En tributación, muchas empresas aún operan bajo una premisa peligrosa:
“Si la factura es válida, el gasto y el crédito fiscal también lo son.”
La reciente decisión de la Corte Suprema en el Recurso de Nulidad N.º 659-2024 / Callao demuestra que esta lógica no solo es incorrecta…
puede tener consecuencias penales.
Este caso marca un precedente clave porque delimita con claridad cuándo un tema que podría parecer una contingencia tributaria administrativa escala a un delito de defraudación tributaria.
El caso: cuando lo “formal” no coincide con la realidad
Durante una fiscalización, la SUNAT detectó que una empresa había registrado facturas por servicios como:
- remodelación
- mantenimiento
- acondicionamiento de ambientes
Estas facturas fueron utilizadas para:
✔ generar crédito fiscal de IGV
✔ incrementar costos y gastos en el Impuesto a la Renta
Hasta ahí, todo parecía correcto desde el punto de vista formal.
Sin embargo, el análisis cruzado reveló algo crítico:
- proveedores sin capacidad operativa real
- ausencia de personal
- inexistencia de compras de insumos
- movimientos bancarios inconsistentes
- domicilios sin actividad
👉 Conclusión: las operaciones no existían en la realidad económica.
El punto de quiebre: de contingencia a delito
La Corte Suprema confirmó la condena por defraudación tributaria (D. Leg. 813), en su modalidad agravada:
Obtener beneficios tributarios simulando hechos que permiten acceder a ellos.
La pena:
- 5 años de prisión (suspendida)
- días multa
📌 Esto marca una línea clara:
No estamos ante un simple reparo tributario.
Estamos ante un ilícito penal.
¿Por qué se responsabilizó al gerente?
Uno de los aspectos más relevantes del fallo es este:
👉 La responsabilidad no se basa solo en el cargo.
La Corte analizó la participación concreta del representante legal en el esquema:
- firmó contratos con proveedores cuestionados
- autorizó pagos
- suscribió cheques
- permitió el uso de los comprobantes
Desde la perspectiva tributaria y penal, el gerente:
- decide
- autoriza
- representa
📌 Conclusión de la Corte:
Su intervención fue funcionalmente necesaria para que el esquema opere.
¿Cómo se probó el dolo sin confesión?
No hubo confesión ni prueba directa de intención fraudulenta.
El dolo se construyó a partir de indicios objetivos, como:
- contratación de proveedores sin capacidad real
- pagos por servicios no acreditados
- registro contable de operaciones inexistentes
- generación de beneficios tributarios
👉 A partir de estos elementos, el tribunal concluyó que existía conocimiento y voluntad.
Esto es clave.
Porque demuestra que en estos casos:
no necesitas una prueba directa para que exista responsabilidad penal.
Facturas válidas ≠ operaciones reales
El fallo reafirma uno de los principios más importantes en fiscalización:
La validez formal de una factura no garantiza la legitimidad del crédito fiscal.
Lo que realmente importa es:
👉 la realidad económica de la operación
En este caso, la inexistencia se acreditó mediante:
- inconsistencias en PDT y DAOT
- falta de sustento documental
- ausencia de compras de insumos
- movimientos financieros incompatibles
- pericias grafotécnicas
📌 Este tipo de análisis es cada vez más frecuente en fiscalizaciones.
Un punto crítico: no necesitas devolución para que exista delito
La Corte también precisó algo que muchas empresas desconocen:
El delito se configura con la generación indebida del crédito fiscal,
incluso si el Estado no llegó a devolver dinero.
Es decir:
- no necesitas un perjuicio económico efectivo
- basta con haber obtenido el beneficio indebido
¿Y si pagas la deuda? ¿se elimina el problema?
No.
Aunque la deuda tributaria fue pagada, la Corte dejó claro que:
⚠️ el pago posterior no elimina la responsabilidad penal cuando el proceso ya está en curso.
Esto refuerza una idea clave:
👉 la prevención siempre es más relevante que la corrección.
Lo que este caso deja claro para empresas y gerentes
Este fallo no es aislado.
Es una señal clara de cómo se están abordando hoy los procesos de fiscalización:
✔ mayor cruce de información
✔ análisis de sustancia económica
✔ enfoque en responsabilidad individual
Y deja tres mensajes contundentes:
- Las facturas no bastan
- La realidad económica es lo determinante
- La responsabilidad puede ser personal (gerentes y representantes legales)
Conclusión: el mayor riesgo no está en la factura, sino en lo que no se puede demostrar
Muchas empresas no incurren en fraude intencional.
Pero sí cometen errores críticos como:
- no validar proveedores
- no sustentar operaciones
- confiar solo en la formalidad documental
Y en el contexto actual, eso ya no es suficiente.
Porque cuando SUNAT no encuentra sustancia económica,
👉 el riesgo ya no es solo tributario… puede ser penal.
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