Boletín Tributario
Novedades normativas
1.1. DECRETO SUPREMO No. 240-2026-EF: Se modifica el reglamento sobre bienes fiscalizados para reforzar el control de la SUNAT y la coordinación con la Policía Nacional, con énfasis en la gestión de riesgos y la disposición final de sustancias incautadas o decomisadas.
Comentario:
El decreto adecúa el Reglamento del Decreto Legislativo N.º 1126 a los cambios introducidos por el Decreto Legislativo N.º 1600. Precisa que la SUNAT puede fiscalizar bienes de usuarios inscritos o no inscritos, en sus establecimientos y medios de transporte, y considerar perfiles de riesgo propios o proporcionados por la Policía Nacional. También establece mecanismos para que ambas entidades realicen acciones conjuntas y para que la Policía verifique información cuando la SUNAT advierta indicios razonables de un posible delito. Los resultados de controles e intervenciones policiales podrán incorporarse al Registro de Bienes Fiscalizados.
La norma regula, además, el uso de resultados de laboratorio y márgenes de tolerancia en determinados análisis, la valorización de medios de transporte declarados en abandono y la entrega al Ministerio del Interior de sustancias incautadas o decomisadas para su disposición final. Incluye reglas transitorias para su custodia y eventual devolución, y modifica el reglamento del Decreto Legislativo N.º 1241 sobre incautación y disposición de sustancias químicas. Entra en vigor a los 60 días hábiles de su publicación.
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1.2. RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA No. 000049-2026-SUNAT: Se dispone no sancionar temporalmente determinadas infracciones por la emisión de guías de remisión en traslados desde terminales portuarios.
Comentario:
La medida alcanza el traslado de bienes que ingresan al país desde los terminales portuarios del Callao, Paita, Salaverry, Chimbote, Pisco, Ilo, Matarani y Chancay hacia almacenes aduaneros o locales considerados temporalmente zona primaria. SUNAT no aplicará sanciones por las infracciones de los numerales 5 y 9 del artículo 174 del Código Tributario, relacionadas con guías que no reúnen los requisitos exigidos, cuando se detecten entre el 1 de noviembre de 2026 y el 30 de abril de 2027. Para la infracción del numeral 5, si se emitieron documentos que no cumplen los requisitos de la guía electrónica del transportista, la discrecionalidad rige solo entre el 1 de marzo y el 30 de abril de 2027. La medida facilita la adaptación de los sistemas y procedimientos; no elimina la obligación de emitir la guía de remisión correspondiente.
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1.3. RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA No. 000215-2026/SUNAT: Se somete a consulta pública el proyecto que modificaría los procedimientos de drawback y exportación definitiva para incorporar reglas sobre cooperativas agrarias, contratos de colaboración y exportaciones de oro.
Comentario:
El proyecto adecuaría el procedimiento de restitución de derechos arancelarios a la Ley N.º 32434: en las exportaciones realizadas por cooperativas agrarias por cuenta de sus socios o por operadores de contratos de colaboración empresarial por cuenta de sus partícipes, el límite anual del drawback se calcularía por socio o partícipe. Para ello, la declaración de exportación tendría que indicar su participación en el valor FOB. Además, para las exportaciones de oro clasificadas en la subpartida 7108.12.00.00, se propone exigir información sobre los metales finos y sus porcentajes, la concesión de beneficio de la planta donde se procesó el oro y el laboratorio o responsable del análisis.
La SUNAT recibirá comentarios durante 15 días calendario, contados desde el día siguiente de la publicación, mediante sus unidades de recepción documental, la Mesa de Partes Virtual o los correos jgonzalesm@sunat.gob.pe y mgomezc@sunat.gob.pe. La resolución publica el proyecto para consulta; todavía no aprueba las modificaciones.
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1.4. RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL No. 021-2026-EF/15.01:Se fijan los índices de corrección monetaria aplicables al costo computable de inmuebles enajenados por personas naturales, sucesiones indivisas y sociedades conyugales que tributan como tales.
Comentario:
Para las enajenaciones realizadas desde el día siguiente de la publicación de la resolución y hasta que se publiquen los índices del mes siguiente, el valor de adquisición o construcción del inmueble debe multiplicarse por el índice correspondiente al mes y año en que fue adquirido. Los índices, calculados sobre la base de los Índices de Precios al Por Mayor proporcionados por el INEI, se detallan en el anexo publicado por el MEF.
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1.5. RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA No. 000220-2026-SUNAT:Se actualiza el procedimiento aduanero para facilitar y agilizar el despacho de donaciones provenientes del exterior.
Comentario:
La modificación permite tramitar las donaciones mediante una declaración simplificada de importación o una declaración aduanera de mercancías, sin importar su valor, y precisa los documentos que deben presentarse, como la carta o certificado de donación, la aceptación del sector correspondiente y, cuando aplique, las autorizaciones. Incorpora un modelo de carta de donación y regula cómo completar el trámite cuando falta documentación: por regla general, esta debe presentarse dentro de los 30 días hábiles siguientes al levante; para donaciones destinadas a entidades públicas durante emergencias, el plazo de regularización es de 90 días hábiles desde que termina la declaratoria.
También establece atención fuera del horario administrativo para donaciones vinculadas con desastres, epidemias y siniestros, y un procedimiento especial para la ayuda humanitaria que ingrese durante un estado de emergencia por desastre natural y sea donada por misiones diplomáticas, oficinas consulares y organismos internacionales acreditados en el Perú. Además, precisa el tratamiento de vehículos usados donados al Sector Público y de donaciones que llegan como equipaje de misiones humanitarias. La resolución entra en vigor al día siguiente de su publicación.
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1.6. RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA No. 000225-2026-SUNAT:Se incorporan al Reporte Local nuevos datos que deben declararse cuando se aplican otros métodos de valoración de precios de transferencia.
Comentario:
La resolución modifica los anexos II, III y IV del Formulario Virtual N.º 3560 para adecuarlos a los cambios de la Ley del Impuesto a la Renta y su Reglamento. Cuando se utilice un método distinto de los métodos tradicionales, el Reporte Local deberá incluir, entre otros datos, por qué estos últimos no resultaban aplicables; el método empleado y sus resultados; la información de la valuación o tasación, como la norma y el enfoque utilizados, la tasa de descuento y el periodo proyectado; y los datos de la empresa y del responsable de la valuación. La resolución entra en vigor al día siguiente de su publicación.
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1.7. RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA No. 000223-2026-SUNAT:Se somete a consulta pública el proyecto que regularía el control especial del valor en aduana y establecería las subpartidas de mercancías consideradas de alto riesgo.
Comentario:
El proyecto busca implementar el Procedimiento Especial de Control del Valor (PECV) para importaciones para el consumo cuando existan indicios de riesgo sobre el valor declarado. También propone una lista de subpartidas nacionales de mercancías de alto riesgo, determinada según la metodología prevista en el reglamento del PECV. Los interesados podrán enviar comentarios durante 15 días calendario, contados desde el día siguiente de la publicación, por las unidades de recepción documental de SUNAT, su Mesa de Partes Virtual o el correo larroyoo@sunat.gob.pe. La resolución publica el proyecto para consulta; aún no aprueba el procedimiento ni la lista.
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1.8. RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA No. 000226-2026-SUNAT:Se publica para comentarios el proyecto de un procedimiento aduanero único sobre la aplicación de preferencias arancelarias en las importaciones realizadas al amparo de los acuerdos comerciales vigentes suscritos por el Perú.
Comentario:
La Resolución de Superintendencia N.° 000226-2026/SUNAT dispone publicar en la sede digital de la SUNAT el proyecto del procedimiento específico DESPA-PE.01.39 (versión 1) y su exposición de motivos, por 15 días calendario, contados desde el día siguiente de la publicación de la resolución en El Peruano. Durante ese plazo, los operadores y el público en general pueden presentar comentarios, aportes u opiniones ante la SUNAT o enviarlos a los correos señalados en la norma.
El proyecto busca reunir en un solo procedimiento las instrucciones para solicitar preferencias arancelarias en la importación de mercancías bajo los acuerdos comerciales vigentes. Para ello, propone actualizar las reglas existentes —actualmente distribuidas en 19 procedimientos— e incorporar cambios en acuerdos comerciales y protocolos recientes, incluido el Protocolo de Optimización del TLC Perú–China, puesto en ejecución desde el 1 de noviembre de 2026.
La resolución publica un proyecto normativo para recibir comentarios; no aprueba todavía el procedimiento definitivo.
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1.9. RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA No. 000228-2026-SUNAT:Se establecen facilidades tributarias excepcionales para contribuyentes de los sectores textil y confecciones, pesca y acuicultura afectados económicamente por el Fenómeno “El Niño” 2026–2027, sujetas a requisitos de actividad e ingresos.
Comentario:
La Resolución de Superintendencia N.° 000228-2026/SUNAT concede facilidades a contribuyentes del Régimen General, Régimen Especial o Régimen MYPE Tributario que generen rentas de tercera categoría y cumplan conjuntamente estas condiciones: que su actividad principal declarada en el RUC al 31 de octubre de 2026 corresponda a una de las clases CIIU enumeradas para pesca, acuicultura, procesamiento de productos hidrobiológicos, textiles o confecciones; y que su promedio mensual de ingresos netos de enero a setiembre de 2026 haya disminuido al menos 30 % frente al promedio mensual de enero a diciembre de 2025. El cálculo considera las declaraciones presentadas —y las rectificatorias que surtieron efecto— hasta el 31 de octubre de 2026.
Para los contribuyentes comprendidos, se prorroga el pago de las octava y novena cuotas del ITAN del ejercicio 2026 hasta la fecha de vencimiento de las obligaciones tributarias mensuales del periodo abril de 2027. La norma advierte que acogerse a la prórroga puede tener efectos en el uso del ITAN como crédito contra el Impuesto a la Renta.
Además, flexibiliza las causales de pérdida de aplazamientos, fraccionamientos y refinanciamientos concedidos hasta la publicación de la resolución, siempre que SUNAT no hubiera notificado ya la resolución que declara su pérdida. Entre otras reglas, el fraccionamiento se pierde si se adeudan ocho cuotas consecutivas o si no se paga íntegramente la última cuota. Si determinados pagos vencen entre la publicación de la norma y el 31 de mayo de 2027, se permite efectuarlos hasta el 30 de junio de 2027 antes de que se configure la pérdida, según el tipo de facilidad.
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jurisprudencia
2 .1. Impuesto a la Renta (IR):
2.1.1. RTF 9749-8-2026 (pub.25-9-2026): La reversión de provisiones adicionadas en ejercicios anteriores puede deducirse para evitar una doble imposición, siempre que se acredite la correspondencia entre los importes adicionados y los posteriormente revertidos.
Comentario:
Una entidad financiera dedujo en 2021 S/ 6 219 644,70 por la reversión de provisiones por riesgo de sobreendeudamiento constituidas entre 2012 y 2020. Sostuvo que estas habían sido adicionadas en esos ejercicios y que gravar nuevamente su reversión generaría una doble imposición. La SUNAT reparó la deducción porque no se había demostrado la vinculación entre las provisiones originales y los importes revertidos.
Fallo:
El Tribunal Fiscal consideró que la deducción era admisible en principio, pero requería documentación que permitiera identificar el origen y monto de cada provisión, comprobar su adición tributaria y relacionarla con la reversión deducida. Los archivos Excel, saldos globales, declaraciones y asientos contables presentados no permitían reconstruir esa correspondencia, pues no identificaban individualmente las provisiones ni enlazaban los asientos originales con los de reversión. Por ello, confirmó la improcedencia de la deducción.
2.1.2. RTF 9682-13-2026 (pub.25-9-2026): No es deducible la provisión por cobranza dudosa de una deuda que mantiene una garantía real vigente, aunque el bien dado en garantía haya perdido valor.
Comentario:
La recurrente dedujo provisiones por cuentas por cobrar respaldadas con garantías mobiliarias constituidas sobre vehículos. Alegó que, al haber disminuido el valor de estos, las garantías ya no cubrían íntegramente las deudas pendientes.
Fallo:
El Tribunal Fiscal confirmó el reparo. La pérdida de valor del vehículo no extingue ni afecta por sí sola la existencia jurídica de la garantía, que subsiste mientras no se cancele, extinga o devenga ineficaz por una causa legal. Como las deudas seguían respaldadas por garantías reales, las provisiones no eran deducibles para el Impuesto a la Renta.
2.1.3. RTF No. 8848-1-2026 (pub.4-9-2026): Las cláusulas que distribuyen individualmente las operaciones y la emisión separada de los CIPRL no acreditan que sea imposible llevar contabilidad independiente en un consorcio.
Comentario:
Se analizó si un consorcio con una duración igual o superior a tres años podía acogerse a la excepción del artículo 65 de la Ley del Impuesto a la Renta y prescindir de contabilidad independiente. Como sustento, se invocaron estipulaciones contractuales sobre el registro individual de operaciones y la distribución de costos y gastos, así como la emisión individual de los CIPRL.
Fallo:
El Tribunal Fiscal precisó que la excepción requiere acreditar que la modalidad de la operación hace efectivamente imposible llevar contabilidad independiente. Las reglas pactadas por los integrantes reflejan la organización que eligieron, pero no demuestran esa imposibilidad. Asimismo, la emisión individual de los CIPRL bajo el mecanismo de Obras por Impuestos es compatible con la contabilidad independiente, pues la titularidad de los certificados y el registro contable y tributario de las operaciones del consorcio son aspectos distintos.
2.1.4. EXP No. 2254-2019 (pub.2-11-2026): La existencia de un apoderado en la Amazonía no acredita que la administración de la empresa se ejerza efectivamente en esa región si no se prueban actos concretos de dirección.
Comentario:
Para sustentar el requisito de administración en la Amazonía, la empresa presentó la escritura de poderes otorgados a un trabajador de la región, su manifestación y documentación contractual, bancaria y societaria. Sin embargo, el trabajador indicó que la dirección correspondía a la directiva y al gerente general, ubicado fuera de la zona, y no intervino en varios actos de administración invocados por la empresa.
Fallo:
La Sala concluyó que no se acreditó fehacientemente el requisito previsto en el numeral a.1 del inciso a) del artículo 2 del Reglamento de la Ley N.º 27037. Aunque el trabajador tenía facultades formales de representación y administración, era necesario demostrar que las ejerció mediante actos efectivos en la Amazonía y que allí se encontraba la información necesaria para dirigir la empresa. La sola existencia de poderes y la presencia del trabajador en la región no bastaban.
2.1.5. RTF No. 941-10-2026 (pub.3-2-2026): En un consorcio sin contabilidad independiente, el operador solo puede deducir los gastos según la proporción pactada, salvo que el contrato atribuya gastos específicos exclusivamente a su cargo.
Comentario:
La empresa operadora de un consorcio dedujo el 100 % de gastos por adquisiciones realizadas para este, aunque su participación era del 60 %. El contrato distribuía utilidades, pérdidas, responsabilidades y aportes entre los consorciados según sus porcentajes, pero no asignaba esos gastos únicamente a la operadora.
Fallo:
El Tribunal Fiscal confirmó el reparo del 40 % restante. Al no existir una cláusula contractual ni pruebas que atribuyeran esos gastos exclusivamente a la recurrente, esta solo podía deducir el 60 %, conforme a su participación en el consorcio.
2.2. Código Tributario:
2.2.1. RTF 8972-12-2026 (pub. 9-9-26): El plazo para reclamar la atribución de la condición de SSCO se cuenta desde la fecha en que la resolución se deposita en el buzón electrónico.
Comentario:
Se discutió desde cuándo debía computarse el plazo de diez días hábiles para impugnar la resolución que atribuye a un contribuyente la condición de sujeto sin capacidad operativa.
Fallo:
El Tribunal Fiscal determinó que la notificación se entiende realizada en la fecha del depósito de la resolución en el buzón electrónico, conforme al inciso b) del artículo 104 del Código Tributario. Por ello, la reclamación presentada después de vencidos los diez días hábiles es inadmisible.
2.2.2. RTF 9178-12-2026 (pub.11-9-2026): El curso de capacitación para microempresas no procede como medida preventiva si la infracción está sancionada con internamiento temporal del vehículo.
Comentario:
Se analizó si una microempresa podía sustituir por un curso de capacitación la consecuencia aplicable por transportar bienes sin portar la guía de remisión correspondiente, conducta tipificada en el numeral 4 del artículo 174 del Código Tributario.
Fallo:
El Tribunal Fiscal concluyó que no. Según el artículo 4 del Reglamento aprobado por el D.S. N.º 288-2025-EF, el curso de capacitación solo se aplica cuando la infracción está sancionada con multa o cierre. Como la conducta examinada conlleva el internamiento temporal del vehículo, esa medida preventiva no resulta aplicable.
2.2.3. RTF 9474-10-2026 (pub. 18-9-26): No corresponde declarar la pérdida del refinanciamiento por cuotas impagas cuando las fallas del sistema de pagos de SUNAT impidieron verificar si el contribuyente podía pagar dentro del plazo.
Comentario:
SUNAT declaró perdidos tres refinanciamientos porque el contribuyente no pagó íntegramente dos cuotas consecutivas de cada uno. Este alegó que intentó pagar las segundas cuotas vencidas con cargo a su cuenta de detracciones, pero no pudo hacerlo por problemas de comunicación entre SUNAT y el Banco de la Nación. Pagó al día siguiente, cuando se restableció el servicio.
Fallo:
El Tribunal Fiscal revocó la decisión y dejó sin efecto las resoluciones de pérdida. SUNAT había reconocido la existencia de problemas en el sistema, pero no informó su horario ni duración, datos que estaban bajo su control. Sin esa información, no podía afirmarse que el contribuyente hubiera estado en condiciones de efectuar el pago el día del vencimiento.
2.3 IGV:
2.3.1. RTF. 3687-1-2026 (17-4-26): Las gratificaciones pagadas por el prestador a su personal pueden integrar la retribución contractual por servicios y sustentar el crédito fiscal si fueron incluidas en el costo pactado y la realidad y causalidad del servicio no se cuestionan.
Comentario:
La recurrente contrató servicios de gerenciamiento y administración. La retribución mensual, según el contrato, comprendía el costo del personal asignado, incluidas las gratificaciones y otros conceptos relacionados. La SUNAT reparó el crédito fiscal correspondiente a importes que el proveedor registró como “Prov Grat” y “Otros”, al considerar que eran gratificaciones extraordinarias y actos de liberalidad.
Fallo:
El Tribunal Fiscal levantó el reparo. La obligación de la recurrente era pagar la retribución convenida por los servicios recibidos, cuyo costo contractual incluía esos conceptos. Como la Administración no cuestionó la realidad de los servicios ni su vinculación con la generación de renta o el mantenimiento de la fuente, no podía atribuir a la recurrente el carácter liberal de los pagos efectuados por el proveedor a su personal. La retribución era deducible para el Impuesto a la Renta y, por tanto, cumplía el requisito del inciso a) del artículo 18 de la Ley del IGV para ejercer el crédito fiscal.
2.4 ADUANAS:
2.4.1. RTF 11961-A-2025 (pub.24-12-2025): Una autorización sanitaria no ampara mercancías cuyas características no coinciden con las consignadas en el documento, aunque compartan el mismo código.
Comentario:
Durante el reconocimiento físico de una importación, la Aduana detectó borradores cuya importación estaba restringida y que no contaban con autorización válida para ingresar al país. El importador solicitó levantar la inmovilización presentando una autorización sanitaria, pero la Administración observó diferencias entre los productos autorizados y los hallados, así como discrepancias en los códigos de la factura comercial.
Fallo:
El Tribunal Fiscal confirmó que la mercancía carecía de autorización para su importación. La descripción y forma de los borradores no coincidían con las de los productos amparados por la resolución sanitaria; además, la factura consignaba un código distinto y el importador no presentó el informe de ensayo solicitado. Como la autorización solo cubría los productos cuyas características habían sido declaradas y aprobadas, correspondía mantener la improcedencia del levantamiento de la inmovilización y disponer el reembarque.
2.4.2. RTF 8515-A-2025 (pub.16-9-2025): El robo de mercancías durante su traslado solo exonera de responsabilidad al almacén aduanero si se acredita que fue extraordinario, imprevisible e irresistible, y que hizo insuficientes las medidas de seguridad adoptadas.
Comentario:
La Ley General de Aduanas responsabiliza a los almacenes aduaneros por el cuidado y control de las mercancías recibidas, salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditados. Se discutió si el hurto o robo ocurrido durante el traslado podía constituir una causal eximente.
Fallo:
El Tribunal Fiscal señaló que el almacén debe probar la ocurrencia del hecho y demostrar que, por su magnitud, este impidió o hizo materialmente insuficientes las medidas de seguridad exigibles y la actuación diligente del conductor. La sola presentación de una denuncia o parte policial no acredita que el robo se haya materializado —ni que se haya intentado—, pues solo demuestra que fue denunciado y que pudo dar lugar a una investigación. Por ello, ese documento, por sí solo, no exonera al almacén de responsabilidad.
2.4.3. RTF 8061-A-2025 (pub.28-8-2025): ): El hurto o robo de mercancías durante su traslado no exime automáticamente de responsabilidad al almacén aduanero; debe probarse que el hecho fue extraordinario, imprevisible e irresistible y que superó las medidas de seguridad exigibles.
Comentario:
La Ley General de Aduanas responsabiliza al almacén aduanero por el cuidado y control de las mercancías recibidas, salvo que acredite caso fortuito o fuerza mayor. Se discutió qué condiciones debía reunir un hurto o robo ocurrido durante el traslado para constituir esa eximente.
Fallo:
El Tribunal Fiscal aplicó la definición del artículo 1315 del Código Civil. Para liberar de responsabilidad al almacén, el robo debe ser un evento no imputable, extraordinario, imprevisible e irresistible, cuya magnitud haya impedido o hecho materialmente insuficientes las medidas de seguridad adoptadas conforme a la normativa aduanera y la actuación diligente del conductor. La sola ocurrencia del delito, por tanto, no basta para acreditar la eximente.
3. Informes
3.1. Informe No. 000051-2026-SUNAT/7T0000 Los créditos tributarios por pagos indebidos o en exceso solo pueden compensarse con deudas del mismo contribuyente. La posibilidad de que un tercero pague una deuda ajena no permite utilizar para ello un crédito preexistente reconocido a favor de otra persona.
Contenido:
I. Antecedentes
Se consultó a SUNAT si un crédito por pago indebido o en exceso reconocido a favor de un contribuyente puede compensarse con la deuda tributaria de otro, cuando ambos conceptos son administrados por SUNAT y su recaudación constituye ingreso de la misma entidad. También se preguntó si la regla que permite a terceros pagar deudas tributarias ajenas comprende el uso de esos créditos preexistentes.
II. Análisis
El artículo 40 del Código Tributario permite compensar deudas tributarias con créditos por tributos, sanciones, intereses u otros conceptos pagados indebidamente o en exceso, siempre que correspondan a períodos no prescritos, sean administrados por el mismo órgano y su recaudación constituya ingreso de una misma entidad. Sin embargo, la compensación requiere reciprocidad: el contribuyente debe ser, frente a la Administración, tanto acreedor por el crédito como deudor por la obligación. Por ello, el crédito de una persona no puede compensarse con la deuda de otra, aunque se cumplan los demás requisitos del artículo 40.
Por otra parte, el artículo 30 permite que un tercero efectúe el pago de una deuda tributaria ajena, salvo oposición motivada del deudor. Esta regla se refiere al pago que realiza el tercero mediante alguno de los medios admitidos por el artículo 32 del Código Tributario. No autoriza a trasladar a la deuda de otra persona un crédito tributario preexistente registrado a nombre del contribuyente que efectuó el pago indebido o en exceso.
El artículo 31 regula cómo se imputan los pagos a intereses, tributos o multas y cómo se distribuyen entre varias deudas. No crea un medio autónomo de extinción ni amplía la regla del artículo 30 para incluir la utilización de créditos pertenecientes a terceros.
III. Conclusiones
- La compensación prevista en el artículo 40 del Código Tributario requiere que el crédito por pago indebido o en exceso y la deuda tributaria correspondan al mismo contribuyente. No procede compensar el crédito de una persona con la deuda de otra.
- La facultad de un tercero para pagar una deuda tributaria ajena no comprende el uso de un crédito preexistente registrado a nombre de otro contribuyente. Se limita al pago efectuado mediante los medios legalmente autorizados.
Boletín Laboral
NORMAS
RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 341-2026-TR Aprueban documento técnico denominado Protocolo de Seguridad y Salud en el Trabajo ante el Fenómeno El Niño
Comentario: Se aprueba el documento técnico denominado “Protocolo de Seguridad y Salud en el Trabajo ante el Fenómeno El Niño”, el mismo que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución Ministerial. Se dispone la publicación la presente Resolución Ministerial y su Anexo en la sede digital del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (www.gob.pe/mtpe) el mismo día de la publicación de la presente Resolución Ministerial en el Diario Oficial El Peruano, siendo responsable de dicha acción la Oficina General de Estadística y Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
Para ver la norma puedes hacer click aquí:
https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2570392-1
DECRETO SUPREMO N° 145-2026-PCM: Decreto Supremo que modifica los Lineamientos para la implementación de la Ley N° 31188 Ley de Negociación Colectiva en el Sector Estatal aprobados por Decreto Supremo N° 008-2022-PCM
Comentario: A través de este decreto se modifica el numeral 5.3 del artículo 5, el numeral 10.1 del artículo 10 y el numeral 14.5 del artículo 14 de los Lineamientos para la implementación de la Ley N° 31188, Ley de Negociación Colectiva en el Sector Estatal, aprobados por Decreto Supremo N° 008-2022-PCM, relacionadas con la legitimidad para negociar a nivel descentralizado y la presentación del proyecto de convenio.
Para ver la norma puedes hacer click aquí:
https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2570386-1
RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 352-2026-TR: Disponen la publicación del proyecto de Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley N° 31572 Ley del Teletrabajo aprobado por Decreto Supremo N° 002-2023-TR; así como de su exposición de motivos
Comentario: Se dispone la publicación del proyecto de Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley Nº 31572, Ley del Teletrabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 002-2023-TR, y de su exposición de motivos, que como anexos forman parte de la presente Resolución Ministerial, en la sede digital del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (www.gob.pe/mtpe), el mismo día de la publicación de la presente Resolución Ministerial en el Diario Oficial El Peruano, por el plazo de quince (15) días calendario, contados desde el día siguiente de la referida publicación, a efectos de recibir los comentarios, aportes y/u opiniones de las entidades públicas o privadas, los empleadores y trabajadores, o sus respectivas organizaciones, y la ciudadanía en general.
Para ver la norma puedes hacer click aquí:
https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2573523-1
Jurisprudencia
CASACIÓN LABORAL Nº 36273-2023 LIMA: Aplicación supletoria de la ley del servicio civil en materia disciplinaria
“Aun cuando los servidores públicos se encuentren bajo los regímenes laborales de los decretos legislativos 276 y 728, les son aplicables las disposiciones de la ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, respecto a los títulos mencionados en el literal a) de la novena disposición complementaria final del mencionado cuerpo normativo, siéndoles aplicable el título V, referido al régimen disciplinario y procedimiento sancionador desde el 14/09/2014. En este caso, la sala superior confirmó la sentencia de primera instancia, sustentando su decisión en el hecho de que la demandada es una institución pública con autonomía normativa, académica y administrativa, así como económica; tiene un régimen especial, regido por la Ley Universitaria, Constitución Política y por su Estatuto, en el cual no hace distinción entre personal docente con el personal administrativo, considerándose servidores sujetos a carreras especiales, por lo que, se encuentra excluida de la aplicación de la Ley del Servicio Civil, y solo supletoriamente por el Título V de la Ley del Servicio Civil Ley N° 30057, referido en cuanto al Régimen disciplinario y Proceso Administrativo Sancionador. Al respecto, la Corte Suprema determina que, aun cuando la entidad demandada se rige por la Ley Universitaria Nº 30220, el artículo 74 de su estatuto establece expresamente que su personal docente se encuentra sujeto al régimen laboral de la actividad privada regulado por el Decreto Legislativo Nº 728, no perteneciendo los docentes de dicha entidad, por tanto, a la carrera especial de la Ley Universitaria. Asimismo, al no estar el personal dentro del marco de las normas de la carrera especial, se aplican las normas de la Ley Nº 30057 para las materias disciplinarias. En consecuencia, al haberse aplicado el procedimiento administrativo disciplinario a la demandante conforme a lo regulado por la Ley del Servicio Civil, -—el mismo que consta de diversas etapas que comprenden la comunicación al servidor de la falta atribuida, el ejercicio del derecho de defensa del servidor en el plazo de ley establecido, la investigación correspondiente, la resolución o determinación de la correspondencia de una sanción y la etapa impugnatoria-— no se ha vulnerado su derecho al debido procedimiento”.
CASACIÓN LABORAL Nº 3266-2024 LIMA: Recargo al consumo no tiene carácter remunerativo
“Con relación al recargo de consumo, de conformidad con la Quinta Disposición Complementaria del Decreto Ley Nº 25988, su percepción por los trabajadores no tendrá carácter remunerativo ni incidencia en los beneficios sociales. En efecto, la Corte Suprema determina que, conforme a este contexto normativo, no cabe duda que las propinas entregadas voluntariamente por los usuarios del servicio de la empresa o el recargo al consumo (que representa un porcentaje del valor del consumo) que se entregan en determinadas actividades a los trabajadores por los terceros que utilizan los servicios del empleador, no son remuneraciones de los trabajadores, tanto por su propia naturaleza, pues el pago no proviene del empleador, como sucede en el caso del actor, que percibe mensualmente un recargo por consumo”.
CASACIÓN LABORAL Nº 2608-2024 AREQUIPA: Denuncia de discriminación exige establecer un término de comparación
“En los casos en que se denuncia un acto de discriminación, es clave partir de un término de comparación o tertium comparationis, a través del cual se pueda realizar un paragón entre una y otra persona. En ese sentido, el colegiado supremo comparte el criterio de la instancia de mérito, puesto que, para evaluar el despido nulo por discriminación se debe recurrir a este método de comparación. En este caso, la demandante no ha propuesto un parámetro de comparación individualizado que permita un análisis por parte del órgano de justicia de un hecho discriminatorio. De igual modo, no ha especificado el tipo o motivo de discriminación que habría soportado, considerando que la norma invocada prevé diferentes motivos de discriminación. Por lo tanto, se declara infundado este aspecto del recurso”
CASACIÓN Nº 41398-2022 LA LIBERTAD: Conductores de bus interprovincial no están comprendidos en la jornada máxima de trabajo
“Los conductores de bus interprovincial que prestan servicios intermitentes no están comprendidos en la jornada máxima de trabajo, por lo que no les corresponde el abono de horas extras. En el caso concreto, se concluye que el demandante realizó labores intermitentes, ya que, en algunas oportunidades, desempeñó el cargo de copiloto mientras que, en otras, desempeñó el cargo de piloto en compañía de un copiloto, efectuándose dos turnos de manejo. Asimismo, se determinó que la permanencia en el vehículo durante el periodo de intermitencia no implica que se haya realizado una labor efectiva. Por ello, se concluye que el periodo de inactividad no debe ser remunerado como horas extras. En tal sentido, la Corte Suprema precisa que el grupo de trabajadores que realizan labores de choferes —pilotos— de buses interprovinciales se encuentran legalmente excluidos de la jornada máxima de trabajo, por lo que el empleador no tiene la obligación de pagar horas laboradas en sobretiempo”
CASACIÓN LABORAL Nº 1579-2024 LIMA: Desnaturalización de contrato de exportación no tradicional
“En el caso de autos, no se acreditó de manera suficiente la causa objetiva que justifique la contratación temporal del actor. La causa invocada en el contrato primigenio se formuló en términos genéricos, sin individualización ni correlación con órdenes de compra o contratos de exportación específicos. En efecto, el Decreto Ley Nº 22342, que regule el régimen de las empresas de exportación no tradicional, señala que se podrá contratar personal eventual para atender operaciones de producción para exportación bajo determinados requisitos. Dentro de estas condiciones, se encuentran: i) Contrato de exportación, orden de compra o documentos que la origina; y, ii) el Programa de Producción de Exportación para satisfacer el contrato, orden de compra o documento que origina la exportación. Estos contratos se celebrarán para obra determinada en términos de la totalidad del programa y/o de sus labores parciales integrantes; asimismo, en cada contrato deberá especificarse la labor a efectuarse y el contrato de exportación, orden de compra o documento que la origine. En este caso concreto, se verifica que la causa objetiva invocada en el contrato se formula en términos genéricos y abstractos, al limitarse a referir la necesidad de atender un programa de producción de exportación, sin individualizar el contrato de exportación, la orden de compra o el documento específico que origine la contratación, ni establecer una vinculación concreta entre dicha necesidad productiva y la labor asignada al trabajador. En tal sentido, esta redacción no satisface la exigencia prevista en el artículo 32 del Decreto Ley Nº 22342, que impone la obligación de consignar y acreditar la causa objetiva determinante de la contratación temporal”.
CASACIÓN LABORAL Nº 15867-2022 LA LIBERTAD: Despido nulo por represalia exige confirmar la existencia de un acto extintivo
“La nulidad de despido bajo la causal de represalia por haber participado de un proceso contra el empleador — literal c) del artículo 29 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728 —, para que resulte viable su análisis constituye un presupuesto sine qua non la acreditación previa y fehaciente de la existencia de un acto extintivo de la relación laboral por voluntad unilateral del empleador. En el caso sub examine, el colegiado superior ha determinado como hecho probado que no se produjo la extinción del vínculo laboral. Por el contrario, de la valoración conjunta de los medios probatorios — específicamente el acta de constatación policial ofrecida por el propio actor —, se estableció que, la comunicación recibida por el trabajador no fue una carta de despido ni una declaración de cese, sino una directiva de reasignación y puesta a disposición en la sede central de Trujillo. La Corte Suprema concluye que, si bien el trabajador goza de facilidades probatorias para demostrar el móvil del despido, dicha flexibilidad no alcanza para presumir la existencia del despido mismo cuando la prueba aportada por el propio accionante acredita la continuidad de la relación laboral bajo nuevas directrices (ius variandi). De ese modo, no se puede interpretar erróneamente la norma legal invocada si el acto jurídico base (el despido) nunca llegó a perfeccionarse en la fecha y forma pretendida por el actor”.
CASACIÓN LABORAL Nº 6609-2023 LA LIBERTAD: Principio de continuidad no opera si la prestación de servicios fue interrumpida por tres meses
“Se ha verificado que la accionante no realizó una prestación efectiva de servicios por un aproximado de tres meses, lapso de interrupción que excede el parámetro de referencia establecido en la Casación Laboral Nº 18751-2017 Lima. En efecto, la Corte Suprema verifica que la demandada delimitó plenamente cuales son los periodos en que el actor realizó la prestación de servicios, observando que existe un periodo de inactividad de 3 meses de inactividad, lapso suficiente para acreditar una interrupción del vínculo laboral, ello en razón de haber transcurrido un periodo referencial de 90 días, superior al periodo de 45 días establecido en la citada Casación Laboral N° 18751-2017-Lima. En tal sentido, se concluye que dicho intervalo de interrupción se encuentra fuera de todo margen de razonabilidad que pudiera ameritar la aplicación del principio continuidad para considerar la relación laboral como ininterrumpida, máxime si la actora no ha acreditado la prestación efectiva de servicios durante dicho lapso”.
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