de refinanciamiento para fraccionar o aplazar y fraccionar dichos saldos, respectivamente.
    • No puede ser menor al 5% de la UIT.
    • No se exige:
      1. Para la presentación de las solicitudes de refinanciamiento para aplazar el saldo del RAF y, de corresponder, otros saldos.
      2. Cuando a la fecha de presentación de las solicitudes de refinanciamiento para fraccionar o aplazar y fraccionar el saldo del RAF y, de corresponder, otros saldos, el deudor tributario tenga la calidad de buen contribuyente.
      3. Cuando el plazo y monto del saldo del RAF y, de corresponder, otros saldos, que se solicita fraccionar o aplazar y fraccionar es menor o igual a 12 meses y menor o igual a 3 UIT, respectivamente.
    • El solicitante debe efectuar como mínimo el pago de la cuota de acogimiento, de acuerdo con los siguientes porcentajes:
      • Fraccionamiento

      • Aplazamiento y fraccionamiento

  • Aprobación o denegación de la solicitud:

    La SUNAT, mediante resolución expresa, aprueba o deniega el refinanciamiento solicitado o acepta, de ser el caso, el desistimiento de la solicitud de refinanciamiento presentada.

  • De la pérdida del fraccionamiento:

    El deudor tributario pierde el refinanciamiento concedido en cualquiera de los supuestos siguientes:

    1. Tratándose de fraccionamiento, cuando adeude el íntegro de 2 cuotas consecutivas. Asimismo, cuando no cumpla con pagar el íntegro de la última cuota dentro del plazo establecido para su vencimiento.
    2. Tratándose solo de aplazamiento, cuando no cumpla con pagar el íntegro de la deuda tributaria aplazada y el interés correspondiente al vencimiento del plazo concedido.
    3. Tratándose de aplazamiento y fraccionamiento, se pierden:
      1. Ambos, cuando el deudor no pague el íntegro del interés del aplazamiento hasta la fecha de su vencimiento.
      2. El fraccionamiento, cuando no cancele la cuota de acogimiento o, si habiendo cumplido con pagar la cuota de acogimiento y el íntegro del interés del aplazamiento, se adeudara el íntegro de 2 cuotas consecutivas o cuando no se cumpla con pagar el íntegro de la última cuota dentro del plazo establecido para su vencimiento.
    4. Cuando no cumpla con mantener las garantías otorgadas a favor de la SUNAT u otorgarlas o renovarlas en los casos previstos.

    Establece también que si el deudor tributario impugna una resolución de pérdida de refinanciamiento debe continuar con el pago de sus cuotas hasta la notificación de la resolución que confirme su pérdida o el término del plazo del refinanciamiento; así como mantener vigente, renovar o sustituir la garantía del refinanciamiento hasta que la resolución quede firme en la vía administrativa.

    Finalmente, en caso haya recibido una notificación de pérdida del RAF y dicha deuda se encuentre en cobranza coactiva, es posible solicitar la solicitud de refinanciamiento hasta el 31 de diciembre de 2021, sin embargo, no suspenderá la cobranza coactiva hasta que SUNAT apruebe la solicitud presentada.

Vigencia: 29 de julio de 2021.

2.- SUNAT establece nuevas disposiciones para el llevado del registro de ventas e ingresos en forma electrónica

La Resolución de Superintendencia No. 000112-2021/SUNAT publicada el 31 de julio de 2021, dispone que en vista de la implementación del código de anotación de registro (CAR), el cual se origina por cada operación anotada en el Registro de Ventas e Ingresos generado conforme a las nuevas disposiciones que se aprueban y que debe anotarse en el Libro Diario o el Libro Diario en Formato Simplificado, resulta necesario modificar las estructuras de los ítems 5.1 y 5.2 del anexo N° 2 de la Resolución de Superintendencia N° 286-2009/SUNAT relativo al SLE-PLE; así como los Formatos 5.1 y 5.2, Libro Diario y Libro Diario en Formato Simplificado, respectivamente, regulados en la Resolución de Superintendencia N° 234-2006/SUNAT.

Asimismo, se modifican las notas 11, 13, 14 y 15 del anexo II del Reglamento de Gradualidad aplicable a infracciones del Código Tributario, a efectos de adecuar la forma de subsanar a las particularidades del Registro de Ventas e Ingresos que se genere conforme a las   disposiciones que se aprueban en el Registro de Ventas e Ingresos Electrónico (en adelante, RVIE); así como introducir ajustes en otras resoluciones para contemplar la implementación del registro que se genere mediante el nuevo sistema.

A continuación, exponemos las disposiciones más relevantes:

Vigencia: 1 de agosto de 2021.

3.- SUNAT establece nuevas fechas para la generación del expediente electrónico de devolución

Mediante Resolución de Superintendencia N° 000114-2021/SUNAT publicada el 8 de agosto de 2021, la SUNAT modifica el Anexo III de la Resolución de Superintendencia N° 084-2016/SUNAT a fin de postergar las fechas a partir de las cuales se generarán los expedientes electrónicos relativos a los procedimientos de devolución.

Ello, con la finalidad de optimizar las herramientas informáticas con que se cuenta para la generación de dichos expedientes, por lo que resulta indispensable modificar el mencionado anexo a fin de que la implementación de aquellos en las dependencias no comprendidas en la primera fase se inicie en una fecha posterior y se desarrolle en forma gradual, de acuerdo con el siguiente detalle:

Vigencia: 9 de agosto de 2021.

4.- Régimen laboral y tributario de la asociatividad de los productores agrarios en cooperativas agrarias

La Ley No. 31335 publicada el 10 de agosto de 2021, desarrolla el marco normativo para el fortalecimiento organizacional, fomento y promoción de las cooperativas agrarias de usuarios y de sus organismos de integración, dotándolas a su vez de un régimen tributario que responda a su naturaleza y al tipo de actos que desarrollan con sus socios.

  • Extensión de beneficios de las MYPE

    Todos los beneficios y medidas de promoción establecidas o que se establezcan para las MYPE en materia de producción, comercialización de sus productos, promoción de sus exportaciones, garantías, servicios financieros, acceso a financiamientos, fondos, programas, entre otros, son automáticamente extensivos a las cooperativas agrarias de usuarios sin limitación ni restricción alguna, en la medida que les sean aplicables y resulten más beneficiosos.

  • Ámbito laboral:

    A los trabajadores de las cooperativas agrarias se les aplican el régimen laboral de la actividad privada en virtud del Decreto Supremo N° 074-90-TR, Ley General de Cooperativas y el Decreto Legislativo N° 677, que regula la participación en la utilidad, gestión y propiedad de los trabajadores de las empresas que desarrollan actividades generadoras de rentas de tercera categoría.

    Asimismo, el trabajador tiene la facultad de elegir percibir la remuneración diaria e integrar en ella, de manera proporcional, los conceptos de CTS y gratificaciones.

  • Ámbito tributario:

    Establece las disposiciones para la aplicación del Impuesto a la Renta e Impuesto General a las Ventas, así como la responsabilidad de la cooperativa por el cumplimiento de obligaciones tributarias generadas por actos cooperativos con sus socios. Asimismo, dispone el régimen tributario de los socios productores agrarios y otras obligaciones formales, deroga la Ley N° 29972, Ley que promueve la inclusión de los productores agrarios a través de las cooperativas, y normas complementarias.

  • Inafectación al impuesto a la renta

    Los ingresos netos obtenidos por la cooperativa agraria de usuarios, derivados de la realización de actos cooperativos, se encuentran inafectos al IR.

  • Afectación al impuesto a la renta

    Los ingresos netos que obtenga la cooperativa agraria de usuarios por operaciones que no califiquen como actos cooperativos, están afectos al impuesto a la renta, salvo que, por disposición legal, exista algún beneficio tributario que resulte aplicable.

    La cooperativa agraria que en el ejercicio obtenga ingresos afectos al IR por operaciones que no califiquen como actos cooperativos, aplican sobre su renta neta las siguientes tasas:

    1. Para cuyos ingresos netos no superen las 1,700 UIT en el ejercicio gravable:

    2. Para cuyos ingresos netos superen las 1,700 UIT en el ejercicio gravable:

  • Inafectación al impuesto general a las ventas

    Los actos cooperativos que realicen las cooperativas agrarias se encuentran inafectos al IGV por no estar incluidos dentro del ámbito de aplicación de este impuesto. Estos actos comprenden, entre otros, los siguientes:

    1. Adquirir bienes o servicios que requieran sus socios: Están inafectos al IGV tanto las entregas de recursos que efectúen los socios a su cooperativa agraria, como las entregas que la cooperativa agraria efectúe a favor de los socios de los bienes o servicios que adquiera en el mercado.
    2. Transferir bienes de sus socios: Está inafecta la entrega de los bienes que efectúan los socios a su cooperativa agraria, como la distribución de los ingresos obtenidos por la cooperativa agraria como consecuencia de haber colocado en el mercado los bienes de sus socios o los bienes transformados adquiridos de sus socios.
    3. Prestar servicios directos a sus socios: Está inafecto el servicio prestado al socio.
  • Operaciones afectas al IGV

    Las operaciones realizadas por las cooperativas agrarias que no califiquen como actos cooperativos, y que se encuentren dentro del ámbito de aplicación del IGV, están afectas a dicho impuesto, salvo que por disposición legal exista algún beneficio tributario que resulte aplicable.

  • Declaración y pago del IGV

    Las cooperativas agrarias deben tener en cuenta lo siguiente:

    • Son responsables por el IGV que corresponda pagar por las operaciones realizadas en beneficio de sus socios.
    • Deben declarar y pagar el IGV dentro de los plazos establecidos en el Código Tributario para las obligaciones de carácter mensual.
    • Tienen derecho a aplicar el crédito fiscal y saldos a favor por concepto del IGV que corresponda por las operaciones realizadas en beneficio de sus socios.

    En lo no previsto en la presente norma, resultan aplicables las disposiciones que regulan el IGV.

  • Saldo a favor del exportador y restitución simplificada de derechos arancelarios

    Las cooperativas agrarias tienen derecho a solicitar la devolución del saldo a favor del exportador, así como la restitución simplificada de los derechos arancelarios regulados en la LGA para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

  • Retenciones, percepciones y detracciones

    Las percepciones, retenciones y detracciones efectuadas a la cooperativa agraria pueden ser utilizadas por esta última para el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

    La cooperativa agraria es responsable por las operaciones que estén sujetas a los regímenes de retenciones, percepciones y detracciones que le sean encargadas por las normas respectivas.

  • Devolución del IGV

    Las cooperativas agrarias pueden solicitar la devolución del IGV trasladado o pagado en operaciones de importación y/o adquisición local de bienes, servicios y contratos de construcción en la medida que no hubiera sido posible utilizar dicho IGV como crédito fiscal o saldo a favor del exportador, como mínimo en un período de 3 meses consecutivos desde su traslado o pago. El reglamento establece el procedimiento a seguir para solicitar la devolución.

  • Coexistencia de otros regímenes

    Las cooperativas agrarias que generen rentas afectas de tercera categoría que, por su actividad, ubicación u otra característica particular pueden ser objeto de un régimen tributario más beneficioso, pueden optar por acogerse de manera complementaria a dicho régimen.

  • Transformación de asociación civil a cooperativa agraria de usuarios

    Ni el acuerdo de transformación ni la aplicación del patrimonio neto de la asociación para integrar la cuenta capital social y la cuenta reserva cooperativa, son considerados como una distribución directa ni indirecta de rentas para efectos tributarios.

  • Prima fairtrade, bonificación o premio

    Los recursos que obtengan las cooperativas agrarias como prima, bonificación, premio, o por cualquier concepto adicional, distinto al precio de venta pactado por cada cliente, con el fin de mejorar el desarrollo social, económico y las condiciones medioambientales respecto de los socios, trabajadores y de la comunidad en la que operan, no están afectos al impuesto a la renta o al IGV; siempre que se registren por separado en el comprobante de pago y que su utilización se encuentre acorde con los criterios de comercio justo fairtrade, o con los criterios del organismo internacional que corresponda, acordado y aprobado por la asamblea general de la cooperativa agraria. El acuerdo deberá constar en el acta correspondiente.

  • Impuesto a la renta de los socios productores agrarios
    • Los socios productores agrarios de las cooperativas agrarias se encuentran inafectos al impuesto a la renta hasta por 30 UIT de sus ingresos netos en el ejercicio.
    • Si los ingresos netos de los socios productores agrarios de las cooperativas agrarias se ubican en el rango de más de 30 UIT y hasta 140 UIT, tributan por concepto de impuesto a la renta mediante una tasa del 1.5 % sobre el exceso de 30 UIT, el mismo que será retenido y pagado por la cooperativa y tendrá carácter cancelatorio y definitivo.
    • No es de aplicación lo dispuesto en el primer párrafo del presente artículo a los socios productores agrarios que en el ejercicio anterior hubieran superado las 140 UIT de ingresos netos. En este caso, corresponde que los socios productores agrarios tributen de acuerdo con las disposiciones legales de su régimen tributario, considerando todos los ingresos netos que obtenga de la cooperativa agraria.
    • Lo dispuesto en la presente ley respecto del impuesto a la renta no afecta los beneficios tributarios que, por otras disposiciones legales, resulten aplicables a las rentas obtenidas por los socios productores agrarios.
  • Retención del impuesto a la renta a los socios productores agrarios

    Las cooperativas agrarias deben retener el impuesto a la renta de sus socios productores agrarios que corresponda, aplicando una tasa de 1.5 % sobre el exceso de las 30 UIT hasta 140 UIT de los ingresos netos devengados en el mes con carácter definitivo y cancelatorio.

    Si los referidos ingresos devengados superan las 140 UIT, las cooperativas agrarias continuarán reteniendo el 1.5 % hasta por el término del ejercicio en curso. En este caso, las retenciones que efectúe la cooperativa agraria a partir del período en que se supere el monto de 140 UIT tienen carácter de pagos a cuenta del impuesto a la renta o de pagos definitivos, según el régimen tributario que corresponda al socio, y de acuerdo con la categoría de renta que generen.

    Las cooperativas agrarias informan a cada socio productor agrario las retenciones efectuadas en el período mensual correspondiente, según dispongan las normas reglamentarias. El monto retenido debe ser abonado por las cooperativas agrarias a la Administración Tributaria dentro de los plazos establecidos en el Código Tributario para las obligaciones de carácter mensual. Serán responsables únicamente por las retenciones que les correspondan efectuar en función a los ingresos que atribuyan a sus socios productores agrarios. Tratándose de socios productores agrarios que obtengan ingresos por actos cooperativos en más de una cooperativa agraria, corresponde a aquellos regularizar su situación tributaria, de acuerdo con lo establecido en el reglamento, a partir del período en que el conjunto de sus ingresos netos atribuidos por las cooperativas agrarias supere las 30 UIT. En caso de que el socio productor agrario cuente con beneficios tributarios que, por otras disposiciones legales, resulten aplicables a las rentas que obtenga por la realización de actos cooperativos, debe comunicar a la cooperativa agraria este hecho, dentro del plazo establecido en el reglamento, a efectos de que no se proceda con la retención. La comunicación no exime al socio productor agrario, de ser el caso, del cumplimiento de sus obligaciones tributarias sobre los ingresos netos no sujetos a retención por parte de la cooperativa agraria.

  • Exoneración del impuesto a la renta

    Se encuentran exoneradas del impuesto a la renta por 3 años desde el 11 de agosto de 2021:

    1. Los intereses y comisiones por créditos provenientes de gobiernos extranjeros, organismos internacionales y/o de organizaciones cooperativas del exterior a favor de cooperativas agrarias domiciliadas en el país.
    2. Las retribuciones que se paguen a favor de sujetos no domiciliados por certificaciones internacionales y de comercio justo fairtrade vinculadas a las actividades que desarrollen las cooperativas agrarias domiciliadas en el país.
  • Exoneración del IGV

    Se encuentran exonerados del IGV por 3 años desde el 11 de agosto de 2021:

    1. Los servicios de créditos provenientes de gobiernos extranjeros, organismos internacionales y/o de organizaciones cooperativas del exterior a favor de cooperativas agrarias domiciliadas en el país.
    2. Los servicios de certificación internacional y de comercio justo fairtrade vinculados a las actividades que desarrollen las cooperativas agrarias domiciliadas en el país.
  • Acompañamiento tributario

    Tratándose de cooperativas agrarias, la SUNAT no aplicará las sanciones correspondientes a las infracciones vinculadas al llevado de libros y registros contables (numerales 1, 2, 5 y 10 del artículo 175 del Código Tributario y numeral 1 del artículo 177 del Código Tributario), a la presentación de declaraciones mensuales (numeral 1 del artículo 176 del Código Tributario) y a la obligación de realizar retenciones (numeral 13 del artículo 177 del Código Tributario), en el primer ejercicio de su acogimiento a la presente ley, siempre que la cooperativa agraria cumpla con subsanar la infracción, de acuerdo a lo que establezca la SUNAT mediante resolución de superintendencia.

  • Obligaciones a cargo de las cooperativas agrarias de usuarios

    Las cooperativas agrarias de usuarios están obligadas, entre otras, a:

    • Llevar los libros y registros que las normas tributarias señalen, además de los registros de retención de impuestos que les sean encargados.
    • Presentar declaraciones juradas del IGV e impuesto a la renta cuando corresponda.
    • Las cooperativas agrarias solicitan a la SUNAT la autorización para el uso del Documento Acto Cooperativo (DAC).
  • Obligaciones a cargo de los socios
    • Obligados a facilitar información a la cooperativa agraria y a la SUNAT cuando estas se las requieran respecto de las operaciones por actos cooperativos.
    • Se encuentran exceptuados de:
      1. Llevar libros y registros vinculados a asuntos tributarios, siempre que estén inafectos al IGV y adicionalmente estén inafectos al impuesto a la renta o el pago del total de este último impuesto se deba efectuar mediante retención.
      2. Presentar declaraciones juradas del impuesto a la renta, siempre que estén inafectos de dicho impuesto o el pago del total del impuesto se deba efectuar mediante retención.
    • No están obligados a inscribirse en el RUC cuando no generen impuesto a la renta e IGV por pagar. Se considera que no se genera impuesto a la renta por pagar cuando el socio califica como socio productor agrario, y en el ejercicio no supera el tramo inafecto dispuesto, o cuando generándose el impuesto a la renta este se encuentre cubierto en su totalidad por la retención que efectúe la cooperativa agraria y no hubiera otros ingresos distintos a los atribuidos por la cooperativa agraria por los cuales corresponda efectuar declaración y pago.
    • Lo señalado no es de aplicación a la cooperativa agraria, socia de otra cooperativa agraria.
  • Adecuación de los programas de declaración de obligaciones tributarias

    La SUNAT, en un plazo no mayor a 120 días calendario desde la fecha de publicación de la presente ley, debe adecuar sus programas de declaración para el cumplimiento de las obligaciones tributarias de las cooperativas agrarias.

  • Distribución de excedentes

    Las cooperativas agrarias pueden deducir como gasto los excedentes que distribuyen a sus socios en el ejercicio que los paguen. Por excepción, cuando el pago se efectúe dentro del plazo establecido para la presentación de la declaración jurada anual correspondiente al ejercicio, el excedente puede deducirse en dicho ejercicio.

  • Impuesto temporal a los activos netos – ITAN

    Se aplica a las cooperativas agrarias lo establecido en el artículo 4-A de la Ley 28424, Ley que Crea el Impuesto Temporal a los Activos Netos.

  • Impuesto de alcabala

    Las cooperativas agrarias están exoneradas del impuesto de alcabala que afecte la adquisición de inmuebles en cumplimiento de su objeto social, y que afecte los aportes que realicen a otras cooperativas agrarias.

  • Régimen laboral

    Las cooperativas agrarias, en las relaciones laborales con sus trabajadores, se rigen por lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley General de Cooperativas siéndoles aplicable el régimen laboral de la actividad privada y por el artículo 9 del Decreto Legislativo 677 que regula la participación en la utilidad, gestión y propiedad de los trabajadores de las empresas que desarrollan actividades generadoras de rentas de tercera categoría. De forma facultativa, el trabajador puede elegir percibir la remuneración diaria e integrar en ella, de manera proporcional, los conceptos de CTS y gratificaciones.

  • Reglamento

    Se aprueba mediante decreto supremo refrendado por el ministro de Economía y Finanzas y por el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, en un plazo no mayor de 60 días calendario contados a partir del 11 de agosto de 2021. Sin embargo, todas las disposiciones de la presente ley son aplicadas con sujeción a su propio texto, sin esperar su reglamentación ni la dación de normas complementarias.

Vigencia:

Desde el 11 de agosto de 2021. Tratándose de impuestos de periodicidad anual, los beneficios rigen a partir del ejercicio gravable de 2022.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA

1.- Proponen modificar disposiciones sobre el documento que acredita la percepción tratándose del régimen de percepciones del IGV aplicable a la adquisición de combustible y a la venta de bienes

La SUNAT con fecha 11 de agosto de 2021, propone el Proyecto de Resolución de Superintendencia que modifica disposiciones sobre el documento que acredita la percepción tratándose del régimen de percepciones del Impuesto General a las Ventas aplicable a la adquisición de combustible y a la venta de bienes. De esta forma, modificará lo siguiente:

  • Numerales 5 y 6 del artículo 7 de la Resolución de Superintendencia N.º 128-2002/SUNAT; así como los numerales 10.4 y 10.6 del artículo 10 de la Resolución de Superintendencia N.º 058-2006/SUNAT.
    • El “Comprobante de Percepción” no incluye las percepciones que deben acreditarse según lo señalado en el numeral 6 que indica que cuando la cancelación del íntegro del precio de venta y del monto de la percepción respectiva se efectúe hasta la oportunidad de la entrega del comprobante de pago correspondiente, el agente de percepción debe consignar en dicho documento la siguiente información no necesariamente impresa, a fin de que este acredite la percepción, en cuyo caso no corresponde la emisión del “Comprobante de Percepción” a que se refiere el presente artículo”.
    • El “Comprobante de Percepción – Venta Interna” no incluye las percepciones que deben acreditarse según lo señalado en el numeral 10.6 que indica que cuando la cancelación del íntegro del precio de venta y del monto de la percepción respectiva se efectúe hasta la oportunidad de la entrega del comprobante de pago correspondiente, el agente de percepción debe consignar en dicho documento la siguiente información no necesariamente impresa, a fin de que este acredite la percepción, en cuyo caso no corresponde la emisión del “Comprobante de Percepción – Venta Interna” a que se refiere el presente artículo”.
  • Numeral 1 del artículo 22 de la Resolución de Superintendencia N.º 188-2010/SUNAT y los anexos 16 y 21 de la Resolución de Superintendencia N.º 097-2012/SUNAT.
    • Emisión del CPE en el sistema CRE-CPE, de debe seleccionar la opción que indique que el CPE se emite para subsanar la omisión de la información sobre la percepción en el comprobante de pago electrónico o para corregir, en este, dicha información, según lo establece el segundo párrafo del numeral 5.1 del artículo 5 de la Resolución de Superintendencia No. 274-2015/SUNAT. La omisión en el ingreso o en la selección de la información indicada en este numeral, según corresponda, no permite la emisión del CPE”.
  • Numeral 5.1 del artículo 5 de la Resolución de Superintendencia N.º 274-2015/SUNAT.
    • Emisión del CPE, en caso se aplique lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 7 de la Resolución de Superintendencia N.° 128-2002/SUNAT o en el numeral 10.6 del artículo 10 de la Resolución de Superintendencia N.° 058-2006/SUNAT, el CPE se emite, de manera excepcional, para subsanar la omisión de la información sobre la percepción en el comprobante de pago electrónico o corregir, en este, dicha información. Cuando el comprobante de pago electrónico se emita en el SEE – SOL siempre se emite el CPE”.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL

1.- ¿Es necesario sustentar las mermas de producción normales o inevitables con un informe técnico que cumpla con los requisitos del inc. c) del artículo 21° del Reglamento de la LIR?

Con relación a la sustentación de las mermas de producción normales o inevitables, el Tribunal Fiscal en la Resolución N° 00869-8-2018 señaló lo siguiente:

“[…] [e]n el caso de mermas normales provenientes dentro del proceso productivo a fin de establecer un producto terminado, los cuales incidieron en el costo de ventas y/o producción, tal como también parte la Administración para establecer el reparo, y es que teniendo en cuenta lo expuesto, no resultaba exigible que el informe cumpliera con los requisitos exigidos por el inciso c) del artículo 21° del Reglamento del Impuesto a la Renta, contrariamente a lo señalado por la Administración, no obstante, si se requería que dicho costo estuviera acreditado”.

En el caso en particular, la SUNAT en función a la información anotada en el Registro de Inventario Permanente Valorizado del contribuyente, advirtió la salida de mermas de materia prima (específicamente de orégano), y que si bien había presentado el Informe Técnico para sustentar dichas mermas, este no detallaba la metodología empleada y las pruebas efectuadas, no cumplían con los requisitos regulados por el inciso c) del artículo 21° del Reglamento de la LIR. En atención a ello, reparó las mermas que habían incidido en la determinación del costo de ventas (por el costo de producción ) y efectuó la adición respectiva a la renta neta imponible del IR.

Por su parte, el Tribunal Fiscal señaló que las mermas de producción normales o inevitables integran el costo de producción, y a su vez, influye en el costo de ventas y/o producción, resultando por ello aplicable lo dispuesto por el artículo 20º de la LIR, esto es, la determinación de la renta bruta.

Sin embargo, las mermas anormales (evitables) y las que se generan fuera del proceso productivo se registran como un gasto, por lo que, incide en la determinación de la renta neta. En ese sentido, las mermas de ese tipo son las que están preceptuadas en el artículo 37º de la LIR.

En consecuencia, al no constituir un gasto ni incidir en la renta neta, no le resulta aplicable lo dispuesto en el inciso c) del artículo 21° del Reglamento de la LIR en cuanto a los requisitos del Informe Técnico relativos a la metodología empleada y las pruebas realizadas para la verificación de las mermas, toda vez que dicha exigencia guarda relación con la determinación de la renta neta y no de la renta bruta del contribuyente, siendo aplicables dichos requisitos en el caso de las mermas de producción, a aquellas anormales o evitables como aquellas ocasionadas por el manipuleo de carga o por el envasado del producto.

Siendo ello así, en virtud del tipo de merma en cada caso concreto, las empresas productoras al contar con mermas normales o inevitables tienen la exigencia de acreditar el costo de producción y ventas. En contraposición, si las mermas son anormales o evitables, resultará necesario presentar un Informe Técnico que efectivamente cumpla con los requisitos regulados en el inciso c) del artículo 21° del Reglamento de la LIR (detallando la metodología, emitido por un profesional independiente, colegiado, competente).

Si bien es cierto, no es una resolución de observancia obligatoria, es un criterio interesante ya que aclara la duda que muchos contribuyentes han tenido por mucho tiempo en vista que efectivamente, las mermas podían afectar tanto el costo de producción (costo de ventas en el momento de la venta del producto terminado) o el resultado (gasto) incidiendo en el primer caso en la determinación de la Renta Bruta y en el otro caso en la determinación de la Renta Neta. Para evitar inconvenientes se optaba por contar con un Informe Técnico de Mermas que cubriera las mermas normales y anormales; sin embargo, en una interpretación como lo ha hecho el Tribunal Fiscal en este caso, este requisito o condición solo se debería aplicar a las mermas anormales.

2.- Acreditación de causalidad de los intereses por operaciones de préstamo

Con relación a los reparos que no cumplen con el principio de causalidad, el Tribunal Fiscal en la Resolución N° 01241-10-2020 señaló lo siguiente:

“[…] [n]o se advierte que, en el caso de autos, la Administración hubiera llevado a cabo una correcta actuación probatoria, toda vez que en atención a los principios de impulso de oficio y verdad material, según la Ley del Procedimiento Administrativo General, correspondía que se analizara la información contenida en el Registro de Inventario Permanente Valorizado, en el análisis de las Cuentas de la Clase, en el Registro de Activos Fijos, y la información contenida en el Registro de Compras, todo ello con el propósito de verificar si con tal documentación conjuntamente con los documentos relevados por la propia Administración, se encuentra acreditado que los gastos por intereses, cumplían o no con el principio de causalidad, lo que no hizo”.

En el presente caso, el contribuyente sostuvo que los préstamos obtenidos en los periodos fiscalizados del 2016) fueron utilizados exclusivamente para la compra de mercadería o activos fijos. Asimismo, añadió que obtuvo préstamos bancarios y de empresas privadas para la adquisición de bienes muebles e inmuebles que fueron utilizados como capital de trabajo a fin de no utilizar los recursos necesarios para la compra de mercadería y mantener el stock mínimo requerido. Por otro lado, respecto al movimiento de efectivo y los préstamos de dinero obtenidos sostuvo que no son determinantes para realizar una acotación de oficio o determinar sobre la base presunta, pues el manejo financiero de una empresa no se ajusta a ningún parámetro normado por la legislación tributaria. Toda vez que los créditos bancarios se obtienen según las necesidades del momento, como sería la compra de bienes que ya estaban listos para ser usados, enajenados o aprovechados económicamente, por lo que los intereses generados son deducibles en virtud del inciso a) del primer párrafo del artículo 37° de la LIR, la NIC respectiva y la Ley del Impuesto General a las Ventas.

Por su parte, la Administración Tributaria señaló que el contribuyente no presentó en la fiscalización ni en la reclamación los medios probatorios que acrediten que los préstamos de dinero obtenidos hayan sido utilizados como capital de trabajo, que tampoco indicó su destino ni sustentó documentariamente su vinculación con la generación de renta gravada. En ese sentido, la SUNAT reparó el crédito fiscal de mayo, junio, setiembre y diciembre de 2016, por comprobantes de pago que no cumplieron con el principio de causalidad, en función del literal a) del artículo 18° de la Ley del IGV. Debe considerarse que la Resolución N° 1317-1-2005 señala que para la sustentación de gastos financieros no resulta suficiente el registro contable del abono del préstamo en el Libro de Caja y Bancos, sino que es necesaria la presentación de información que acredite su destino.

Al momento de revisar la documentación se observa que se suscribió un contrato de mutuo de dinero, y posteriormente la Aclaración de Escritura de Mutuo con Garantía Hipotecaria de fecha 10 de marzo de 2016, sin embargo, no se logró demostrar que el importe haya sido utilizado para la compra de mercadería, dado que no presentó documentación que acredite la vinculación del mutuo con la generación de renta gravada. Siendo esto así, no le correspondía utilizar el crédito fiscal consignado en los comprobantes de pago observados, procediendo a desconocer el crédito en función del artículo 18° de la Ley del IGV.

Finalmente, el Tribunal Fiscal concluye que se observan los gastos por los intereses de la revisión efectuada al Flujo de Caja presentado por el contribuyente, apreciando que no era necesario incurrir en algún mutuo de dinero u otros préstamos, dado que de enero a diciembre de 2016 se advierten saldos de caja iniciales y finales por montos elevados. No obstante, tal cuestionamiento incide en decisiones de gestión empresarial que no corresponde observar, por lo que lo expuesto en este aspecto por la Administración Tributaria carece de sustento. Así, revocó la apelada, a efectos de que la SUNAT verifique los documentos señalados, así como toda la información y documentación presentada por el contribuyente relacionada con los gastos por intereses.

3.- Informe de determinación de valor que sustenta la resolución de la solicitud de devolución no constituye acto reclamable

En atención a si el Informe de Determinación de Valor que la Administración emite para sustentar la resolución que resuelve una solicitud de devolución constituye un acto reclamable, el Tribunal Fiscal a través de la Resolución de Observancia Obligatoria No. 06569-A-2021, señaló:

“En los procedimientos relacionados con una solicitud de devolución, cuando para ello se ha emitido un Informe de Determinación de Valor, éste no constituye un acto reclamable por sí solo, sino que sirve de sustento para la resolución que resuelve la solicitud de devolución o de la resolución de determinación y/o de la liquidación de cobranza, según sea el caso”.

Al respecto, el procedimiento de ajuste de valor tiene como antecedente la solicitud de devolución en el que la recurrente establece como pretensión la devolución de la Liquidación de Cobranza, al considerar que el valor en aduana declarado por las mercancías importadas corresponde al precio realmente pagado o por pagar y la determinación realizada por la Administración Aduanera no estuvo conforme a ley.

Por su parte, la Aduana a través del Informe de Determinación de Valor indicó que la empresa importadora solicitó la devolución por pago indebido o en exceso de los derechos pagados mediante Liquidación de Cobranza y que adjuntó la documentación a fin de acreditar el valor declarado. En consecuencia, la Administración Aduanera continuó con el Procedimiento de Duda Razonable.

Asimismo, el precedente de observancia obligatoria en comentario tiene como fundamento el Acuerdo de Sala Plena 2021-01, que indicó que una vez solicitada la devolución, en el supuesto que se pretenda cuestionar el valor en aduana, la Administración Aduanera, a fin de verificar su procedencia, se encuentra facultada a iniciar un procedimiento de duda razonable para determinar dicho valor en aduana, el cual culminará con la determinación sustentada en el Informe de Determinación del Valor respetivo, pudiéndose obtener los siguientes resultados:

  1. Se mantiene el valor en aduana declarado inicialmente, ratificándose los tributos cancelados, caso en el cual, no se emite una Liquidación de Cobranza, al no existir tributos dejados de pagar;
  2. No se mantiene el valor en aduana declarado inicialmente, al verificarse un monto mayor que genera una diferencia de tributos dejados de pagar, para lo cual se emite la Liquidación de Cobranza respectiva;
  3. Se reconoce un monto menor al solicitado, debiéndose reliquidar los tributos en función al nuevo valor en aduana.

En cualquiera de los tres supuestos, el Informe de Determinación del Valor y su respectiva Liquidación de Cobranza, de emitirse, servirán como sustento para resolver la solicitud de devolución. En ese sentido, a través del acto resolutivo, la Administración Aduanera, tomando en cuenta la determinación, declarara procedente o no dicha devolución.

En consecuencia, el Tribunal Fiscal declaró la nulidad de la Resolución Jefatural de División emitida por la Intendencia de Aduana Marítima del Callao, debiendo la Administración Aduanera realizar las acciones que se precisan en la presente Resolución, en virtud del numeral 2 del artículo 109° del Código Tributario, al considerar como acto reclamable el informe de determinación de valor, más no la Resolución Jefatural de División que declaró improcedente la solicitud de devolución presentada por el recurrente.

Finalmente, el Tribunal Fiscal concluye que existen tres posibles pronunciamientos que puede expedir la Administración Aduanera a fin de resolver una solicitud de devolución, cuando para ello ha emitido un Informe de Determinación del Valor:

  1. Se reconoce el derecho a la devolución de todo o parte del monto solicitado.
  2. No se reconoce el derecho a devolución alguna, pues los tributos determinados como consecuencia de la importación son en su concepto los correctos.
  3. No sólo no se reconoce el derecho a devolución alguna, sino además se determinan tributos dejados de pagar en la importación.

Señala que en los tres supuestos, el Informe de Determinación del Valor sustentará el pronunciamiento de la Administración para aceptar o denegar, total o parcialmente, la solicitud de devolución, precisando que sólo en el supuesto C. servirá además para emitir una Resolución de Determinación que sustente los tributos dejados de pagar; así como la posibilidad de que la Administración emita dos actos administrativos reclamables: la Resolución que resuelve la solicitud de devolución y la Resolución de Determinación que sustenta los tributos dejados de pagar.

4.- Los beneficios del CDI Perú-Brasil rigen si se tiene el certificado de residencia del no domiciliado vigente en el periodo en que se genera la retención

Con relación a los beneficios del CDI con Brasil, el Tribunal Fiscal en la Resolución N° 09409-3-2019 señaló lo siguiente:

“El numeral 3 del artículo 27 del Convenio para evitar la doble tributación entre Perú y Brasil señala que las autoridades competentes de los Estados contratantes podrán regular las modalidades de aplicación del Convenio y, en particular, las formalidades que deben efectuar los residentes de un Estado Contratante para obtener en el otro Estado, las ventajas fiscales previstas en el Convenio”.

En el presente caso, en virtud del segundo párrafo del artículo 2° del Decreto Supremo N° 090-2008-EF, que regula el establecimiento de la obligación de requerir la presentación del Certificado de Residencia para aplicar los Convenios para evitar la Doble Imposición (CDI) y de la emisión de los Certificados de Residencia en el Perú emitido por un Estado con el cual el Perú ha celebrado el respectivo CDI; el agente de retención del Impuesto a la Renta por rentas pagadas o acreditadas a sujetos residentes en un Estado con el cual el Perú ha celebrado un CDI, o en general, de cualquier impuesto.

Por su parte, la copia del Certificado de Residencia Fiscal de Brasil, presentado por el contribuyente, consigna como fecha de emisión el 2 de setiembre de 2014, esto es, una fecha posterior a la acreditación y/o pago de la renta sujeta a retención, por lo que no resulta posible aplicar el CDI entre Perú y Brasil.

En ese sentido, la Administración Tributaria determinó omisiones en las retenciones del Impuesto a la Renta de No Domiciliados de enero, febrero, mayo, julio, setiembre, noviembre y diciembre de 2010, al reparar los servicios prestados por el proveedor no domiciliado, al considerar que no corresponden a asistencia técnica sino a servicios técnicos prestados en el país, basadas en lo señalado en el inciso e) del artículo 9° y el inciso j) del artículo 56° de la LIR.

Finalmente, como el contribuyente presentó un certificado de residencia emitido el 2 de setiembre de 2014, pero al haberse realizado los pagos por el servicio recibido entre enero y diciembre de 2010, el Tribunal Fiscal señaló que el certificado presentado no permite la aplicación del CDI Perú Brasil, entendiéndose que no se encontraba vigente durante el período de 2010.

JURISPRUDENCIA PODER JUDICIAL

1.- La legalización tardía del libro de inventarios y balance no afecta la validez de la información detallada en los mismos

Con relación a la legalización de registros y libros contables, la Sexta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros en el Expediente N° 10669-2018 señaló lo siguiente:

‘‘Según la sentencia emitida en el Expediente N° 4523-2018 se expresa que si bien es cierto se prevé la obligación del contribuyente de legalizar los registros y libros contables antes de su uso, no menos verdad es que la legalización previa del Libro de Inventarios y Balances no constituye un requisito para la procedencia de la deducción del gasto por provisión de cobranza dudosa, por lo que su cumplimiento tardío no genera el desconocimiento de dicha deducción’’.

En el presente caso, la controversia consistente en determinar si el Anexo del Libro de Inventarios y Balance, donde se había discriminado las provisiones por cobranza dudosa, al tener fecha de legalización posterior al 31 de diciembre de 2005 correspondiente al período fiscalizado, incumple con el requisito dispuesto en la LIR y en el inciso f) del artículo 21° de su Reglamento. Al respecto, si bien es cierto que uno de los requisitos para efectuar la provisión de cuentas de cobranza dudosa, es que, al cierre de cada ejercicio figure en el Libro de Inventarios y Balance de manera discriminada; el hecho de legalizarlos con fecha posterior al inicio de uso no afectaría la validez de la información que se encontraría en los mismos.

Adicionalmente, la Sala enfatizó que “[…] [s]i bien bajo los parámetros establecidos en la Resolución de Superintendencia N° 132-2001-SUNAT, las formalidades de legalizar los libros contables antes de su uso deben ser cumplidos, también lo es, que ello no afectaría la validez de la información que se encontraría en los mismos, si se considera que la legalización de un libro contable antes de su uso, constituye un requisito de forma, cuyo contenido (en este caso la discriminación de las cuentas de cobranza dudosa) se encuentra corroborado con otros medios probatorios que determinen la existencia de la cuentas de cobranza dudosa discriminadas.”

Siendo ello así, se concluye que en el libro denominado ‘‘Auxiliar al Libro de Inventarios y Balances’’ figura el detalle de la provisión de cobranza dudosa al 31 de diciembre de 2005, el mismo que fue legalizado el 21 de marzo de 2007, y que, a pesar de su legalización extemporánea, ello no afecta la validez de la información consignada en el mismo; más aún cuando esta no fue cuestionada por la Administración Tributaria.

NOVEDADES NORMATIVAS LABORALES

1.- A partir de los 50 años los varones y mujeres podrán acceder a la jubilación anticipada

La Ley Nº 31332 publicada el 6 de agosto de 2021, dispone uniformizar la edad para acceder al Régimen Especial de Jubilación Anticipada por Desempleo (REJA) y a la Jubilación Anticipada Ordinaria (JAO) en el Sistema Privado de Pensiones (SPP) en 50 años de edad.

    • Ley de Jubilación Anticipada por Desempleo

    • Ley de Jubilación Anticipada Ordinaria

      Para acceder a la JAO, el afiliado mayor de 50 años debe cumplir los siguientes requisitos, que no han sido modificados, dispuestos en el artículo 42° del Decreto Supremo 054-97-EF, Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones:

      • Obtener una pensión igual o superior al 40% del promedio de las remuneraciones percibidas y rentas declaradas durante los últimos 120 meses, debidamente actualizadas deduciendo las gratificaciones.
      • Para el cálculo de la pensión, no se consideran los aportes voluntarios con fin previsional o sin fin previsional que excedan el 20% de la cuenta individual de capitalización (CIC) de aportes obligatorios con una permanencia menor a 9 meses en la CIC.
      • La jubilación anticipada da derecho a la redención del Bono de Reconocimiento a los 2 años siguientes de su acogimiento o cuando el afiliado cumpla 65 años, lo que suceda primero, aun cuando se hayan agotado con anterioridad los fondos de la CIC del afiliado y previa información de la AFP de los afiliados calificados para acceder a este régimen.

La SBS determinará el procedimiento operativo para el cumplimiento de la presente ley en un plazo no mayor de 30 días calendario, contados a partir del día siguiente de su vigencia.

De esta manera, establecen que tanto los varones como las mujeres podrán acceder a la jubilación anticipada a los 50 años, en comparación a la diferencia de 5 años exigida a los varones para contar con el beneficio, lo cual era discriminatorio.

Vigencia: 7 de agosto de 2021.

2.- Declaran de interés nacional el cumplimiento de las políticas públicas para prevenir y erradicar el trabajo forzoso, y la creación del observatorio nacional de trabajo forzoso

La Ley No. 31330 publicada el 6 de agosto de 2021, declara de interés nacional el cumplimiento de las políticas públicas para prevenir y erradicar el trabajo forzoso, así como para la creación del Observatorio Nacional de Trabajo Forzoso, administrado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el cual cuenta con módulos de registro administrativo de casos de trabajo forzoso en las entidades del gobierno que tengan competencia en la materia.

El MTPE, en coordinación con la Comisión Nacional para la Lucha contra el Trabajo Forzoso, define los criterios, contenidos, indicios o indicadores de trabajo forzoso, lineamientos técnicos y procedimientos estandarizados para el cabal funcionamiento del Observatorio Nacional de Trabajo Forzoso, considerando los siguientes lineamientos mínimos:

  1. Articulación y deber de cooperación. El Observatorio Nacional de Trabajo Forzoso contiene información generada por las instituciones a nivel nacional y regional que participan en la prevención, detección, atención y reintegración de víctimas, sanción del delito y la infracción administrativa de trabajo forzoso. Dichas entidades entregan al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo sus bases de datos, respetando las normas de confidencialidad, reserva y secreto de las investigaciones, así como de los datos personales, en el plazo que señala el reglamento de la ley.
  2. Registro de información. Conforme a las normas que regulan la materia, las instituciones a nivel nacional y regional que participan en la prevención, detección, atención y reintegración de víctimas, sanción del delito y la infracción administrativa de trabajo forzoso están obligadas a contar con módulos de registro de trabajo forzoso en sus sistemas de registro de casos.
  3. Indicios o indicadores de trabajo forzoso. El Observatorio Nacional de Trabajo Forzoso y los módulos de registro toman en cuenta los indicios o indicadores de trabajo forzoso definidos y actualizados por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en coordinación con la Comisión Nacional para la Lucha contra el Trabajo Forzoso.

El reglamento se aprueba en el plazo de 150 días calendario, contados a partir del 6 de agosto de 2021, el cual contendrá como mínimo los protocolos, flujos de información e instrumentos de gestión que sean necesarios para el funcionamiento del Observatorio Nacional de Trabajo Forzoso.

Vigencia: 7 de agosto de 2021.

3.- Migraciones reanuda plazos relativos a la calidad migratoria de ciudadanos extranjeros

La Resolución de Superintendencia N° 000170-2021-MIGRACIONES publicada el día de hoy 6 de agosto de 2021, deroga las Resoluciones de Superintendencia Nos. 000104-2020-MIGRACIONES y 000120-2020-MIGRACIONES que establecían beneficios a los ciudadanos extranjeros en atención a la pandemia ocasionada por el COVID-19, dictando las siguientes disposiciones:

  • Extiende automáticamente hasta el 7 de agosto de 2021, el plazo de calidades migratorias temporales o residente vencidas desde el 16 de marzo del 2020.
  • A partir del 15 de agosto de 2021, se reanuda el cómputo del plazo de calidades migratorias temporales y residente extendido, así como el plazo de la autorización de estadía fuera del país por 30, 183 o 365 días calendarios.
  • Les aplicarán los efectos de la regularización migratoria por exceso de permanencia regulado en el artículo 220° del Anexo del Decreto Supremo N° 007-2017-IN que reglamenta el Decreto Legislativo de Migraciones, a los extranjeros que se encuentren en el Perú con la permanencia vencida al 15 de marzo de 2020, esto es, contarán con 30 días para regularizar su situación.
  • Asimismo, a partir del 15 de agosto de 2021, todas las personas extranjeras con calidades migratorias temporales (turista, negocios, etc.) y con permanencia vencida serán multados.
  • Las personas extranjeras en situación migratoria irregular al 22 de octubre de 2020 pueden solicitar su regularización migratoria. De haberse generado multa por exceso de permanencia, esta empezará a computarse desde el día siguiente del vencimiento del plazo de permanencia otorgado hasta el 15 de marzo de 2020; reanudándose el computo a partir del 15 de agosto de 2021 hasta la fecha de aprobación de su solicitud.
  • Hasta el 30 de agosto de 2021, las personas extranjeras que cuenten con orden de salida pendientes de ejecución por denegatoria de su solicitud de cambio o prórroga de calidad migratoria deben cumplir con abandonar el territorio nacional.

Vigencia: 7 de agosto de 2021.

4.- Disponen licencia con goce de haber a trabajadores en el día programado para su vacunación contra el COVID-19

Mediante Ley N° 31334 publicada el 7 de agosto de 2021, establecen el derecho del trabajador de la actividad pública y privada a gozar de licencia en el día que se ha programado para su vacunación contra el Covid-19.

Licencia por vacunación

Los trabajadores de la actividad pública y privada gozarán de licencia remunerada el día programado para su vacunación, para ello deberán realizar lo siguiente:

  • Comunicar la licencia al empleador, la cual será tramitada por el área de recursos humanos del centro laboral, o el que haga de sus veces, con una anticipación de por lo menos 48 horas de anticipación.
  • La licencia será otorgada hasta por 4 horas pagadas tanto para la primera como para la segunda dosis.
  • Excepcionalmente, si el Centro de Vacunación no se encuentra operativo durante el día de la licencia, el trabajador podrá reprogramarla, solicitando una nueva licencia.

El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la Ley en un plazo no mayor de 30 días hábiles.

Vigencia: 8 de agosto de 2021.

JURISPRUDENCIA LABORAL

1.- Establecen precedentes de observancia obligatoria sobre infracciones, requerimientos de información y jornadas acumulativas a consecuencia del COVID-19

La Resolución de Sala Plena del Tribunal de Fiscalización Laboral N° 001-2021-SUNAFIL/TFL-PRIMERA SALA publicada el 8 de agosto de 2021, advierte la necesidad de uniformizar la aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema de Inspección del Trabajo, en el trámite del procedimiento administrativo sancionador a cargo de la SUNAFIL.

De esa manera, conforme al Acuerdo Plenario de la Primera Sala del Tribunal de Fiscalización Laboral de la SUNAFIL, establece criterios de observancia obligatoria en sus fundamentos 9, 15, 16, 23, 24 y 25 sobre (i) la naturaleza jurídica de las faltas administrativas contra la labor inspectiva como manifestación de incumplimiento del deber de colaboración; (ii) la subsunción del retraso en la respuesta a un requerimiento de información en el tipo sancionador correspondiente, de acuerdo a los hechos que sean determinados en la fiscalización laboral; y, (iii) la excepcional validez de la extensión de jornadas acumulativas, por acuerdo colectivo y con base en las medidas preventivas ante los riesgos de contagio por Covid-19.

Criterios de observancia obligatoria:

  1. Infracciones a la labor inspectiva

    En tanto que el ordenamiento jurídico no disponga cosa distinta, los actos o hechos que impiden o dificulten la labor inspectiva y que se consignan en el acta de infracción, constituyen infracciones que no tienen una naturaleza secundaria, adjunta ni dependiente, respecto de posibles infracciones ocurridas y detectadas en la visita inspectiva referentes a aspectos sustantivos objeto de control por la inspección del trabajo.

  2. Infracciones ante la demora de respuesta ante un requerimiento de información
    • Infracción prevista en el artículo 45.2 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo (RLGIT): en la formulación de actas de infracción y en su calificación posterior, deberá observarse que, cuando la fiscalización pueda proseguir desplegando sus funciones, a pesar del comportamiento del inspeccionado que haya perturbado o retrasado la investigación.
    • Infracción al artículo 46.3 del RLGIT: cuando la demora del sujeto inspeccionado frustre la fiscalización.

    Para la aplicación de este criterio, siempre será determinante el examen de la motivación que consta en el Acta de Infracción, que debe ser no sólo puntual y concisa, sino también suficiente, para poder concluir que la conducta del administrado constituye una falta al deber de colaboración de acuerdo al artículo 45.2 del RLGIT, o al artículo 46.3 del RLGIT, según se haya acreditado en el procedimiento.

  3. Sobre las jornadas acumulativas y el bloque de legalidad

    Como ya ha sido señalado por este Tribunal, en nuestro ordenamiento jurídico el papel del test de protección de la jornada máxima de trabajo minero elaborado por la jurisprudencia constitucional se encuentra vigente. Sin embargo, su aplicación en la situación de pandemia, que afecta al Perú y al mundo, debe realizarse teniendo en cuenta que se dictaron medidas gubernamentales extraordinarias para detener la propagación del virus, que tuvieron -y tienen- un gran impacto en las relaciones laborales debido, entre otros motivos, a las inmovilizaciones ciudadanas y restricciones en el transporte público y privado. Por tanto, fue necesario adoptar medidas excepcionales para que las empresas pudieran realizar sus actividades, evitando los riesgos del contagio y, a la vez, respetando el derecho al descanso de los trabajadores. En este orden de ideas, el Tribunal entiende que esas medidas sólo son aceptables en el caso que hayan sido los actores sociales -empleadores y trabajadores- quienes hayan pactado la extensión excepcional de la jornada de trabajo en forma temporal. Para la validez del acuerdo es necesario que los trabajadores hayan sido representados por uno o más sindicatos, que en su conjunto representen a la mayoría de los que se vean afectados por esas medidas. Será ésta la garantía de que se acordarán los tiempos de trabajo y de descanso de acuerdo con las circunstancias concretas de cada centro de trabajo y de cada trabajador involucrado, puesto que podrán vigilar directamente el cumplimiento de los acuerdos. Por tanto, no cabe que la autoridad administrativa de trabajo se sustituya en la autonomía colectiva, salvo que se denunciase que estos acuerdos ya cumplieron su cometido o el plazo acordado o que estuvieran generando daños a la salud mental o física, al descanso o alimentación de los trabajadores, que deban ser investigados y, de proceder, sancionados.

    Por lo que, a juicio de este Tribunal entre las medidas adoptadas frente al riesgo de contagio por la COVID-19, la modificación convencional de la jornada de trabajo acumulativa, por encima del máximo contemplado en la Sentencia del Tribunal Constitucional Expediente N° 4635-2004-AA/TC y su resolución aclaratoria, será legítima si observa los lineamientos de ese precedente, con las precisiones detalladas en el presente acuerdo de Sala Plena del Tribunal de la SUNAFIL.

    Durante el contexto de las medidas de restricción a que dé lugar la prevención del contagio por COVID-19, el Sistema de Inspección del Trabajo deberá analizar casuísticamente la concurrencia de los siguientes elementos, a fin de establecer si la modificación convencional de la jornada de trabajo acumulativa es legítima:

    1. El acuerdo deberá ser pactado con un sindicato que esté acreditado como organización representativa de la mayoría de los trabajadores afectados por la modificación;
    2. El acuerdo correspondiente deberá ser adoptado por un lapso determinado, siendo esta provisionalidad objeto del control preferente por los propios sujetos colectivos;
    3. Se deberá considerar la naturaleza y características del centro de trabajo, con relación a sus elementos (lejanía respecto a lugares de residencia habitual de los trabajadores, riesgos existentes en dicho centro, entre otros);

    La medida se deberá adoptar con sustento de seguridad y salud en el trabajo y articularse con ellas, con la validación de los órganos correspondientes en materia de prevención de riesgos y se deberá desplegar mecanismos compensatorios al desgaste físico y emocional. En este punto, deberá tomarse en cuenta las orientaciones del test de protección de la jornada máxima de trabajo para los trabajadores mineros de la resolución aclaratoria del Tribunal Constitucional, en el fundamento 15, recogida en el punto 19 del presente acuerdo de Sala Plena.