Segunda quincena de Octubre 2019

NOVEDADES NORMATIVAS

1.- Se prorroga exoneración del Impuesto a la Renta para enajenación de valores establecido en la Ley de Mercado de Valores

Mediante Decreto de Urgencia N° 005-2019, publicado el 24 de octubre de 2019 en el Diario Oficial El Peruano, se ha modificado la Ley 30341, Ley que Fomenta la Liquidez e Integración del Mercado de Valores, el cual establece lo siguiente:

  • Prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2022 la exoneración del impuesto a la renta de las rentas provenientes de la enajenación de algunos valores. Cabe recordar que la Ley 30341 prorrogó dicha exoneración hasta el 31 de diciembre de 2019.
  • Para efectos de la aplicación de la exoneración, la SUNAT publicará en su Portal de Transparencia, la siguiente información diferenciando al sector al que pertenecen los contribuyentes y señalando si se trata de personas naturales o jurídicas:
    1. porcentaje de participación en la exoneración
    2. número de contribuyentes a los que les es aplicable la exoneración;
    3. nivel de concentración de los contribuyentes según la medida de exoneración
    4. monto total de la exoneración
  • Las normas reglamentarias de la mencionada Ley se adecuarán a los cambios en un plazo no menor de 60 días.

La presente norma entra en vigencia el 1 de enero de 2020.

2.- Se regulan la forma y condiciones en que el solicitante debe realizar la comunicación del Código de Cuenta Interbancario (CCI) a fin de presentar la solicitud de devolución de pagos indebidos o en exceso de deudas tributarias

Como se recordará, el Decreto Supremo N° 155-2011-EF regula la devolución de pagos indebidos o en exceso de deudas tributarias cuya administración está a cargo de la SUNAT y cuyo rendimiento constituya ingreso del Tesoro Público, del saldo a favor materia del beneficio, del reintegro tributario para la Región Selva y del reintegro tributario mediante abono en cuenta corriente o de ahorros.

Asimismo, se indicó que la mencionada devolución solo podrá ser solicitada por aquellos sujetos que: a) cuenten con una cuenta corriente o de ahorros, en moneda nacional, en una entidad bancaria del sistema financiero nacional, exclusivamente a su nombre o razón o denominación social, respectivamente; b) comuniquen a la SUNAT el código de cuenta interbancario (CCI) de la aludida cuenta, para efectos de su validación a través del Banco de la Nación, y c) tengan derecho a la devolución de los conceptos precedentemente señalados.

De esa manera, a través de la Resolución de Superintendencia N° 210-2019/SUNAT se regulan la forma y condiciones en que el solicitante debe realizar la comunicación del Código de Cuenta Interbancario (CCI) a fin de presentar la solicitud de devolución mediante abono en cuenta corriente o de ahorros, así como el procedimiento para la validación del CCI a que se refiere el Decreto Supremo N° 155-2011-EF. A continuación, se señalan las principales disposiciones de la Resolución:

  • El solicitante debe comunicar el CCI a la SUNAT, con anterioridad a la presentación de la solicitud de devolución en la que opte por el abono en cuenta corriente o de ahorros como medio de devolución, a través de SUNAT Operaciones en Línea. El solicitante podrá modificar el CCI en cualquier momento.
  • La SUNAT debe remitir la información al Banco de la Nación hasta el día hábil siguiente de recibida la comunicación del CCI, para que dicho banco realice la validación respectiva y comunique el resultado dentro del plazo de 4 días hábiles de recibida la comunicación.
  • El solicitante podrá consultar el estado de la validación del CCI en SUNAT Operaciones en Línea.
  • El CCI que resulte válido se considera para todas las solicitudes de devolución en las que se opta por el abono en cuenta corriente o de ahorros como medio de devolución, en tanto aquel no se modifique.
  • El CCI podrá ser inválido si no cumple los requisitos de la ley, si el CCI no existe. Cabe señalar que el CCI que resulte inválido no permitirá la presentación de la solicitud de devolución.
  • La devolución mediante abono en cuenta corriente o de ahorros se efectuará de manera gradual

La presente norma entra en vigencia del 1 de noviembre de 2019.

3.- Se regula la notificación de los actos administrativos por medios electrónicos

A través de la Resolución de Superintendencia N° 211-2019/SUNAT, publicada el 27 de octubre de 2019, se ha modificado la Resolución de Superintendencia N° 014-2008/SUNAT que regula la notificación de los actos administrativos por medios electrónicos, así como su anexo. Al respecto, se disponen las principales modificaciones:

  • Incorpórese los siguientes actos administrativos con sus respectivas notas:
  • Sustitúyase en lo referente a la extensión del uso de notificaciones SOL por el siguiente texto (artículo 11° de R.S. N° 014-2008/SUNAT):
    Extiéndase el uso de Notificaciones SOL para comunicar a los deudores tributarios:

    1. Las resoluciones coactivas notificadas que ordenan el embargo en forma de retención a las entidades a que se refiere el literal b) del artículo 1 del Decreto Legislativo N.° 931, la ampliación o el levantamiento del mismo o la entrega del monto retenido en dicho embargo.
    2. Las resoluciones coactivas notificadas que ordenan la subrogatoria del depositario.
    3. Las resoluciones coactivas notificadas que ordenan el embargo en forma de inscripción a las entidades públicas y privadas titulares del registro de propiedad de bienes muebles e inmuebles, propiedad intelectual y/o acciones.
    4. Las resoluciones coactivas notificadas que ordenan la ampliación de un embargo.

La presente norma se encontrará vigente a partir del 28 de octubre de 2019.

4.- Se aprueban normas relativas al Registro para el Control de los Bienes Fiscalizados

Con la publicación de la Resolución de Superintendencia Nº 207-2019/SUNAT de fecha 23 de octubre de 2019, se modifica la Resolución de Superintendencia N° 173-2013/SUNAT que aprueba las normas relativas al Registro para el Control de los Bienes Fiscalizados. Así, se ha dispuesto la i) modificación o actualización de oficio de la información del Registro; y, ii) modificación de las situaciones en las que la SUNAT realizará la baja de oficio en la inscripción en el Registro.

La presente norma se encontrará vigente a partir del 24 de octubre de 2019.

5.- Nuevo Sistema de Emisión electrónica para Empresas Supervisadas

Mediante la Resolución de Superintendencia N° 206-2019/SUNAT, publicada el 22 de octubre de 2019, se ha aprobado el Nuevo Sistema de Emisión Electrónica para Empresas Supervisadas (SEE – Empresas Supervisadas), modifica la normativa sobre Emisión Electrónica y el Reglamento de Comprobantes de Pago.

Se señala que como parte de la estrategia de masificación de la emisión de comprobantes de pago electrónicos y teniendo en cuenta que dicha forma de emisión permite obtener información para mejorar el control del incumplimiento tributario (por la información que proporciona -prácticamente- en línea) se ha definido la necesidad de designar como emisores electrónicos en el SEE a las empresas que prestan los servicios públicos de energía eléctrica, agua y telecomunicaciones.

Así, se ha evaluado la conveniencia de crear un nuevo comprobante de pago que se emita por los servicios públicos señalados y que solo contenga información relevante para fines tributarios, que no incluye información bajo el ámbito de protección del secreto de las telecomunicaciones (por lo que no estaría limitado su envío a la SUNAT); así como aprobar un nuevo sistema de emisión electrónica a través del cual se emita ese nuevo comprobante de pago. Así, el referido comprobante también podrá ser emitido a través del SEE – Del Contribuyente.

La mencionada norma entra en vigencia a partir del 1 de diciembre de 2019.

6.- Se designan agentes de retención del IGV

A través de la Resolución de Superintendencia Nº 203-2019/SUNAT, publicado el 21 de octubre de 2019, se designan agentes de retención del IGV

La mencionada norma entra en vigencia a partir del 1 de diciembre de 2019.

 

CRITERIO OFICIAL DE LA SUNAT

I.- Adquisición de un vehículo inmatriculado para su posterior venta se encuentra bajo la aplicación del artículo 13 de la LIGV

Tratándose de una persona jurídica que adquiere un vehículo inmatriculado a una persona natural, para su posterior venta, se consulta si corresponde aplicar el literal a) del artículo 13 de la Ley del Impuesto General a las Ventas (IGV) e Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), modificado por la Ley N.° 30536, para determinar la base imponible del IGV, independientemente de si dicha persona natural ha sido o no el único propietario del vehículo.

En relación con la consulta planteada, SUNAT concluye lo siguiente en el Informe No. 138-2019-SUNAT/7T0000:

Tratándose de una persona jurídica que adquiere un vehículo inmatriculado de una persona natural, para su posterior venta, corresponde aplicar el literal a) del artículo 13 de la Ley del IGV, modificado por la Ley N.° 30536. El mismo señala que para los casos de venta de vehículos automóviles inmatriculados que hayan sido adquiridos de personas naturales que no realizan actividad empresarial ni son habituales en la realización de este tipo de operaciones, la base imponible se determina deduciendo del valor de venta del vehículo, el valor de su adquisición, el mismo que tendrá como sustento el acta de transferencia vehicular suscrita ante notario.

II.- Generación de crédito por renta obtenida desde el extranjero

Tratándose de perceptores de rentas de tercera categoría, en relación con el crédito contra el impuesto a la renta por impuesto abonado en el exterior, a que se refiere el inciso e) del artículo 88° de la Ley del Impuesto a la Renta, se formula las siguientes consultas, referidas a las rentas obtenidas en el extranjero sobre cuyo importe se tiene que aplicar la tasa media a que el referido inciso alude:

  1. ¿Qué debe entenderse por dichas rentas de fuente extranjera: las ventas menos el costo de ventas, o solo las ventas?
  2. ¿Las referidas rentas de fuente extranjera son solo aquellas que han sido objeto de retención del impuesto o la totalidad de las rentas de fuente extranjera?

En relación con la consulta planteada, SUNAT concluye lo siguiente en el Informe N.° 135-2019-SUNAT/7T0000:

Tratándose de perceptores de rentas de tercera categoría, en relación con el crédito contra el impuesto a la renta por impuesto abonado en el exterior, a que se refiere el inciso e) del artículo 88° de la LIR, por rentas obtenidas en el extranjero sobre cuyo importe se tiene que aplicar la tasa media a que el mencionado inciso se refiere:

  1. Debe entenderse la “renta neta global de fuente extranjera” a que aluden los artículos 51° y 51°-A de la LIR.
  2. La referida renta de fuente extranjera es la totalidad de la renta neta de fuente extranjera, sea que esté integrada por rentas que han sido objeto de retención del impuesto o no.

III.- Emisión de comprobante de pago al entregar una obra como contribución reembolsable

En relación a las contribuciones reembolsables, se consulta lo siguiente:

  1. ¿La recepción de la obra de electrificación por parte de la concesionaria del servicio público de electricidad, conlleva al usuario, que es una persona jurídica sin fines de lucro, a la obligación de emitir algún comprobante de pago a la concesionaria?
  2. ¿El usuario que en su condición de persona jurídica sin fines de lucro entrega una obra como contribución reembolsable, valorizada según el estándar del VNR, califica como sujeto del Impuesto General a las Ventas (IGV)?

En relación con la consulta planteada, SUNAT concluye lo siguiente en el Informe No. 132-2019-SUNAT /7T0000:

  1. La recepción de la obra de electrificación por parte de la concesionaria del servicio público de electricidad conlleva al usuario (persona jurídica sin fines de lucro) a la obligación de emitir comprobante de pago a la concesionaria.
  2. El usuario que en su condición de persona jurídica sin fines de lucro entrega de obra como contribución reembolsable, valorizada según el estándar del VNR, presta un servicio oneroso y habitual, por ende califica como sujeto del IGV por dicha operación.
  3. Considerando el Análisis desarrollado en el presente informe, modifíquese la Conclusión 1 del Informe N.° 090-2014-SUNAT/7T0000 en el sentido que la entrega de la obra en el marco de una contribución reembolsable obliga a la emisión de un comprobante de pago por concepto de prestación de servicios y no por la transferencia de un bien.

IV.- Las persona naturales que adquieren la condición de domiciliados en el país deberán obtener RUC y emitir comprobantes de pago

Se consulta si las personas naturales no domiciliadas que prestan servicios a instituciones del Estado y que permanecen en el país por más de ciento ochenta y tres (183) días calendario deben contar con número de RUC y emitir comprobantes de pago.

En relación con la consulta planteada, SUNAT concluye lo siguiente en el Informe No. 129-2019-SUNAT /7T0000:

  1. Las personas naturales no domiciliadas que hubiesen adquirido la condición de domiciliadas en el país y presten servicios a instituciones del Estado, en la medida que como consecuencia de la realización de tales servicios tengan la condición de contribuyentes y/o responsables de tributos administrados y/o recaudados por la SUNAT, y/o se encuentre en alguno o todos los demás supuestos previstos en el artículo 2° del Reglamento de la Ley del RUC, estarán obligadas a inscribirse en el RUC.
  2. Las personas naturales no domiciliadas que hubiesen adquirido la condición de domiciliadas en el país y presten servicios a instituciones del Estado, deben emitir comprobantes de pago.

V.- Obligación de uso de medios de pago en operaciones de compraventa internacional de mercancías destinadas al régimen aduanero de importación para el consumo

En relación con la obligación de utilizar medios de pago en operaciones de comercio exterior, prevista en el artículo 3°-A de la Ley N.° 28194, Ley para la lucha contra la evasión y para la formalización de la economía, se formula las siguientes consultas:

  1. ¿El importador de un bien para el consumo cumple con la obligación de utilizar medios de pago, cuando realiza el pago a un proveedor no domiciliado en el país mediante transferencia de fondos desde una cuenta bancaria abierta en una entidad financiera del exterior a la cuenta bancaria del proveedor no domiciliado abierta en una entidad financiera también del exterior?
  2. ¿El importador de un bien para el consumo cumple con la obligación de utilizar medios de pago, cuando utiliza cualquiera de los medios de pago señalados en el artículo 5° de la Ley N.° 28194 y dichos medios de pago se han efectuado mediante entidades financieras no domiciliadas?

En relación con la consulta planteada, SUNAT concluye lo siguiente en el Informe No. 127-2019-SUNAT /7T0000:

  1. En el supuesto de una compraventa internacional de mercancías destinadas al régimen aduanero de importación para el consumo en la que resulte obligatoria la utilización de medios de pago, se cumplirá con dicha obligación si para efectuar el pago al proveedor no domiciliado en el país se utiliza una transferencia de fondos a través de empresas bancarias o financieras no domiciliadas.
  2. Tratándose de operaciones de compraventa internacional de mercancías destinadas al régimen aduanero de importación para el consumo, en las que resulte obligatoria la utilización de medios de pago, podrá emplearse los medios de pago señalados en el artículo 5° de la Le y, siempre que estos se canalicen a través de empresas del Sistema Financiero o de empresas bancarias o financieras no domiciliadas.

VI.- Criterio de relevancia para el Impuesto al Consumo de Bolsas de Plástico

En relación con la adquisición de bolsas plásticas que se encuentran afectas al Impuesto al Consumo de las Bolsas Plásticas (ICBP), se consulta lo siguiente:

  1. ¿Qué se debe entender por establecimientos comerciales o de servicios?
  2. ¿Solo están afectas al citado impuesto las bolsas de plástico para cargar o llevar bienes enajenados a los consumidores finales?
  3. ¿Califica como agente de percepción del ICBP la persona jurídica contribuyente del Impuesto General a las Ventas (IGV) que transfiere bolsas de plástico para cargar o llevar los bienes enajenados para futura distribución (consumidores finales)?

En relación con la consulta planteada, SUNAT concluye lo siguiente en el Informe No. 126-2019-SUNAT /7T0000:

En relación con la adquisición de bolsas de plástico que se encuentran afectas al ICBP:

  1. Se debe entender por establecimientos comerciales o de servicios a los lugares físicos o virtuales donde se realiza actividad comercial de enajenación de bienes y/o prestación de servicios a consumidores en la etapa final de comercialización, cuyos titulares son personas naturales o jurídicas que son contribuyentes del IGV.
  2. Está afecta al ICBP la adquisición de bolsas de plástico para cargar o llevar bienes enajenados por los establecimientos comerciales o de servicios de contribuyentes del IGV, independientemente de que los adquirentes sean consumidores finales o no.
  3. Puede calificar como agente de percepción del ICBP incluso una persona jurídica contribuyente del IGV que sea titular de un establecimiento comercial o de servicios, que transfiere a consumidores no finales bolsas de plástico para cargar o llevar los bienes enajenados en dicho establecimiento.

VII.- La expresión “último balance anual” hace referencia al último balance cerrado al fin del ejercicio gravable

En relación con el inciso c) del artículo 19° del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, referido a la determinación del valor de mercado de acciones comunes no cotizadas en Bolsa de una sociedad constituida en el Perú, se consulta si la expresión “último balance anual” hace referencia al último balance cerrado al fin del ejercicio gravable (31 de diciembre).

En relación con la consulta planteada, SUNAT concluye lo siguiente en el Informe No. 121-2019-SUNAT /7T0000:

En relación con el inciso c) del artículo 19° del Reglamento, para determinar el valor de mercado de acciones comunes no cotizadas en Bolsa de una sociedad constituida en el Perú, la expresión “último balance anual” hace referencia al último balance cerrado al fin del ejercicio gravable (31 de diciembre), el cual no debe tener una antigüedad mayor a doce meses.

VIII.- La emisión de acciones de una empresa constituida en el extranjero a favor de una persona jurídica domiciliada en el país, no constituye renta gravable de fuente extranjera

En relación con el Impuesto a la Renta, se consulta si las acciones recibidas por una persona jurídica domiciliada como consecuencia de la capitalización de utilidades de una empresa constituida en el extranjero de la cual es accionista califican como renta de fuente extranjera.

En relación con la consulta planteada, SUNAT concluye lo siguiente en el Informe No. 120-2019-SUNAT /7T0000:

No constituye renta gravable de fuente extranjera para una persona jurídica domiciliada, la entrega de nuevas acciones que reciba como consecuencia de la capitalización de utilidades obtenidas por una empresa constituida en el extranjero de la cual es accionista.

 

JURISPRUDENCIA

1.- Empleador y trabajador pueden solicitar a SUNAT la devolución de aportes a la ONP que hayan sido retenidos indebidamente y/o en exceso

Mediante Resolución Tribunal Fiscal N° 08267-2-2019 de Observancia Obligatoria, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 16 de octubre de 2019, se determina que “tanto el trabajador como el empleador pueden solicitar legítimamente la devolución de sumas previamente retenidas indebidamente o en exceso y entregadas al físico por concepto de Aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones (ONP) por el agente de retención, para ello, se tendrá en cuenta los siguientes supuestos:

Solicitud de devolución de forma unilateral

El empleador (personas naturales o jurídicas), como agente de retención, podrá solicitar la devolución en los siguientes supuestos:

  1. Cuando haya declarado y entregado al físico sumas de dinero sin que efectivamente haya realizado alguna retención a sus trabajadores.
  2. Cuando haya retenido correctamente, pero haya declarado y entregado al fisco una suma en exceso.
  3. Cuando hay retenido indebidamente o en exceso al trabajador, entregando dicha retención indebida o en exceso al fisco. Cabe resaltar que en este caso, el trabajador también se encontrará legitimado a solicitar la devolución, pues todo contribuyente que hubiese abonado al fisco una suma que por ley no le correspondía, tiene derecho a solicitar su devolución dentro del plazo de prescripción; a pesar que, fue el empleador quien realizar el pago. En el caso que el empleador solicite y obtenga la devolución antes que el trabajador, no procederá la devolución a favor del trabajador; así, deberá dirigirse al empleador para solicitar la restitución de la suma correspondiente.

Solicitud de devolución de forma paralela:

En el caso de que el empleador o el trabajador inicien procedimiento de devolución en forma paralelar, la Administración Tributaria deberá corroborar la información a fin de determinar la legitimidad antes de proceder con la devolución, para ello, se deberá tener en cuenta lo siguiente:

  1. De no haberse producido la retención o si esta fue correcta, pero se desembocó una suma exceso al fisco, corresponderá que la suma sea devuelta al empleador.
  2. Si la suma se retuvo en forma indebida o en exceso, la devolución de la suma será a favor del trabajador.

2.- No hay intereses moratorios por pagos a cuenta del impuesto a la renta declarados y pagados a tiempo

El Tribunal Constitucional en la sentencia emitida en el Expediente N° 00305-2017-PA/TC, confirma la aplicación de los criterios jurisprudenciales establecidos por la Corte Suprema que a través de la Casación N° 4392-2013 Lima, publicada el 30 de octubre de 2015, se pronunció sobre la no procedencia del cobro de intereses moratorios por los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta declarados y pagados oportunamente, conforme a lo previsto en el literal a) del artículo 85 de la Ley del Impuesto a la Renta y el artículo 34° del Código Tributario.

Así, en el caso en concreto, el contribuyente presentó la rectificación de la declaración jurada posteriormente a la determinación del impuesto definitivo del ejercicio gravable; por lo que, se indicó que no son aplicables los intereses moratorios por la rectificación posterior (realizada en setiembre de 2003) del ejercicio gravable 2001 que sirvió para establecer el coeficiente de cálculo de las cuotas del periodo 2002, en vista de que al momento del abono de dichos pagos se utilizó como referencia la existente declaración del impuesto a la renta del ejercicio anterior, constituyendo y produciendo efectos de pagos a cuentas por el ejercicio 2002; por lo que, al cumplirse con los dos supuestos normativos: cálculo de la cuota conforme al procedimiento legal y el pago oportuno, no son de aplicación los intereses moratorios.

De esa manera, la Corte Suprema menciona que se han desarrollado reglas jurídicas que deben establecerse como reglas generales sirviendo de parámetro normativo para casos similares futuros, en tanto contribuirá a la seguridad jurídica, a ordenar y uniformizar la jurisprudencia en temas de derecho tributario, evitando pronunciamientos contradictorios debido a diferentes interpretaciones de las disposiciones tributarias, resuelve establecer con carácter de precedentes vinculantes lo siguiente:

“La Norma VIII del Título Preliminar del Código Tributario no descarta la aplicación de la analogía tampoco la interpretación extensiva ni la restrictiva, admitidas en el derecho para cierto tipo de normas; sino que el uso se encuentra limitado por la prohibición del segundo párrafo de la Norma anotada, resultando para ello muy importante que el Juez seleccione el método adecuado al tipo de disposición tributaria a interpretar.

No resultan pertinentes la interpretación extensiva ni la restrictiva para interpretar disposiciones que restringen derechos, ni para normas que establecen obligaciones como el caso de los pagos a cuenta del impuesto a la renta previstos en el numeral a) del artículo 85 del T.U.O. de la Ley del Impuesto a la Renta, y para los casos de aplicación de intereses moratorios previstos en el artículo 34 del T.U.O. del Código Tributario.”

Conforme a lo mencionado, el Tribunal Constitucional declaró improcedente el recurso de agravio constitucional y señaló que no se ha vulnerado el derecho fundamental al debido proceso, sino que la SUNAT pretende prolongar, en sede constitucional, la discusión sobre si correspondía la aplicación de intereses moratorios al omitir los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta que resultan de la rectificación posterior a la presentación de la declaración jurada correspondiente.

Corresponde a las instancias judiciales y administrativas aplicar la sentencia de la Corte Suprema toda vez que la discusión sobre la misma ya ha quedado cerrada por el Tribunal Constitucional.

Segunda quincena de Octubre 2019

PRINCIPALES NORMAS LABORALES

1.- Protocolo de Fiscalización en la Materia de Hostigamiento Sexual Laboral

Mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva 319-2019-SUNAFIL, publicado el 20 de octubre en el Diario Oficial El Peruano, se ha aprobado el Protocolo Nº 007-2019-SUNAFIL/INII, denominado “Protocolo de Fiscalización en Materia de Hostigamiento Sexual”.

Con el objeto de establecer las pautas que permitan la estandarización del accionar inspectivo ante los casos de hostigamiento sexual en el lugar o centro de trabajo que sean denunciados. Dicho Protocolo se encuentra publicado en el portal web de la SUNAFIL, www.sunafil.gob.pe

La mencionada norma entra en vigencia a partir del 20 de octubre de 2019.

2.- Lineamientos para el otorgamiento de ajustes razonables a las personas con discapacidad en el proceso de selección que realicen las entidades del sector público

Mediante la Resolución 140-2019-SERVIR-PE, publicada el 20 de octubre de 2019, se ha formalizado el acuerdo de Consejo Directivo por el cual se aprobaron los “Lineamientos para el otorgamiento de ajustes razonables a las personas con discapacidad en el proceso de selección que realicen las entidades del sector público”, con el objetivo de establecer las guías para la implementación, por parte de las entidades públicas, de los ajustes razonables que soliciten las personas con discapacidad que postulen en los procesos de selección de personal.

La mencionada norma entra en vigencia a partir del 21 de octubre de 2019.

3.- Aprobación de la Directiva para la presentación de denuncias laborales virtuales, Versión 2

La Resolución N°. 304-2019-SUNAFIL, publicada el 11 de octubre de 2019, ha aprobado la Versión 2 de la Directiva 003-2015-SUNAFIL/INPA, denominada “Disposiciones para la presentación de Denuncias Laborales Virtuales”, con el objeto de establecer disposiciones y recomendaciones para la adecuada presentación de denuncias laborales virtuales a través de la plataforma virtual de la SUNAFIL

La mencionada norma entra en vigencia a partir del 12 de octubre de 2019.

 

PRONUNCIAMIENTOS DEL PODER JUDICIAL

1.- Solicitud de reintegro de remuneraciones

Mediante la Casación Laboral N° 12576-2015 Lambayeque, de fecha 10-10-2017, un trabajador (jefe de departamento) solicitó el reintegro de remuneraciones (desde 1-11-07 hasta el 30-9-02). El juez de primera instancia declaró fundada en parte la demanda, considerando que el empleador no había sustentado objetivamente las diferencias remunerativas, teniendo en cuenta que un trabajador con el cargo de jefe de departamento percibía mayor remuneración que el demandante. Agregó que el empleador no había acreditado que la remuneración del trabajador era regulada por convenio colectivo y que el trabajador comparado estaba impedido de negociar su remuneración a través negociaciones colectivas. La Sala Superior confirmó la sentencia, indicando que no había sustento objetivo de las diferencias remunerativas de los jefes de departamento, teniendo en cuenta la estructura orgánica contemplada para dichos cargos en el Manual de Descripción y Especificación de Puestos. En su recurso de casación, el empleador denunció la infracción normativa de los arts. 139 (inc. 3) de la Constitución y 122 (incs. 3 y 4) del Código Procesal Civil (afectación del debido proceso por falta de motivación)

La Sala Superior falló a favor, por las razones siguientes:

En las sentencias de primera instancia y en la de vista existen incongruencias y vicios de motivación suficiente que afectan el derecho a la debida motivación y, por ende, al debido proceso. Las razones son las siguientes:

– Las instancias de mérito reconocieron el derecho peticionado por el demandante sobre reintegro de remuneraciones, sin antes establecer de manera clara y precisa si durante el período objeto de cuestionamiento, el demandante había desempeñado funciones similares a las del trabajador comparado.

– El hecho de tener el cargo del homólogo, no determina que al trabajador le asistía el reintegro de remuneraciones; más aún si el empleador señaló que el homólogo tenía características diferentes, relacionadas con la fecha de ingreso, la condición laboral, la categoría y las funciones. Esas diferencias debieron ser analizadas en aplicación del principio de congruencia procesal, pues, de lo contrario, se transgrede la debida motivación.

Con relación a la determinación de la homologación de las remuneraciones, la Corte declaró lo siguiente: “para determinar la homologación, se requiere del análisis del nivel y la categoría; además, de la verificación y comparación de la procedencia de los supuestos homólogos, la antigüedad, las labores que realicen los individuos y estudios que ostentan; así como, otro aspecto relevante para determinar la vulneración del derecho a la igualdad y el principio de la no discriminación; análisis que deberá ser a través de una valoración conjunta y razonada de los medios de prueba actuados en el proceso”.

Primera quincena de Octubre 2019

NOVEDADES NORMATIVAS

1.- Dejan sin efecto la facultad discrecional de no sancionar las infracciones de los numerales 1 y 7 del art. 177° del Código Tributario cometidas o detectadas en una acción inductiva

Mediante la Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta Operativa 048-2019-SUNAT/700000, publicada el 1 de octubre de 2019, se deja sin efecto la facultad discrecional de no sancionar las infracciones de los numerales 1 y 7 del art. 177 del Código Tributario cometidas o detectadas en una acción inductiva – 15/1.1 señaladas por la Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta Operativa N° 040-2016-SUNAT/600000, se deja sin efecto tal resolución.

Conforme a los artículos 82° y 166° del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por el Decreto Supremo N° 133-2013-EF, la SUNAT tiene la facultad discrecional de determinar y sancionar administrativamente las infracciones tributarias. Así, lo dispuesto en la Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta Operativa Nº 040-2016-SUNAT/600000 se aplica a las infracciones cometidas o detectadas hasta el 14 de octubre de 2019.

La presente norma entra en vigencia el 15 de octubre de 2019.

2.- Régimen de Sociedad por Acciones Cerrada Simplificada (SACS)

Con fecha 1 de octubre de 2019, se publicó el Decreto Supremo N° 312-2019-EF, el cual aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1409 que tiene como objeto promocionar la formalización y dinamización de micro, pequeña y mediana empresa (MIPYMES), mediante el régimen societario alternativo de responsabilidad limitada denominado Sociedad por Acciones Cerrada Simplificada (SACS).

Con la publicación del Reglamento, se regulan los requisitos y el procedimiento de constitución e inscripción registral de la SACS y sus disposiciones son aplicables a las personas naturales que opten por dicho régimen societario alternativo, así como a las entidades responsables de su implementación.

En relación al procedimiento, los accionistas fundadores al ingresar la información en los campos estructurados del Módulo SACS del SID-SUNARP, obtienen el acto constitutivo de la SACS, de acuerdo a formatos estandarizados suscritos mediante firmas digitalizadas.

A efectos de la formación del acto constitutivo de la SACS, dicho procedimiento se realiza en el plazo máximo de 72 horas, contadas desde la incorporación provisional de la denominación en el índice Nacional de Personas Jurídicas en el Módulo SACS del SID-SUNARP, hasta la suscripción por todos los intervinientes mediante el empleo de la firma digital. Transcurrido el plazo, vence automáticamente el proceso de formación del acto constitutivo, salvo que se haya formulado el desistimiento del servicio.

En el supuesto de incorporación de aportes dinerarios, el Módulo SACS del SID-SUNARP emite la constancia de constitución en trámite y permite insertar la imagen del documento expedido por la entidad del Sistema Financiero Nacional donde consta el depósito para su posterior acreditación ante el registrador público. Por otro lado, el aporte de bienes muebles no registrables se considerará efectuado con la firma digital de los accionistas fundadores en el acto constitutivo de la SACS.

Este procedimiento permite la calificación inmediata de los mencionados actos registrales, lo cual reducirá considerablemente la duración del proceso de constitución de la SACS, dándole prioridad sobre las demás formas societarias. Asimismo, se debe considerar que la asignación del número de RUC será automático y corresponderá al representante legal activar dicho número, así como obtener la clave SOL.

3.- Índices de corrección monetaria para determinar el costo computable de los inmuebles enajenados por personas naturales, sucesiones indivisas o sociedades conyugales

Mediante Resolución Ministerial N° 359-2019-EF/15, publicada el 6 de octubre de 2019, se ha fijado los índices de corrección monetaria para efectos de determinar el costo computable de los inmuebles que personas naturales, sucesiones indivisas o sociedades conyugales que optaron por tributar como tales, enajenen entre el 7 de octubre de 2019 y la fecha de publicación de los índices del siguiente mes.

La presente resolución entró en vigencia el 7 de octubre de 2019.

4.- La exoneración del IGV a la importación y/o venta en el país los libros y productos editoriales es prorrogada por el plazo de 1 año

A través del Decreto de Urgencia No. 003-2019 publicado con fecha 11 de octubre de 2019, se ha dispuesto establecer medidas extraordinarias para mitigar el impacto del vencimiento de los beneficios tributarios para el fomento de la actividad editorial contemplados en la Ley No. 28086, a fin de garantizar el acceso al libro, a través de un sistema de gestión de accesibilidad universal.

Cabe recordar que con la vigencia de la Ley No. 30853, se prorrogó, el plazo del vencimiento de estos beneficios hasta el 11 de octubre de 2019. En ese sentido, el presente Decreto de Urgencia, en vista de la proximidad del vencimiento de esta exoneración, ha decidido prorrogar la vigencia de los beneficios por el plazo de 1 año, el cual se contabilizará desde el 12 de octubre de 2019.

La presente norma entra en vigencia el 12 de octubre de 2019.

5.- Aprueban el Instructivo “Descripciones mínimas de vehículos nuevos y usados” Despa-It.01.20 (Versión 1)

Mediante la Resolución de Superintendencia No. 196-2019/SUNAT publicada el 11 de octubre de 2019, se ha dispuesto aprobar el mencionado instructivo a fin de establecer las pautas para la correcta declaración en la importación para el consumo, en la admisión temporal para reexportación en el mismo estado y en la admisión temporal para perfeccionamiento activo de vehículos nuevos y usados clasificados en ciertas partidas y subpartidas del sistema armonizado.

La presente norma entra en vigencia el 12 de octubre de 2019.

6.- Modifican la Resolución sobre regulación de infracciones y sanciones aplicables al operador de servicios electrónicos y la gradualidad de algunas de esas sanciones

Por la Resolución de Superintendencia Nº 191-2019/SUNAT, publicada el 13 de octubre de 2019 en el Diario oficial El Peruano, se modifica la Resolución 117-2017/SUNAT. De manera que se afecta la regulación de nuevas infracciones y sanciones aplicables a los operadores de servicios electrónicos y se establece la gradualidad de estas últimas.

La presenta norma entra en vigencia el 14 de octubre de 2019.

7.- Aplican facultad discrecional en la administración de sanciones por infracciones relacionadas con el incumplimiento de obligaciones del operador de servicios electrónicos

A través de la Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Tributos Internos 050-2019-SUNAT/70000, publicada el 13 de octubre de 2019 en el Diario Oficial El Peruano, se ha dispuesto que, tratándose de las infracciones señaladas en el inc. 8.1.2 del párr. 8.1 del art. 8 de la Res.117-2017/SUNAT, sólo se aplicará una multa si en una acción de control, incluso si se trata de una comprobación en los sistemas de la SUNAT, se detecta la comisión de varias infracciones que tienen la misma tipificación. A tal efecto, se aplicará la multa por la infracción más antigua, de ser el caso.

La presenta norma entra en vigencia el 14 de octubre de 2019.

 

CRITERIO OFICIAL DE LA SUNAT

I.- Deducción de gastos por intereses que sean retribuidos a sujetos no domiciliados

Se consulta si para la deducción de intereses de deudas y los gastos originados por la constitución, renovación o cancelación de las mismas, a que se refiere el inciso a) del artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta, que sean retribuidos a sujetos no domiciliados, resulta aplicable la condición prevista en el inciso a.4) del mismo artículo.

En relación con la consulta planteada, SUNAT concluye lo siguiente en el Informe No. 130-2019-SUNAT/7T0000:

Se puede afirmar que para la deducción de intereses de deudas y los gastos originados por la constitución, renovación o cancelación de las mismas, a que se refiere el inciso a) del artículo 37° de la LIR, es aplicable la condición incorporada mediante el inciso a.4) en este artículo que dispone que las regalías, y retribuciones por servicios, asistencia técnica, cesión en uso u otros de naturaleza similar a favor de beneficiarios no domiciliados, podrán deducirse como costo o gasto en el ejercicio gravable a que correspondan cuando hayan sido pagadas o acreditadas dentro del plazo establecido por el Reglamento para la presentación de la declaración jurada correspondiente a dicho ejercicio.

De esta manera, los gastos contraídos con sujetos no domiciliados a que se refiere aquel inciso serán deducibles en el ejercicio en que se devenguen cuando hayan sido pagados o acreditados dentro del plazo establecido por el Reglamento para la presentación de la declaración jurada correspondiente a dicho ejercicio, o, en su defecto, en el ejercicio que efectivamente se paguen, aun cuando se encuentren debidamente provisionados en un ejercicio anterior.

II.- Institución educativa nacional secundaría requiere obtención del RUC a efectos de emitir comprobantes de pago

Se consulta si una institución educativa nacional secundaria debe obtener RUC para emitir comprobantes de pago por las actividades productivas y/o empresariales que realiza (alquileres de locales de la institución educativa), en el marco del Decreto Supremo N.° 028-2007-ED.

En relación con la consulta planteada, SUNAT concluye lo siguiente en el Informe No. 118-2019-SUNAT/7T0000:

Una institución educativa nacional secundaria debe obtener RUC para emitir comprobantes de pago por las actividades productivas y/o empresariales que realiza (alquileres de locales de la institución educativa), en el marco del Decreto Supremo N.° 028-2007-ED.

 

PRONUNCIAMIENTOS DEL PODER JUDICIAL

1.- La utilización económica de bienes en el país es renta de fuente peruana

De conformidad con el Recurso de Casación presentado por SUNAT contra Telefónica del Perú, se publicó la Sentencia de Casación No. 1498-2015 LIMA el 4 de octubre de 2019 en el Diario Oficial El Peruano, la Tercera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la Republica estableció que la utilización económica de bienes en el país es renta de fuente peruana, y por tanto, existe la obligación de efectuar la retención del impuesto a la renta de fuente peruana.

De no efectuarse la retención, se configurará la infracción tipificada en el numeral 13 del artículo 177° del Código Tributario. Así, la sentencia señaló lo siguiente:

“Los sujetos que tengan la calidad de agentes de retención y que realicen operaciones con sujetos no domiciliados, cuyos bienes objeto de sus operaciones sean utilizados económicamente en el país, deberán efectuar la retención del Impuesto a la Renta que corresponda, de conformidad con el artículo 76 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo 054-99-EF, caso contrario, se configurará la infracción tipificada en el numeral 13 del artículo 177 del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por el Decreto Supremo N° 135-99-EF”.

2.- Diferencias de cambio constituyen resultado computable en la determinación de la renta neta

Mediante Sentencia de Casación 17939-2015, publicada el 4 de octubre de 2019, la Corte Suprema señala que las diferencias de cambio adquirirán la naturaleza de resultados computables en el cálculo de la renta neta. Ello se condice con lo preceptuado en el literal d) del acotado artículo 61, el cual prevé que “Las diferencias de cambio que resulten de expresar en moneda nacional los saldos de moneda extranjera correspondientes a activos y pasivos, deberán ser incluidas en la determinación de la materia imponible del período en el cual la tasa de cambio fluctúa, considerándose como utilidad o como pérdida”.

Así, las diferencias de cambio son las manifestaciones que se originan ante causas que son extrañas a la operación comercial y a su respectivo gasto; en razón de ello, no existe relación de interdependencia o accesoriedad entre las precitadas operaciones y las diferencias de cambio, debido a que estas son causadas por motivos que no están vinculados a los gastos, teniendo por ello carácter de resultados.

3.- Suprema precisa el supuesto de resolución del leasing

Por la Sentencia de Casación N° 12818-2017-Lima, publicada el 4 de octubre de 2019, emitida por la Tercera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la máxima instancia judicial, se esclarecen las consecuencias tributarias de la resolución de un contrato de arrendamiento financiero o leasing.

Al respecto, se indica que en julio del año 1997, la recurrente suscribió contrato de arrendamiento financiero con la Minera Lizandro Proaño S.A., para luego en diciembre del año 2000 resolver el contrato, procediendo a suscribir en junio del año 2001 nuevos contratos de arrendamiento financiero con las empresas Sociedad Minera Aruri S.A. y Concentradora de Minerales Fortuna S.A. sobre los bienes recuperados (…)” y se añade que: “(…) sí era posible que la demandante en su calidad de arrendador determine el valor neto en libros de los bienes recuperados del contrato de arrendamiento financiero con Minera Lisandro Proaño S.A., así como el valor financiado, constituido por el valor de recuperación, esto es, el valor inicial del bien recuperado que fue materia de nuevo leasing con las empresas Sociedad Minera Aruri S.A. y Concentradora de Minerales Fortuna S.A., debido a que en el caso de bienes recuperados sí tenía al alcance dicha información, no siendo óbice para ello el hecho que el arrendador a partir del 1 de enero de 2001 no activa en su contabilidad el bien que se entrega en arrendamiento financiero.

Así, solicitó la declaración de nulidad parcial de la Resolución del Tribunal Fiscal No. 04198-10-2015, en relación al Impuesto a la Renta por el ejercicio 2001 sobre la previsión de cuotas vencidas.

De esa manera, SUNAT y el Tribunal Fiscal señalaron que los contratos de arrendamiento financiero celebrados a partir de 1 de enero de 2001 se rigen por las modificaciones del Decreto Legislativo No. 915, así no se ha previsto un tratamiento especial que para aquellos contratos celebrados sobre bienes que fueron adquiridos en mérito de contratos de arrendamiento financiero celebrados con anterioridad a tales modificaciones y recuperados por el arrendador como consecuencia de la resolución de estos contratos; ni previéndose para estos supuestos, el reembolso de la depreciación que haya sido efectuado en su oportunidad por aquel.

Al respecto, la Suprema declaró infundada la demanda y consideró que los argumentos de la SUNAT y el Tribunal Fiscal se encontraban acorde a derecho. Así, la recurrente debió considerar como ingresos a efectos del impuesto a la renta, debido a que el contrato de arrendamiento firmado en el año 2000, no había sido resuelto, debido a que el procedimiento para su resolución debe ser judicial; por lo que al no seguirse la formalidad en mención, debía continuar el devengo mensual de las cuotas del contrato de leasing.

4.- Improcedencia del goce del crédito fiscal por sujeto que calificó como contribuyente del IGV pero que no fue quien realizó el pago de impuestos

A través de la Casación Nº 13623-2015 LIMA, publicada el 4 de octubre de 2019, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema determina un caso de improcedencia del goce del crédito fiscal por sujeto que calificó como contribuyente del IGV, pero que no fue quien realizó el pago de impuestos.

En el caso, la empresa SAVIA quiere ser definido como contribuyente del IGV, porque es quien llevó a cabo el hecho generador de la obligación materia de pago del IGV (importación de bienes); por lo que, se denominaría como responsable y obligado al pago del IGV. Sin embargo, se señala que el derecho a la deducción le correspondería a la empresa PETROPERÚ S.A.

Aunque PETROPERÚ S.A. no realizó el hecho imponible, importación de bienes, el Decreto Ley No. 22774 le impuso la obligación de asumir las prestaciones integrantes de la obligación principal. De esta forma, la empresa SAVIA “está legalmente impedida de utilizar como crédito fiscal el tributo (IGV) cancelado y deducido por PETROPERÚ S.A.C.”.

En la Sentencia Casatoria se señala que conforme a lo dispuesto en el artículo 69° de la Ley de Impuesto General a las Ventas, se concluye que si el IGV constituye gasto o costo para efectos de la aplicación del Impuesto a la Renta, entonces ya no se tiene derecho a aplicarlo como crédito fiscal y, debido a que no procedería su empleo como costo o gasto para la determinación del Impuesto a la Renta.

De esta manera, la Suprema coincide con las conclusiones que el Tribunal Fiscal y la SUNAT expresaron, respecto a que si PETROPERÚ asumió el pago del IGV derivado de las importaciones efectuadas por la empresa y luego lo dedujo como gasto, la utilización del crédito fiscal por parte de la empresa SAVIA no sólo carecería de razonabilidad, sino que significaría una transgresión a la normativa y desvirtuaría la esencia del IGV.